El Gobierno de Argentina denunciará al juez Claudio Bonadio, que investiga las irregularidades fiscales cometidas por la empresa Hotesur, administradora del hotel Alto Calafate, propiedad de la presidenta del Gobierno, Cristina Fernández. Las irregularidades existieron. El juez ordenó la semana pasada el allanamiento de la sede legal de Hotesur en Buenos Aires y se confirmó que la empresa llevaba al menos tres años sin presentar sus cuentas ante la Inspección General de la Justicia.  De hecho, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, anunció el lunes que el Gobierno multaría a la citada empresa con la pena “más severa”: 3.000 pesos, equivalentes a 350 dólares. O sea, una nimiedad. Pero eso no impidió que Álvarez calificase al juez de “pistolero”.

El martes por la noche, después de que una decena de legisladores y altos cargos criticaran la actitud del juez, la propia presidenta, tras un mes de silencio debido a su convalecencia, acusó en Twitter al juez de ser socio de una estación de servicio que tampoco había presentado sus balances fiscales. Fernández tuiteó:

¿Justificaba esa infracción administrativa la orden de allanamiento? El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich vio en su decisión una clara finalidad política. Aseguró que hay más de 40.000 empresas en la misma situación que Hotesur y Bonadio solo allanó a una. El problema es que esa «una» es la misma que, según informó el 17 de diciembre de 2013 el diario La Nación, recibió 14,5 millones de pesos (1,7 millones de dólares) por parte del empresario kirchnerista Lázaro Báez en concepto de alquiler de habitaciones entre los años 2010 y 2011. Lázaro Báez es el mayo concesionario de obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz.

Por tanto, lo que subyace detrás de la investigación de Bonadio son varias cuestiones que poco tienen que ver con la falta de presentación de unos balances. Primero: la sospecha de que el hotel podría haber sido usado por Lázaro Báez para lavar dinero. Segundo y principal: esas operaciones de lavado podrían afectar a la presidenta. Y tercero: para entender la decisión del juez y la virulencia de los ataques que recibe es preciso tener en cuenta que faltan solo once meses para que se celebren elecciones presidenciales en Argentina. Este será, por tanto, el último año en la presidencia de Fernández. Hay jueces y fiscales que se atreven a investigar ahora lo que no investigaron desde que llegó a la presidencia Néstor Kirchner en 2003 y le sucedió Fernández en 2007.

La denuncia del Gobierno contra Claudio Bonadio tiene pocos visos de prosperar en el órgano rector de los jueces, el Consejo de Magistratura, donde el sector afín al Gobierno no cuenta con mayoría. Pero mientras tanto, el Gobierno ha disparado críticas desde decenas de frentes. El que abrió la veda fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien la semana pasada acusó a la Justicia de “golpismo activo” y el martes ratificó sus palabras. Después se sumaron varios legisladores como la diputada oficialista Diana Conti -“Fue un acto judicial impertinente que huele a extorsivo” o el diputado Carlos Kunkel: “Siento vergüenza de que Bonadio haya tenido que ver conmigo y con tantos otros compañeros”.

El senador kirchnerista Aníbal Fernández señaló: “En ningún país serio del mundo” “se allana una empresa que pertenece a la presidenta. Es un gesto falto de decoro, absolutamente falto de decoro”. El dirigente social Luis D’ Elía tuiteó un mensaje a sus 148.000 seguidores, donde decía: “Simbólicamente debemos dejar clavada en una Pica la cabeza de Claudio Bonadio, en la vereda de Comodoro Py [sede de los tribunales].

El secretario de Justicia, Julián Álvarez llamó al juez “pistolero”. Lo dijo “metafóricamente”, pero añadió: “Bonadio es un tipo violento, es un juez que todos conocemos por haber asesinado a dos individuos con un arma Glock, que es como una metralleta; es un juez que tiene un antecedente grave de violencia en su haber y amante de las armas”.

Todas las críticas del kirchnerismo transmiten el mensaje de que Bonadio trabaja en la sombra para los grupos mediáticos críticos con el Gobierno y para el diputado opositor y antiguo kirchnerista Sergio Massa. La denuncia que prepara el Gobierno contra Bonadio intentará demostrar que el juez ha utilizado la investigación sobre el hotel para crearse “un escudo” mediático y judicial ante los intentos del sector oficialista de celebrar un juicio político contra él. «Como [el juez Bonadio] sabe que lo estamos observando”, declaró Julián Álvarez, “ordena un allanamiento a una empresa vinculada a Cristina Kirchner para que los medios luego digan ‘El Gobierno investiga al juez que investiga a la Presidente’, así pasa de victimario a víctima y se genera un escudo”.