Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en 5 países de Latinoamérica – Runrun

Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en 5 países de Latinoamérica

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A cinco años del inicio de la operación Lava Jato en Brasil, cuyas consecuencias sigue remeciendo el continente americano y África, el proyecto Investiga Lava Jato busca responder cuáles son los obstáculos que han encontrado fiscales o procuradores de Argentina, Perú, Venezuela, República Dominicana y Colombia —donde hay indicios de pagos de sobornos a cambio de obras públicas — para abrir, desarrollar o profundizar los casos de corrupción de empresas brasileñas en estos países
ARGENTINA: Sin acuerdo de colaboración
Emilia Delfino

 

Dos años después de que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas en la Argentina por al menos US$ 35 millones durante los gobiernos de los Kirchner, entre 2007 y 2014, la Justicia sigue sin poder acceder a las pruebas de los sobornos de manera oficial. Las autoridades brasileñas y argentinas aún no pueden cerrar un acuerdo para la entrega de las pruebas. En diciembre último, la primera posibilidad real para obtener la evidencia  en la investigación sobre el presunto pago de sobornos por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento volvió a trabarse luego de que las defensas del empresario Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- y de ex ejecutivos en Iecsa, junto con los abogados de la misma Odebrecht se opusieran al acuerdo en los tribunales federales.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi espera que la Cancillería se pronuncie sobre su postura y luego deberá decidir si aprueba el acuerdo. El fiscal del caso del soterramiento, Franco Picardi, explicó en un escrito que se llegó a un pre-acuerdo con las autoridades de Brasil que permite recibir la información y pruebas aportadas por los arrepentidos de Odebrecht. En el soterramiento, Odebrecht se asoció a Iecsa, Ghella y Comsa, y sus ejecutivos apuntaron en Brasil a la ex empresa de Calcaterra como la responsables de los pagos ilegales por la obra.

El fiscal impulsa la firma del acuerdo junto con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y amparados por el jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.

Luego de meses de negociaciones con Brasil, se acordó que la Justicia deberá garantizar que las pruebas e información obtenidas por los acuerdos de delación premiada no serán utilizadas penalmente en contra de los arrepentidos brasileños o contra la firma Odebrecht. Estos ya fueron juzgados por esos hechos en Brasil.

Las evidencias sólo podrán ser usadas en el expediente para el cual sean enviadas, es decir, que no podrán ser compartidas entre los distintos fiscales que investigan a Odebrecht.

La estrategia legal para frenar el acuerdo con Brasil tiene lógica para los hombres de Iecsa: lo que se conoce hasta el momento sobre la prueba que podrían aportar los brasileños en el caso de soterramiento no incluye los nombres de ex funcionarios pero compromete casi exclusivamente a Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa, y por elevación a Calcaterra, entonces dueño de la compañía. La defensa sostuvo que se trata de un acuerdo “ilegal” y que las declaraciones de los dos ejecutivos de Odebrecht que señalan a Sánchez Caballero como el responsable del pago de sobornos a los kirchneristas son “nulas” y no pueden ser utilizadas como pruebas.

Odebrecht también se opuso a que la Justicia argentina cierre este acuerdo con Brasil. Consultada por PERFIL, Odebrecht afirmó que la constructora “ratifica su interés en colaborar pero, para eso, es necesario que las condiciones y garantías de los acuerdos celebrados en Brasil sean reflejadas y respetados en Argentina, tanto en relación a las personas como también a la empresa y que los compromisos sean asumidos por las autoridades competentes”. Antes del acuerdo, Brasil exigía que las pruebas no pudieran ser utilizadas contra los colaboradores y contra Odebrecht en lo penal sino también en el ámbito civil y administrativo. Esto es lo que ahora la empresa brasileña no obtendría de concretarse el acuerdo.

En la Argentina, los fiscales y jueces a cargo de los casos relacionados con presuntas coimas de Odebrecht en el país avanzaron durante los últimos dos años en diversos expedientes sobre irregularidades en las licitaciones públicas ganadas por la brasileña, pero el capítulo de los sobornos se postergó a la espera de un acuerdo con Brasil. En el caso de los gasoductos, un tramo de la causa ya está camino a un juicio oral y público. El juez Daniel Rafecas dio por probado cómo el contrato estatal estuvo direccionado para que las obras quedaran a cargo de Odebrecht, como había revelado Perfil. La Justicia procesó a ex funcionarios públicos, con el ex ministro de Infraestructura Julio De Vido a la cabeza, pero aún no avanzó sobre la pista de las coimas. La obra figura en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas reveladas por ‘Investiga Lava Jato’.

En el caso de las plantas de la empresa estatal de aguas, Aysa, Odebrecht, Camargo Correa y sus socias locales están con procesamientos firmes y camino a juicio por cartelización de una planta potabilizadora y otra depuradora. El juez Sebastián Casanello procesó y embargó a algunos de los empresarios centrales en la obra pública local. El capítulos de los sobornos tuvo novedades esta semana. El juez Casanello procesó nuevamente  a los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y otros por cohecho activo. También a los ex funcionarios De Vido, José López, Baratta, Ben y Biancuzzo por cohecho pasivo; y a Jorge “Corcho” Rodriguez como partícipe por haber actuado como supuesto intermediario de los pagos.

El fiscal del caso, Federico Delgado,  busca más  evidencias de los sobornos en Andorra, Uruguay y Edimburgo.

 

PERÚ: Factores internos y externos
Por Convoca

Los obstáculos en las pesquisas iniciadas en Perú sobre el caso Lava Jato pueden dividirse en dos momentos marcados por las designaciones y remociones de los fiscales a cargo de los equipos de profesionales que desarrollaban las investigaciones, primero Hamilton Castro y luego su sucesor, Rafael Vela Barba.

Castro había sido designado cabeza del proceso indagatorio en junio de 2015, tras la revelación de Convoca.pe y BRIO respecto a los primeros indicios de pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Camargo Correa en relación a la obra Interoceánica Sur, en la cual también resultaron implicados Odebrecht y sus consorciadas peruanas. Después asumió las indagaciones surgidas por las confesiones de ex directivos del grupo empresarial de Marcelo Odebrecht, en diciembre de 2016.

En la gestión del fiscal Hamilton Castro las dificultades en el Ministerio Público para profundizar en los casos de corrupción de empresas brasileñas en el país fueron internas y externas.

Según fuentes de Convoca.pe, en el ámbito interno se trató de falta de cooperación de fiscales de otros despachos o especialidades, por ejemplo cuando se congelaron cuentas de algunos investigados y esto causó la interrupción de la colaboración de ellos con la justicia. Aquí se incluyen las discrepancias y aparentes celos profesionales con fiscales antilavado, en las que también hubo acusaciones de filtraciones a la prensa de documentos reservados de algunas pesquisas relacionadas al ex mandatario Ollanta Humala.Las mismas fuentes indicaron que como variable externa hubo falta de consenso de parte de quienes manejan el poder político para “potenciar” la colaboración eficaz de Odebrecht y de propiciar la de otras constructoras brasileñas. Esto en referencia a expresiones públicas de altos funcionarios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y del mismo entonces presidente, sobre la salida del país de las compañías de Brasil investigadas por Lava Jato.

Hamilton Castro fue retirado del llamado Equipo Especial en julio de 2018 por parte del entonces flamante fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien nombró en su reemplazo a Rafael Vela. Esta situación generó varias renuncias de fiscales que eran parte de ese grupo de trabajo.

Posteriormente, Chávarry se convirtió en el principal obstáculo para las investigaciones del caso Lava Jato, cuando el 31 de diciembre pasado intentó remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, a menos de dos semanas de que se firmara el acuerdo de colaboración con Odebrecht en Brasil y de realizarse nuevos interrogatorios a ex directivos de la constructora brasileña.

Después Pedro Chávarry presentó hoy su carta de renuncia al cargo de titular del Ministerio Público ante la Junta de Fiscales Supremos. En su lugar, la fiscal suprema Zoraida Ávalos asumió esa función de manera interina.

El ex fiscal de la Nación fue relacionado a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto desde días antes de asumir su mandato en el Ministerio Público. No obstante, Pedro Chávarry sigue siendo fiscal supremo.

VENEZUELA: El efecto Maduro
Lisseth Boon

Las dificultades para investigar el caso Odebrecht y otras constructoras brasileñas implicadas en la red de corrupción transnacional están intrínsecamente ligadas a la crisis política que enfrenta Venezuela, donde el régimen chavista ha cumplido 19 años al frente del gobierno.

Las investigaciones en Venezuela sobre la referida empresa brasileña están congeladas. El equipo del Ministerio Público venezolano, que en 2015 asumió la pesquisas sobre la constructora en el país, se encuentra en el exilio desde agosto de 2017 luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y comenzara su enjuiciamiento.

En reemplazo de Luisa Ortega fue designado Tarek William Saab, como nuevo fiscal general, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia paralela designada por Nicolás Maduro que desconoce a la Asamblea Nacional legítimamente constituida, cuya mayoría es de oposición.Apenas Saab asumió el cargo, las investigaciones sobre el caso Odebrecht fueron suspendidas. Incluso, el actual Ministerio Público derogó las imputaciones por corrupción —dictadas en julio de 2017— contra la esposa y suegra del ex ministro Haiman El Troudi, quien autorizó la construcción de obras de infraestructura a cargo de la constructora brasileña.

Los fiscales que indagaban el caso, encabezados por OrtegaDíaz, consideran que las pesquisas sobre el capítulo venezolano estaban considerablemente avanzadas hasta el momento en que se vieron forzados a exiliarse.

Mediante la colaboración con fiscalías de otras naciones, como las de Brasil y Andorra, y el allanamiento a la sede de la compañía en Caracas el 14 de febrero de 2017, lograron acceder a evidencias además de acordar medidas de congelamiento de cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles. Ese mismo día, el Ministerio Público ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña en Venezuela.

Zair Mundaraín, director general de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, asegura que tienen en su poder contratos de las obras que Odebrecht desarrollaría en el país que comprueban la sobrefacturación en los contratos de un mismo proyecto de infraestructura, identificación de funcionarios implicados y la relación entre el Estado venezolano y la empresa. Aunque tuvieron que dejar el expediente en físico al salir de Venezuela, lograron llevarse las copias digitales certificadas de los documentos.

Una de las dificultades que enfrenta el equipo de fiscales venezolanos, ahora más reducido y con recursos limitados en el extranjero, es que por su misma condición de exiliado no es reconocido como instancia legítima y operativa encargada de la investigación penal de delitos que atenten contra el interés público. Si bien países como Brasil y Andorra han respondido a las prerrogativas y han intercambiado información, otros como España o Estados Unidos aún se abstienen de compartir pruebas.

Pero el mayor obstáculo es la obstrucción de la justicia, reconoce Mundaraín. En un país con caos institucional, no existe una instancia legítima, autónoma y efectiva como un tribunal de primera instancia que juzgue a los responsables por los delitos de corrupción en el caso Odebrecht en Venezuela. Solo con el cambio de gobierno y restablecimiento de la legitimidad de los poderes, se puede pensar la administración de la justicia, considera el director general de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio.

REPÚBLICA DOMINICANA: Pocos avances
Alicia Ortega

El caso Odebretch en República Dominicana se desarrolla actualmente en la Suprema Corte de Justicia debido a que uno de los siete acusados, el senador Tommy Galán, tiene jurisdicción privilegiada y arrastró con él a los demás imputados en el proceso por presunta corrupción. Hace dos semanas se inició la lectura oficial de la acusación y la presentación de pruebas documentales para que el juez de la Instrucción Especial decida quién va al juicio de fondo.

Según expertos en la materia, varios obstáculos se avizoran como impedimentos para lograr condenas, a pesar de ser el país con el tercer monto más cuantioso en sobornos confesados por la constructora brasileña: 92 millones de dólares, entre 2001 y 2014. El 66% de esa cifra fue desembolsada, de acuerdo con los registros de Odebrecht, entre septiembre de 2012 y 2014.

El actual presidente Danilo Medina tomó posesión en agosto de 2012 e inmediatamente designó junto a su gabinete al Procurador General, quien es el jefe del Ministerio Público. Precisamente, el procurador Jean Alain Rodríguez es el que encabeza las investigaciones del caso con un equipo de 16 fiscales, algunos muy capacitados, pero bajo el mando de un hombre del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En el acuerdo firmado entre Odebretch y el Estado dominicano se señala, entre otros puntos, que la empresa se compromete a la “identificación de los funcionarios sobornados en el país; y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices”.

Los testimonios de ex directivos de la constructora, interrogados en Brasil por fiscales brasileños, no mencionan transacciones, ni personas en República Dominicana que hayan recibido el dinero. Las declaraciones son genéricas, no incriminan directamente a los acusados y, mayormente, solo indican que los contratos parecían fluir en el Congreso con la ayuda de algunos legisladores.

Otro factor que no ayuda al avance del caso es que los miembros del Ministerio Público no hicieron esfuerzo alguno por viajar a Brasil a realizar sus propios interrogatorios a los ex ejecutivos de Odebretch, mientras que fiscales de otros países como Perú y Colombia sí lo hicieron. Además, con la suscripción del acuerdo, también quedaron sellados todos los documentos en la justicia brasileña con respecto a República Dominicana.

Hasta la fecha, las autoridades solo cuentan con documentos de transferencias realizadas a las empresas del representante de Odebretch en la nación dominicana, Ángel Rondón, cuyas sumas ascienden a más de 126 millones de dólares. Sin embargo, no se ha exhibido ni una transferencia o intercambio de dinero entre Rondón y los acusados. El expediente, en la mayoría de los casos, se basa en un supuesto enriquecimiento ilícito, situación que abogados penalistas aseguran que tampoco se ha probado.

Después de ocho meses de investigaciones, el Ministerio Público depositó la acusación que se debate actualmente en la Suprema Corte y aun cuando salgan a florecer nuevos detalles del caso, el Código Penal dominicano impide que se incluyan en el referido expediente.

 

COLOMBIA: Pesquisas estancadas
Oscar Felipe Agudelo

En Colombia, las investigaciones sobre la operación Lava Jato no han contado con celeridad, por este motivo, a continuación hacemos un recuento de los obstáculos presentados en la justicia colombiana para el avance de las investigaciones de este mega escándalo de corrupción originado en Brasil y con trascendencia en diferentes países latinoamericanos.

Las pesquisas incluyeron a varias constructoras brasileñas, varias de ellas con presencia en Colombia. Algunas de estas compañías son Andrade Gutiérrez, OAS y Camargo Correa. Estas empresas pese a estar involucradas en el caso Lava Jato han tenido poca relevancia para la justicia colombiana y ante la opinión pública. Todos los ojos están sobre puestos sobre Odebrecht.

Lo máximo que se sabe de Camargo Correa es que en mayo de 2018 la Fiscalía la tenía en una de sus tres líneas de investigación sobre contratación y construcción en el proyecto de Hidroituango, el mismo proyecto que hace una semana secó totalmente varias partes del río Cauca y que afectó gravemente a miles de familias cercanas al importante afluente. Camargo Correa no solo ha estado en esta obra sino también en otro proyecto importante en el país: desde hace 20 años aterrizó en Colombia con la construcción de la planta de tratamiento de San Fernando en Itagüí.

En relación con las otras empresas de la operación Lava Jato con presencia en Colombia: Andrade Gutiérrez, Grupo OAS y Techint esta investigación pudo establecer que tienen presencia en el país. Andrade Gutiérrez ha tenido varios proyectos de infraestructura vial en el país, el grupo OAS funciona en Colombia bajo la sucursal denominada Constructora OAS SA Sucursal Colombia (este grupo ya fue sancionado en 2016 por el gobierno nacional por irregularidades en la construcción de una vía entre Cauca y Huila) y Techint también ha dicho presente en Colombia, por ejemplo, en obras como el estudio del Oleoducto Bicentenario, en el Cerrejón, en varios oleoductos más, entre otras obras.

Otro de los palos a la rueda que ha tenido la investigación de la justicia colombiana sobre el tema Lava Jato, es que el caso de la empresa más notoria de todo este entramado de corrupción, Odebrecht, no ha avanzado en Colombia porque el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha tenido conflictos de interés en la investigación. Él fue abogado del Grupo Aval, holding de propiedad del hombre más rico de Colombia, un grupo que mediante la empresa Corficolombiana fue socia de Odebrecht en uno de los proyectos en los que ya se estableció que hubo pago de coimas, el proyecto Ruta del Sol II.

En relación al caso Odebrecht uno de los principales obstáculos para el avance de las investigaciones es la muerte del testigo estrella Jorge Enrique Pizano, el ex controller de la Ruta del Sol, quien temía por su vida y por eso antes de morir (o que lo asesinaran, aún la investigación no ha dado conclusión sobre el tema) dejó un largo testimonio en el que se evidenció que el fiscal Martínez sabía de las conductas supuestamente delictivas de Odebrecht y de sus socios en Colombia mucho antes de posesionarse como fiscal. El ingeniero Pizano murió (a los dos días también murió su hijo en extrañas circunstancias) lo que ocasionó que la justicia colombiana perdiera uno de los principales testigos para el caso Odebrecht.

Aunque Pizano murió, mucho de lo que sabía lo dejó en manos del periodismo y de varios funcionarios estatales, sin embargo, su muerte es un gran obstáculo para hallar justicia en el escándalo de Odebrecht.

 

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