Aprobar, negar o revocar una visa constituye un acto administrativo interno a cada país por medio del cual se dispone sobre el transito o permanencia de aquellos extranjeros que se considera cumplen con los requisitos legales en base a las disposiciones establecidas por el Poder Ejecutivo, Judicial, o Legislativo. Se trata de un acto soberano por lo que la decisión que se adopte por parte de las autoridades –sean buenas o malas- tiene efectos migratorios individuales, que no pueden ser determinadas por el país de la persona afectada y mucho menos por organismos internacionales.
El Congreso de los Estados Unidos, al igual que otros Parlamentos de América Latina y el Parlamento Europeo; las Internacionales Políticas (Socialista, Demócrata Cristiana, Liberal, Conservadora); el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Secretario General de la OEA –para no mencionar sino algunas instituciones- condenaron la situación que vivió Venezuela en el año 2014, en el que se produjeron las trágicas muertes de manifestantes, la detención de miles de estudiantes, las torturas y el arresto arbitrario de dirigentes políticos entre ello Leopoldo López y Alcaldes electos.
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de los Estados Unidos aprobaron una moción que luego fue ejecutada por el Presidente Obama, en la que decidieron revocarle las visas a medio centenar de personas por considerarlas no gratas a permanecer en su país, y al mismo tiempo prohibirles que se puedan beneficiar de los mecanismos financieros de la banca americana, por estar incursos en violación de los derechos humanos y en actos de corrupción, ambos delitos tipificados en la legislación nacional y en Acuerdos Internacionales. Al aplicarse la sanción se tomo la precaución de no dar sus nombres.
Ante esa decisión, Venezuela respondió con su ya habitual “diplomacia del micrófono” protagonizando otra confrontación con los Estados Unidos, en los que un tema bilateral trata de convertirlo en una cruzada fundamentalista contra el “Imperio”. Para ello, el Presidente Maduro usa argumentos contradictorios: Por una parte, afirma que está deseoso de dialogar con Washington para normalizar la situación pero al mismo tiempo usa el alto parlante de denuncias convocando al Secretario Permanente de UNASUR Ernesto Samper a Miraflores para denunciar que existe una conspiración para derrocarlo; exhorta a los Cancilleres de UNASUR para que obliguen a los Norteamericanos a deponer las agresiones contra su Administración; convoca a los Presidentes del CELAC, al Movimiento de Países No Alineados, y todo tipo de escenarios internacionales para exigirle a los Estados Unidos a que “dialoguen” con Venezuela, mientras que desde el inicio el Departamento de Estado ha reiterado que está dispuesto a tratar las relaciones por la vía diplomática y que tratándose de un tema bilateral, no aceptará multilateralizar esa decisión.
El escándalo no es solo en el plano diplomático ya que el Presidente Maduro propicia que el Tribunal Supremo de Justicia adopte una sentencia condenado a los Estados Unidos y que la Fiscal General y la Asamblea Nacional se sumen a la defensa de verdugos y corruptos alegando que se trata de un atentado contra Venezuela, queriendo imponerle a otros cual deba ser su agenda con el mensaje “Con mis visas, no te metas” pero considerando que Venezuela tiene el derecho de expulsar diplomáticos, revocar visas y movilizar instituciones internacionales. Son dos pesos y dos medidas.
@milosalcalay
