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En la UCV cambian elecciones por acto solemne en defensa de la autonomía
Este 27 de febrero vence el período impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia para llevar a cabo comicios en la principal casa de estudios del país 

 

Hoy no habrá elecciones en la Universidad Central de Venezuela.

De acuerdo a la sentencia 0324, este 27 de febrero se vence el lapso impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia para la elección de autoridades en la UCV, evento que daría inicio a la renovación de rectores en todas las universidades autónomas y experimentales del país.

En su lugar, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV convocó para este jueves 27  a un acto solemne en defensa de la autonomía.

La sentencia 0324 obliga a incluir a los trabajadores y obreros en la población universitaria, contrariando a la Ley de Universidades y a la Constitución Nacional.

Según el artículo 104 de la Ley de Universidades: “La universidad venezolana es autónoma y está integrada por sus estudiantes, sus profesores y sus egresados”.

El pasado 28 de enero el Consejo Universitario de UCV instó al TSJ a suspender la sentencia y en diciembre de 2019, el ministro de universidades César Trompiz solicitó una extensión en el lapso. Ninguno de los dos ha obtenido respuesta del TSJ.

Otras ocho casas de estudios del país (Universidad de Zulia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Universidad de Carabobo, Universidad de Los Andes, Universidad de Oriente, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Universidad Simón Bolívar) también fueron conminadas por el TSJ a establecer un cronograma electoral a través de una comisión designada por el Consejo Nacional de Universidades, dicha comisión no se ha constituido.

“Nosotros queremos elecciones justas, libres y transparentes, pero queremos que cualquier participación que se vaya a producir tiene que ser producto de la discusión académica de la universidad (…) no se trata de negar la participación de nadie, esto no es un voto político, esto es un voto académico que debe regirse por la parte académica “, dijo la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha.

La ONG Aula Abierta insistió en que la intervención en la política electoral universitaria por parte del TSJ es una violación a los derechos humanos.

 

 

 

Caracas, una ciudad hostil para personas en sillas de ruedas
Un 46 por ciento de las edificaciones públicas de Venezuela tienen limitaciones para el acceso de personas con discapacidad

 

Sin suficientes rampas en caminerías, edificios ni en el transporte público, Caracas, la capital venezolana, impone barreras a las personas con discapacidad para movilizarse de forma segura e independiente.

Amarrado con un cinto de seguridad a su silla de ruedas, sujetando sus manos a una motocicleta, José Marcano se traslada desde el lugar donde vive, en una zona pobre de la capital venezolana, hasta el centro de rehabilitación. Sabe que es peligroso, pero lamenta que sea una de las pocas opciones que tiene para poder ir de un lugar a otro.

“¿A qué me expongo? A que me choquen. A tener un accidente”, advierte Marcano, un joven venezolano que sufrió una lesión medular tras recibir un disparo para robarle.

Al quedar en esta condición, se volvió dependiente de otros. “Al quedar así, si no tienes apoyo, te mueres. ¿Cómo comes?. ¿Cómo te mantienes?”, lamenta.

Las cifras de la organización no gubernamental Consorven revelan que un 46 por ciento de las edificaciones públicas de Venezuela tienen limitaciones para el acceso de personas con discapacidad. Si ocurre una falla de electricidad y los ascensores quedan fuera de servicio, los ciudadanos en esta condición deben subir de un piso a otro en hombros de quien pueda ayudarles.

 

 

Acceso a la Justicia: Antes y después de la Ley Orgánica de Aduanas
18 artículos fueron reformados en el nuevo texto 

 

En la Gaceta Oficial n.º 6.507 Extraordinario del 29 de enero de 2020 se publicó el «Decreto Constituyente» de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, de la misma fecha antes señalada, con entrada en vigencia «cumplido el plazo de veinte (20) días continuos, contado a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela», por lo que se entiende que su vigencia será a partir del miércoles 19 de febrero de 2020.

El referido «Decreto Constituyente» está integrado por veintiún artículos, conforme a los cuales se reforman dieciocho del texto legal preexistente (uno de los cuales, además, cambia de número), así como la denominación del Título IX del mismo; se incluye un nuevo artículo con el número 194 y se ordena su impresión con las adecuaciones del caso.

Para una mejor comprensión de la reforma aludida, en Acceso a la Justicia elaboramos presentamos un cuadro con la comparación vis a vis de los artículos que han variado a consecuencia de la misma.

Consúltalo aquí.

Violencia psicológica contra mujeres demuestra desigualdades de género en Venezuela
 Según el índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, Venezuela tiene una tasa 70,9% de inequidad en términos de salud, educación, economía y participación política; pero, más allá de la cifra, la desigualdad se traduce en violencia psicológica

 

El 24 de enero de 2020, una mujer escapó de un hombre que la tuvo secuestrada durante 31 años en el estado Aragua. Matías Salazar se llevó a Morela de su casa, en 1988, con la excusa de escapar de la familia que no aceptaba la relación. Ella tenía apenas 17 años. Ese viernes, luego de un poco más de tres décadas en cautiverio, según el reportaje publicado en Crónica.Uno, Morela caminó durante horas hasta dar con el Instituto de la Mujer, en Maracay, y contó todo a una trabajadora del organismo que remitió el caso al Ministerio Público.

Tres días después, Matías Salazar fue a denunciar la desaparición de su mujer, pero fue detenido y llevado al centro de reclusión y rehabilitación de Aragua, mejor conocido como cárcel de Alayón. La Fiscalía 25ª del estado Aragua le imputó los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual, inducción al suicidio y violencia psicológica. Esta última, según especialistas, suele ser la que mayor afectación tiene en las víctimas, a mediano y largo plazo, y el inicio de un espiral que puede terminar en femicidio.

“Una persona sin autoestima es una persona que no puede tomar decisiones, es manejable, no tiene aspiraciones, es conformista, no sabe poner límites”, apunta Blanca Martorell, psicóloga.

La violencia psicológica no deja marcas visibles, pero se traduce en insultos, humillaciones, comparaciones peyorativas, burlas, críticas destructivas, aislamiento, dominación, amenazas y manipulación. El agresor rechaza todo lo que haga la víctima, desprecia la forma en la que se ve, no le permite opinar y menoscaba tanto su autoestima que la hace sentir insuficiente, no importa cuánto intente demostrar lo contrario.

Este tipo de maltrato está penalizado en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se sanciona con prisión de entre 6 a 18 meses. Sin embargo, el problema de la violencia psicológica no es solo asunto del Estado, sino de la sociedad.

Martorell explica que el origen de la violencia psicológica, específicamente contra las mujeres, es el sistema machista que legitima las relaciones desiguales de poder en las que se superpone al hombre y lo masculino por encima de la mujer y lo femenino. El patriarcado es un problema ideológico, cultural, simbólico, económico y político.

Diferencias impuestas

Desde la educación inicial, dice Martorell, a los niños se les enseña a ser fuertes, a imponerse y a buscar el liderazgo; mientras, a las niñas se les insiste en la ternura y la maternidad como bases, a nunca alzar la voz y a obedecer. “No es la diferencia, no, ese no es el problema porque todos somos diferentes, incluso entre mujeres, el problema es cuando se hace de la diferencia algo desigual”, precisa.

La desigualdad entre hombres y mujeres tiene cifras. Según el índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, para 2018 Venezuela tenía una tasa de diferencia de 70,9% en términos de salud, educación, economía y participación política.

Entre agosto de 2017 y noviembre de 2011, el Ministerio Público atendió a 101.249 víctimas de violencia de género, de acuerdo con Tarek William Saab, fiscal designado por la ANC; aunque solo se lograron 9.427 acusaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus estimaciones mundiales de 2017, precisó que 35% de la población femenina ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual en algún momento de su vida; además, 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja masculina.

También se manifiesta en la legislación. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lott) establece un descanso postnatal de 20 semanas para la madre (artículo 336) y apenas 14 días para el padre (339).

Susana Reina, abogada y directora de la organización Feminismo.Inc, expone que la violencia contra las mujeres parte de estas desigualdades: “Todo tipo de violencia es un tipo de rechazo, de discriminación, expresión de un sistema que supone que para las mujeres no hay espacio de poder posible. Nos crían como mujeres pensando que el poder, que la ambición no son para nosotras. Los hombres para lo público y decidir y las mujeres para lo privado para cuidar y esperar”.

El hombre establece y logra estatus a través del poder, coincide Yubi Terán, psicóloga y especialista en Derechos Humanos. “En el colegio está el que se impone porque es el más agresivo, el que intimida. Así se establece el liderazgo. Culturalmente el hombre tiene más propensión a lograr el poder a través de la violencia. Yo te golpeo, yo te limito, te aíslo, no porque tú me hagas algo sino porque quiero lograr el poder”, refiere.

“Los hombres son violentos porque los han educado así”, enfatiza Martorell. Y, como forma de acceder al poder y de relacionarse, ha tenido consecuencias: el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó que para 2018 había 46.775 personas presas, de esas, 44.192 eran hombres, lo que representaba 94%.

Deconstrucción del sistema

La violencia parece estar normalizada, sobre todo si es psicológica. “Como no tienes forma de probar, se desestima, porque se subestima el efecto de las acciones en la emocionalidad de la gente. A la víctima es a quien menos se le cree”, asegura Reina. Como en el caso de Morela, que antes de que una trabajadora del Instituto de la Mujer remitiera la denuncia al Ministerio Público, la víctima había hablado con dos funcionarios que no le creyeron.

La desestimación de las denuncias tiene su base en dos sistemas: violencia estructural y violencia cultural. La primera es el uso del poder para impedir la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. De allí expresiones como “tú dependes de mí”. Terán detalla que esto puede pasar tanto en relaciones amorosas como laborales, incluso desde el Estado hacia la ciudadanía.

Lo segundo se refiere a la normalización de la violencia como forma de interacción entre las personas y se legitima, según Terán, mediante el arte, la religión, las ideologías o los dogmas. Por ejemplo, cuando una víctima va a denunciar a su agresor y los receptores insisten en que el maltrato es normal porque así ha sido siempre.

Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), coincide y apunta que la violencia psicológica no es fácil de identificar porque no deja lesiones visibles al ojo y no todo el mundo se da cuenta de los cambios emocionales.

Para cambiar el sistema, manifiesta Reina, hay que deconstruir las bases del machismo, desde quienes ostentan el poder hasta quienes viven las consecuencias de sus decisiones: “No hay manera de romper el sistema machista si no hay políticas públicas definidas. La violencia es un problema público, político y colectivo. Debe haber políticas públicas que intersecten el género en cada postulado. Si no hay políticas que hablen del rol de las mujeres en los ámbitos de la justicia, la salud y la educación, ese círculo nunca se va a romper”.

León afirma que una manera de minimizar la violencia de género es acabar con las relaciones inequitativas y para eso se debe lograr que las mujeres estén empoderadas: “Y empoderadas quiere decir que tengan capacidad de ser autónomas, capacidad para decidir sobre sus cuerpos, autonomía económica y que dispongan de sus ingresos y autonomía en la toma de sus decisiones sin que sean coaccionadas”.

Además, cree que no se trata solo de aplicar correctamente la ley, sino que debe desarrollarse un plan preventivo que involucre al sistema judicial, al educativo y a los medios de comunicación y que cuente con suficientes recursos asignados para que sea materializable.

Martorell cree que es necesario cambiar desde la base para erradicar las brechas entre hombres y mujeres: “El sistema patriarcal les niega a los varones la posibilidad de mostrar amor, de llorar, pero sí pueden expresar la rabia. Macho que se respeta habla más duro, cómo dicen. El patriarcado lastima a mujeres y hombres, porque todo lo que no encaje dentro de lo heterosexual es perseguido”.

 
OVV: Es inadmisible que sigan muriendo jóvenes por acción equivocada de autoridades
Gloria perdomo, coordinadora del Observatorio Venezolano de la Violencia, dijo que las 2.113 muertes de niños, adolescentes y jóvenes en 2019 a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad revela la falta de compromiso con la legalidad y los derechos humanos del Estado 

 

@franzambranor

 

 

14 muertes violentas diarias de niños, adolescentes y jóvenes se registraron en Venezuela durante 2019, según el informe de Juventud del Observatorio Venezolano de la Violencia.

Fueron en total 5076 niños, adolescentes y jóvenes asesinados el año pasado, víctimas de homicidios y de supuesta resistencia a la autoridad.

“Son muertes totalmente prevenibles si en el país tuviésemos políticas de seguridad. Es inadmisible que sigan muriendo jóvenes por la acción equivocada de las autoridades públicas”, dijo la coordinadora del Observatorio Venezolano de la Violencia, Gloria Perdomo.

La cifra de 5076 niños, adolescentes y jóvenes fallecidos representa una reducción del 34,5% con respecto a 2018. Hace dos años, hubo 14736 muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes, a razón de 40 asesinatos por día.

“Siguen siendo muy altas las cifras de muertes por violencia y especialmente a manos de funcionarios. 2.963 fueron por homicidios y 2.113 por casos de resistencia a la autoridad. 2113 es un número alarmante, en cualquier otro país sería objeto de una profunda investigación”, indicó Perdomo.

La coordinadora del OVV sostuvo que la reducción de muertes no es producto de una política de Estado, sino de diversos factores como la pérdida de oportunidades para la acción delictiva y la migración.

“En materia de resistencia a la autoridad uno no puede plantearse que sea algo valioso, esas cifras deberían estar en cero. La política de Estado no puede ser aniquilar a las personas y presentarlas como presuntos delincuentes que ni siquiera han sido debidamente identificados”. señaló Perdomo.

La también profesora universitaria e investigadora indicó que los términos “resistencia a la autoridad” son empleados por el Estado en procura de esconder una actuación de funcionarios que de ninguna manera está clara.

“Usamos resistencia a la autoridad no porque compartamos ese tipo de práctica. La denominación la está haciendo el gobierno y denunciamos que bajo esa categoría se está ocultando una actuación que es tremendamente dudosa”, expuso Perdomo.

Ejecuciones y no enfrentamientos

“La policía mata a quien se le enfrenta. La mayoría no son enfrentamientos, sino ejecuciones extrajudiciales”, dijo Ronna Rísquez, coordinadora de Monitor de Víctimas y editora en español de Insight Crime.

En el informe de 2018, la OVV contabilizó 5.364 casos de muertes por resistencia a la autoridad entre jóvenes menores de 30 años, lo que representa el 71% del total de las víctimas (7.523).

“Esa categoría de resistencia a la autoridad lo que refleja es la letalidad en Venezuela. Tanto los datos de ONGs como Provea y Cofavic, además de los recabados por Monitor de Víctimas a través de testimonios de familiares apuntan a que esos casos de supuesta resistencia a la autoridad son en realidad ejecuciones extrajudiciales”, agregó Rísquez, quien señaló que desde finales de 2019, el gobierno no incluye el rubro resistencia a la autoridad en sus informes sobre violencia en Venezuela porque se percató que era una cifra que ha venido aumentando considerablemente.

Para Gloria Perdomo la intención del informe del OVV es hacer reflexionar a las autoridades para que se tomen los correctivos. “De ninguna manera podemos aceptar que haya un grupo de funcionarios que pretenda convertirse en los que deciden quien vive y quien muere en Venezuela”. 

Informe OVV Juventud de 2019 en cifras

-Miranda fue el estado con mayor cantidad de muertes violentas de niños y jóvenes en 2019 con 771, seguido de Zulia con 548, Bolívar con 424, Aragua con 385 y Distrito Capital con 345.

 

41% de las muertes por resistencia a la autoridad ocurrieron contra jóvenes entre 18 y 29 años.

 

-Cada día de 2019 murieron 14 niños y jóvenes por razones violentas, 6 de ellos por la actuación letal de los cuerpos policiales. 

 

-De los 5.076 niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes que murieron de forma violenta en 2019, 2.661 tienen entre 18 y 24 años, 1.921 entre 25 y 29 años, 392 entre 12 y 17 años y 102 entre 0 y 11 años.

 

-De los 5.076 niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes muertos, 4.836 son hombres y 234 son mujeres. 41 de las 101 víctimas de 0 a 11 años son mujeres, 342 de los 392 muertos de 12 a 17 años son hombres, 2.584 de las 2659 víctimas de 18 a 24 años son hombres jóvenes y 1.850 de los 1918 muertos de 25 a 29 años son hombres jóvenes adultos.

 

-El 43% del total de homicidios contra mujeres tiene como víctimas a niñas adolescentes y jóvenes. 

 

-La muerte de 5076 niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes representa un 42,7% del total de decesos que ocurrieron en el país durante 2019.

 

-De los 2.661 muertos con edades comprendidas entre 18 y 24 años, 1474 corresponden a homicidio y 1187 a resistencia a la autoridad. De 25 a 29 años, 1064 son por homicidio y 857 a resistencia a la autoridad; de 12 a 17 años, 325 por homicidio y 67 por resistencia a la autoridad y de 0 a 11 años, 100 por homicidio y 2 por resistencia a la autoridad.

 

-La tasa más elevada corresponde a adultos-jóvenes entre 25 y 29 años (85,3 dividida entre 47,2 por homicidio y 38,1 por resistencia a la autoridad). Le sigue jóvenes de 18 a 24 años con 81,6 (45,2 por homicidio y 36,4 por resistencia a la autoridad), mayores de 30 años con 51,0 (28,0 por homicidio y 23,0 por resistencia a la autoridad), adolescentes de 12 a 17 años 13,6 (11,3 por homicidio y 2,3 por resistencia a la autoridad) y niños de 0 a 11 años 1,8 (1,8 por homicidios y 0,0 por resistencia a la autoridad).

 

-Las mujeres jóvenes perdieron entre 1 y 1,6 años de esperanza vida en las dos últimas décadas, mientras que los hombres presentaron una pérdida de 1,40 a 2,42 en el mismo lapso.

 

-Se estima que en Venezuela han ocurrido entre 174 y 177 mil homicidios de hombres jóvenes (15 a 29 años) en las últimas dos décadas.

Observatorio Venezolano de la Violencia: 14 jóvenes fueron asesinados cada día en Venezuela en 2019
En el informe de la ONG se incluyen las víctimas de homicidios y de resistencia a la autoridad tanto de cuerpos policiales como militares

5.076 niños, adolescentes y jóvenes menores de 30 años fueron asesinados durante el 2019 en Venezuela, a razón de 14 muertes violentas por día, según un informe de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).

“En Venezuela cada día del año 2019 murieron 14 niños y jóvenes por razones violentas. Son muertes que se pudieron evitar, que no tienen por qué ocurrir si el país cuenta con programas, acciones y servicios que decidan intervenir en las situaciones que ocasionan estas muertes”, se lee en el estudio.

En este informe se incluyen las víctimas de homicidios y de resistencia a la autoridad tanto de cuerpos policiales como militares.

De las 5.076 víctimas del año pasado, 102 muertes correspondieron a niños con edades de 0 a 11 años, 392 personas tenían de 12 a 17 años, en 2.661 casos las víctimas tenían de 18 a 24 años y, finalmente, fueron contabilizadas 1.921 personas con edades comprendidas de 25 a 29 años.

La ONG detalló que 234 de las víctimas fatales eran niñas o mujeres jóvenes, un 5 % del total de las muertes entre los menores de 30 años.

Las muertes violentas de menores de 30 años del año 2019 disminuyeron con respecto al anterior, pues en 2018 se contabilizó un promedio de 40 asesinatos cada día, para un total de 14.736 víctimas, según los datos del Observatorio.

Con información de EFE

Una Ventana a la Libertad presentará investigación sobre centros de detención preventiva
Intervendrán los expositores Carlos Nieto Palma, Magaly Huggins y Ronna Rísquez

 

Este miércoles 19 de febrero, la ONG Una Ventana a la Libertad presentará el informe anual 2019 sobre la situación de los derechos humanos de los y las personas privadas de libertad en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela.

Los expositores del evento serán Ronna Rísquez, creadora y asesora editorial de Monitor de Víctimas, Carlos Nieto Palma, Coordinador General de UVL y Magaly Huggins, Coordinadora de Investigación de la Organización

Desde el año 2016, la organización emprendió una labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en Centros de Detención Preventiva (CDP) de tipo civil y militar del Distrito Capital y de los estados Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia cuyos hallazgos se han ido presentando a través de informes de situación semestrales y anuales.

 

Acceso a la Justicia: IVSS cobra a trabajadores sin dar nada a cambio
El sistema de seguridad social supuestamente ampara vejez, discapacidad, pérdida involuntaria de empleo y necesidad de adquirir vivienda

 

En un informe de la ong Acceso a la Justicia aseguró haber hallado que el sistema de seguridad social del IVSS otorga coberturas negativas o nulas, lo que a su juicio constituyen “un engaño masivo a los trabajadores”.

“Entre las contingencias a que da cobertura el Sistema de Seguridad Social (Gaceta Oficial n.º 39.912 del 30 de abril de 2012) están las de vejez, discapacidad, pérdida involuntaria del empleo o la necesidad de adquirir una vivienda, entre otras”, explican en el texto

“El IVSS nunca ofreció un sistema de protección o bienestar parecido al que disfrutan la mayoría de los ciudadanos europeos. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en el vivo ejemplo de una estafa, pues durante años les ha cobrado a los venezolanos hasta cientos de dólares por distintos conceptos, pero en la actualidad apenas les da a los pensionados el equivalente a cuatro dólares mensuales por concepto de jubilación”, mencionan.

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