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Gobierno madurista ha detenido a 87 sindicalistas en diez años 

sindicalistas
Redacción Runrun.es
16/11/2023
En 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales

 

87 sindicalistas en una década, casi 9 por año, ha detenido el Gobierno de Nicolás Maduro de acuerdo a datos aportados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en el Periodo 188 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lissette González, coordinadora de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea, informó que durante 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y sindicalistas.

González indicó que las amenazas incluyeron hostigamiento, persecución, amenazas de despido y encarcelamiento

Agregó que las acciones represivas han continuado en 2023, afectando especialmente a los líderes sindicales del estado Bolívar, sede de las principales empresas básicas del país.

“En julio del 2022, seis líderes sindicales y luchadores sociales fueron detenidos de manera arbitraria y posteriormente sentenciados a 16 años de prisión en el mes de agosto. Estos casos representan un patrón preocupante de persecución y criminalización de los dirigentes sindicales en Venezuela”, sentenció la integrante de Provea.

La organización denunció el rol del Poder Judicial en las violaciones a los derechos de empleados de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en Bolívar, específicamente una medida emitida por un Tribunal Laboral de primera instancia, la cual prohíbe la obstaculización de operaciones y el acceso a  áreas de la empresa para protestar, así como promover discursos de odio.

Esta medida representa una clara violación del derecho a la manifestación y a la libertad de expresión”. 

En lo que va de año, los trabajadores de Venezuela, especialmente los de la administración pública, se han mantenido en las calles protestando por reivindicaciones laborales y salarios dignos, en vista de que el salario mínimo y la pensión se mantienen en pírricos 130 bolívares mensuales, equivalentes a poco más de 3 dólares.

Ante esta situación, Provea instó al Estado venezolano a “respetar y garantizar los derechos laborales, así como a cesar la represión y criminalización contra los dirigentes sindicales. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional a estar atenta y a tomar medidas para proteger los derechos humanos en Venezuela”.

 

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