Desde inicios de este mes, las redes sociales han estado copadas por el video viral titulado «Kony 2012» realizado por Invisible Children -una ONG activista-. Un fenómeno que ha trascendido la esfera de los derechos humanos para convertirse en todo un suceso mediático.
El documental «Kony 2012» ha sido visto más de 100 millones de veces alrededor del mundo. Su objetivo, a decir de quienes lo hicieron y divulgaron, es sensibilizar a la población sobre los crímenes cometidos por el ugandés Joseph Kony, prófugo de la justicia internacional y líder del infame Ejército de Resistencia del Señor, que busca implantar un gobierno teocrático en Uganda y que emplea diversos métodos brutales en su campaña militar.
Kony se proclama vocero de Dios y representante del «Espíritu Santo». Es culpable del reclutamiento de casi 70 mil niños soldados y de provocar el desplazamiento forzado de más de 3 millones de menores de edad.
El caso de Joseph Kony tiene varios paralelismos con el de Thomas Lubanga. Sobre este último, la Corte Penal Internacional en La Haya emitió un veredicto histórico esta misma semana, no sólo por la magnitud del crimen del que se acusaba a Lubanga sino por ser el primer veredicto que emite este tribunal, desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma en 2002.
Lubanga fue declarado culpable, en calidad de co-perpetrador, del crímen de guerra de reclutar niños menores de 15 años y utilizarlos para participar directamente en las hostilidades, durante el conflicto armado interno en el que estuvo inmersa la República Democrática del Congo, y que enfrentó a la Fuerza Patriótica para la Liberación del Congo, dirigida por el propio Lubanga, y al Ejército Popular Congolés.
Aún la Corte debe dictar sentencia. Según el artículo 77 del Estatuto de Roma, a Lubanga se le pueden imponer penas privativas de libertad de hasta 30 años o a perpetuidad, si se justifica “la extrema gravedad del crimen”. Y sin duda, este crimen califica desde todos los puntos de vista como grave.
No se trata únicamente del reclutamiento de menores no sólo de 15 años sino de incluso hasta 9 años de edad, separados de sus padres por la fuerza y obligados en muchos casos a matarlos ellos mismos. Es que además, Lubanga organizó una extensa red de esclavas sexuales para satisfacer los abominables instintos de la cúpula militar que él dirigía y de las tropas bajo su mando.
Pero más allá de la condena de la que sea objeto Lubanga (y Kony, cuando algún día sea capturado y eventualmente juzgado por la misma Corte Penal Internacional), la reparación de las víctimas es un punto clave. ¿Cómo lograr la reinserción de quien ha empuñado armas y ha masacrado desde edades tan tempranas? ¿Cómo borrar las huellas de abusos sexuales de niñas que en vez de jugar lo propio de su edad son introducidas al oscurantismo de los más bajos deseos de los adultos? Son preguntas complejas cuyas respuestas poseen más sombras que luces.
Ojalá la humanidad logre deslastrar estos horrendos crímenes. Pero mientras Ud. lee estas líneas, a muchos menores de edad en escenarios de conflicto armado, se les está privando de su inocencia.
