Claves para entender la violencia de 2014
Claves para entender la violencia de 2014
La investigación del Observatorio Venezolano de Violencia no solo reveló que en Venezuela ocurrieron 24.980 homicidios en 2014. El estudio sorprendió con algunos hallazgos: únicamente los pobres extremos están libres de secuestro, ya no queda en el país un pueblito donde se pueda dormir con la puerta abierta, la gente trabajadora ahora se rebusca delinquiendo, ni lo chavistas creen que Nicolás Maduro pueda resolver el problema de la inseguridad y “las condiciones económicas y la pobreza no son las causas de la delincuencia”

@ronnarisquez

MIENTRAS EVALUABAN LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA que asfixia al país, investigadores de siete universidades identificaron algunas tendencias significativas y preocupantes para muchos. Roberto Briceño León, sociólogo y líder del OVV, explicó algunas mutaciones y nuevas modalidades de delitos que debutaron en 2014, y además plantea debates sobre algunos mitos como la vinculación entre la agudización de la violencia del venezolano, la crisis económica y la escasez.

1. Expansión del delitos hacia pueblos antes apacibles

En Venezuela ya no queda un pueblo seguro, de esos donde la gente dormía con la puerta de la casa abierta. Esos cuentos ahora sí son historia. “Básicamente se observa que en ciudades medianas y pequeñas como Río Caribe y Cumanacoa, por ejemplo, se está registrando una actividad delictiva similar a la que ocurría en Cumaná. Igual ocurre en Lara ,el delito ya no se concentra en Barquisimeto sino que ahora se ha expandido hacia Sanare y Quibor. Sucede lo mismo en Miranda, la inseguridad no es solo en la Gran Caracas sino que pueblos como Caucagua son azotados por la criminalidad”, explicó Briceño León.

Sobran víctimas y hechos para ilustrar sus ejemplos. El domingo 20 julio fue asesinado el alcalde de Río Caribe, Enrique Franceschi. La semana pasada fue herido de bala el alcalde de Cumanacoa, Jesús Aníbal Velásquez. El móvil de ambos  hechos fue el robo, según versiones oficiales.

Adicionalmente el pasado viernes 26 de diciembre decenas de temporadistas fueron víctimas de un asalto colectivo en la tranquila y hermosa playa de Arapito (en la frontera entre Sucre y Anzoátegui). Un grupo de siete hombres con fusiles AR-15, que llegó en un peñero, despojó a los turistas de todas sus pertenencias.

Otra manifestación de esta novedosa realidad la viven a diario los moradores y visitantes de los pueblos que están en la frontera de Aragua y Guárico. Allí opera una poderosa organización delictiva, liderada por José Antonio Tovar Colina, alías “El Picure”. En noviembre de este año ese grupo protagonizó la matanza de 11 personas en la finca San Juan de Dios, en la localidad de El Sombrero. Extorsiones, secuestro de vehículos, cobro de vacuna y robo de camiones son algunos de los delitos a los que se dedica esta banda.

“La propensión general observada por los distintos equipos de investigación es hacia la expansión del delito violento en todo el territorio nacional. Zonas que hasta hace poco tiempo eran seguras, se han convertido en territorio de las bandas armadas que agreden y extorsionan a sus habitantes”, señala el informe de la OVV.

2. El delito como rebusque

“Se trata del rebusque del individuo que puede tener un trabajo y que en medio del trabajo puede cometer un delito. Un motorizado que trabaja de 9:00 am a 5:00 pm, que en su ruta al trabajo le roba el celular a una mujer y luego sigue a su trabajo. Ese no es un delincuente profesional pero comete delitos. La gente que entra a los supermercados y tiendas y va sacando mercancía. Eso empieza a existir de una maner más generalizadas: delitos cometidos por no delincuentes. Estas acciones se ampara en la gran impunidad”, señaló el especialista.

Los investigadores tienen su visión del asunto. “No creemos que las condiciones económicas y la pobreza sean la causa de la delincuencia. Este país ha tenido una gran bonanza económica y la criminalidad no ha dejado de crecer. El problema aquí son las políticas públicas equivocadas, el quiebre de la normativa y la impunidad. Eso es lo que explica para nosotros el incremento de la violencia”, aseguró con convicción Roberto Briceño León.

El contrabando (bachaqueo) y la reventa de productos regulados son otras actividades al margen de la ley que cada vez ganan más adeptos entre los venezolanos que pertenecen al mercado laboral formal.

En el Zulia, los taxistas han dejado sus trabajos para vivir de la venta de gasolina en la frontera, mientras que las domésticas dejaron ir a trabajar porque ganan más haciendo colas para las mafias de bachaqueros que negocian productos regulados.

3. El secuestro para todos

“Históricamente es un delito que había afectado a los sectores de más altos ingresos y allí se siguen cometiendo. Sin embargo se ha generalizado el secuestro donde las víctimas son de la clase media y la clase trabajadora. Los únicos que no son víctimas del secuestro son las personas que están en pobreza extrema. Hay casos de mototaxista que tienen que vender la moto para pagar el rescate por algún familiar. Lo que se puede ver en las encuestas de victimización es que en la mitad de los secuestro las víctimas son gente de la clase D”, indicó el sociólogo Briceño León, quien agregó que la mayoría son plagios express y que los delincuentes esperan recibir el recate en efectivo.

Hacia esa nueva práctica delictiva han migrado asaltantes de quintas y ladrones de banco. El delito es rentable y con una alta tasa de impunidad. Aunque la política tácita en los cuerpos de seguridad es: “muerte a los secuestradores”. Algunas ONG comienzan a documentar la ejecución generalizada de plagiarios cuando son cercados por la policía.

En 2014 ocurrió un presunto secuestro que marcó una diferencia con respecto a los plagios habituales. La periodistas Nairobi Pinto, vinculada a la líder de un movimiento político de oposición Gaby Arellano, estuvo desaparecida durante más de una semana. Aunque el hecho se manejó y fue denunciado como un secuestro, los supuestos plagiarios nunca exigieron pago de rescate ni hicieron contacto con los familiares de la víctima. Sin ninguna negociación la joven fue liberada. Se manejó la tesis del plagio por motivaciones políticas.

4. Policías que buscan “justicia” y aplican pena de muerte

“El año que concluyó ha visto también un incremento en el asesinato de funcionarios policiales… Hay una desmoralización cada día mayor en los cuerpos policiales, quienes además de ser victimizados se sienten sin autoridad y sin apoyo. Hay un abandono de la carrera policial por muchos funcionarios honestos quienes opinan que no tienen ni la remuneración ni el respeto que su profesión merece”, dice el estudio.

Las autoridades calculan que la menos 250 murieron a manos del hampa en todo el país el año pasado. En Caracas durante el 2014 fueron asesinados más de dos policías por semana, 132 en total. La mayoría de estos casos permanecen impunes, lo que genera impotencia y resentimiento en el grupo afectado.

“La respuesta de los funcionarios policiales que han visto fallecer a sus compañeros ha sido igualmente violenta. Muchos policías tampoco creen en la justicia de los tribunales y han decidido tomar justicia por mano propia. Todo lo cual ha redundado en un ambiente de mayor violencia y agresividad en el país muy marcado y fuerte. Lo que termina ocurriendo es que esos policías están matando a quienes los matan”, indicó Briceño León.

Según el experto esto se convirtió en círculo donde la pena de muerte parece ser la fórmula para dirimir todo. Los delincuentes matan a los policías para robarle las armas y las motos, y porque son policías. Y los policías matan a los delincuentes porque son delincuentes y no confían en el sistema de justicia.

Esto además deriva en un incremento en la ejecuciones extrajudiciales. “No hay manera de detener eso porque no se cree en la justicia y la justicia lo que hace es pacificar a la sociedad. En estos caso, se da un interaccion de más violencia. Los policias matan, los delincuentes matan y la sociedad se hace más violenta”, agregó el experto.

Amparados también en la impunidad los policías aplican estas prácticas violatorias de los Derechos Humanos, como el incidente ocurrido el pasado 7 de octubre en el edificio Centro Manfredir Quinta Crespo. Allí fueron presuntamente ajusticiados 5 miembros del Frente 5 de Marzo durante un procedimiento realizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Entre los argumentos ofrecidos por el director del Cicpc, comisarios José Sierralta, para explicar la acción destaca que las 5 personas fallecidas (entre ellas José Miguel Odremán, líder del grupo cercano al gobierno revolucionario) estaban involucradas en una serie de homicidios. Una de las víctimas de estos presuntos crímenes cometidos por el colectivo fue Francisco Antonio Viloria, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, asesinado en Cotiza el 9 de enero de 2014.

Pese a que la acción generó una fuerte presión de estos grupos, denominados colectivos y el Ministerio Público emitió órdenes de captura para 8 funcionarios del Cicpc, el caso sigue impune. Los policías lograron evadirse. Solo el ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, pagó con su cargo por el exceso cometido.

5. Privatización de la seguridad y de la justicia

“Es la expansión también peligrosa de grupos armados que se sienten con autoridad para aplicar la ley. Es como si en tu vecindario contrataras a un grupo de gente para cumplir funciones de seguridad ciudadana, en lugar de la policía. Ese es un proceso incivilizado. Para nosotros eso es la privatización de las seguridad y es contrario al estado de derecho y al proceso civilizatorio”, explicó Roberto Briceño, refiriéndose, sin nombrarlos, a los colectivos armados que en teoría defienden la revolución bolivariana.

“Muchos han limpiado la venta de drogas de sus barrios, pero luego se encargan ellos del negocio de la droga. Esto es una irregularidad. El gobierno es quien debe tener el monopolio de las armas y no grupos privados”, apuntó.

Incluso en las declaraciones de algunos miembros del Frente 5 de Marzo queda claro que el enfrentamiento entre este colectivo y el Cicpc está relacionado con una disputas por el tráfico de drogas. Según explicó uno de los líderes de esta organización, funcionarios del Cicpc protegían a un traficante del barrio José Gregorio Hernández de Cotiza, que ellos obligaron a salir del lugar.

Por ejemplo, estos grupos colaboraron con las autoridades en el desalojo de la Torre de David y el Centro Comercial Sambil de la Candelaria, que habían sido tomados por invasores y damnificados.

“La presencia de grupos que hacen ostensivo su carácter armado, retando el monopolio de la fuerza y de las armas del Estado, ha tenido durante este año un efecto en la sociedad mucho mayor que el restringido a sus zonas de actividad. Sus amenazas a los funcionarios y la destitución de las autoridades que intentaron aplicarles la ley, enviaron un mensaje profundamente negativo al país”, refiere la investigación del OVV.

6. Ni los chavistas creen que Nicolás Maduro pueda frenar la inseguridad

“Más de 90% de la gente no confía en la capacidad del gobierno de responder al problema de la inseguridad y de controlar el delito. Con Hugo Chávez la gente pensaba que él no era responsable de la inseguridad y que sí podía resolver el problema. Ahora aproximadamente 90% de los consultados piensan que Maduro no puede combatir la delincuencia, esto incluye a un grueso importante del chavismo que no confía en la capacidad del Presidente para atender esta materia”.

Lo que en algún momento los líderes del gobierno calificaron como una “sensación de inseguridad” tiene cada vez más víctimas y casos concretos. En 2014 ocurrieron 24.980 asesinatos, con una tasa de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes y Venezuela se ubicó como el segundo país del mundo con más homicidios, según un ranking de la Organización Mundial de la Salud.

En la lista de víctimas están los nombres de una ex Miss Venezuela, un alcalde, un concejal y un diputado del oficialismo.

El año pasado arrancó con el asesinato de la ex miss Venezuela, Mónica Spear. La joven actriz fue atacada por delincuentes armados el 6 de enero, cuando viajaba por una carretera del estado Carabobo junto a su esposo Tomás Berry y su hija Maya. Ella y su pareja murieron al recibir varias heridas de bala, mientras que la niña sobrevivió.

En 26 de abril fue asesinado Eliécer Otoaiza, presidente del Concejo Municipal de Libertador y dirigente del oficialismo. El también ex director de la Disip recibió cuatro disparos y su cuerpo fue encontrado en Turgua, municipio El Hatillo. Presuntamente fue sometido pode delincuentes, la mayoría adolescentes, que lo mataron para robarle el vehículo y sus pertenencias.

El 1ro de octubre fueron localizados en su residencia de La Pastora, los cadáveres del diputado del Psuv, Robert Serra y su asistente María Herrera. Ambos fueron asesinados con armas blancas y amarrados ya amordazados con tirro. Los presuntos homicidas se llevaron del lugar armas y dinero en efectivo. Aunque el Gobierno insistió en demostrar que se trataba de un crimen por encargo planificado por paramilitares Colombianos y el ex presidente Alvaro Uribe. Pero hasta la fecha no hay ningún elemento que permita demostrar esta tesis. Hay 11 personas detenidas, entre ellas uno de los escoltas del parlamentario que era funcionario de la Policía de Caracas. Versiones policiales indican que móvil del crimen fue el robo.

A esta lista de personalidades víctimas del hampa se sumó recientemente el ex jugador de la NBA, Carl Herrera, quien fue herido de bala por asaltantes que lo despojaron de sus prendas. El incidente ocurrió el sábado 20 de diciembre en un restaurante en la vía de Playa El Agua, en la isla de Margarita. El primer NBA venezolano (solo hay tres) se recupera de la lesión ocasionada por el proyectil.

7. La que hay que cambiar

El mensaje. “Para nosotros hay que enviar mensajes, y cambiar los mensajes. No es lo mismo ser un delincuente que un trabajador honesto, no es lo mismo quien cumple la ley que quien la infringe y eso es algo que hay que reforzar en la gente”, explicó Roberto Briceño León.

Más policías. “Es necesario aumentar la protección de las personas. Combinar la labor de las policías y la seguridad privada para la gente, no solo para las personalidades, como escuche que pretenden hacer”, apuntó.

Aplicar la ley. “Es necesario disminuir la impunidad y aumentar el castigo. Hacer cumplir la ley. No se gana nada aumentado la severidad de las penas, se gana aumentando la severidad de la ley”, recomendó el experto.