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Los que no se rinden | OVV: El reto es vencer la censura
Desde hace 15 años, el Observatorio Venezolano de Violencia refleja cifras e historias de criminalidad en colaboración con las principales universidades del país para atender a personas que son víctimas de los distintos tipos de violencia

@franzambranor

Frente a la ausencia de una política de Estado dirigida al control y prevención de la delincuencia, el Observatorio Venezolano de Violencia se ha planteado desde 2005 articular planes y programas en materia de seguridad ciudadana.

El OVV se basa en cuatro derechos fundamentales: derecho a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la libertad y forma parte del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) 

La Organización No Gubernamental fue creada entre centros de investigación de ocho universidades nacionales, entre las que destacan la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Católica del Táchira (UCAT). 

En cada uno de sus informes anuales, esta ONG ofrece al venezolano datos sobre la violencia interpersonal en Venezuela. En 2019, por ejemplo, daban cuenta de 5286 casos de víctimas por resistencia a la autoridad y una tasa de más de 60 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La más alta de América Latina.

En Runrunes conversamos con su director, Roberto Briceño León para conocer con mayor propiedad los alcances de esta organización.  

-¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha empeorado el entorno hasta ahora?

-El OVV surge después del paro petrolero, tras un período de conflicto político en Venezuela y en un momento en el cual hay una decisión de cerrar el acceso a las fuentes informativas del país y de iniciar un proceso de mayor control de los mecanismos de información. Nace con estas tres universidades, como una respuesta desde ellas, a la censura oficial de los datos sobre violencia y criminalidad, que tiene lugar a partir del 2004 y que se ve claramente establecida en el año 2005, cuando no se publican las cifras oficiales del año anterior, como por varios años se había hecho. 

A lo largo del tiempo, el OVV ha ido creciendo con la incorporación de otras universidades nacionales: la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana (UCAB-Guayana), la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad de Carabobo, sede Aragua (UC-Aragua). En la actualidad cuenta con un total de ocho Observatorios Regionales en: Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Región Capital (Miranda y Distrito Capital), Sucre, Táchira y Zulia. 

El OVV nace en el marco de una situación de empeoramiento en el acceso a la información y en las condiciones de violencia. Justamente la censura en el país ocurre después que se había dado un incremento muy importante en los homicidios en los años 2002 y 2003; la tasa llegó prácticamente a duplicarse, en comparación con el momento del inicio del gobierno de Hugo Chávez. A partir de allí, lo que ha ocurrido en el país es un continuo empeoramiento de las condiciones de acceso a la información pública y el cierre de medios de comunicación, que han sido fuentes de información con las que el OVV ha venido trabajando. Sin embargo, a pesar de todas las restricciones, el OVV ha buscado cumplir con su misión, observando, analizando la situación de violencia en el país e informando a la sociedad.   

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina      

-¿En qué áreas se desempeña la organización?

-El OVV recolecta, genera, analiza e interpreta datos e información de calidad sobre la violencia en Venezuela, en base a cuatro derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la libertad.

El LACSO-OVV han trabajado en conjunto para construir una metodología confiable de estimación estadística de las muertes violentas en Venezuela, dadas las restricciones en la publicación y acceso de la estadística oficial de violencia. Gracias a este método, anualmente, se ha podido ofrecer a la sociedad venezolana, una cifra estimada de la cantidad de muertes violentas ocurridas en el país. 

-¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta ONG?

-Cuando surge el OVV, el grupo de investigadores del LACSO, del Instituto de Ciencias Penales de la UCV y del Instituto de Criminología de LUZ, tenía un proyecto de cooperación científica, financiado y apoyado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela, para investigar sobre el tema de la violencia y criminalidad. Es por ello que, en un primer momento, lo que se hizo fue transformar ese grupo de investigadores en esta organización. 

De igual manera, ese equipo ya tenía la coordinación del grupo de trabajo latinoamericano sobre violencia y sociedad, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); había trabajado y publicado varios libros, pero pasó de ser sólo un proceso de investigación, a uno de observación pública, de defensa de los derechos y de acceso a la información y a la justicia en Venezuela.      

Desde el año 1995, el LACSO ha desarrollado estudios y aplicado encuestas a nivel nacional para medir la percepción que tienen los venezolanos y residentes en el país en torno al tema de la violencia e inseguridad ciudadana, desde las siguientes aristas: actitudes hacia la violencia, motivación al respeto, victimización, temor, inhibición, acciones extrajudiciales, protección a las personas, actuación de la policía, desempeño de las instituciones públicas, evaluación del gobierno, democracia, entre otras. 

Asimismo, se ha dedicado a la investigación de proyectos generales de sociología, que forman parte de cultura política, y de enfermedades transmisibles –prevención en Chagas, malaria y dengue-. También ha trabajado en encuestas comparativas internacionales.  

Trujillo tiene la mayor tasa de suicidios durante cuarentena

-¿Qué servicios ofrece?

-Asesoría, cooperación, investigación y análisis, tanto en el área específica de violencia, como en torno a las condiciones sociales que generan la conflictividad social y, por ende, la violencia. Los investigadores que conforman el OVV tienen capacidad para aplicar encuestas, hacer grupos focales y entrevistas a profundidad, hacer análisis de coyuntura, en las distintas áreas del país, en conjunto con las universidades nacionales, como con universidades a nivel mundial que integran las distintas redes de las cuales forma parte y participa. 

-¿Cuántas personas trabajan en la organización?

-En el LACSO-OVV trabajan 40 personas, entre los equipos central y regionales. Estos equipos están conformados, principalmente, por docentes-investigadores de distintas disciplinas científicas y humanísticas –son sociólogos, educadores, estadísticos, arquitectos, trabajadores sociales, médicos, abogados, geógrafos, criminólogos, entre otras- y periodistas. 

-¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Además de las alianzas estratégicas con las universidades mencionadas anteriormente, con las cuales el OVV ha establecido ocho sedes regionales, hemos tenido alianzas y desarrollado investigaciones conjuntas con el Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP); Paz Activa; el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC); la UCAB, la UCV y la Universidad Simón Bolívar (USB) para la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), entre otras instituciones. 

-¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

El OVV observa, se preocupa y atiende a las personas que son víctimas de los distintos tipos de violencia que hay en el país -interpersonal, autoinfligida, delincuencial, policial-; busca solidarizarse y hacer evidente y público su dolor, y busca, además, entender las condiciones por las cuales ocurren tales violencias.  

OVV: Casi la mitad de las muertes violentas en Lara son ejecutadas por la FAES

-¿En qué zonas operan?

El OVV es una red nacional que opera en ocho estados del país: Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Región Capital (Miranda y Distrito Capital), Sucre, Táchira y Zulia, a través de sus Observatorios Regionales. Asimismo, monitorea y analiza eventos de la misma naturaleza en las entidades aledañas. 

En la actualidad, el OVV se está extendiendo a otros estados del país.  

-¿Cuentan con voluntariado y cómo pueden ayudar personas que estén interesadas en hacerlo?

El LACSO-OVV siempre ha estado vinculado con los estudiantes universitarios, quienes cooperan en la recolección de datos e información. Los interesados pueden ingresar a la Web (https://observatoriodeviolencia.org.ve/) y, en la sección Contactos, optar por el correo electrónico de sus sedes en Caracas o en regiones.  

-¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

Los mayores retos y amenazas de la organización tienen que ver con el incremento de la censura y las limitaciones para el ejercicio de la ciencia, para poder, de esta manera, comprender e informar sobre lo que realmente ocurre en el país en relación a la situación de violencia y criminalidad, y, en consecuencia, ayudar a prevenirla y evitar tantas muertes y heridos.  

-¿Un caso emblemático?

-El OVV ha significado una voz en el silencio durante todos los años de censura. Ha estado allí presente para evitar que la sociedad venezolana y el mundo no conozcan los datos y la información de lo que ocurre en el país, o que sólo se escuche la voz oficial y no las voces independientes que representan las universidades nacionales. 

Briceño León está convencido que la violencia puede ser prevenida y no es un destino que no se puede contrariar.

Entre 15 y 20 dólares cuesta “causa” mensual en cárcel de Vista Hermosa
En el mes de mayo se han registrado tres personas fallecidas en el recinto penitenciario 

Más de 1.300 presos sobreviven en la actualidad en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, mejor conocido como cárcel de Vista Hermosa. La falta de medidas de protección, asistencia médica y suministro de alimentos durante la cuarentena obligatoria por el Covid-19 ha contribuido al incremento constante de la “causa” mensual que pagan los familiares de los presos para su manutención. 

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conoció que en Vista Hermosa, que es un penal sin régimen penitenciario, los reclusos deben cancelar cierta suma de dinero al mes para preservar su integridad física, lo que en el argot penitenciario es conocido como “causa”. En este caso los montos oscilan entre 15 y 20 dólares e incluso aceptan bolívares según la tasa de cambio del día. 

Los familiares se han mostrado muy preocupados por esta situación, tomando en cuenta que muchos venezolanos no están trabajando desde el primer registro de la pandemia en el país, aunado al funcionamiento limitado de las entidades bancarias, lo que podría poner en peligro la integridad física de sus deudos, quienes viven a merced de un grupo que lidera al resto de la población penal. 

No todos pagan “causa”, según explicaron los familiares. Existe un grupo denominado los “Manchados” que son los que se encuentran en la entrada del penal y han sido desterrados a esa zona por el incumplimiento de normas internas impuestas por el líder negativo, conocido como “Pran”.

Sumado al hacinamiento y la desidia reinante en las cárceles venezolanas, los familiares de los presos de Vista Hermosa deben hacer maniobras para trasladarse hasta el recinto, pues aunque no les han suspendido el pase de paquetería sí han tenido que disminuir la cantidad de veces que puedan llevar alimentos. 

“Algunos como en mi caso y el de otras vecinas íbamos a llevar la comida diaria al penal, pero por la falta de transporte y efectivo lo hacemos dos veces a la semana”, explicó el familiar de un interno. 

En Vista Hermosa tampoco cuentan con agua potable de forma regular, por lo que los presos no pueden cumplir con las principales medidas de prevención contra el Covid-19, tales como lavarse las manos con frecuencia.

 Por el contrario, son éstas familias quienes han tenido que llevar desinfectantes, además de fabricar tapabocas para distribuirlos en el penal. Por esto mismo consideran que se debe realizar una desinfección dentro del recinto y además solicitan presencia de médicos que puedan evaluar a los enfermos con presunta tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. 

Muertes tras las rejas

Durante el mes de mayo, en esta cárcel del estado Bolívar se han registrado un total de tres personas fallecidas por distintas causas. 

El 17 de mayo se reportaron dos muertes violentas, la primera fue la de Sócrates José Bravo Urbaneja, de 37 años de edad, quien fue conseguido colgado dentro de su celda. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) están a cargo de las investigaciones para determinar si se trató de un suicido o un homicidio. 

Ese mismo día reportaron el fallecimiento de Carlos Jesús Petit Venegas, de 33 años de edad, quien se encontraba en una de las torres haciendo una instalación de electricidad y murió tras perder el equilibrio y caer al vacío.

El tercer deceso fue el 22 de mayo. Se trata de un preso que murió de tuberculosis y fue identificado como Jesús Enrique Barreto Sánchez, de 27 años de edad. Según la información que obtuvo el equipo de OVP este fue uno de los reclusos que no recibió atención médica adecuada. 

Carolina Girón, directora del OVP, recordó que los privados de libertad son una de las poblaciones más vulnerables ante esta pandemia, por lo que deben tener acceso a agua potable, además de suministro de tapabocas, alimentos y asistencia médica. 

De la misma forma, Girón instó a realizar una investigación exhaustiva, oportuna y veraz sobre las denuncias por el cobro fraudulento de manutención dentro del recinto penitenciario. 

 

91% de hogares en Zulia experimenta dificultades para acceder a alimentos
Familias de Cabimas, Lagunillas, Maracaibo y San Francisco sufren para alcanzar cierta diversidad en la dieta

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) realizó el segundo sondeo sobre el consumo de alimentos en la región zuliana durante los días 10 al 17 de mayo para conocer la dieta de los zulianos, el consumo diario de alimentos, estrategias para su adquisición, entre otras situaciones relacionadas al acceso a la alimentación durante la cuarentena por COVID-19.

Al contrastar los resultados de este sondeo sobre las estrategias de sobrevivencia con los hábitos de consumo de alimentos, Codhez apunta que las familias de Cabimas, Lagunillas, Maracaibo y San Francisco, tienen graves dificultades para alcanzar cierta diversidad en la dieta a pesar de sus intensos sacrificios, que consisten en adoptar cambios en la calidad de la dieta, racionar las comidas, disminuir el número de personas que pueden comer en casa, o realizar alguna adaptación para lograr el acceso a los alimentos.

Al explorar sobre las estrategias que adoptan las familias de Cabimas para acceder a alimentos, Codhez observa que 89% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 11% presenta inseguridad alimentaria.

En Lagunillas, 76% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, 6% presenta inseguridad alimentaria, y 18% está en riesgo de padecerla. En términos generales, ningún hogar en estos municipios estaría en una situación normal.

Por su parte, en Maracaibo 60% de los hogares sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 11% presenta inseguridad alimentaria, y 20% está en riesgo de sufrirla. Esto significa, en términos generales, que 91% de hogares experimenta serias dificultades para acceder a los alimentos, debiendo adoptar estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico.

Apenas 9% de hogares estaría en una situación normal. En el caso de San Francisco, 70,6% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 15,7% presenta inseguridad alimentaria, y 9,8% está en riesgo de sufrirla. Es decir, 96,1% de hogares debe adoptar estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico de alimentos.

El sondeo realizado a través de un formulario online indica que se ha intensificado el sacrificio de los hogares pero no mejoran los índices de diversidad alimentaria y de puntaje de consumo de alimentos. En el primer sondeo realizado por Codhez del 19/26 de abril, 79% de los hogares en Maracaibo debió adoptar estrategias de sobrevivencia para consumir alimentos.

Waraos temen contagio masivo de COVID-19 en las comunidades del Delta
320 asentamientos están en peligro 

Al menos 320 asentamientos waraos, localizados en los caños del Orinoco, están a merced de un contagio masivo ante la escasa atención sanitaria, deficiencia en los servicios básicos y la falta de medicina en la zona.

La dirigencia indígena warao teme la aparición y el contagio masivo de coronavirus en las comunidades indígenas del Delta ante la cercanía de las regiones fronterizas.

La amenaza del virus es considerada por los waraos como bomba de tiempo con consecuencias impredecibles por ser una población con mayor vulnerabilidad de contraer enfermedades contagiosas ante la fragilidad de la atención primaria, tanto en la población infantil como adulta.

Lizandro Moraleda, docente warao de la comunidad Bonoina, población indígena localizada en la parroquia Manuel Renauld del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, describió en su cuenta de la red social Facebook la situación de vulnerabilidad que se encuentran los poblados indígenas en cuanto a la asistencia de salud en las comunidades para enfrontar a cualquier contagio como el COVID-19 “sólo contamos con la protección de Dios, la población maneja poca información, las comunidades se encuentran desprotegidas, no tenemos medicinas, no hay ambulancia fluvial, ni transporte para caso de emergencia” sostiene Moraleda.

De acuerdo al testimonio del docente warao, la falta de conocimiento e informaciones son factores que inciden negativamente en 95% en las comunidades con poblaciones indígenas “desconocemos la magnitud de la enfermedad, nos han dicho que es mortal, pero hasta allí” continua Moraleda.

Además mostró su preocupación por la presencia de enfermedades endémicas que afectan a los niños: los síntomas gripales, la diarrea, la desnutrición, los cuadros diarreicos son permanentes en las comunidades, asegura.

Además, la deficiencia en los servicios básicos, la falta de la energía eléctrica, la escasa o nula presencia de agua potable, la ausencia de redes de excretas en las comunidades convierten al pueblo indígena, con una población aproximada de 35.000 habitantes, como un sector altamente vulnerable ante la pandemia del COVID-19.

 

Kapé Kapé

Acceso a la Justicia: En el limbo las parlamentarias de 2020
Nicolas Maduro asomo la posibilidad de aplazar los comicios debido a la Covid-19

La certeza respecto al momento en que se celebrarán las elecciones es uno de los pilares de los sistemas democráticos alrededor del mundo, y en Venezuela lo fue también durante décadas. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el chavismo; las elecciones ya no solo no se celebran en diciembre, como tradicionalmente ocurría, sino que algunas de ellas tampoco se han dado en el momento en que correspondía.

Un ejemplo fueron los últimos comicios de alcaldes y concejales, que debieron celebrarse en 2012 junto con los de gobernadores, pero fueron aplazados para abril de 2013.

La muerte del presidente Hugo Chávez, anunciada el de 5 de marzo de 2013, forzó la celebración de unas elecciones presidenciales sobrevenidas, las cuales se celebraron el 14 de abril y ello obligó a postergar nuevamente el proceso municipal.

Esta anomalía volvió a repetirse en el caso de las elecciones regionales, que tuvieron lugar el 15 de octubre de 2017, es decir, con más de diez meses de atraso. El artículo 160 de la Constitución de 1999 establece claramente que el período de los gobernadores es de cuatro años, por lo cual las últimas elecciones para elegir a dichos funcionarios debieron celebrarse en 2016, porque las anteriores ocurrieron en 2012, pero ello no fue así.

«Estamos viviendo una emergencia económica, producto de que sobre Venezuela hay una guerra petrolera, económica y financiera (…) Ahora no tenemos los recursos y la prioridad para el país, porque las elecciones no son un derecho fundamental como lo es la alimentación, la salud y el bienestar».

Estas fueron palabras del diputado oficialista Pedro Carreño cuando se le preguntó sobre la demora para celebrar dicho proceso.

Pero esta práctica podría convertirse en rutinaria, porque Nicolás Maduro ya ha dejado entrever la posibilidad de que las legislativas tampoco se celebren en el tiempo correspondiente. “Hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha”, declaró en abril de 2020 a un programa argentino, alegando que el coronavirus podría impedir la convocatoria a las urnas.

Semanas después, durante una cadena de radio y televisión, el ocupante del Palacio de Miraflores volvió a insistir en su tesis: “Este es año de elecciones si lo permite la pandemia, bueno, presenten sus candidatos, vayamos a la elección de la Asamblea Nacional y los asuntos entre los venezolanos los resolvemos entre los venezolanos con el voto popular el día de las elecciones”.

No obstante, vale la pena advertir que el estado de alarma decretado por la COVID-19 no ampara una eventual postergación de las elecciones. La Ley Orgánica de Estados de Excepción, en el numeral 13 de su artículo 7, establece que el sufragio no se puede suspender bajo estados de conmoción, alarma o excepción.

 

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina
Conductores pasan días haciendo cola para surtir gasolina

Durante el proceso de cuarentena, por la presencia de la pandemia Covid-19 en el país, la escasez de la gasolina ha generado largas colas, que se prolongan hasta por tres días. La situación tiene en mayor descontento a los venezolanos y los índices de violencia en el estado Aragua han aumentado.

En las estaciones de servicio de la entidad se registran interminables colas para surtirse de gasolina; al parecer, la prioridad ante la emergencia sanitaria sólo la tienen los militares. Los médicos y enfermeras caminan hasta 48 kilómetros diarios para ir a su sitio de trabajo y regresar a sus hogares, desde San Juan de los Morros -en Guárico- hasta el Hospital Nuestra Señor de la Caridad, ubicado en San Sebastián de los Reyes en Aragua, ante la ausencia de transporte público.

El pasado 27 de abril, tras varios días de cola para obtener el combustible y ante la imposibilidad de abastecerse, los aragüeños protestaron con quema de objetos en la vía de Turmero, municipio Santiago Mariño.

Así mismo, el ex concejal del municipio Sucre, en Aragua, Simón García -mejor conocido como “Pipo”-, fue detenido al protestar por las irregularidades en el suministro de gasolina en el estado, ya que tenía una semana en la fila y el combustible no llegó. Además, 5 personas más fueron privadas de libertad por, presuntamente, la misma razón, según confirmó la abogada del Foro Penal, Zuleima Siso. Por otra parte, el 1 de mayo, la Policía de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disolvieron una protesta con bombas lacrimógenas en el sector de La Barraca en Maracay, concentración que estuvo motivada por las irregularidades en el surtido de gasolina correspondiente al terminal de placa vehicular que inició el 27 de abril.

Valera se ahoga en profunda crisis de servicios
Más del 90% de los habitantes del municipio Valera presentan problemas por deficiencia de servicios

Venezuela atraviesa uno de los momentos más críticos, pero no es el coronavirus el que hace que la situación sea tan grave, sino la mala calidad de servicios públicos que han provocado desesperación entre los ciudadanos y es en estos tiempos de cuarentena donde se viven los momentos más difíciles al permanecer encerrados en sus casas sin agua, electricidad ni gas doméstico.

En una encuesta realizada el pasado mes de abril se determinó que más del 90% de los habitantes del municipio Valera presentan problemas por la deficiencia de servicios, resaltando entre ellos, el servicio eléctrico, agua potable, gas doméstico y transporte, siendo estos los que más afectan la calidad de vida de las personas desde hace aproximadamente más de 6 años.

Crisis eléctrica

Jorge Pacheco, habitante de la parroquia San Luis, afirmó que la comunidad atraviesa un momento muy difícil por los racionamientos eléctricos. El servicio eléctrico ha sido uno de los más afectados y se ha acentuado desde el apagón nacional del 2019 el cual se ha manifestado en variaciones de voltaje y racionamientos eléctricos diarios. Según la encuesta realizada en el mes de abril del presente año, el 70% de los valeranos sufre por apagones prolongados de hasta más de 9 horas diarias, mientras que el otro 30% padece por apagones cortos no programados y constantes variaciones eléctricas, trayendo como consecuencia la pérdida de muchos aparatos electrónicos en los hogares y dificultades en la banca pública y privada.

“Sufrimos apagones de muchas horas diarias a tal grado que a veces parece más el tiempo que pasamos a oscuras que con luz.  El gobierno nacional indicó que durante la cuarentena iban a garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos en todo el país, pero parece que a nosotros nos tienen resentimiento”.

Sequía en la ciudad

Otro de los servicios que ha presentado deficiencias  en el municipio es el agua potable, el cual ha tenido graves fallas en los últimos años provocando una completa sequía en las comunidades valeranas entre los años 2018 y 2019. En la encuesta se evidenció que las fallas persisten ya que el 50% de los valeranos recibe agua por tan solo 2 o 3 días por semana mientras el otro 40% asegura que reciben el agua cada 15 días. Tan solo un 10% expresó que contaba con servicio permanente.

Ante esto el ciudadano Henry Santos expresó la importancia del servicio del agua en estos tiempos de cuarentena.

“Vivimos una situación muy crítica por la pandemia del Covid-19 y por eso se nos ha pedido lavarnos las manos constantemente y mantener limpias todas las superficies de nuestros hogares ¿pero cómo vamos a hacer eso con el agua tan fraccionada que recibimos? Es imposible cumplir con estas normas de salud con tantas limitaciones impuestas por las compañías de servicios públicos”.

A pura leña

Del mismo modo, se dio a conocer la grave situación del gas doméstico. Muchas comunidades pasan varios meses sin poder recargar sus cilindros viéndose en la obligación de cocinar con leña provocando así problemas respiratorios a la población vulnerable (niños y adultos mayores).

70% de las personas pasan más de 2 meses sin recibir suministro de gas doméstico mientras que otro 15% asegura que compran cilindros de gas a las empresas privadas a precios muy elevados generando un gran golpe al bolsillo llegando a pagar hasta más de 120 mil bolívares por bombonas de 10 kg y 300 mil por las de 43 Kg. Por otra parte un 35% de los encuestados expresó que su método de cocina alternativa son los fogones con leña mientras que otro 65% cocina con aparatos eléctricos, situación que se torna cada vez más difícil por las continuas fallas que presenta el servicio, ya que son muchas las horas que pasan sin electricidad perjudicando el normal desarrollo de las actividades de las familias y comunidades por las fuertes variaciones del voltaje.

A pie nos vamos

Asimismo el transporte público se sumó a la lista de los servicios con deficiencias teniendo un 65% de personas movilizándose a pie para poder obtener alimentos y medicinas, esto a causa de la crisis de gasolina que ha paralizado por completo el transporte público en la región, dejando a los choferes sin poder trabajar y a los usuarios buscando alternativas para hacer recorridos puntuales en el municipio Valera.

Ante esta grave situación los valeranos exigen soluciones inmediatas a los organismos competentes y desde el Proyecto La Gente Propone del Grupo Social CESAP y promovido en el Municipio Valera por la A.C. Centro de Animación Juvenil,  seguirá registrando datos para dar a conocer a la situación de los servicios públicos y generar junto a los ciudadanos y las autoridades municipales propuestas que mejoren la calidad de vida de los valeranos.

Justicia Venezolana: Cuarentena no detiene la persecución contra militares
Instó a atender la petición de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de liberar a los presos políticos 

Lilia Camejo Gutiérrez, abogada y directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, aseguró este domingo que la persecución a militares no se detiene ni en cuarentena. Tampoco, la tortura a presos políticos.

Camejo señaló que desde que se impuso la cuarentena en el país, el 13 de marzo, aumentaron los casos de trato cruel hacia integrantes de la FANB. Estos militares, activos y retirados, están injustamente presos, indica en una nota de prensa.

Entre ellos destacó el del pasado 20 de abril, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar trasladaron a un grupo de presos políticos, también militares, desde la cárcel Cenapromil, en Ramo Verde, a un lugar desconocido.

La directora de la ONG Justicia Venezolana también mencionó el caso de un grupo de capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana. Este grupo estuvo presuntamente vinculado al plan de asalto del destacamento 441 ubicado en Puerta Morocha. Sobre esta situación, agregó que se desconocen las condiciones en las que se encuentran.

Camejo criticó que se continúen violando los derechos humanos de estos militares. Dijo que en su lugar debería atenderse el llamado de Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La alta comisionada instó a los gobiernos del mundo a permitir que los presos sean trasladados a sus hogares. Esta medida debería tomarse ante el riesgo que supone la propagación del covid-19 en los centros de reclusión.