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OVV: Es inadmisible que sigan muriendo jóvenes por acción equivocada de autoridades
Gloria perdomo, coordinadora del Observatorio Venezolano de la Violencia, dijo que las 2.113 muertes de niños, adolescentes y jóvenes en 2019 a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad revela la falta de compromiso con la legalidad y los derechos humanos del Estado 

 

@franzambranor

 

 

14 muertes violentas diarias de niños, adolescentes y jóvenes se registraron en Venezuela durante 2019, según el informe de Juventud del Observatorio Venezolano de la Violencia.

Fueron en total 5076 niños, adolescentes y jóvenes asesinados el año pasado, víctimas de homicidios y de supuesta resistencia a la autoridad.

“Son muertes totalmente prevenibles si en el país tuviésemos políticas de seguridad. Es inadmisible que sigan muriendo jóvenes por la acción equivocada de las autoridades públicas”, dijo la coordinadora del Observatorio Venezolano de la Violencia, Gloria Perdomo.

La cifra de 5076 niños, adolescentes y jóvenes fallecidos representa una reducción del 34,5% con respecto a 2018. Hace dos años, hubo 14736 muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes, a razón de 40 asesinatos por día.

“Siguen siendo muy altas las cifras de muertes por violencia y especialmente a manos de funcionarios. 2.963 fueron por homicidios y 2.113 por casos de resistencia a la autoridad. 2113 es un número alarmante, en cualquier otro país sería objeto de una profunda investigación”, indicó Perdomo.

La coordinadora del OVV sostuvo que la reducción de muertes no es producto de una política de Estado, sino de diversos factores como la pérdida de oportunidades para la acción delictiva y la migración.

“En materia de resistencia a la autoridad uno no puede plantearse que sea algo valioso, esas cifras deberían estar en cero. La política de Estado no puede ser aniquilar a las personas y presentarlas como presuntos delincuentes que ni siquiera han sido debidamente identificados”. señaló Perdomo.

La también profesora universitaria e investigadora indicó que los términos “resistencia a la autoridad” son empleados por el Estado en procura de esconder una actuación de funcionarios que de ninguna manera está clara.

“Usamos resistencia a la autoridad no porque compartamos ese tipo de práctica. La denominación la está haciendo el gobierno y denunciamos que bajo esa categoría se está ocultando una actuación que es tremendamente dudosa”, expuso Perdomo.

Ejecuciones y no enfrentamientos

“La policía mata a quien se le enfrenta. La mayoría no son enfrentamientos, sino ejecuciones extrajudiciales”, dijo Ronna Rísquez, coordinadora de Monitor de Víctimas y editora en español de Insight Crime.

En el informe de 2018, la OVV contabilizó 5.364 casos de muertes por resistencia a la autoridad entre jóvenes menores de 30 años, lo que representa el 71% del total de las víctimas (7.523).

“Esa categoría de resistencia a la autoridad lo que refleja es la letalidad en Venezuela. Tanto los datos de ONGs como Provea y Cofavic, además de los recabados por Monitor de Víctimas a través de testimonios de familiares apuntan a que esos casos de supuesta resistencia a la autoridad son en realidad ejecuciones extrajudiciales”, agregó Rísquez, quien señaló que desde finales de 2019, el gobierno no incluye el rubro resistencia a la autoridad en sus informes sobre violencia en Venezuela porque se percató que era una cifra que ha venido aumentando considerablemente.

Para Gloria Perdomo la intención del informe del OVV es hacer reflexionar a las autoridades para que se tomen los correctivos. “De ninguna manera podemos aceptar que haya un grupo de funcionarios que pretenda convertirse en los que deciden quien vive y quien muere en Venezuela”. 

Informe OVV Juventud de 2019 en cifras

-Miranda fue el estado con mayor cantidad de muertes violentas de niños y jóvenes en 2019 con 771, seguido de Zulia con 548, Bolívar con 424, Aragua con 385 y Distrito Capital con 345.

 

41% de las muertes por resistencia a la autoridad ocurrieron contra jóvenes entre 18 y 29 años.

 

-Cada día de 2019 murieron 14 niños y jóvenes por razones violentas, 6 de ellos por la actuación letal de los cuerpos policiales. 

 

-De los 5.076 niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes que murieron de forma violenta en 2019, 2.661 tienen entre 18 y 24 años, 1.921 entre 25 y 29 años, 392 entre 12 y 17 años y 102 entre 0 y 11 años.

 

-De los 5.076 niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes muertos, 4.836 son hombres y 234 son mujeres. 41 de las 101 víctimas de 0 a 11 años son mujeres, 342 de los 392 muertos de 12 a 17 años son hombres, 2.584 de las 2659 víctimas de 18 a 24 años son hombres jóvenes y 1.850 de los 1918 muertos de 25 a 29 años son hombres jóvenes adultos.

 

-El 43% del total de homicidios contra mujeres tiene como víctimas a niñas adolescentes y jóvenes. 

 

-La muerte de 5076 niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes representa un 42,7% del total de decesos que ocurrieron en el país durante 2019.

 

-De los 2.661 muertos con edades comprendidas entre 18 y 24 años, 1474 corresponden a homicidio y 1187 a resistencia a la autoridad. De 25 a 29 años, 1064 son por homicidio y 857 a resistencia a la autoridad; de 12 a 17 años, 325 por homicidio y 67 por resistencia a la autoridad y de 0 a 11 años, 100 por homicidio y 2 por resistencia a la autoridad.

 

-La tasa más elevada corresponde a adultos-jóvenes entre 25 y 29 años (85,3 dividida entre 47,2 por homicidio y 38,1 por resistencia a la autoridad). Le sigue jóvenes de 18 a 24 años con 81,6 (45,2 por homicidio y 36,4 por resistencia a la autoridad), mayores de 30 años con 51,0 (28,0 por homicidio y 23,0 por resistencia a la autoridad), adolescentes de 12 a 17 años 13,6 (11,3 por homicidio y 2,3 por resistencia a la autoridad) y niños de 0 a 11 años 1,8 (1,8 por homicidios y 0,0 por resistencia a la autoridad).

 

-Las mujeres jóvenes perdieron entre 1 y 1,6 años de esperanza vida en las dos últimas décadas, mientras que los hombres presentaron una pérdida de 1,40 a 2,42 en el mismo lapso.

 

-Se estima que en Venezuela han ocurrido entre 174 y 177 mil homicidios de hombres jóvenes (15 a 29 años) en las últimas dos décadas.

Observatorio Venezolano de la Violencia: 14 jóvenes fueron asesinados cada día en Venezuela en 2019
En el informe de la ONG se incluyen las víctimas de homicidios y de resistencia a la autoridad tanto de cuerpos policiales como militares

5.076 niños, adolescentes y jóvenes menores de 30 años fueron asesinados durante el 2019 en Venezuela, a razón de 14 muertes violentas por día, según un informe de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).

“En Venezuela cada día del año 2019 murieron 14 niños y jóvenes por razones violentas. Son muertes que se pudieron evitar, que no tienen por qué ocurrir si el país cuenta con programas, acciones y servicios que decidan intervenir en las situaciones que ocasionan estas muertes”, se lee en el estudio.

En este informe se incluyen las víctimas de homicidios y de resistencia a la autoridad tanto de cuerpos policiales como militares.

De las 5.076 víctimas del año pasado, 102 muertes correspondieron a niños con edades de 0 a 11 años, 392 personas tenían de 12 a 17 años, en 2.661 casos las víctimas tenían de 18 a 24 años y, finalmente, fueron contabilizadas 1.921 personas con edades comprendidas de 25 a 29 años.

La ONG detalló que 234 de las víctimas fatales eran niñas o mujeres jóvenes, un 5 % del total de las muertes entre los menores de 30 años.

Las muertes violentas de menores de 30 años del año 2019 disminuyeron con respecto al anterior, pues en 2018 se contabilizó un promedio de 40 asesinatos cada día, para un total de 14.736 víctimas, según los datos del Observatorio.

Con información de EFE

Una Ventana a la Libertad presentará investigación sobre centros de detención preventiva
Intervendrán los expositores Carlos Nieto Palma, Magaly Huggins y Ronna Rísquez

 

Este miércoles 19 de febrero, la ONG Una Ventana a la Libertad presentará el informe anual 2019 sobre la situación de los derechos humanos de los y las personas privadas de libertad en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela.

Los expositores del evento serán Ronna Rísquez, creadora y asesora editorial de Monitor de Víctimas, Carlos Nieto Palma, Coordinador General de UVL y Magaly Huggins, Coordinadora de Investigación de la Organización

Desde el año 2016, la organización emprendió una labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en Centros de Detención Preventiva (CDP) de tipo civil y militar del Distrito Capital y de los estados Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia cuyos hallazgos se han ido presentando a través de informes de situación semestrales y anuales.

 

Acceso a la Justicia: IVSS cobra a trabajadores sin dar nada a cambio
El sistema de seguridad social supuestamente ampara vejez, discapacidad, pérdida involuntaria de empleo y necesidad de adquirir vivienda

 

En un informe de la ong Acceso a la Justicia aseguró haber hallado que el sistema de seguridad social del IVSS otorga coberturas negativas o nulas, lo que a su juicio constituyen “un engaño masivo a los trabajadores”.

“Entre las contingencias a que da cobertura el Sistema de Seguridad Social (Gaceta Oficial n.º 39.912 del 30 de abril de 2012) están las de vejez, discapacidad, pérdida involuntaria del empleo o la necesidad de adquirir una vivienda, entre otras”, explican en el texto

“El IVSS nunca ofreció un sistema de protección o bienestar parecido al que disfrutan la mayoría de los ciudadanos europeos. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en el vivo ejemplo de una estafa, pues durante años les ha cobrado a los venezolanos hasta cientos de dólares por distintos conceptos, pero en la actualidad apenas les da a los pensionados el equivalente a cuatro dólares mensuales por concepto de jubilación”, mencionan.

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Transparencia Venezuela pide que irregularidades no empañen juicio a agresor de Morella
La mujer habría sido mantenida en cautiverio, en contra de su voluntad, por más de 31 años

 

Un proceso judicial claro, sin dilaciones innecesarias, en respeto a los lapsos procesales, apegado a la ley y libre de irregularidades es lo que pide la organización Transparencia Venezuela en el sonado caso de “Morella”. La mujer presuntamente fue mantenida en cautiverio, en contra de su voluntad, más de 31 años, por un hombre identificado como Matías Enrique Salazar Moure (56), a quien la Fiscalía 25 de Maracay, estado Aragua, imputó por los delitos de violencia psicológica, amenaza, violencia sexual y esclavitud sexual.

El caso salió a la luz el pasado 24 de enero, cuando la mujer de 49 años acudió al Instituto de la Mujer del estado Aragua para denunciar que Salazar Moure la mantuvo privada de libertad desde que contaba con 17 años. Su última morada con el agresor fue un apartamento ubicado en la urbanización Los Mangos, avenida Constitución de la capital aragüeña. 

De acuerdo con el testimonio de la víctima, su entonces novio la engañó y la manipuló para que abandonara su hogar en Naguanagua, estado Carabobo. Tras conocer de los hechos, el agresor fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Posteriormente, se informó que otras tres mujeres, entre ellas su esposa e hija, también habían permanecido incomunicadas y sometidas a tratos crueles.

Aunque el Juzgado Segundo de Control del estado Aragua, que lleva la causa determinó como sitio de reclusión el centro de detención Alayón, el imputado permanece privado de libertad en una comisaría. Además, allegados han expresado su preocupación porque dada la posición económica de Salazar y sus presuntos vínculos con autoridades locales, la denuncia de Morella sea desestimada y reine como en tantos otros casos la impunidad.

Hasta ahora, el Ministerio Público no ha confirmado si desestimó los casos de las otras tres mujeres que presuntamente Salazar Moure habría mantenido cautivas en la misma ciudad. Ante esta situación, Transparencia Venezuela solicita a las autoridades investigar a fondo los hechos y, de comprobarse su culpabilidad, imponer a Matías Salazar la pena que establece la Ley.

Transparencia Venezuela celebra decisión de la Asamblea Nacional de crear órgano contralor
Según el acuerdo, el organismo actuará también sobre las Juntas Administradoras ad hoc y la oficina del Procurador Especial

 

Transparencia Venezuela celebra la decisión de la Asamblea Nacional de crear y designar a la máxima autoridad del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela, órgano que -según lo acordado por la Cámara- “ejercerá funciones autónomas de contraloría especial sobre la Presidencia encargada de la República y la Asamblea Nacional”.

Según el acuerdo aprobado por los parlamentarios este organismo actuará también “sobre las Juntas Administradoras ad hoc y la oficina del Procurador Especial”, al tiempo que garantizará “el buen uso de los recursos provenientes de la cooperación internacional y la correcta administración de los activos de la República que hayan sido rescatados a través de los mecanismos previstos en el Estatuto que rige la transición a la democracia”.

Consideramos un hecho positivo para todos los venezolanos que la Asamblea Nacional haya tomado esta decisión por unanimidad y en el marco de un debate público. A su vez, saludamos que el Parlamento busque establecer controles que permitan verificar la legalidad, exactitud, eficacia, economía, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de las entidades y funcionarios que manejan recursos públicos, y que se encuentran sujetos al control del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Apoyamos la iniciativa del Poder Legislativo de aprobar una ley que delimite claramente las competencias y funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela, en contraste con la opacidad, arbitrariedad e impunidad que se impone desde el Ejecutivo, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En ese sentido, hacemos votos porque el Parlamento apruebe la “Ley para la organización y funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela” en el menor tiempo posible, para que todos los venezolanos puedan conocer con exactitud las atribuciones y áreas de mayor impacto sobre las cuales este organismo ejercerá control.

Solicitamos que los miembros del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela sean seleccionados de forma transparente y mediante concurso. Recordamos, además, que esta instancia debe contar con un presupuesto que indique origen y distribución de los fondos por proyectos, con objetivos y metas que permitan evaluar su desempeño.

Transparencia Venezuela reitera que es una buena noticia este primer paso para proteger los bienes y recursos públicos, y exhorta a la Asamblea Nacional a continuar profundizando las acciones para combatir la opacidad y la discrecionalidad que lamentablemente se han hecho norma durante los últimos 21 años en el país.

Una Ventana a la Libertad exige cumplir medidas de la CIDH al retén de Cabimas
También insta a que se inicie inmediatamente un plan para el desarme de los reclusos, la atención médica, el despistaje de tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas

 

Tras la solicitud interpuesta por Una Ventana a La Libertad (UVAL), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares a favor de los privados de libertad del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, en el Zulia; así como de sus familiares y de quienes trabajan en el retén, por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

En la resolución 15-20, la CIDH le exige al Estado venezolano que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarias, aplicar las normas internacionales para el tratamiento de privados de libertad; concierte las medidas a adoptarse con la representación de la medida cautelar e informe sobre las medidas adoptadas tendentes a la investigación de los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución, para así evitar su repetición.

UVAL solicita al Estado venezolano, representado por la Gobernación del estado Zulia y la Secretaria de Seguridad y Orden Público, que se cumpla la medidas cautelares otorgadas por la CIDH e inicien las adecuaciones necesarias para que mejoren las condiciones tanto de quienes conviven dentro del centro de detención preventiva como de las comunidades que rodean al penal.

Insta también a que se inicie inmediatamente un plan para el desarme de los reclusos y la atención médica y despistaje de tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas tanto de los detenidos como de los custodios y funcionarios policiales.

Se exige, además, que se reconsidere la clausura definitiva del penal mientras no se le garantice a los presos la culminación de su proceso judicial en los términos planteados por las leyes venezolanas y el traslado a penales que cumplan con las condiciones de infraestructura, salud, alimentación, vestimenta y servicios básicos. De esa manera no seguir menoscabando sus derechos.

A 20 años de la entrada en vigencia de la Constitución
Maduro ha gobernado desde 2016 mediante decretos leyes y con control absoluto del presupuesto  sin presentar cuentas a la población ni a la AN

 

La Constitución de 1999 cumple este año dos décadas de vigencia, y pese al tiempo transcurrido se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que está “nueva de paquete”, porque casi ninguna de sus disposiciones ha sido cumplida por las autoridades.

Un ejemplo de ello es la disposición decimosegunda provisoria, que ordenaba alGobierno a demarcar las zonas indígenas en un lapso no mayor a dos años tras la entrada en vigor de la Carta Magna, lo cual sigue sin hacerse casi dos décadas después.

Lejos de resolver los graves problemas que Venezuela confrontaba a finales del siglo pasado, en particular en materia de justicia, seguridad y corrupción, con la entrada en vigor de entonces nueva Constitución se han agravado y, de paso, se han abierto las puertas a otros como la liquidación de la independencia de los poderes públicos y la pérdida del Estado de derecho.

Acceso a la Justicia, en su informe La toma del poder absoluto, afirma que en el proceso de desmontaje de la democracia que se dio al amparo del nuevo marco constitucional fue crucial asegurar el control sobre los magistrados del TribunalSupremo de Justicia (TSJ), a fin de avalar cada acción emprendida por el Ejecutivo nacional sin importar si era contraria a la ley, la Constitución o a las verdaderas necesidades del país.

El control que el chavismo ejerce sobre el máximo juzgado le ha permitido gobernar escapando del control de la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición, gracias a los decretos de estado de excepción que desde el 14 de enero de 2016 ha dictado Nicolás Maduro y que han sido avalados por el organismo rector del Poder Judicial, el TSJ. Estos decretos no han contado con la aprobación del Parlamento ni otros requisitos constitucionales, ni tampoco con los establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, tales como la obligación de notificarle a la comunidad internacional sobre el estado de excepción, extendiéndolo por más de cuatro años, pese a que la Constitución solo permite una vigencia máxima de 120 días.

Gracias a esta maniobra, Maduro ha gobernado especialmente desde 2016 mediante decretos leyes y con un control absoluto del presupuesto y recursos sin presentar cuentas a la población ni a la AN, instancia legítima desconocida por el Ejecutivo desde que la oposición ganó las eleccionesparlamentarias en 2015. Hasta la fecha, se contabilizan más de veinticuatro prórrogas del estado de excepción.

Acceso a la Justicia destaca que la exposición de motivos de la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción prohíben al TSJ pronunciarse si el Parlamento desaprueba la medida. Sin embargo, la Sala Constitucional le ha dado su visto bueno.

Los efectos del régimen de estados de excepción se traducen en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, el Ejecutivo nacional ha legislado en materia socioeconómica en vez del Parlamento, por lo cual ha consolidado una insana concentración del poder; en segundo, el Gobierno no rinde cuentas y ha manejado los recursos públicos y el presupuesto nacional a su antojo.

Nueva Constitución en mente

En septiembre de 2018 circuló en varios medios de comunicación social un supuesto borrador del proyecto de Constitución que estaría preparando la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesto por 411 artículos, distribuidos en 10 títulos. 

La supuesta propuesta está cargada de referencias ideológicas y atiende a un modelo de Estado que no se corresponde con el sistema de Estado constitucional de derecho previsto en la Carta venezolana de 1999.  Asimismo, busca consolidar aún más el régimen político actual, pues consagra el culto a la figura del expresidente Hugo Chávez, anula el pluralismo político y promueve un pensamiento único.  

El borrador exacerba el presidencialismo, de forma incluso mucho más poderosa que el contemplado en la Constitución de 1999, porque todos los poderes están sujetos al Ejecutivo Nacional y sobre todo a su plan de Gobierno, el llamado “Plan de la Patria”, incluso el propio texto fundamental.

Acceso a la Justicia destaca que el objetivo de este anteproyecto constitucional es promover un sistema colectivista para anular de manera absoluta la libertad y la democracia. Esto llevaría a la negación de los derechos humanos, en especial, los individuales (vida, libertad y propiedad) frente a derechos colectivos, que no pueden existir realmente si no se respetan y garantizan los primeros.

En la propuesta se recogen algunas acciones del Gobierno de Maduro, especialmente desde la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015; entre ellas se permite disolver el Parlamento cuando sea declarado en desacato.

El proyecto ideológico que estaría fraguando la ANC constitucionaliza las misiones, que el Gobierno nacional ha utilizado para adoctrinar a la población y someterla a un control social y político.  La propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde el marco de la estructura del «Estado comunal»  Igualmente constitucionalizaría la criminalización de la disidencia, siendo traidor a la patria quienes ejerzan la libertad de expresión o, por ejemplo, manifiesten su intención de demandar ayuda humanitaria ante la grave crisis del país.