Human Rights Watch rechazó la condena al dirigente político Leopoldo López y a tres estudiantes venezolanos, por los hechos violentos ocurridos durante las protestas de 2014 en el país.

Para la organización, la sentencia de hoy revela el deterioro extremo del estado de derecho en Venezuela y el juicio estuvo marcado por graves violaciones del debido proceso, debido a que no se aportaron pruebas que vinculen a los acusados con ningún delito.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, considera que el juicio a Leopoldo López y a los estudiantes es una farsa.

“En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente”, expresó Vivanco.

Human Rights Watch tuvo acceso al expediente del caso y no encontró elementos de prueba aportados por la Fiscalía durante el juicio que permitieran justificar los cargos contra los acusados. El equipo de defensores de López dijo a Human Rights Watch que la jueza desestimó los argumentos que plantearon y no admitió ninguna de las pruebas ofrecidas, salvo el testimonio de dos testigos presentados por el Ministerio Público.

El derecho venezolano y los estándares internacionales de derechos humanos disponen que, salvo en circunstancias extraordinarias, los procesos penales deben ser públicos. Sin embargo, no se permitió que miembros del público —incluidos periodistas y observadores internacionales— estuvieran presentes durante todo el juicio.

Los tres estudiantes condenados —Christian Holdack, Demian Martin y Ángel González— dijeron a Human Rights Watch que fueron sometidos a abusos físicos durante su aprehensión y en la dependencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde permanecieron incomunicados por 48 horas. Durante su detención, los estudiantes no tuvieron acceso a sus abogados y no se les permitió ver a sus familiares.

Posteriormente, fueron llevados ante un juez y acusados de varios delitos. La prueba aportada por el Ministerio Público en su contra incluía prendas de vestir que, según afirmaron los estudiantes, habían sido manchadas con gasolina por agentes de seguridad, y fotografías de personas no identificadas que participaron en incidentes con miembros de fuerzas de seguridad y que fueron colocadas junto a las fotografías tomadas a los estudiantes en la dependencia policial.

Human Rights Watch denunció en un comunicado que el poder judicial venezolano ha dejado de actuar como un poder independiente de gobierno desde que, en 2004, el entonces presidente Hugo Chávez y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia.

«Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado de forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y han emitido reiteradamente pronunciamientos a favor de este, avalando la indiferencia del gobierno por los derechos humanos», se lee en el texto.

Por su parte, Vivanco agregó: “Hemos visto la violenta represión de manifestantes pacíficos el año pasado, la complicidad de fiscales que iniciaron causas penales contra las víctimas sin tomar en cuenta signos evidentes de que habían sufrido abusos, y ahora presenciamos la condena de tres estudiantes y un prominente político de oposición sobre la base de imputaciones absolutamente infundadas. ¿Qué más necesitan los gobiernos latinoamericanos para, de una vez por todas, exigir al gobierno de Maduro que cese la persecución de sus opositores y críticos?”.