#TBTdelaImpunidad 2017 fue el año en el que se popularizó forzosamente el uso de “perreras” como medio de transporte público, en medio de un colapso económico que impactó severamente el mantenimiento de las unidades privadas.
Tres años antes el Fondo Chino-Venezolano desembolsó casi 220 millones de dólares para el proyecto de autobuses Yutong en Venezuela, promovido como una solución “revolucionaria” al problema del transporte público. Y en 2015, el gobernante Nicolás Maduro inauguraba en Yaracuy lo que prometió sería “la fábrica más grande de buses América Latina” que ensamblaría 3600 unidades al año.
Pero con el paso del tiempo, al proyecto se le fue acabando la gasolina. La planta ensambladora en Yaracuy, aunque inaugurada con grandes titulares, nunca se terminó ni cumplió su función industrial, sino que operó como un simple taller de ensamblaje menor y reparación.
El caso de los autobuses chinos en Venezuela exhibe los patrones de sobreprecios, el abandono de proyectos esenciales y el uso de fondos estatales sin rendición de cuentas, mientras en paralelo, el ciudadano sigue viajando apretujado en unidades de transporte insuficientes para la demanda, sobre todo en las ciudades más habitadas del país.
