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#MonitordeVíctimas | 66 personas murieron en Caracas durante 12 meses por balas perdidas

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Wilson Salazar murió por una bala perdida. Tenía 15 años y era el segundo de cuatro hermanos. Era estudiante de bachillerato y vivía con sus padres y hermanos en Plan de Manzano.  Él es uno de los 66 casos de homicidios por balas perdidas que registró Monitor de Víctimas en el Área Metropolitana de Caracas, durante mayo de 2017 y abril de 2018

 

@fabicrisci17

LA BALA ALCANZÓ A WILSON MIENTRAS CONVERSABA con unos amigos, afuera de casa de una vecina esperando que su mamá saliera, el 14 de agosto de 2017. “Mi esposa estaba en casa de una vecina y mi hijo le dijo que la esperaba afuera con sus amigos. En ese momento llegaron unos hombres disparando para robarle la moto a un escolta. El hombre accionó su arma para defenderse y resultó herido, pero mi hijo murió cuando una de las balas lo alcanzó durante el tiroteo”, contó su padre.  

La cifra contabilizada por Monitor de Víctimas, que corresponde solo al Área Metropolitana, supera el registro del Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) que contabilizó 57 muertes accidentales en todo el país  entre 2014 y 2015.

UNLIREC define las balas perdidas como “aquella bala que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego”, estableciendo que estos casos son entonces una consecuencia directa de actos de violencia armada.  

Monitor de Víctimas registró que 65% de los homicidios por balas perdidas sucedió cuando las personas quedaron atrapadas en una línea de fuego, en enfrentamientos entre bandas, operativos policiales o robos.

Primeros lugares de violencia

En 2018, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en México, en su informe anual, posicionó a Caracas nuevamente en el segundo lugar entre las ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 111.19 homicidios por cada 100 mil habitantes. Además, en 2016 Venezuela también ocupó el primer lugar como importador de armas entre los países de Latinoamérica, según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo.

En Venezuela, la incidencia de armas pequeñas en los homicidios es de 90%, mientras que en países de América Latina y el Caribe varía entre 60 y 70%, de acuerdo al Estudio Global de Homicidios de las Naciones Unidas en 2011. Además, Venezuela, después de Puerto Rico, es el país del continente americano que tiene la mayor proporción de homicidios causados por armas de fuego según el Small Arm Survey, un proyecto que analiza todos los aspectos referentes a violencia armada, desarrollado por el Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Suiza.

En 12 meses Monitor de Víctimas registró en Caracas 1.108 homicidios por armas de fuego, de los cuales 1.082 fueron cometidos con armas cortas (68% entre todos los tipos de arma). En los casos de muerte por balas perdidas, 47 casos fueron con arma corta, 15  casos están por determinar y cuatro se cometieron con armas largas.

La doctora en sociología y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), Verónica Zubillaga, señaló que en 2009 hubo una importación elevadísima de armas. “Los resultados de los trabajos de REACIN reflejan que cada vez que en el país ha habido compra de armas legales en el exterior, en uno o dos años después, el número de homicidios aumenta”.

¿Cómo entran las armas?

Luis Cedeño, director de Paz Activa, explicó que las armas provienen de un mercado originalmente legal. Parte del armamento ilegal comienza su vida como armas orgánicas (que pertenecen a los organismos de seguridad del Estado) y luego hay un traspaso desde los cuerpos policiales a los grupos delictivos ya que “el mercado internacional de armas no es tan significativo”.

El investigador sobre delincuencia e inseguridad y miembro del Consejo Consultivo del Observatorio de Delito Organizado, Marcos Tarre Briceño, señaló que en las incautaciones recientes se han visto armas que no son utilizadas por los cuerpos de seguridad. “Pistolas semiautomáticas de colores o cargadores de mucha más capacidad demuestran que es un tráfico más cualitativo que cuantitativo, es decir, hay una modalidad de tráfico de armas –no excesivamente grande- para satisfacer las preferencias de las personas que pueden pagarlas”.

Tarre recordó que desde el año 2011 el único importador de armas es el Estado. 80% de las armas que recibe la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) llega sin cargador ni municiones, lo cual abre la puerta a la posibilidad de que los funcionarios participen en el tráfico ilegal, indicó el sociólogo Antonio González.

Una fuente relacionada al ámbito militar comentó a través de conversaciones telefónicas que el arma más común para cometer delitos son las Beretta Tanfoglio y Glock 9 mm, comentó que esta última hace dos meses tenía un costo aproximado de más de 250 millones de bolívares.

En cuanto a armas largas, la fuente señaló que el costo de una Carabina Beretta CX4 Storm, una de las armas que posee la Guardia del Pueblo, está alrededor de los seis mil dólares. “Un fusil de asalto AK 103 puede tener un precio de entre ocho y 25 mil dólares, dependiendo quien lo venda, y una ametralladora HK ronda por los  cuatro mil dólares”.

Víctimas vulnerables

Giovani del Pino tenía 28 años cuando una bala procedente de un atraco lo alcanzó en el rostro. El hecho sucedió en el barrio La Piedrera, en Antímano, municipio Libertador, donde además residía.

Zubillaga asegura que hay un descontrol con las armas legales, lo que incide directamente en la falta de registro de las ilegales. “Las muertes por balas perdidas tienen que ver directamente con el exceso de municiones. En Venezuela no producimos armas pero sí municiones, bajo la responsabilidad de las industrias militares, específicamente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim)”.

Según lo registrado en los trabajos de REACIN, Zubillaga asegura que es recurrente el hecho que las redes criminales consiguen las municiones a partir de los contactos con las fuerzas de seguridad del Estado, ya que existe un desvío sintomático de municiones desde las entidades formales.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI) 2017 estimó que hay unos tres millones de armas en el país, de acuerdo a las respuestas sobre la disposición a tener armas de fuego.

“Una de las bandas de menores de edad que azota a los vecinos y al al transporte público en el barrio la Piedrera venía bajando para robar uno de los jeeps, pero como el carro no se detuvo accionaron sus armas. Uno de los tiros le llegó a Giovani. Una patrulla policial lo trasladó al Hospital Pérez Carreño, pero creemos que murió en el traslado” comentaron los vecinos de la zona.

Jorby Quitana, quien es tío de Giovani, lo recordó como un “buen muchacho”, ya que a pesar de haber tenido antecedentes penales se había regenerado para buscar sustento para su familia y su hija de seis años. El joven había cursado estudios hasta educación básica media.

De los 66 casos de homicidios el 21% eran estudiantes. El 42% tenía estudios de primaria, el 38% educación media y 5% universitaria.

La hija de Giovani es una de los 43 niños que quedaron huérfanos a causa de la violencia. 25 de las víctimas eran padres de hijos menores de 18 años, según los datos registrados por Monitor de Víctimas.

Una bala que estaba dirigida a un funcionario de la Policía de Miranda impactó a José Antonio Díaz Serrano, según los vecinos del Mirador del Este en Petare. El joven de 19 años fue asesinado mientras conversaba fuera de la casa del agente donde se llevaba a cabo una fiesta en la que él también participaba.

“Los vecinos contaron que seis hombres armados se bajaron de una camioneta y empezaron a disparar contra el policía. Los carros que estaban afuera de la casa quedaron baleados, porque el hombre corrió detrás para esconderse, pero una de las balas llegó hasta mi sobrino”, dijo su tía Carla García.

Los datos registrados por Monitor de Víctimas revelan que 61% de los victimarios eran bandas, 26% civiles independientes y 13% cuerpos de seguridad del Estado, de estos últimos la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es responsable del 10%.

José Antonio trabajaba en una cauchera y vivía con su familia en el Mirador del Este en Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Durante 12 meses 64 de las víctimas por balas perdidas han sido civiles. Solo dos funcionarios policiales murieron en hechos accidentales ocurridos en la sede de los organismos donde trabajan.

Marcaje y control

En 2015 fueron incautadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 51.113 municiones y destruidas 433.555 armas por la Dirección de Armas y Explosivos, entre 2013 y 2017, según el estudio realizado por el sociólogo Antonio González.

Luis Cedeño, manifestó que las armas que son incautadas entran en custodia y luego regresan a manos de los grupos violentos, repiten su ciclo y nunca terminan de salir de circulación. “Un arma puede matar una, dos o tres veces”. Según los datos recolectados por Monitor de Víctimas, 15% de los fallecidos tienen otros familiares que han sido víctimas de la violencia.

El marcaje del lote es un elemento importante para el rastreo de las municiones, determinar su procedencia y desplazamiento. Sin embargo, Tarre explicó que en las investigaciones el marcaje determina sólo de dónde proviene la munición. Según el estudio realizado por González, sólo 5,6% de las armas legales tiene registro balístico, lo que dificulta el seguimiento de los casos.

Tarre comentó también que en el año 2011, cuando se creó la Comisión para el Desarme, la única medida que se aplicó fue colocar letreros en las puertas de los sitios públicos prohibiendo la entrada de armas. “No se tomó ninguna medida para hacer efectiva esa prohibición ni ha habido ninguna campaña real para decomisar las armas ilegales que circulan en el país”. El profesor universitario y miembro del Observatorio de Delito Organizado señaló que se evidencia  la falta de voluntad para enfrentar el tema de la delincuencia y la criminalidad y que a su juicio sólo mejorará con un cambio de gobierno.

Por su parte, Zubillaga explicó que las muertes por balas perdidas son responsabilidad del Estado en el sentido que debería haber un control de armas, del exceso municiones y su distribución. “La obligación del Estado es preservar la vida de los habitantes y al no desarrollar las medidas sistemáticas para hacerlo evidencian su negligencia, que es otra manera de ser responsable por sus actos.”

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