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La historia de un fraude: el secuestro del Poder Electoral
Según la ONG Acceso a la Justicia, el Consejo Nacional Electoral ha ignorado ilícitos  para inclinar la balanza a favor del gobierno de Nicolás Maduro

 

¿Qué debe hacer un Gobierno cuando ya no puede ganar elecciones? La respuesta si es demócrata es muy sencilla: entregar el poder a quien las gane, pero si no lo es y quiere aparentar lo contrario debes hacer algo que más que las dictaduras de corte militar: construir una escenografía electoral.

Por ello, a continuación explicaremos cómo en Venezuela se ha construido el entramado electoral más complejo de la historia latinoamericana con el único fin de exponer una apariencia de elecciones que justifiquen ante el mundo una fachada democrática que en realidad no es más que eso, una simple apariencia que adentro lleva la gangrena purulenta de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder absoluto en Venezuela explica cómo desde la época del difunto presidente Hugo Chávez se fueron gestando mecanismos de control del Poder Electoral para asegurarse el triunfo electoral, lo que era posible existiendo diferencias no mayores a un 10%. Entre otros aspectos en la investigación, se hace referencia a tres pasos clave para el plan totalitario del gobierno en el Poder Electoral: el fraude de la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) para lograr su control absoluto, la eliminación de los partidos políticos opositores, y, finalmente, las falsas elecciones celebradas en el país entre 2017 y 2018. Ante todo se hará mención a algunos antecedentes ya fraudulentos que favorecieron en elecciones anteriores al partido de gobierno, en que este aún tenía todavía popularidad.

Antecedentes

En las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, el CNE reveló su ventajismo institucional al ignorar la gran cantidad de ilícitos electorales para inclinar la balanza a favor del presidente interino Nicolás Maduro. Esos comicios fueron convocados tras la muerte de Chávez y Maduro derrotó al líder opositor Henrique Capriles por 224.268 votos (7.587.532 contra 7.363.264), con una diferencia oficial de apenas 1.49%. 

En 2016, el CNE cerró el paso al referéndum revocatorio contra el mandato presidencial de Maduro estableciendo obstáculos que lo hacían imposiblenegando el ejercicio de este derecho democrático y protegiendo los intereses del régimen. Pero no actuó solo, pues el Poder Judicial lo acompañó y dio la estocada final al proceso con una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y medidas cautelares dictadas por tribunales penales de cuatro estados del país.

Primer paso: un CNE a la carta

La designación de los rectores del CNE, según los criterios del chavismo, forma parte del secuestro del Poder Electoral. Ya en 2014, ante la imposibilidad de la Asamblea Nacional (AN) de reunir la mayoría calificada de las 2/3 partes de los diputados para nombrar a tres rectores, el entonces presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció que el TSJ asumiría las designaciones, sin que la Constitución le establezca esa competencia.

Acceso a la Justicia subraya que se trató de una decisión unilateral que vulneró las competencias constitucionales de la AN al “delegar” su función constitucional en otro órgano del Estado. En la sentencia n.° 1.865 del 26 de diciembre de 2014, la Sala Constitucional acordó suplir la voluntad popular representada en la AN y, en consecuencia, designar a los miembros del CNE.

Segundo paso: supresión de partidos opositores

Luego de la traumática pérdida que sufrió el oficialismo a manos de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando logró 112 escaños versus 55 oficialistas, el partido de gobierno articuló nuevas estrategias ilícitas para perpetuarse en el poder. Debe aclararse que en estas elecciones a la oposición le fue posible ganar y eludir las trampas electorales existentes, porque se unió en una coalición de partidos, que se registró ante el CNE como un nuevo partido denominado Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y por ser la diferencia muy alta con el chavismo, a este se le hizo difícil manipular las cifras con las estrategias existentes, así que desplegó nuevas.

La primera de ellas fue la progresiva eliminación de la oposición, primero mediante el TSJ y el propio CNE, y luego a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De sesenta y siete partidos que había en diciembre de 2015, cuando se celebraron las elecciones parlamentarias, para abril de 2018, restaban diecisiete: doce progobierno y cinco del antichavismo. Para las presidenciales fraudulentas y anticipadas de mayo de 2018 se inscribió uno más de oposición en una suerte de “oposición a la medida”. Con estas seis últimas toldas es que ahora paca el Gobierno, a pesar de que son una minoría que a muy pocos representa.

La “purga” política tuvo su génesis en la sentencia n.° 1 del 5 de enero de 2016 de la Sala Constitucional del TSJ, en la que se estableció que los partidos políticos que hubiesen obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos. Quedaron exceptuados de la renovación cinco partidos, entre los cuales se encontraba la MUD, el mayor partido de oposición; y del lado del gobierno, también el más importante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En esa sentencia se hacía alusión a la prohibición de la doble militancia política, de manera que los partidos opositores que eran parte de la MUD debían renovarse, así como los afines al Gobierno que también se habían aglutinado en uno solo: el Gran Polo Patriótico. Lo cierto es que el basamento de esta renovación es inconstitucional, porque la Carta Magna no prohíbe en Venezuela la doble militancia, como ocurre en otros países.

Luego, el CNE dictó por mandato del TSJ las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales,que serían aplicadas a los partidos con miras a su participación en cualquier elección. El 28 de abril de 2017 se produjo la sentencia n.° 223 de la Sala Constitucional que flexibilizó el proceso de renovación para facilitar el proceso de de algunas organizaciones oficialistas, como Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y Partido Comunista Venezolano (PCV), aunque también para un pequeño partido opositor: Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa).

Por virtud de este proceso, solo catorce toldas lograron renovarse, que sumadas a las ocho declaradas válidos sin tener que someterse a ese proceso dieron lugar en 2017 a veintidós partidos inscritos en el CNE frente a los sesenta y siete que existían en diciembre de 2015. Sin embargo, la fraudulenta ANC emitió un decreto el 27 de diciembre de 2017 que ordenaba una nueva validación de las organizaciones en represalia contra las que no habían participado en las elecciones municipales de diciembre de ese año. De este modo, fueron eliminados importantes partidos de oposición como Primero Justicia (siendo el presidente de la Asamblea Nacional para esa época, Julio Borges, uno de sus más conocidos miembros) y Voluntad Popular (cuyo representante es Leopoldo López y de él hace parte también Juan Guaidó). También fue anulado por virtud de ese proceso el Partido Unión y Entendimiento (Puente). 

Finalmente, la Sala Constitucional dictó la sentencia n.° 53 del 25 de enero de 2018, que ordenó eliminar sin razón jurídica valida de la carrera electoral a la tarjeta de la MUD, terminando así la purga de la oposición. Para ese momento, de sesenta y siete partidos inscritos en el CNE en diciembre de 2015 quedaban diecisiete, y de ellos solo cinco de oposición.

Comicios fraudulentos

En medio de esta depuración de partidos políticos y bajo graves cuestionamientos, se realizaron los comicios para escoger a los gobernadores de los veintitrés estados del país el 15 de octubre de 2017. Los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada rechazaron que la fecha de convocatoria fuese adelantada para octubre y no para los primeros días de diciembre, como correspondía.

Como si no bastara con lo anteriormente descrito, el Gobierno se valió de la Contraloría General de la República para inhabilitar a  dirigentes opositores que podían ser candidatos a gobernador, como el mandatario de Amazonas, Liborio Guarulla, y de Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien fue el principal contendor de Chávez por parte de la oposición. Asimismo, el Poder Electoral impidió a la MUD, que todavía en 2017 no había sido anulada, la sustitución de candidaturas.

Acceso a la Justicia subraya que, como parte de control político y electoral del Gobierno, en las elecciones regionales se manipuló el voto asistido, que pasó de ser un derecho de las personas con discapacidad, a ser usado por el PSUV para “asistir” a cualquier elector sin control alguno por parte del CNE, transformándose en un mecanismo de coacción y de eliminación del carácter secreto del voto. También se registraron denuncias sobre el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la instalación de los puntos rojos a pocos metros del centro electoral, para que los electores pasaran a chequearse con el llamado Carnet de la Patria, con el objetivo hacer presión y atentar de esta manera contra el voto secreto y libre.

El secuestro del Poder Electoral adquirió un punto más grave cuando la oposición, aunque estaba en gran desventaja, logró ganar cinco gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, y sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la fraudulenta ANC. El único que se negó fue Juan Pablo Guanipa, electo como gobernador del Zulia con 700.755 votos (el candidato más votado en todo el país), y por ello se le impidió tomar posesión de su cargo, llamando la propia ANC, sin tener competencia para ello, a nuevos comicios ante el silencio cómplice del CNE.

En diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones municipales con ausencia de la oposición. Se reeditaron los mecanismos ilícitos como el voto asistido irregular, los puntos rojos y el ventajismo en la campaña, entre otros, todo para asegurar el triunfo sin sorpresas del PSUV y su arrase en más de 300 alcaldías de las 335 en disputa.

Dentro de las muchas irregularidades figura la eliminación de la inscripción de nuevos votantes, por cuanto el ente comicial acordó que el Registro Electoral (RE), que serviría de base a esas elecciones municipales sería el del 15 de julio de 2017, dejando por fuera a los jóvenes que cumplirían la mayoría de edad hasta el 10 de diciembre y por ende, negándoles su derecho al voto.

Luego de estas pruebas de ensayo en las elecciones regionales y municipales, el régimen se sintió listo para celebrar unas presidenciales a la medida de Nicolás Maduro. Con ello se garantizó su permanencia en el poder aunque no contara con el voto popular, creando una fachada de elecciones para tratar de legitimarse.

Las irregularidades de este proceso se condensan en cuatro elementos: una convocatoria ilegal por parte de la fraudulenta ANC, siendo competencia del Poder Electoral, según el artículo 293.5 de la Constituciónla eliminación de partidos políticos de oposición de peso para evitar que se presentaran candidatos que pudieran derrotar a Maduro, el ventajismo oficial, expresado en el uso del Carnet de la Patria como instrumento de extorsión con beneficios sociales, instalación de puntos rojos, así como el uso del voto asistido a favor del candidato-presidente del PSUV, y la creación de una oposición a la medida: en menos de un mes aparecieron cinco candidatos de oposición acompañados en algunos casos de la inscripción de nuevos partidos. Uno de los candidatos más importantes de esa nueva oposición era Henri Falcón, quien había sido chavista, hacía unos años había creado un nuevo partido y se había unido a la MUD.

El fraude finalizó con la juramentación de Nicolás Maduro ante TSJ por orden del propio máximo tribunal según sentencia n.° 1 del 8 de enero de 2019, cuando la Constitución establece que debe hacerse ante el Poder Legislativo (artículo 231). Esto configuró la ausencia de toma de posesión del cargo de presidente de la República, lo que condujo a considerar de facto al nuevo Gobierno de Maduro; de allí la designación de Juan Guaidó como presidente encargado, como lo establece la Constitución, por ser la máxima autoridad hasta lograr hacer nuevas elecciones.

 

Nace EsPaja.com: un nuevo portal venezolano para desenmascarar mentiras

UN VIDEO DE NANCY PELOSI, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que fue editado para que pareciera como si estuviera borracha; fotos de un helicóptero sobrevolando una particular Amazonía “llena de pinos”; un avión Sukhoi que vuela de Caracas a Bogotá en 11 segundos. Cientos, miles de informaciones falsas aparecen en el mundo cada día. 

Desde este martes 15 de octubre, existe EsPaja.com un nuevo portal de verificación de información que combate la desinformación desmontando mensajes potencialmente falsos, de los que circulan como noticia pero también los que son emitidos por voceros ante la opinión pública.

EsPaja.com es un proyecto de Transparencia Venezuela que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. 

“La lucha contra la corrupción requiere, entre muchas otras cosas, datos e información confiable y verificable. La institucionalización de la opacidad, la censura y cierre de medios, la propaganda con ribetes de dato oficial, hace difícil dirimir entre lo real y lo falso”, dijo Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. 

El nuevo portal es una excelente herramienta para quienes quieran despejar las dudas sobre informaciones potencialmente falsas, además con la posibilidad de hacer consultas y solicitar confirmaciones, según afirmó Víctor Amaya, director del proyecto.

“Cada vez más necesitamos saber qué es verdad, pero también qué es paja y lo que esté en la mitad, por eso en EsPaja.com hemos creado una herramienta para que verificar lo que te llega, lo que leíste por allí, no solamente para que estés más informado, sino mejor informado. En EsPaja.com hacemos periodismo para que estemos claros”, agregó el periodista.

EsPaja.com es el primer portal venezolano en su tipo que permitirá a la audiencia solicitar verificaciones. Para ello, los ciudadanos cuentan con un número de Whatsapp 0424-1981060, un formulario de contacto en la propia página, las cuentas oficiales @EsPajave en Twitter, Facebook e Instagram, así como la aplicación de denuncias DiloAquí en Android y Iphone.

El fenómeno de las informaciones falsas o fake news no es nuevo, pero el florecimiento de las redes sociales les ha brindado mayor espacio para su desarrollo en el ámbito público. Por otra parte, el auge del populismo como estrategia para llegar al poder, tanto de derecha como de izquierda, ha incrementado la desinformación entre los ciudadanos. 

“Lo que importa es que las sociedades generen sistemas mediáticos poderosos, fuertes, por la vía de la observancia y el chequeo y sobre todo lo que llamamos ahora alfabetización digital”, dijo María Fernanda Madriz, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco-UCV) durante la presentación del portal.

Madriz considera que estos nuevos instrumentos de verificación les brindan a periodistas, directores de medios, a ciudadanos que ahora son emisores, recursos y motivación para observar dos veces antes de reenviar una información. 

Espaja.com con su equipo de profesionales dedicados, con metodología para la verificación de rumores y de discurso público y con tecnologías de comunicación e información, están allí, desde hoy, para ayudar a desentrañar los misterios, dirimir si ocurrió o no ocurrió, o si es mentira o verdad”, dijo De Freitas al tiempo que enfatizó que “Espaja.com dejará en evidencia a los mentirosos, los manipuladores, los exagerados o los que dicen las cosas tal cual son”.

 

 

Accidente militar aéreo de este miércoles es el cuarto ocurrido en 2019

ESTE MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE un posible accidente aéreo militar dejó dos funcionarios fallecidos, en lo que es el cuarto suceso de este tipo que afecta a la Fuerza Armada Nacional (FAN) en lo que va de año. En el hecho se vio involucrado un Sukhoi en Guárico.

A continuación, los incidentes de este tipo que ha sufrido la FAN en 2019, por orden cronológico y en claves:

4 de febrero

-El lunes 4 de febrero el helicóptero ruso MI 35 cayó en El Pao, estado Cojedes, dejando cinco militares heridos en el contexto de ejercicios bélicos ante una presunta intervención estadounidense.

-Los funcionarios afectados fueron Reynaldo Niño Lozano, Javier Enrique Ocanto Chinchilla, Juan Carlos Bohórquez Pérez, Yondry José Romero, y Michael Ibrahim.

-Una investigación determinó que el helicóptero era el número 24 que se accidentó de la Fuerza Armada en los últimos 18 años, con un total de 89 muertos solo en incidentes que involucraron este tipo de aeronave.

-En 18 años el modelo de helicóptero con más incidentes fue el ruso Mi-17V-5, pertenecientes al Ejército.

11 de marzo

-El lunes 11 de marzo se siniestró la avioneta Cessna 206 de siglas YV-1801. La aeronave se precipitó a tierra en la Gran Sabana, estado Bolívar.

-Falleció el coronel César Paúl Padrino Bruzual y el sargento mayor de tercera José Silvestre Granja, ambos de la Zona de Defensa Integral (Zodi) Guayana. Resultaron heridos los coroneles Andrés Bermúdez y Carlos Sánchez, y el piloto Jossan Pérez.

-Se presume que el suceso ocurrió por falta de combustible y en la cordillera Maurak, cerca del aeropuerto de Santa Elena de Uairén. La avioneta pertenecía a Aerotransporte La Montaña.

4 de mayo

-El helicóptero Cougar siglas FA-59180, adscrito a la Guardia Presidencial, cayó en el sector El Volcán de El Hatillo el sábado 4 de mayo.

-Un total de siete oficiales del Ejército murieron, entre ellos el mayor Alexis Alejandro Ávila Guerrero, piloto; el capitán Carlos Eugenio Ramírez Dávila, copiloto; el mayor Jacinto Alexánder Rengifo Rodríguez, jefe de máquina; el teniente coronel Tomás Enrique Ortega Valero, auxiliar de vuelo; y el teniente coronel Fernando Betancourt Ponte, el capitán César Barreto Galán y el capitán Felipe Amaya Villafrán.

16 de octubre

-El cuarto suceso del año ocurrió este miércoles 16 de octubre, en Guárico. Presuntamente el Sukhoi presentó fallas desde el despegue y dejó como saldo dos pilotos fallecidos: Virgilio Márquez Morilloy y Nesmar Salazar.

-Pocos detalles estuvieron disponibles de inmediato. La minuta de la Zona de Defensa Integral (Zodi) de Guárico reseña que el Sukhoi giró bruscamente y se activó la eyección a baja altura.

-La aeronave caza bomberos su-30 iba hacia Barcelona, en Anzoátegui.

Antecedentes

La organización Control Ciudadano, presidida por Rocío San Miguel, ha denunciado opacidad para determinar responsabilidades en los sucesos, sanciones y correctivos. Entre el año 2000 y mayo de 2018 el total de accidentes aéreos militares registrados es de 72 y 160 fallecidos, según la ONG, con un promedio de cuatro al año.

“No es normal que un avión de combate como el Sukhoi 30, con buen mantenimiento, tenga una falla en los controles de vuelo al momento del despegue, como ocurrió. Tampoco es normal que a un avión de combate con buen mantenimiento, le falle el sistema de eyección, como ocurrió. Las sillas del Su-30 están diseñadas para eyectarse exitosamente incluso a baja altura. Son sillas, es decir, funcionan a cero pies cero nudos. Las preguntas son: ¿Por qué no abrió el paracaídas del GB Márquez Morillo?, ¿Por qué el Cap Salazar murió calcinado dentro del avión?, ¿Quien responde por estas muertes?, ¿Quien responde por la pérdida patrimonial de un avión del Estado?”, se cuestionó San Miguel 

Tras años de motines y muertes, prometen descongestionar centros de detención preventiva

EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO anunció este 15 de octubre un plan de descongestionamiento de los centros de detención preventiva, considerados como las nuevas cárceles de Venezuela, debido a la escasa infraestructura para encerrar a los detenidos en proceso de juicio, aunque la Constitución estipula que los internos no deben permanecer en ellos más de 48 horas.

Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, informó a través de su cuenta de Twitter que la iniciativa de desahogar los calabozos nació como parte de la preocupación del gobierno que representa por garantizar la justicia y los derechos humanos. Saab no estuvo solo, lo acompañó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; el director del Sebin, Gustavo González López, y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.

De acuerdo con Saab, desde el miércoles 16 de octubre iniciarán las primeras acciones para disminuir el hacinamiento de los centros de detención en el ámbito nacional, primero en la Gran Caracas y luego irán por los que están situados en los ocho estados con mayor índice poblacional. 

La medida ha sido anunciada para los calabozos de la Guardia Nacional y del Cicpc, a pesar que los que agrupa la Policía Nacional Bolivariana son los que tienen mayor cantidad de denuncias de motines y homicidios, como la Zona 7, ubicado en Boleíta, municipio Sucre, donde el pasado 7 de septiembre se registraron dos muertos como consecuencia de una fuga masiva en la que escaparon más de 30 detenidos.

También se omitió a los calabozos de las policías estadales, donde también se han registrado hechos que lamentar, un ejemplo es la masacre de PoliCarabobo, dónde 69 privados de libertad fallecieron calcinados el 28 de marzo de 2018 debido a un incendio durante un supuesto motín que protagonizaron los reos, en protesta A una requisa organizada por los custodios.

¿Qué lleva al gobierno a anunciar esta medida?

El 31 de julio, la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad ofreció una radiografía de lo que se vivió en 203 centros de detención preventiva durante los primeros seis meses de 2019. La investigación que se focalizó en los calabozos ubicados en las zonas con mayor población del país: Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia, Lara, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Aragua, Anzoátegui y Táchira, nuevamente, alertó a la población de lo que se vive puertas adentro de estos centros, cuya Fran mayoría se encuentran muy de conjuntos residenciales, escuelas y colegios.

Según datos de la organización no gubernamental de los 110.000 presos que hay en Venezuela, al menos 60.000 están ubicados en los calabozos policiales, y es por ello que son víctimas de hacinamiento, enfermedades, y falta de instalaciones óptimas para cumplir una condena como lo son comedores, baños para damas y caballeros, canchas deportivas, y celdas mayores a tres metros de ancho por tres metros de largo.

La diputada a la Asamblea Nacional Yajaira Forero responsabiliza a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela de esta realidad. Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, también la señala e indica que el Código Orgánico Procesal Penal establece que al ministerio que encabeza le corresponde velar por los derechos humanos y la vida de los privados de libertad.

A pesar de las acusaciones, en los últimos años la ministra Varela ha negado su cuota de responsabilidad en lo que se vive en los centros de detención preventiva. El pasado 2 de abril de 2018, días después de la masacre de PoliCarabobo, indicó que lamentaba lo sucedido, pero que la cartera que representa no le correspondía darle reparo a los familiares de las víctimas, porque «los calabozos policiales son función policial».

El último informe de Una Ventana a la Libertad, publicado el 31 de julio de 2019, detalla que hasta el 31 de junio de este año bmurieron 119 detenidos; 26 de ellos fallecieron en intentos de fugas o evasiones exitosas, otros fallecieron en golpizas, motines, y enfrentamientos entre reclusos. Respecto a los muertos por enfermedades se calcula que 20 hombres fallecieron luego de padecer tuberculosis y paludismo.

OVV: 11% de las víctimas de homicidio en Lara entre enero y agosto del 2019 han sido mujeres

SEGÚN EL OBSERVATORIO DE PRENSA (OP) del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara), el 11% del total de las víctimas de homicidio, entre enero y agosto de 2019 en la entidad larense, han sido mujeres. Uno de los casos se registró en el municipio Torres, con el homicidio de Carmen Pastora Castro, de 48 años, a manos de su pareja con quien llevaba viviendo 12 años. El hecho ocurrió luego que Castro visitara a su madre en el caserío Guaidí en el mismo municipio, y al momento de su partida se encontró con el señor Ladino, de 44 años, quien luego de una discusión con motivo de una posible separación, decidió terminar con su vida.

Los meses con mayor incidencia de víctimas mujeres fueron junio y julio. En junio con 20% del total de asesinados y julio con 19%. Pese a que la mayoría de las muertes violentas la padecen los hombres, las mujeres en la entidad larense no escapan de la vulnerabilidad que provoca el crimen, sobre todo el que se asocia a la violencia de género.

Una de las víctimas el mes de junio fue María Cristina Rodríguez, asesinada en el caserío Baragua en el municipio Urdaneta. Luego de luchar trece horas por sobrevivir,  Rodríguez murió en el Hospital Central Antonio María Pineda, de Barquisimeto. La herida con arma blanca propiciada por su pareja fue lo suficientemente grave para provocarle la muerte. Con apenas 25 años, la víctima dejó a dos niños huérfanos.

En el mes de julio se hizo viral un video donde se mostraba cómo un hombre atropellaba de forma intencional a una mujer con su camioneta. Las cámaras mostraron las tres veces que el chofer arrolló a la víctima en la Zona Industrial I, de la ciudad de Barquisimeto. Frarianny Liseth Quiroz Ocanto ya había sido apuñalada por su ex pareja, y al salir de la camioneta la arrastró en diferentes direcciones hasta lograr su total inmovilidad. Pablo Silvino Sánchez, de 52 años, se dirigió al sector El Tostao luego de cometer el delito, y dejó su camioneta; la mayor evidencia del hecho para huir de la ciudad. Los órganos de seguridad del Estado comenzarían una búsqueda para dar con el paradero del victimario, hasta el 1 de septiembre cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asesinaron a Sánchez, en la ciudad de Mérida.

Los casos de violencia de género reseñados presentan características comunes: los niveles de saña son muy altos. Las armas utilizadas son armas blancas, y se trata de parejas de las víctimas. Todos son casos íntimos, es decir, provocados por personas con quienes la víctima tuvo alguna relación personal/sentimental. La impunidad de este delito es una característica común en muchas de las sociedades del mundo; la no denuncia suele ser un rasgo que define los hechos. En el caso de Venezuela, se acrecienta por el deterioro del sistema de justicia, la inexistencia de Estado de derecho y las dificultades de hacer valer la ley.

El 33,5% de las victimarias de delitos son mujeres

Otro dato relevante que arroja el OP del OVV Lara tiene que ver con la participación de la mujer en la ocurrencia de hechos donde existe violencia interpersonal. En los casos donde hubo información sobre el victimario en los sucesos registrados (31,5%), se pudo identificar que de cada 10, 3 eran mujeres. La participación de las personas del sexo femenino ocurre en la complicidad de robos, extorsión y secuestro, pero también en el homicidio. Un delito que llama la atención por su frecuencia el 2019 son los asesinatos de niños recién nacidos por sus propias madres.

Desde el OVV Lara, analizamos tales hechos como consecuencias generales a la que se enfrenta la familia como institución social. Si bien hay responsabilidades individuales adjudicadas a la conformación familiar, el aumento de estos delitos revela una situación novedosa en la realidad venezolana, que está precedida por los altos índices de embarazos en adolescentes, el abandono de niños y niñas por parte de sus familiares, la disminución de los niveles de control social informal, el hambre y empobrecimiento generalizado. Aunado a ello, la falta de una política pública eficiente para atender estas realidades.

87% de los venezolanos considera que la corrupción continúa en alza

EL ALTO ÍNDICE DE PERCEPCIÓN de la corrupción existente en Venezuela ha permanecido invariable los últimos 12 meses, según el Barómetro Global de Corrupción (GBC) en América Latina y el Caribe 2019, publicado este 23 de septiembre por Transparencia Internacional en Berlín. El estudio arrojó que 87% de los venezolanos considera que el fenómeno continúa en alza, mientras que 93% lo cataloga como un problema grave.

La encuesta muestra la falta de integridad política en el país, al registrar que los ciudadanos consideran que la mayoría o todas las personas en las instituciones del gobierno son corruptas. El espectro comprende desde la Presidencia de la República, en primer lugar -con una tasa que pasó de 63% en 2017 a 87% en 2019-, los empleados públicos, la cuestionada Constituyente, los policías, jueces y magistrados. La percepción de corrupción en la presidencia desplazó a los efectivos de seguridad de la primera posición.

En este sentido, los venezolanos (91%) estiman que la labor del gobierno en la lucha contra la corrupción es cada vez más deficiente, con una mala actuación frente a los ilícitos.

Por el contrario, los líderes religiosos, los periodistas, las ONG y los miembros de la Asamblea Nacional gozan de muy buena imagen ante la opinión pública, ya que solo una minoría cree que sus representantes sean corruptos.

Sobornos e identidad

Si bien la institución policial dejó de ser percibida como la más corrupta en 2019, en el lapso del estudio se elevó el porcentaje de personas que aseguran fueron víctimas de sobornos al acudir a esta instancia, de 41% en 2017 a 62% en 2019.

En esta área de la encuesta, los procesos para obtener los documentos de identidad se situaron como el segundo servicio público por el que más personas se han visto afectadas (50%). De hecho, desplazaron de esta posición a los registrados en 2017 en el sistema judicial (36%).

La crisis económica, política y humanitaria ha forzado a al menos cuatro millones de venezolanos a dejar el país, en un éxodo regional sin precedentes. Los documentos de identidad son una prioridad para los connacionales, muchos de ellos con expectativas de migrar.

Pese a la situación, los ciudadanos son cada vez más conscientes de su papel en la lucha contra la corrupción, elevando su creencia, mayoritariamente, de que sí pueden hacer la diferencia.

Liderazgo regional

En América Latina y el Caribe, Venezuela ostenta un nada halagüeño primer lugar en percepción de corrupción, seguido de República Dominicana, Perú, Trinidad y Tobago, Panamá, Brasil, Chile, Honduras y Colombia que superaron la tasa de 50%. Barbados es el país en que los ciudadanos perciben menor corrupción.

En tanto, República Dominicana, Guatemala y Honduras comparten la visión de que la mayor corrupción se encuentra en la presidencia o la jefatura de gobierno (primer ministro). A nivel regional, los presidentes, los ministros y los parlamentarios son considerados los más corruptos.

Además, México y Perú secundan a Venezuela con las mayores tasas de incidencia de sobornos por servicios públicos en los últimos 12 meses.

El Barómetro Global de la Corrupción América latina y el Caribe 2019 se realizó entre enero y abril de este año con más de 17.000 ciudadanos, mayores de 18 años, que viven en 18 países de la región. En Venezuela, la encuesta abarcó a 1.000 personas, consultadas entre marzo y abril.

Lea el trabajo completo aquí 

Denuncian brote de enfermedades en población warao del Delta

REPORTAN DOS FALLECIDOS y trece waraos afectados por fuertes dolores de cabeza acompañados de altos cuadros febriles y evacuaciones diarreicas que provocan la deshidratación aguda y la muerte.

Lizandro Moraleda, director de la escuela de la comunidad  Bonoina, de la parroquia Manuel Renauld, municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro informó reportó este brote de afecciones que atacan a la población en general.

Arévalo Avila, padre de dos jóvenes afectados por los síntomas, logró comunicarse desde el ambulatorio Luis Gómez de Nabasanuka y catalogó  la situación de emergencia  por la ausencia total de transporte para el traslado de los pacientes y la falta de medicina en la zona.

Lizandro Moraleda escribió en su cuenta de facebook solicitando auxilio y catalogó las afecciones como “una enfermedad muy contagiosa, auxilio amigos, la mayoría son jóvenes las personas afectadas”.

De acuerdo a las informaciones comprobadas, hace 15 días falleció el joven Yonatan Marquina de 21 años y una mujer de 70 años que murió cuando era trasladada hasta Tucupita. La situación se agrava por la imposibilidad de movilizarse por la falta de medios de transporte en la zona.

El ambulatorio más cercano a Bonoina es el de Nabasanuka, a unos 30 minutos de traslado cuando se utiliza embarcación impulsada por un motor fuera de borda y más o menos a tres o cinco horas cuando se desplaza a fuerzas de remo.

Sin embargo, Arevalo Avila confirmó la ausencia de medicina e insumos médicos, ambulancia fluvial y mucho menos médico en el ambulatorio “estamos totalmente aislados e indefensos ante las enfermedades” sostuvo Avila.

Según el testimonio de la comunidad, el brote comenzó hace aproximadamente un mes y pasado un poco más de treinta días han fallecido dos personas y trece casos afectados por los síntomas descritos por los voceros dela comunidad.

La situación ya fue reportada a las autoridades de salud en el estado Delta Amacuro por este mal que pone en riesgo a una población aproximada de 800 habitantes con carencia absoluta de servicios básicos como el agua potable, redes de excretas, energía eléctricas, atención primaria de salud y otras necesidades básicas.

58 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bolívar durante primer semestre del año

TRANSCURRIDO más de la mitad de 2019, el OVV Bolívar hizo un balance del primer semestre del año, el cual no es alentador en materia de violencia. Su Observatorio de Prensa (OP) ha registrado 618 casos, para un total de 785 víctimas de violencia interpersonal.

En relación al género de las víctimas, se observa que en un 93% fueron hombres, siendo los más vulnerables ante situaciones de violencia los de edades comprendidas entre 24 y 35 años, al igual que en 2018. Las víctimas del sexo femenino representan un 7%, sin embargo, llama la atención el incremento de casos registrados por violencia intrafamiliar, toda vez que en el primer trimestre del año se registraron 18 víctimas y en el segundo trimestre 40 víctimas, lo que representa un 122% de incremento entre un trimestre y otro.

Durante el año 2017 se totalizaron 74 víctimas del sexo femenino; en 2018, 80 víctimas y en el primer semestre de 2019 se contabilizan 58 víctimas, lo que establece una evidente tendencia a la alza, situación que nos obliga a hacer un llamado de atención, pues aunque a nivel estadístico se evidencia que la población masculina es la más vulnerable en materia de violencia, la realidad es otra respecto a la violencia de género, presumiendo, además, que existen más casos y situaciones que no son visibles ni denunciadas.

En cuanto a los victimarios de los delitos contabilizados en el primer semestre de 2019, poco más del 50% son desconocidos; un 21% corresponde a funcionarios de organismos de seguridad; por último, aquellos cometidos por familiares o conocidos, representan cerca de un 10%.

El estado Bolívar se ha convertido en un foco de violencia constante que se mantiene en aumento. La mayoría de los casos de violencia registrados, un 62%, se concentra en el municipio Caroní -al norte del estado-. Dado que el acceso a la información de la zona sur del estado es limitado, el OVV Bolívar presume que las cifras pueden ser aún más elevadas, sin contar, además, que existen hechos que no son denunciados o difundidos en los medios de comunicación.