A nombre de Oro Azul estaban registrados los lingotes de oro decomisados en Aruba a inicios de 2018, de acuerdo con documentos presentados ante autoridades aduanales. Sin embargo, esta empresa mixta no aparece en las bases de datos de exportaciones de Venezuela ni en Importgenius como vendedora de esa mercancía. De su existencia tampoco están enterados los recepcionistas o vigilantes de la sede de Minerven de Puerto Ordaz –ciudad al sur de Venezuela, a pocas horas de las minas– ni los que laboran en los edificios públicos que rodean el área donde, supuestamente, está su sede física.

La calle Zuruapuy de la Zona Industrial Unare I no existe. Al menos no en las vías públicas de la jurisdicción, a las que Runrun.es visitó para esta investigación, ni tampoco en Google Maps. Pero según documentos oficiales, en esa dirección, específicamente en la Manzana 10, están las sedes de al menos cuatro empresas mixtas dedicadas a la minería: Venrus, Rusoro Venezolana, Hecla y la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Oro Azul (EMMEOA) S.A, fundada en enero de 2017 entre la Corporación Venezolana de Minería y la privada Supracal, una compañía con más de 40 años en el mercado de la fabricación y distribución de cal en el estado Lara.

Oro Azul nació con el decreto 2.540 de 2016, en el marco de la ley que reserva al Estado todas las actividades económicas relacionadas con el oro y los minerales estratégicos. Se trata de una de las empresas con permiso de exploración y explotación del oro y de diversos minerales a través del Arco Minero del Orinoco. Su capital social inicial fue de un millón de bolívares (1.470 USD, calculados para la tasa oficial de la época) y sus acciones quedaron repartidas entre el Estado (55%) y la empresa privada de cal (45%).

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En principio, tal como lo establecía el artículo 3 de la medida que la fundó, el objeto de la nueva empresa sería “la exploración y explotación de yacimientos de coltán”. Pero eso cambió cuando los documentos de la compañía fueron llevados al Registro Civil Primero de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. De acuerdo con el acta constitutiva, firmada en enero de 2017, Oro Azul se encargaría “de las actividades de exploración, explotación de minas y yacimientos de niobio y tantalio (coltán), Ilmenita, casiterita, estaño, circón, diamante, oro y otros minerales asociados (las actividades reservadas) así como de su comercialización”. Además, la sociedad también quedaría “facultada para prestar servicios a precios de mercado a otras empresas mixtas”.

El documento lo validó Roberto Ignacio Mirabal que estaba a cargo del ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, instancia a la que por cierto está adscrita la empresa; también lo rubricó Juan Carlos Guédez Diomede, identificado en el papel como el apoderado de Supracal, emporio que desde 2016 tiene una sede en Florida, Estados Unidos, aunque hoy está inactiva.

Un mes después de la creación de la compañía, Mirabal fue relevado por Jorge Arreaza, el yerno de Hugo Chávez, quien ocupó por seis meses la cartera –entre febrero y agosto de 2017– antes de ser llamado a la Cancillería. Sin embargo, el tiempo fue suficiente para que ejecutara cambios en la junta directiva de Oro Azul que, desde mayo de 2017, se mantiene inamovible.

Arreaza, quien antes pasó por la Vicepresidencia de la República y los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Superior, sustituyó a seis personas de la primera junta directiva de la empresa mixta –que solo tenía cuatro meses– para poner en el cargo a fichas leales a él y a la revolución que pregona. Así, Oro Azul se llenó de rostros que conocía muy bien, porque trabajaron a sus órdenes en otros despachos. Allí por ejemplo situó a su mano derecha, Carlos José Guzmán Gómez, quien siempre estuvo al frente de la dirección de las carteras que ha ocupado desde 2011. Hoy día acompaña al ministro Arreaza en el despacho de Relaciones Exteriores.

Reseerva de oro en Venezuela

Otro nombramiento clave fue el de Víctor Hugo Cano, justo quien lo sustituyó como ministro de Desarrollo Minero Ecológico. El funcionario había sido cercano a Arreaza mientras estuvo como titular en Ciencia, Tecnología e Innovación, pues ocupó durante años las presidencias de instituciones que dependían de esa cartera como la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), el Centro Nacional de Innovación Tecnológica (Cenit) y la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Antes de eso, fue miembro principal del Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano (Cenvih).

Elena Evelyn Valera Sierralta, otra de las directoras (suplente) de la junta directiva de Oro Azul, también trabajó junto a Arreaza y Cano. Fue miembro de organizaciones como Funvisis y ABAE y, de acuerdo con su ficha en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hoy es empleada del Ministerio de Energía y Petróleo, y miembro suplente de la directiva de la Empresa de Producción Social Minera Nacional, C.A.

En esa última compañía figuran –también como miembros– otros dos funcionarios que el actual canciller dejó en Oro Azul: uno de ellos es Nelson del Valle Hernández Lezama, quien se desempeña ahora como viceministro de Seguimiento y Control de Desarrollo Ecominero y antes integró la Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC), que dependía entonces de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación en tiempos de Arreaza.

La segunda es Raquel Dayanna Díaz Vivas, quien ocupó la posición de administradora especial de complejos adscritos los ministerios de Alimentación (como Fextun Fábrica de Exquisiteces de Atún, Corporación Agropecuaria Integrada Caica y Molinos Nacionales) y Planificación y Finanzas. Antes, conformó el Consejo Directivo de la Fundación Misión Nevado (dedicada al rescate y protección de perros callejeros).

El cuadro de enroques de Arreaza lo completa William José Cañas Delgado, abogado especializado en Comercio Exterior que fue director del Banco Central de Venezuela entre 2014 y 2016, así como miembro del directorio del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) por esos años. Cañas Delgado también ocupó distintas posiciones dentro del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, en el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) y en el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

Desde su creación, en la junta directiva de Oro Azul ya estaba otro leal a la revolución: Jesús Salvador Lugo Rodríguez, quien entre 2010 y 2014 ocupó cargos dentro de la Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC), Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A (Corpivensa), Complejo Siderúrgico Nacional, S.A (CSN), Compañía Nacional de las Industrias Básicas, C.A. (Coniba) y Siderúrgica del Turbio S.A. (Sidetur). Todas estas empresas –incluyendo la de cementos que antes estaba al mando de Ciencia y Tecnología– están adscritas actualmente al Ministerio de Industria y Comercio. Lugo Rodríguez también aparece como empleado, hasta 2014, de Oci Metalmecánica, empresa nacionalizada el año pasado.

Los otros miembros de la directiva de la empresa minera que están desde el comienzo no han ocupado cargos públicos, salvo Eduardo José Sánchez Lorenzo, quien laboró hasta 2014 en Bolivariana de Aeropuertos. Junto a él están José Manuel Martínez Núñez, quien hasta 2015 fue empleado de Importadora IIagiomar; Natalia Carolina Marcano Perdomo, que trabajó hasta 2013 en la privada Mezclas Lara; Enrique Alberto Sánchez Suárez, quien actualmente está en la Corporación Consulting ITV; Oscar Alfonso Duque Páez y Guédez Diomede, el mencionado apoderado de Supracal.

En octubre de 2017, dos meses después de asumir sus funciones en el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano hizo dos designaciones en Oro Azul. A Mildred Josefina Plaza Hernández la nombró secretaria de la asamblea de accionistas y de la junta directiva. Años antes la había designado como secretaria de Carbozulia Internacional Inc., compañía presidida por Cano registrada en Panamá y espejo de la empresa estatal homónima.

Plaza Hernández fue consultora jurídica del despacho de Arreaza, cuando este fue tanto ministro de Ciencia Tecnología e Innovación, como titular de la cartera de Educación Universitaria. También fue miembro del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación (FONACIT), del Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL) y consultora jurídica del Consejo Nacional de Universidades (CNU), instituciones al mando de los ministerios por los que pasó el yerno de Chávez.

Cano también nombró gerente de Oro Azul a Luis Gustavo Rivera Salazar, quien durante 2010 fue director nacional de administración de la Oficina Nacional de Crédito Público, que dependía del Ministerio de Planificación y Finanzas.

Casi dos años después de creada, de Oro Azul no se escucha hablar ni siquiera en la zona minera de Bolívar. En el territorio que le fue entregado para la explotación, constituido por 8.159 hectáreas del municipio Cedeño, al oeste de Bolívar, no hay reportes de movimiento, ni siquiera por el conflicto que podría despertar su puesta en marcha dentro de las comunidades de indígenas Mapoyo cercanas a las tierras concedidas. Aunque en mayo de 2017 obtuvo el derecho para ejercer sus actividades de exploración, el informe “La sangrienta fiebre del oro. Pranes, guerrilla y militares” de Transparencia Venezuela indica que un año después no se ha instalado por completo su planta. Tampoco se conocen sus reportes de producción y su sede física es todavía un misterio. Sin embargo, su oro llegó a Aruba a bordo de un avión y los lingotes son hoy parte de una investigación internacional por lavado de dinero y falsificación de documentos.

Listado de empresas mixtas autorizadas para operar en el AMO