El Megáfono - Runrun

MEGAFONO

Feb 04, 2020 | Actualizado hace 1 semana
Visita de la CIDH a Venezuela pende de un hilo
La comitiva está integrada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli

 

Luego de 17 años sin visitar Venezuela, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está lista para arribar este martes al país para tratar de ingresar con el objetivo de reunirse con víctimas de abusos, pese a la negativa del gobierno del presidente Nicolás Maduro, informó un despacho de la agencia Efe.

Maduro ha dejado claro que su gobierno “en ningún momento” ha invitado a la Comisión, por lo que la visita cuenta solo con la autorización del diputado Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, quien ratificó la invitación luego de conocerse la negativa del Ejecutivo chavista.

Agenda desconocida

Hasta ahora, la CIDH ha mantenido su agenda “privada”, pero una fuente aseguró a Efe que la delegación prevé arribar a Venezuela este martes, tal y como confirmó luego el comisionado de Guaidó para los derechos humanos, Humberto Prado.

La comitiva está integrada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, y aunque su agenda se mantiene bajo reserva “se les pidió que dieran una rueda de prensa”, al final de la semana, adelantó Prado. “Este informe no prevé sanciones a los funcionarios del gobierno de Maduro. Solo busca mostrar la situación de derechos humanos en Venezuela”, detalla Prado.

Las ONG

Un grupo de organizaciones no gubernamentales se mantiene alerta ante la posibilidad de que no les permitan el acceso a la CIDH al país, al considerar que esta visita es una “oportunidad única” para que quienes hayan sido afectados por el Estado puedan denunciarlo en un ambiente seguro. “Negar el ingreso a Venezuela de la CIDH es negar a las víctimas la posibilidad de obtener justicia y alentar la impunidad”, expresó en Twitter la organización Cofavic, que por más de 30 años ha denunciado irregularidades por parte de los Gobiernos y sus autoridades.

Por su parte, la organización Provea criticó la negativa expresada por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en nombre de la llamada revolución bolivariana. “Nada extraño de una dictadura que asesina a los jóvenes en las zonas populares con el escuadrón de la muerte llamado FAES, que practica la desaparición forzada y la tortura, mantiene cerca de 400 presos políticos, aumenta la miseria y la exclusión”, comentó Provea, que considera al Ejecutivo chavista un “Gobierno de facto”.

Además, la asociación Acción Solidaria, que defiende a las personas con VIH, también espera que se concrete esta visita y ha advertido que no se deben tomar represalias de ningún orden “en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con la CIDH mediante informaciones o testimonios”.

Enemistad con la OEA

El diputado Saúl Ortega ha sido hasta ahora el único dirigente chavista que asegura se le prohibirá el acceso a la comitiva de la CIDH. “No van a ingresar, esto es un Estado serio. Ya lo dijeron las autoridades y punto. Se quedarán con las ganas y punto”, dijo Ortega a la emisora Unión Radio, como presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente.

7 claves para entender las elecciones parlamentarias 2020
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no está facultada para designar nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral 

 

2020 abre las puertas a otro ciclo electoral en Venezuela. Este año deben celebrarse elecciones para renovar a la Asamblea Nacional, cita con las urnas crucial tanto para chavistas como opositores, los primeros porque desean recuperar el control sobre el único poder del Estado que no está en sus manos, y los segundos pues esperan mantenerlo y probar al mundo que en realidad la mayoría de los venezolanos anhela un cambio político.

Sin embargo, para que estos comicios no corran la misma suerte que la elección presidencial de mayo de 2018, la cual no fue reconocida por el grueso de la comunidad internacional democrática y abrió así las puertas al actual aislamiento del régimen de Nicolás Maduro, las parlamentarias deben celebrarse bajo otras condiciones.

Es en este contexto, Acceso a la Justicia considera pertinente aclarar algunos aspectos (jurídicos, políticos y electorales) que son clave para un proceso libre y justo.

1. ¿Las elecciones parlamentarias deben celebrarse en 2020?
Sí, porque en diciembre de este año vence el período constitucional de cinco años que el artículo 192 de la Constitución da a los diputados y a la actual AN que fue electa en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015, ganados por la oposición por amplia mayoría.

2. ¿Jurídicamente es viable adelantar la celebración de las elecciones parlamentarias en los primeros meses del año 2020?
No, porque se traduciría en una violación del artículo 192 antes mencionado, el cual, da a los diputados un período de cinco años. Dado que la última elección del Poder Legislativo fue el 6 de diciembre de 2015, indefectiblemente los comicios parlamentarios deben tener lugar en diciembre de este año. Un adelanto de estas elecciones significaría recortar el período 2016-2021 de los diputados que fueron electos legítimamente en diciembre de 2015, lo que representaría el desconocimiento del derecho al sufragio democrático expresado por los electores que votaron por sus representantes legislativos.

No obstante, las posibilidades de que los comicios parlamentarios se adelanten son elevadas y no sería la primera vez que ocurriese. Así, la primera AN electa en el año 2000 fue en julio y no en diciembre, mientras que la tercera fue el 26 de septiembre de 2010.

3. ¿Es posible modificar la legislación electoral venezolana antes de que sean convocadas las elecciones parlamentarias?
En principio, sí. De hecho, la AN es la única instancia que está facultada para realizar cualquier cambio o modificación, total o parcial, de las leyes electorales en absoluta consonancia con los preceptos constitucionales. Pero el artículo 298 de la Constitución consagra una prohibición según la cual la legislación electoral “no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.

Siguiendo esta previsión constitucional, si las elecciones parlamentarias fueran a celebrase en diciembre de 2020, la AN tendría hasta el mes de junio para realizar cualquier cambio, modificación o reforma en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

4. ¿Es factible jurídicamente la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la Sala Constitucional por la vía de la omisión legislativa?
No. De hecho, la propia Carta Magna venezolana no faculta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a designar las autoridades del Poder Electoral en el supuesto de que el Parlamento no pueda hacerlo. En todo caso, lo que está previsto en la Constitución (artículos 266.1 y 336.7) es que la Sala, si constata una omisión por parte de los diputados, les fije un plazo para corregir dicha situación y, de ser necesario, indique los lineamientos para realizar tal corrección.

5. ¿La Sala Constitucional puede sustituir al legislador para corregir la inactividad y nombrar por cuenta propia a las autoridades del CNE?
No. De asumir las competencias de la AN la Sala estaría incurriendo en usurpación de funciones, irregularidad que trae consigo la nulidad absoluta de la decisión que se adopta tras la invasión de la competencia, así como la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

La Sala solo puede exhortar a la AN la realización de los nombramientos de la directiva del CNE, pues se trata de una competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, que ningún otro órgano del Estado puede ejercer. Aun así, desde 2003 la Sala ha ido más allá de lo que establece la Constitución y ha nombrado en varias ocasiones a los integrantes del organismo comicial, así como a los miembros del Consejo Moral Republicano. Varios de los actuales rectores electorales deben su puesto a los magistrados de la Sala Constitucional.

Sin embargo, cualquier intervención del TSJ en este momento no comportaría una verdadera garantía en la conformación plural del Comité de Postulaciones Electorales y sin militancia partidista del órgano comicial, pues el juez constitucional ha desatendido su deber de imparcialidad frente al acontecer político, lo que ha llevado al país a vivir la grave crisis institucional en la que está sumido.

6. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas que deberían ser garantizadas por el nuevo CNE en las próximas elecciones parlamentarias?
Hay un conjunto de parámetros bajos los cuales deben desarrollarse las elecciones, a fin de garantizar que su realización se lleve a cabo en igualdad de condiciones. Lamentablemente, los comicios celebrados en el país desde 2017 han llevado al elector venezolano a desconfiar en el sistema electoral, especialmente por la ilegitimidad en los resultados de los comicios presidenciales celebrados en mayo de 2018.

Ante esta atmósfera de incertidumbre, sería recomendable que el nuevo organismo electoral despejara las dudas que se han levantado contra el sistema electoral venezolano, y de esta forma generar nuevamente la confianza entre la población, los partidos políticos y candidatos en general. De hecho, entre las inquietudes que deberían ser revisadas y aclaradas por la nueva directiva del organismo electoral, Acceso a la Justicia considera importante mencionar:

Diseño de circunscripciones electorales.
Actualización y depuración del Registro Electoral.
Inhabilitación de candidatos.
Participación de los partidos políticos cancelados a partir de procedimientos arbitrarios.
Observación electoral tanto nacional como internacional.
Uso de tinta indeleble.
Uso de recursos públicos.
Acceso de los candidatos y partidos políticos a los medios de comunicación.
Oportunidad en la entrega de los resultados electorales.

7. ¿Las venideras elecciones parlamentarias podrían catalogarse como elecciones competitivas?
No. La eliminación de más de cincuenta partidos políticos mediante una serie de mecanismos arbitrarios implementados por el TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente, además de la realización de un proceso de renovación ilegítimo que emprendió el CNE desde 2016, menoscaba la capacidad de los electores para tener una oferta plural. Un proceso que se lleve a cabo sin la participación de los partidos de oposición, que son los que actualmente representan la AN, sembraría dudas más que razonables sobre su limpieza y autenticidad

 

 

Misión de la CIDH espera reunirse con víctimas de violación de DDHH, ONG y funcionarios del Estado
Desde 2002 no viene a Venezuela una representación interamericana que analice la situación de Derechos Humanos

 

Esmeralda Arosemena, nueva relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  realizará en Venezuela una visita “in loco”, con la finalidad de examinar asuntos vinculados con la relatorías de su misión tales como la situación de la mujer, la niñez y los pueblos indígenas, condiciones de los centros penitenciarios, status jurídicos de los privados de libertad, la libertad de expresión y la situación de los migrantes entre otros temas.

Liliana Ortega, Presidenta de Cofavic destacó que el  equipo de la CIDH espera reunirse  con víctimas de violaciones a Derechos Humanos, ONG, funcionarios estatales a fin de recoger la mayor cantidad de información para luego presentar un estudio con base en las observaciones in situ que ha realizado.

“La visita de la CIDH se produce al término de semanas de trabajo en Chile y tiene gran relevancia para las víctimas en Venezuela, porque desde 2002 no llegaba al país una representación interamericana que analizara la situación de Derechos Humanos, por tanto, se trata de una oportunidad histórica para quienes han visto vulnerados sus DDHH”.

A juicio de Ortega esta visita será también una oportunidad para las autoridades de un Estado, “porque así pueden evidenciar los avances que han logrado en materia de respeto a los Derechos Humanos”.

Cabe destacar que la figura de las visitas in loco fue creada a instancias de una propuesta del gobernante venezolano, Rómulo Gallegos, primer presidente de la CIDH.

Cofavic: La CIDH tiene plena competencia para ingresar a Venezuela
El régimen de Maduro no ha cumplido con las sentencias emanadas por el organismo

 

La organización no gubernamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos, Cofavic aseguró a través de su cuenta de Twitter que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tiene plena competencia para ingresar a Venezuela y entrevistar a las víctimas”, dado que el régimen de Maduro no ha cumplido con las sentencias emanadas por el organismo.

Cabe recordar que la administración de Maduro dijo esta semana que la CIDH no está autorizada a entrar al país, sin embargo, Cofavic menciona que “negar el ingreso a #Venezuela de la @cidh es negar a las víctimas la posibilidad de obtener justicia y alentar la impunidad”.

De igual forma, resalta que la CIDH debería contar “con todas las facilidades” para realizar su visita al país.

Transparencia Venezuela insta a Jorge Rodríguez y Rafael Ramírez aclarar denuncias mutuas de corrupción
El ministro de comunicación acusa al ex ministro de beneficiar con contratos a un grupo de empresarios y Ramírez dice que Rodríguez hizo millonarios a testaferros con contratos eléctricos 

 

 

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, afirmó el pasado 23 de enero que Alejandro Betancourt López forma parte de un grupo de empresarios que “se hicieron millonarios con contratos que directamente les otorgó Rafael Ramírez”, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo bajo el gobierno de Hugo Chávez. Ramírez, además, fue nombrado posteriormente por Maduro vicepresidente del área Económica del gabinete Ejecutivo, canciller de la República y representante de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas.

Rodríguez afirmó que Betancourt López “se robó miles de millones de dólares junto a Nervis Villalobos – ex viceministro de Energía Eléctrica durante la gestión del presidente Chávez-” en supuesta complicidad con otros socios de la empresa Derwick Associates, que obtuvo contratos millonarios en el marco de la emergencia eléctrica decretada por el presidente Chávez. Según el ministro Comunicación e Información, Betancourt López es “íntimo amigo” de Villalobos, quien en su momento ascendió en la administración pública gracias a su apoyo al chavismo.

En respuesta a estos señalamientos, el exministro Ramírez publicó en Twitter: “Jorge Rodríguez eres el colmo del cinismo. Quien se hizo millonario con contratos eléctricos fue tu testaferro Majed Khalil. Alejandro Betancourt es socio de ustedes en Pdvsa con la empresa mixta Petrozamora y en la Faja con una empresa de maletín de Malta. Tengo las pruebas”.

El ex presidente de Pdvsa agregó que Betancourt López “es un operador económico de Maduro y su entorno y que hay un juicio en Florida por los 1.200 millones de dólares que se robaron de Pdvsa en diciembre de 2014”, y afirmó que Rodríguez y Maduro se “robaron” la suma de “40 millones de dólares para la campaña electoral del 2012” entregada por “los brasileños”.

Vista la gravedad de las acusaciones y que tanto Rodríguez y Ramírez admiten que se perpetró un saqueo a las arcas públicas utilizando el drama de la emergencia eléctrica que aún hoy sufren los venezolanos, Transparencia Venezuela exige lo siguiente.

A Jorge Rodríguez:

Explicar con detalle qué hizo para frenar los supuestos hechos de corrupción de los que hoy acusa a Rafael Ramírez, con quien compartió durante años en el gobierno y en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Aclarar si en algún momento advirtió al presidente Chávez sobre las supuestas irregularidades cometidas por Rafael Ramírez y qué respuesta obtuvo.

Publicar toda la información que maneja sobre el supuesto esquema de corrupción que involucró a funcionarios del gobierno del presidente Chávez y empresarios en el marco de la emergencia eléctrica.

Responder si tiene relación con los empresarios Majed Khalil y Alejandro Betancourt López, tal como lo afirma el exministro Ramírez.

Informar si conoce de alguna investigación formal contra Betancourt López, los otros socios de la empresa Derwick Associates, y demás empresarios y funcionarios implicados en el supuesto esquema de corrupción, así como las acciones para recuperar los miles de millones de dólares que se habrían sustraído en el marco de la emergencia eléctrica.

Aclarar si Alejandro Betancourt López es socio en Pdvsa en las empresas mixtas.

A Rafael Ramírez:

Presentar todas las pruebas que asegura tener sobre las irregularidades presuntamente cometidas por Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro.

Aclarar su relación con Betancourt López y otros socios de la empresa Derwick Associates.

Publicar toda la información que maneja sobre el presunto esquema de corrupción que involucró a funcionarios del gobierno del presidente Chávez y algunos empresarios, en el marco de la emergencia eléctrica.

Aclarar los criterios utilizados para seleccionar las empresas y asignar los contratos en medio de la emergencia eléctrica.

Jorge Rodríguez y Rafael Ramírez compartieron durante muchos años en el gabinete Ejecutivo y en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Ambos fueron estrechos colaboradores del fallecido presidente Chávez. Ramírez sirvió a Nicolás Maduro, así como lo sigue haciendo Rodríguez, en calidad de ministro de Comunicaciones.

Si la lucha contra la corrupción es sincera, demanda transparencia y compromiso. Ocultar información significa encubrir a los corruptos que destruyen a la República. Rodríguez y Ramírez tienen la obligación de explicar al país las acusaciones que se lanzan mutuamente, pues la corrupción que señalan ocurrió en el seno del gobierno chavista, y es la causante de la emergencia humanitaria compleja y el colapso de los servicios públicos que afectan a todos los venezolanos.

OVV Lara: La violencia de mayor impacto social en 2019 fue la producida por las FAES
De cada 10 asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado al menos 6 lo cometieron funcionarios de la organización adscrita a la PNB

 

 

Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara) señaló que el año de 2019 fue el de mayor número de asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad en la región.

“El 2019 fue el año en el que la policía asesinó a más personas en la historia del estado. Se ha instalado una política de seguridad que promueve el aniquilamiento o exterminio de quienes son identificados como presuntos delincuentes. Esta modalidad es contraria a las garantías del derecho a la vida y otros derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales que ha suscrito y promovido el Estado venezolano”, destacó Meléndez. 

El sociólogo indicó que la violencia de mayor impacto social en 2019 fue la producida por las actuaciones de las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

“Se identificó que 60% de los casos registrados como resistencia a la autoridad fueron liderados por la FAES, es decir, de cada 10 asesinados por la fuerza de seguridad del Estado al menos 6 lo cometieron funcionarios de esta organización”, aseveró Meléndez.

Meléndez señaló que las cifras más alta de muertes violentas por “resistencia a la autoridad” fueron: Simón Planas (30 por cada 100 mil habitantes) Iribarren (19 por cada 100 mil habitantes) seguido de Palavecino (14 por cada 100 mil habitantes).

En cuanto a las parroquias, todas pertenecientes al municipio Iribarren, con tasas más elevadas de muertes por resistencia a la autoridad se encuentran, en primer lugar Ana Soto (antes Juan de Villegas), (70 por cada 100 mil habitantes); Unión (45 por cada 100 mil habitantes); Tamaca (26 por cada 100 mil habitantes); y Catedral (24 por cada 100 mil habitantes). 

Rocío San Miguel: La apuesta para que militares abandonaran a Maduro fue ingenua
La presidenta de Control Ciudadano dijo que a Juan Guaidó no lo ha acompañado un equipo técnico que apueste por una transición negociada

 

La experta venezolana en asuntos militares y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocio San Miguel habló con El Espectador sobre el primer año del “interinato” de Juan Guaidó y explicó por qué la estrategia que el líder opositor aplicó en 2019 no dio los frutos que la oposición venezolana esperaba. También dice que sería un error no participar de las elecciones parlamentarias, a celebrarse este 2020.

Juan Guaidó se encuentra en medio de una gira diplomática. ¿Qué busca con esta nueva ofensiva?

Se está construyendo con Colombia y Estados Unidos una ruta muchos más amplia por la vía de vincular el terrorismo internacional con Maduro. La idea es que se aplique la resolución 1272 del 2001, pensada para la lucha contra el terrorismo y que tiene efectos vinculantes para todos los miembros de las Naciones Unidas. Esta resolución obliga a los estados a tomas acciones muy concretas como prohibir el patrocinar, promover, proteger, facilitar, o dar albergue a grupos terroristas. Por eso llama la atención la insistencia con el tema de Hezbollah.

¿Por qué llama esto la atención?

Hezbollah, por ejemplo, no está en la lista de terrorismo de Naciones Unidas, pero sí está en otras como las de la Unión Europea o en la de países como Estados Unidos, Argentina y ahora más recientemente Colombia. Con estas acciones lo que se busca es persuadir a países que tienen contacto con Maduro a que no lo hagan por tener una relación Hezbollah. Esto es clave porque hay países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes que le compran oro a Maduro. Si hay una declaración de que Venezuela patrocina a esos grupos esto obligaría a esos países a dejar de negociar con Maduro. Yo creo que la jugada va por esa dirección.

¿Y qué opina de las pruebas presentadas por la oposición frente a esto?

Lo que he visto respecto al caso Hezbollah es que las pruebas son débiles, pues solo se ha visto un video que esta circulando en las redes. Hay una narrativa construida a partir de un viaje de Chávez a Irán, pero a mí parecer eso no son pruebas.

Cambiando de tema, usted que ha estudiado el sector militar en Venezuela ¿por qué ha sido tan difícil romper su lealtad?

Principalmente porque la apuesta para que los militares abandonaran a Maduro fue ingenua si no se tenía un plan claro. Es cierto que hay solicitudes de baja masiva, pero eso no significa para nada un quiebre. Esto solo ocurrirá si hay un proyecto líder y claro hacia las Fuerzas Armadas, algo que en un año todavía no ha ocurrido.

¿Cuál ha sido el error?

El tema militar tiene su arte, simbología, códigos y relacionamiento. Cuando las cosas en el ámbito militar no se hacen de esa manera, no se consiguen respuestas idóneas. Creo que la apuesta debería ser otra, encaminada a un proyecto de transición en el que las Fuerzas Armadas tengan un papel más claro.

¿Qué opina de Guaidó?

Creo que no ha sido un año fácil para Guaidó. El error del 30 de abril hizo mella en el curso de los acontecimientos, pero creo que es una persona al menos ha sido coherente con su accionar. Quizás no lo ha acompañado un equipo técnico que apostara a una transición negociada. Se ha hecho uso excesivo del escenario de la confrontación y la política siempre se dirime entre el dialogo, la negociación y la confrontación.

¿Y sobre esta gira internacional? Ha reafirmado apoyos importantes como los de Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo…

Creo que Guaidó ha salido de gira internacional para tener una bocanada de reafirmación de su liderazgo. Sin embargo, creo que la gran historia que se va a escribir sobre Venezuela está por desarrollarse en el plano interno. Hay que jugársela en el plano interno, pues el chavismo tiene claro que quiere legitimar el control de las instituciones a través de estos comicios.

Pero hay varias voces dentro de la oposición que manifestaron que sin un nuevo CNE no irán a ninguna elección…

Es un riesgo. Cada vez que la oposición decide no ir unida a las elecciones termina siendo peor. Ya ocurrió en 2005 cuando se le entregó un cheque en blanco a Chávez para que reformara el país. La única institución que no había sido penetrada por el chavismo, la Asamblea Nacional, ya fue cooptada por el oficialismo este año. Si la oposición no va unida va a haber un triunfo seguro del chavismo, seguido de una reforma constitucional que relegitime a Maduro. Es un plan que ya está avanzando y que debe ser enfrentado.

Codhez registró 657 muertes violentas por intervención policial en 2019
Más de la mitad de los casos corresponde a personas de 30 o menos años de edad

 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) divulgó el boletín de diciembre de 2019 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia, en el que se documentaron los hechos de violencia en que han estado involucrados funcionarios de seguridad del Estado venezolano y que ocasionaron la muerte de, al menos, 407 personas desde julio hasta diciembre de 2019.

Al sumar los datos del primer semestre, publicados en el boletín de Codhez de junio 2019, en todo el año 2019 en este tipo de hechos violentos han muerto 657 personas calificadas como presuntos delincuentes y 3 funcionarios policiales.

Según el monitoreo hecho por Codhez, a partir de publicaciones de los medios de comunicación de la región, en el primer semestre de 2019, en el estado Zulia se registraron al menos 187 hechos violentos con intervención policial que resultaron en la muerte de 250 personas que fueron calificadas como presuntos delincuentes.

Entre tanto, durante el segundo semestre de ese mismo año, en el Zulia se documentaron 311 hechos violentos con intervención policial en los que murieron 407 personas calificadas como presuntos delincuentes. En estos hechos, también murieron 2 funcionarios. Es decir, en la segunda mitad del año hubo un incremento de estas muertes en 62,80%.

En total, durante el segundo semestre de 2019, se trata de 310 supuestos enfrentamientos entre miembros de diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano, y una persona privada de libertad bajo custodia del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) fue asesinada a golpes.

Hechos violentos en cifras

El mes del segundo semestre del año en el que se registraron más muertes por esta causa fue septiembre, con 97 víctimas, y el que tuvo menos fue diciembre, con 31. En julio se registraron 58 muertes, en agosto 79 —incluyendo la de dos funcionarios policiales en diferentes hechos—, octubre tuvo 96, y noviembre 48.

En cuanto al rango de edad de las víctimas, de las que se tienen datos, más de la mitad de los casos (67,38%) se trata de personas jóvenes de 30 o menos años de edad. Cabe destacar que, de las 409 personas fallecidas, 407 eran hombres y 2 eran mujeres.

Sobre la participación de los funcionarios, en 168 de los 311 hechos violentos estuvo involucrado algún cuerpo de seguridad nacional (54,02%), resaltando la participación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 45 de ellos (14,47%), siendo el segundo organismo que acumula más acciones violentas, siendo superado solo por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que estuvo presente en 72 hechos, casi la cuarta parte del total registrado (23,47%).

Asimismo, 110 de estos correspondieron a operaciones policiales con participación de algún cuerpo de seguridad regional (35,37%) y 53 de los hechos violentos involucraron a policías municipales que son cuerpos administrativos de acción preventiva (17,04%).

Ahora bien, de los 311 hechos violentos que ocurrieron en, al menos, 20 de los 21 municipios que conforman el estado Zulia, 196 ocurrieron en el área metropolitana de Maracaibo, siendo este el municipio con más hechos de violencia policial con más de la tercera parte del total (34,41%), seguido por San Francisco (16, 27%), Baralt (8,04%), La Cañada de Urdaneta (7,07%), Cabimas (5,47%), y Miranda (4,82%).

Es preciso destacar que el 23 de octubre de 2019, el secretario de gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que había registrado la muerte de más de 100 personas cada semana durante enfrentamientos con funcionarios de seguridad del Estado.

Ante este escenario, Codhez considera, en sintonía con lo establecido en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que “existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”.

La organización también coincide en lo apuntado por la Oficina de la Alta Comisionada, sobre la existencia de un patrón en estas presuntas ejecuciones extrajudiciales: ocurren contra jóvenes varones en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales, sin que se hayan tomado medidas para prevenir la comisión de estas privaciones arbitrarias de la vida. Antes bien, estas han sido auspiciadas por el alto gobierno.

Por último, Codhez exhorta al Estado venezolano a dar cumplimiento a sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral a las personas víctimas de violaciones a la vida y al debido proceso, quienes, además, tienen derecho a conocer la verdad.

Por Codhez