Gobierno y oposición coinciden en no judicializar disputa por el Esequibo

Gobierno y oposición coinciden en no judicializar disputa por el Esequibo

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El lunes 18 de junio, el gobierno de Venezuela debía comparecer ante la Corte Internacional del Justicia (CIJ) para dar inicio a un proceso jurídico que, según la República Cooperativa de Guyana, pondrá fin a la ancestral disputa territorial por el Esequibo. Ese día el canciller Jorge Arreaza fue hasta el ente internacional para consignar una misiva firmada por Nicolás Maduro, en la que se deja en claro que el país no participará en este proceso.

Y aunque resulte insólito, la oposición está de acuerdo con esta posición. Desde la acera de enfrente, la Asamblea Nacional ha manifestando su rechazo a esta intensión “sesgada y perversa” del presidente guyanés, David Granger, de llevar a cabo un proceso unilateral, según se comenta desde la Comisión de Política Exterior.

La Asamblea Nacional solicitó el 19 de junio una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, “para analizar los diferentes escenarios y determinar una estrategia de defensa” ante las actuales circunstancias de reclamación sobre el Esequibo.

Tanto Gobierno como oposición han coincidido en la ilegitimidad de este proceso, que desde los sectores de la política venezolana rompe con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, tratado firmado en 1.966 en el que ambos países acordaron resolver la disputa por el territorio del Esequibo sin intromisión de terceros; territorio que ha despuntado en los últimos años tras descubrimiento de grandes yacimientos minerales.

Para el diputado de la AN e integrante de la Comisión de Política Exterior Williams Dávila, la única posibilidad que permite el acuerdo para que ambas naciones pudiesen llevar el caso a la justicia internacional es que fuese una decisión consensuada, “de manera tal que ahí hay una violación al Acuerdo de Ginebra”.

Señala que el presidente de Guyana ha mentido en las condiciones para introducir esta demanda, puesto que asegura que el tratado firmado hace más de 50 años permite “el acceso a la jurisdicción para resolver esta controversia”.

La Corte decidiría

Para el abogado especialista en el tema del Esequibo, Emilio Figueredo, solo la CIJ decidirá si da continuidad o no a este juicio por deslegitimar o validar el laudo de 1.899, que se ha prorrogado en diversas oportunidades, y reitera que la posibilidad de que la corte siga adelante con un juicio  no beneficiaria en nada a Venezuela.

Acusa a los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro de ser los culpables de que hoy Venezuela sea llevada a la corte. “Si hubieran buscado mecanismos para retardar este proceso no estaríamos en esta situación, lo manejaron mal”.

El experto detalla que con la actitud del Gobierno de no participar en el juicio por la disputa del Esequibo, el Estado venezolano está tratando de “crear una especie de reacción nacionalista” en el pueblo venezolano.

Para Figueredo, la gravedad de esta decisión de llevar el caso una corte no es solo porque desde el terreno guyanés les urge solucionar esta disputa, sino que el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, avala esta medida.

Recordemos que en 2016, en el marco de un nuevo encuentro bajo la mediación de la ONU en busca de una salida a esta disputa territorial, Venezuela decidió pedir un año más de “buenos oficios” que durante los últimos 28 años había prestado la Secretaría General sin que hubiera avance alguno. En enero pasado, Gutérres, por recomendación de su antecesor, Ban Ki-Moon, dio por concluida la mediación.

Figueredo señala que “el secretario general de la ONU escuchó a ambas partes y le concedió a Venezuela un plazo de más de un año para ver si lograban un acuerdo, sino, se procederían a aplicar los pasos de Guayana”; es decir, acudir a la CIJ.

Condenó que durante los 19 años que tiene instaurado el proceso revolucionario en Venezuela, sus dirigentes permitieran que Guyana otorgara concesiones sobre el Esequibo sin la mínima objeción. A su juicio, esta decisión de no opinar se debió a la necesidad del Estado de “no irritar” a otras naciones, para así tener aliados e impedir que desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se aprobara la Carta Democrática contra el gobierno de Maduro.

El abogado cree que mientras en Venezuela el tema de la zona en disputa es materia “cerrada para el Gobierno”, en la República Cooperativa de Guyana han unido a todo el país en base al reclamo del disputado territorio, al tiempo de hacerse con los oficios de los mejores juristas internacionales y un panel de más de 10 abogados.

Espaldarazo internacional

El experto en el tema del Esequibo, Emilio Figueredo, resalta que desde el punto de vista internacional Guyana tiene mayor incidencia en el territorio, porque desde los inicios son sus habitantes los que han estado en posesión de la antigua comunidad inglesa.

Además, enfatiza que los países no alineados o todas las naciones por las que en algún momento se dio una disputa territorial sacarían de nuevo sus diferencias, recordando que en los tiempos de la colonia no hubo una división de los territorios.

Por su parte, la parlamentaria de la AN Marialbeth Barrios, recalca que la revolución bolivariana no ha hecho mayor esfuerzo en “ni siquiera generar identidad nacional entre los que habitan en el territorio en reclamación y los que estamos en Venezuela, esperado ver una vez más dentro del mapa esa zona trazada con rayas”.

“No han construidos hospitales, escuelas, nada en el Esequibo, es culpa de este Gobierno y de 20 años de negligencia. Sepa el pueblo de Venezuela que desde la AN ratificamos el compromiso por defender la soberanía”, resaltó.

Mientras llueven acusaciones por la aparente desidia mostrada por los diferentes gobiernos sobre el delicado tema, con la debida distancia la oposición a alinea con la postura del Ejecutivo, en el entendido de que acudir a la CIJ perjudicaría las intensiones venezolanas de recuperar un territorio rico en recursos naturales que muchos dan por perdido.

 

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