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El extraño caso de Hugo “El Pollo” Carvajal en España
El ex militar venezolano se fugó luego que la Sala Plena de la Audiencia Nacional de España aprobara su extradición a Estados Unidos 

 

Hugo “El Pollo” Carvajal, acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos y jefe por casi 10 años de un órgano señalado de innumerables violaciones de derechos humanos, volvió a demostrar sus habilidades de contrainteligencia.Justo cuando se supo que la Sala Plena de la Audiencia Nacional de España aprobó entregarlo a la justicia estadounidense, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez se dio a la fuga, lo que incrementó el número de irregularidades cometidas por la justicia española en este caso.

Representantes de la policía nacional de España han confirmado que están tras la búsqueda del fugitivo, que se encontraba bajo libertad condicional, con pasaporte retenido y prohibición de salida del país. Sin embargo, aún son muchas las preguntas que deben contestar las autoridades españolas.

¿Cómo es que, a pesar de que el caso estaba abierto, Carvajal no tenía ningún tipo de vigilancia especial? Y si la tenía, ¿cómo fue que se fugó?. ¿Quién es el responsable de la fuga, se abrirá una investigación contra él? 

Pese a que estuvo detenido por cinco meses y que es un experto en contrainteligencia ¿No se consideró el peligro de fuga?, ¿retener su pasaporte era suficiente seguridad? ¿Tenía Carvajal información privilegiada sobre su caso? ¿Cuenta con cómplices en España? ¿Ya se emitió una orden de captura en su contra?

Lo que España debe responder

No es para menos el revuelo que ha causado la fuga de Hugo Carvajal en España, el hombre es una pieza clave para desentrañar la red de crimen organizado y corrupción que se tejió en Venezuela desde que Hugo Chávez asumió el poder y que se ha extendido durante el mandato de Nicolás Maduro.

Carvajal es un militar retirado de 59 años, graduado en 1981 en la promoción Pedro Camejo, en el puesto 59 de 72. Fue Ascendido al grado de Mayor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)el 11 de enero de 2010.

Participó en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, junto al ex presidente Hugo Chávez y desde ahí se fortaleció su vinculación con el llamado proceso revolucionario. Carvajal se considera a sí mismo un amigo cercano de Hugo Chávez.

Desde 2002 trabajó en la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM), dos años después ascendió al más alto cargo y ahí permaneció por ocho años. En 2012 también estuvo a cargo de la dirección del Sistema Integrado de Investigación Penal y de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En abril de 2013, el ya presidente Nicolás Maduro lo nombró director de la Dirección General de ContraInteligenciaMilitar (DGCIM), cargo que ostentó hasta enero de 2014. 

La DGCIM ha sido denunciada por violaciones a los derechos humanos considerados incluso como crímenes de lesa humanidad, y en 2019 fue añadida a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a raíz de la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, el 29 de de ese mismo año, mientras estaba detenido en ese organismo de inteligencia.

En enero de 2014, Carvajal fue designado Cónsul General en Aruba pero en julio de ese mismo año, cuando aún no tenía credenciales que le otorgaban inmunidad ante la justicia internacional, fue detenido por las autoridades de ese país, por una petición de los Estados Unidos de América, Estuvo bajo custodia menos de tres días, debido a presiones ejercidas por el Gobierno de Venezuela para su inmediata liberación y regreso al país.

En diciembre de 2015 Carvajal fue electo diputado de la Asamblea Nacional, para el periodo 2016-2021. Pero en febrero de 2019 se supo que se había ido del país cuando publicó videos en sus redes sociales en las que se desligaba de Nicolás Maduro y expresaba su apoyo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela.

 

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La violencia arrasa con la población más joven en Petare
En 2018 hubo una tasa de 112 asesinatos por cada 100 mil habitantes

 

Sucre es el municipio más densamente poblado de Venezuela, en una superficie de 164 kilómetros cuadrados reúne a una población de 711.885 habitantes. Su principal parroquia, Petare, tiene 448.861 habitantes según cifras del Instituto Nacional de Estadística. 

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) señaló que para el año 2018 Petare tuvo una tasa de 112 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Mediáticamente es considerada como una de las zonas más violentas del mundo. 

Al analizar los datos levantados por el Monitor de Víctimas desde mayo de 2017 se pudo observar que la cifra de asesinatos por año no baja de 300 muertes. En 2017 fueron 312, el año siguiente 305 y hasta agosto de 2019 se habían contabilizado 168 crímenes, faltan por recopilar datos de los últimos cuatro meses del año. En ese período al menos 785 personas fueron asesinadas. Poco más del 25% de los crímenes cometidos en toda Caracas donde se registró el asesinato de 3080 personas. 

Víctimas y victimarios 

Según el OVV, la violencia criminal en Venezuela afecta particularmente a hombres, jóvenes, pobres, con menos nivel educativo y trabajadores poco especializados. El informe señala que el criminal venezolano tiene un comportamiento espejo, asesinos y víctimas se asemejan física y socialmente. 

Los datos recopilados por el Monitor de Víctimas, ratifican esas observaciones. En el municipio Sucre, 750 de las 785 víctimas eran hombres, 230 de ellas tenían entre 15 y 30 años. Al encontrarnos en un municipio con una alta población en situación de pobreza, se observa que más de la mitad de las víctimas, 413, para ser exactos, tenían empleos no formales, eran obreros, buhoneros, mototaxistas, mecánicos, choferes y desempleados. 

La violencia además se ensaña con las personas de bajo o medio nivel educativo, 452 víctimas, 58%, tenía a lo sumo bachillerato aprobado. 

Huérfanos y desamparados 

Contrario a lo que se piensa el homicidio no es un crimen de una víctima. Tras el crimen todo el entorno se resquebraja hijos, madres, esposas, son muchos los afectados. La violencia deja profundas cicatrices en la sociedad. En los últimos tres años al menos 581 niños quedaron huérfanos al perder a uno de sus padres. Además al menos 474 personas quedaron a la deriva al perder a quien se encargaba del sustento del hogar. Lo grave de esta realidad es que hasta la fecha no existen iniciativas del Estado dirigidas a brindar asesoría psicológica o económica a los sobrevivientes, por lo que las condiciones de vida de estas familias empeoraron. 

Violencia civil 

En relación a la identidad de los criminales, en 62% de los casos, en 398 muertes, los asesinos fueron identificados como civiles, mientras que en 84 casos familiares no sabían quien mató a la víctima. 

Al comprobar los crímenes cometidos por uniformados, 293 personas murieron a manos de policías y diez perecieron en acciones militares. En relación al tema de la letalidad de organismos policiales, en el caso de Sucre el organismo policial más letal es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) que acumuló 134 víctimas, 13 muertos más que las FAES y la PNB juntas. 

Otro detalle importante es el papel jugado por la policía municipal de Sucre en la violencia, aun cuando parece una cifra pequeña, Polisucre acumula la muerte de 23 personas, la cifra más elevada para policías locales de Caracas. 

Las causas más recurrentes fueron el robo con 164 casos, la resistencia a la autoridad y la ejecución policial con 264 casos, el ajuste de cuentas con 77 víctimas mortales, las riñas cobraron la vida de 41 personas y 40 murieron al quedar atrapadas en la línea de fuego.

Armas de fuego 

Finalmente vale destacar el papel de las armas de fuego en la violencia venezolana. En el municipio Sucre casi 80% de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego cortas y largas, en total 610 víctimas perdieron la vida a balazos.

 

 

Femicidios en Venezuela ignorados e invisibilizados por el Estado venezolano
Según Monitor de Victimas, entre enero y mayo de 2019 asesinaron a 33 mujeres en Caracas 

 

En Venezuela existe una alta tasa de asesinatos entre los que se encuentran los femicidios cuya cifras son invisibles para el Estado venezolano ya que no se presentan estadística alguna con estos casos que afectan a una gran cantidad de mujeres.

Según informe de Monitor de victimas, solo en la ciudad de Caracas entre enero y mayo de 2019 asesinaron a 33 mujeres. La ONG Mujeres al Límite informó que el 58,6 % de los casos los victimarios de los femicidios fueron sus parejas para ese momento y 7,7 % ocurrieron a manos de exparejas.

En el país hace tres años el Estado no revela datos acerca de la violencia de género. Para la organización feminista Juntas y a la Izquierda, el Estado venezolano muestra su cara patriarcal y machista cuando desconoce deliberadamente el asesinato de mujeres y de violencia de género. Habría que preguntarse también qué papel juega al respecto las mujeres que ocupan altos cargos públicos gubernamentales e institucionales.Los informes y cifras que han emitido voceros del gobierno, como es el caso del Fiscal General de la República han sido informadas de manera verbal, lo que no permite verificar las cifras ya que no existen informes oficiales, además de no cumplir con una peridicidad regular que permita establecer un panorama general de violencia y femicidio.

Según el portal Cotejo.Info en 2018 ocurrieron 448 femicidios en Venezuela y en comparación con 2017 aumentó 10,8 %.

Es importante hablar específicamente de femicidio porque resulta de una forma de discriminación grave contra las mujeres y esta es una forma de violencia con perfil propio que hay que visibilizar, dejando clara sus causas y consecuencias, que son distintas a otras formas de homicidio.

Solo en el 2018, según la OVV hubo en total 23 mil 47 muertes violentas. No existen cifras oficiales que difundan la frecuencia y porcentaje de los femicidios, lo que significaría la invisibilización de este flagelo que azota a las mujeres venezolanas y a mujeres de todos los países del mundo. La gravedad es que no solo no se difunden las cifras de los feminicidios, sino que de hecho está negado el acceso a los datos.

Una Ventana a la Libertad: 168 reclusos murieron en los calabozos policiales en el primer trimestre de 2019
Carlos Nieto Palma expuso  la situación carcelaria en Venezuela, durante el 74º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

El coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, expuso este martes 12 de noviembre la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela, durante el 74º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Durante su intervención, Nieto denunció las condiciones de permanecia en los calabozos policiales del país, los cuales solo deben albergar a los detenidos por máximo 48 horas, pero que actualmente se han convertido en pequeños prisiones donde los reos permanecen por tiempo indefinido.

«Queremos pedir a la Cidh que muestre atención a la situación que se vive en los centros de detención preventiva que, en Venezuela, se han convertido en cárceles permanentes donde ocurren violaciones masivas a los derechos humanos de las personas allí recluidas. Además es importante que insistan en la realización de visitas a estos espacios para constatar la situación«, dijo.

Indicó que durante el primer trimestre de 2019 murieron 168 reclusos en los calabozos policiales, según lo monitoreado por la ONG, de los cuales 42 perdieron la vida por enfermedades, 37 en intentos de fuga, 30 fueron asesinados en riñas y el resto por causas que no se pudieron precisar.

«A esta cifra de fallecidos debemos sumarle la de los 30 reclusos que murieron el pasado mes de marzo en un CDP (Centro de Detención Preventiva) en el estado Portuguesa. Los eventos carcelarios más graves que han ocurrido en Venezuela en los últimos dos años han sido en calabozos policiales. Recordemos que en marzo de 2018 hubo una tragedia en la Policía del Estado Carabobo con un saldo de 69 personas que murieron quemadas, entre los que estaban dos damas de visita«, agregó.

Nieto explicó que actualmente existen en Venezuela dos sistemas carcelarios paralelos y complementamente diferentes: uno administrado por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que compone las 45 cárceles del país, y otro alterno que funciona en los centros de detención preventiva y que es controlado por los cuerpos de seguridad nacionales, regionales y municipales, o hasta por la policía científica y organismos de inteligencia del Estado.

“La situación es muy grave en ambos sistemas penitenciarios en los que se sufren las mismas violaciones a los derechos humanos. Pero realmente en los centros de detención preventiva la situación es mucho más grave, pues en estos espaciosno hay infraestructura carcelaria, ni planes de reinserción para la población penitenciaria”, manifestó.

Advirtió que en los 203 centros de detención preventiva visitados por Una Ventana a la Libertad encontraron un hacinamiento de más de 509,58 %, pues existen 19.028 reclusos en las comisarías, las cuales, en total, apenas pueden contener a 3.734 personas.

Joel Hernández, comisionado de la Cidh, expresó su preocupación ante estas cifras, debido a que la media regional en cuanto al hacinamiento es de 36 %, número que es muy superior en el caso de Venezuela. También enfatizó que en todo momento han tenido el interés de visitar el país para constatar estas denuncias, pero advirtió que no les dan dado garantías de seguridad y cooperación para ese trabajo.

Transparencia Venezuela conformó coalición anticorrupción en Mérida

El pasado miércoles 6 de noviembre tuvo lugar en Mérida la primera reunión para la conformación de la coalición anticorrupción en la entidad, una iniciativa que encabeza en varios estados del país la ONG Transparencia Venezuela. Un total de 12 organizaciones de distintos sectores de la sociedad civil merideña se sumaron en esta primera fase a la coalición anticorrupción en la entidad.

Christi Rangel y Rita Coello, coordinadoras en Mérida de Transparencia Venezuela, explicaron a los representantes de las organizaciones participantes  cómo funciona el patrón de Gran Corrupción en el país, así como un estudio hecho por esta ONG en la frontera colombo-venezolana, donde se determinó el funcionamiento de grupos de crimen organizado que forman parte de la red de corrupción que hay en Venezuela.

Posteriormente los asistentes disertaron en mesas de trabajo sobre los 12 mandatos que estableció Transparencia Venezuela para la constitución de esta coalición, así como para proponer acciones concretas que se ejecuten desde cada organización participante y en alianza entre ellas.

«La creación de estas coaliciones regionales tiene como objetivo constituir un movimiento nacional de lucha contra la corrupción que esté conformado por todos los sectores de la sociedad civil y guiado por 12 mandatos, los cuales plantean líneas de acción para combatir el patrón de Gran Corrupción que hay en Venezuela. Nuestro objetivo es seguir sumando a otras organizaciones», explicó a El Pitazo Rita Coello.

Yolima Arellano, coordinadora del núcleo andino del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, y Jueida Azkoul, miembro de la junta directiva de la Fundación Primeros Auxilios ULA, son las madrinas de la coalición anticorrupción en Mérida, cuyos miembros definirán durante este mes las acciones que se sumarán a un documento único que contará con el aporte de las 11 coaliciones regionales que se han conformado en todo el país. Dicho documento será entregado a las instituciones de poder y a los partidos políticos. 

Más de 200 organizaciones se han sumado a las coaliciones anticorrupción conformadas en 11 estados del país. En diciembre próximo esperan consolidarán una gran coalición nacional que buscará ser un espacio desde donde se ejerza presión sobre el poder para combatir la corrupción.

Observatorio de derechos humanos de la ULA expone casos de violencia ante la Cidh en Ecuador
Entre 2012 y 2019 se han cometido 9.960 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela de acuerdo a Cofavic

 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) participa este martes 12 de noviembre en una audiencia pública concedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en el marco del 174° período de sesiones que se desarrolla en Quito, Ecuador, entre el 8 y el 14 de este mes.

El ODH-ULA presentará ante los relatores de la CIDH los casos de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la represión estatal en Venezuela y que esta organización ha documentado.

“Para nosotros es muy importante haber logrado un espacio en tan importante actividad para poder exponer las reiteradas violaciones a los derechos humanos que ha cometido y continúa cometiendo el Estado venezolano”, afirmó Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA.

La audiencia, titulada “Tortura, ejecución extrajudicial y graves violaciones de derechos humanos en la represión estatal en Venezuela”, tendrá lugar a las 10:15 de la mañana (hora de Ecuador) y en ella también participarán las organizaciones no gubernamentales Foro Penal, Un Mundo sin Mordaza y Defiende Venezuela.

Previamente la organización Una Ventana a la Libertad (UVL) presentará la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela, en una audiencia concedida exclusivamente a esta ONG.

9.960 ejecuciones extrajudiciales en siete años

De acuerdo con cifras publicadas por la ONG Cofavic, entre los años 2012 y 2019 se han cometido 9.960 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

El ODH-ULA señaló en sus informes que este tipo de crímenes han sido perpetrados por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, violando los estándares nacionales e internacionales de actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“Tan solo este año, tres personas han sido asesinadas por funcionarios de la fuerza pública en Mérida. German Cohen, Wuilderman Paredes y una mujer agricultora, cuyos familiares pidieron reservar su nombre por temor a represalias, fueron asesinados a manos de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o de otra fuerza de orden público”, puntualizó en nota de prensa el ODH-ULA.

Dicho Observatorio de DDHH denuncia que en ninguno de los casos referidos ha habido justicia plena y que los procesos judiciales en curso por los mismos han estado plagados de retrasos e irregularidades.

En todos los casos documentados para esta audiencia por el ODH-ULA, el Estado venezolano ha negado verdad, justicia y reparación a las víctimas, incentivando la impunidad y la repetición de estas violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», precisa la organización.

Disparos a los ojos: práctica de represión

El ODH-ULA ha determinado que disparar al rostro de las personas que manifiestan es una práctica reiterada en contextos de represión ejercida por parte de funcionarios policiales o militares.

Durante las protestas sociales ocurridas en 2017, este Observatorio registró 22 personas heridas en los ojos en el estado Mérida. “Las víctimas perdieron uno o ambos ojos como consecuencia de los disparos de perdigones propinados por funcionarios policiales o militares”, indica el ODH-ULA en un informe.

En la audiencia ante la CIDH el ODH-ULA también presentará casos de personas heridas de gravedad en otras partes del cuerpo por parte de funcionarios de la fuerza pública en el marco de acciones represivas, así como casos de personas privadas de libertad como forma de castigo por manifestar.

Uno de los casos en Mérida es el de Erickvaldo Márquez, estudiante de la ULA, quien fue detenido en su casa el 13 de septiembre de 2017 y luego acusado como autor del asesinato de un funcionario de la gobernación del estado, ocurrido el 24 de abril de ese año en el marco de las protestas sociales registradas en la ciudad.

“Márquez permanece privado de libertad, sin que haya ninguna prueba en su contra, y las audiencias de juicio han sido diferidas sin ninguna justificación en cuatro oportunidades. Por si fuera poco, el joven ha escrito a su madre sobre las torturas que ha recibido en prisión”, señala el ODH-ULA.

Todas las audiencias que tienen lugar en el 174° período de sesiones de la CIDH podrán ser seguidas en vivo a través del sitio web www.oas.org/es/cidh.

Dólar paralelo retomó comportamiento fluctuante tras semanas de estabilidad

Tras varias semanas de estabilidad, el precio del dólar estadounidense en el mercado paralelo -referencia de los comerciantes y consumidores- se incrementó 44% entre los días 21 y 28 de octubre al subir de Bs 18 mil a Bs 26 mil, precio que además es el más alto en lo que va de año. El incremento del tipo de cambio no oficial en esos siete días produjo una devaluación –reducción del valor de una moneda respecto a otra– del bolívar de 30,7%.
Según el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, la causa del incremento de la tasa cambiaria en una semana es la misma que impulsó el precio de la divisa en agosto pasado.

“El Ejecutivo inyecta órdenes de pago por casi 800 millardos de bolívares en apenas dos días y el tipo de cambio reacciona con fuerza. Lo que pase con el paralelo de aquí en adelante está atado a la ejecución fiscal”.

En agosto pasado, la tasa cambiaria dio un salto abrupto: aumentó 108%, lo cual disparó los precios de bienes y servicios y duplicó la inflación calculada por la Asamblea Nacional (AN). En ese mes, el indicador de alza general de precios se ubicó en 65,2%, lo que representó un incremento de 31,4 puntos porcentuales respecto a julio cuando se situó en 33,8%, según la Comisión de Finanzas del parlamento.

El Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad reportó que la aceleración del ritmo de variación del tipo de cambio en agosto fue provocado por ingentes pagos de Pdvsa y entes del Estado a sus proveedores, quienes utilizaron los fondos para comprar dólares. Esto hizo que aumentara la demanda en un momento en el que la oferta es irrisoria por el descalabro de la industria petrolera, la principal fuente generadora de divisas del país.

A partir de septiembre el tipo de cambio empezó a bajar hasta ubicarse en los Bs 18 mil a mediados de octubre.

Oliveros indicó que en la semana del 28 de octubre operan dos fuerzas opuestas sobre el tipo de cambio: por un lado, mayor ejecución fiscal y pago a proveedores, un factor que impulsa la demanda; y por el otro, la entrada en vigencia de la nueva medida de créditos tomada por el Banco Central, lo cual puede llevar a empresas a vender algo de dólares para liquidar créditos vigentes.

“El comportamiento que tenga el tipo de cambio estos días, nos dirá cuál fue la más representativa y que termine imponiéndose”.

Resolución

El 28 de octubre entró en vigor la Resolución 19-09-01, publicada en Gaceta Oficial 41742 con fecha del 21 de ese mes, que establece que los créditos comerciales otorgados por las instituciones bancarias deberán ser expresados únicamente mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito Comercial (Uvcc), que será el resultado de dividir el monto del crédito entre el Índice de Inversión, indicador que aumentará dependiendo de si lo hace el precio del dólar oficial, el cual el BCV actualiza todos los días en su página web.

En esencia, la nueva norma ata el crédito al comportamiento del tipo de cambio, por lo que prácticamente desaparecen los incentivos para utilizar el crédito como vehículo para la compra de divisas (cobertura cambiaria), según Oliveros. “En Venezuela el crédito, producto de las distorsiones, era barato. Como todo bien barato, alimentó distorsiones y en esta última etapa, se volvió escaso. Esa época terminó. Ahora el crédito se encarece, por lo que hay que ser muy prudente para tomarlo”.

La tasa de interés anual no podrá exceder del 6% anual ni ser inferior al 4% anual. La medida excluye a las operaciones relacionadas con las tarjetas de crédito, los microcréditos, los préstamos comerciales en cuotas que se otorgan a personas naturales por concepto de créditos nómina, así como los créditos dirigidos a empleados y directivos de las instituciones bancarias y los financiamientos correspondientes a regímenes regulados por leyes especiales.

El director de Ecoanalítica añadió que tres variables son claves a tomar en cuenta: primero, la tasa efectiva que incluye los costos por comisiones y otros; segundo, el impacto en el flujo de caja; y tercero, los escenarios sobre el tipo de cambio. “Un nuevo reto para seguir haciendo negocios en Venezuela”, expresó.

Luces y sombras para nombrar a un nuevo CNE

Acceso a la Justicia considera un hecho histórico y un paso significativo la conformación de la Comisión Preliminar con la participación de diputados de la oposición y parlamentarios oficialistas, que integrará el Comité de Postulaciones Electorales. Este comité tiene el objetivo de designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).  Desde 2003, la Asamblea Nacional (AN) no ha nombrado de manera plural (gobierno y oposición) al directorio del ente comicial. Por el contrario, esta competencia la ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al usurpar las funciones del Poder Legislativo en 2003, 2005, 2014 y 2016, y el Parlamento solo la ha ejercido cuando no ha tenido oposición en su seno (2006 y 2009).

Hasta ahora, el Comité de Postulaciones Electorales cuenta con nueve de los once diputados requeridos por la ley: seis son de oposición y tres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De los dos que faltan, uno será por los partidos minoritarios de oposición y el otro por el partido del gobierno. Aunque el régimen de Nicolás Maduro se ha amparado en la falsa e inconstitucional tesis del desacato del Parlamento para invalidar sus actos, en esta oportunidad, y tras la reincorporación del llamado Bloque de la Patria, participa en un proceso previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), normas que le otorgan facultades a la AN para nombrar a los rectores con garantías democráticas.

La Comisión Preliminar tiene como función evaluar a los candidatos postulados por la sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Electorales, que es quien selecciona a los candidatos al cargo de rector del órgano electoral. Una vez que la Comisión Preliminar evalúa a los candidatos postulados por la sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Electorales, presenta una lista de preseleccionados a la plenaria de la AN, que por el voto de sus 2/3 partes elige a diez miembros. En total, el Comité estará integrado por veintiún miembros.

Acceso a la Justicia enfatiza que la diferencia fundamental entre la Constitución y la LOPE es que la Carta Magna no establece que los diputados formen parte del Comité de Postulaciones Electorales, solo la sociedad civil. La Constitución tampoco dispone la creación de un órgano previo al Comité de Postulaciones Electorales, es decir, la Comisión Preliminar. Esto hace que el proceso de selección quede expuesto a un mayor riesgo de politización, lo cual es inconveniente debido a que, en medio de la crisis actual del país, se busca que el nuevo CNE esté conformado por personas independientes y con conocimiento técnico.

El proceso de designación

Corresponde al Comité de Postulaciones presentar a la plenaria de la AN una lista de candidatos para ser rectores del ente comicial.  Dentro de los seis días siguientes a su instalación el Comité de Postulaciones Electorales debe publicar la metodología para evaluar las credenciales de los candidatos a rectores. Cada facultad de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales del país puede postular por lo menos a tres aspirantes; el Poder Ciudadano puede enviar un mínimo de nueve aspirantes, y cada organización de la sociedad vigente y activa puede presentar hasta tres candidatos.

El siguiente paso del proceso es la evaluación de los candidatos a rectores del CNE, durante el cual se analiza que se cumplan los requisitos y se elabora una lista de elegibles de cada sector. La lista debe contener, al menos, veintisiete candidatos de la sociedad civil, nueve de las universidades nacionales y por lo menos nueve del Poder Ciudadano. Finalmente, de la lista presentada por el Comité de Postulaciones Electorales, la plenaria de la AN mediante los votos de sus 2/3 partes designará a los rectores principales y suplentes del CNE.

Ley al margen constitucional

Acceso a la Justicia ha registrado la forma cómo se ha construido en Venezuela el entramado electoral más complejo de la historia latinoamericana para exponer una apariencia de elecciones que justifiquen ante el mundo una fachada democrática. Muestra de los manejos para secuestrar los comicios es que, al comparar el procedimiento establecido en la LOPE para integrar el CNE a la luz del texto constitucional, se aprecia que la ley, sancionada en 2002 por un Parlamento dominado por el chavismo, está divorciada de lo preceptuado en el artículo 295 de la Carta Magna por diferentes razones:

1. El constituyente señala que el Comité de Postulaciones Electorales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, garantizando la despartidización en el proceso de elección. Sin embargo, se extendió la participación a los propios diputados de la AN, lo cual le resta imparcialidad, sobre todo al darle mayor peso a los diputados (once integrantes) frente a los representantes de la sociedad civil (diez).

2. El legislador invadió la reserva constitucional al contemplar otra instancia distinta al Comité de Postulaciones Electorales. De hecho, la LOPE crea la denominada Comisión Preliminar, que estará a cargo de los once diputados de la AN designados para integrar el Comité de Postulaciones, con lo cual se desvirtúa el sentido y alcance del artículo 295 de la Constitución, cuyo fin es crear un órgano para preseleccionar a los candidatos a rectores desvinculado de los intereses partidistas para brindar confianza, equidad e igualdad de oportunidades en los procesos comiciales. 

3. Resulta obvio que la Comisión Preliminar destierra la participación de la sociedad civil para la composición del CNE y al mismo tiempo privilegia a las preferencias políticas representadas por los diputados de la AN.

4. Merece especial atención el hecho de que la LOPE impulsa un ventajismo político y, por ende, un desequilibrio en la conformación del CNE, pues no impone que los diputados que integran la Comisión Preliminar, quienes componen el Comité de Postulaciones Electorales junto con los integrantes de la sociedad civil, se inhiban en la plenaria de la AN en la que se designará a los integrantes del CNE por las 2/3 partes de sus miembros (110 de 164 diputados) a partir de la lista de postulados elaborada por el Comité. 

5. Idéntica situación se plantea cuando la Comisión Preliminar de once diputados de la AN debe evaluar para luego presentar a la plenaria de la AN la lista de candidatos postulados por la sociedad civil como miembros para el Comité de Postulaciones Electorales.

Acceso a la Justicia advierte que la LOPE promueve condiciones de desigualdad y, sobre todo le otorga mayor peso al Parlamento que al ciudadano en la selección de los potenciales rectores del CNE, tal como lo establece el texto constitucional.  

 

El contexto descrito no garantiza la escogencia de un Poder Electoral respetuoso de los principios que irradia la Constitución.  Es importante aplicar modificaciones legales, especialmente, por un lado, para que el Comité esté conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad y, por el otro, que la llamada Comisión Preliminar sea reemplazada por la AN encargándose esta instancia o una que designe para recibir las postulaciones, pero que sea de carácter técnico y que no conforme a su vez el Comité de Postulaciones Electorales.