El Megáfono - Runrun

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Justo cuando gana terreno la COVID-19, se apaga la televisión en Venezuela
Directv, Rctv y decenas de radios han padecido el flagelo de la censura 

Aún no terminaban de quejarse los diversos sectores productivos y comerciales del país por la extensión del confinamiento “hasta más allá de junio”, según lo dicho por el presidente Maduro, ni la población lo terminaba de digerir, cuando cayó el primer balde de agua fría.

El martes 19 de mayo, el mismo dia que funcionarios del gobierno reportaron por vez primera mas de 100 contagios por COVID-19, Directv se fue de Venezuela.

La empresa se marcho al no ser capaz de cumplir con las exigencias establecidas en las medidas sancionatorias impuestas a Venezuela desde el gobierno estadounidense y al mismo tiempo, cumplir con las exigencias del gobierno venezolano para tener licencia para operar en el país.

La organización no gubernamental Defiende Venezuela, estima que casi 2 millones de suscriptores resultaron afectados con el cese de operaciones de la compañía. Mientras que la organización no gubernamental Espacio Público calcula en más de 13 millones las personas afectadas por la decisión. Otros aseguran que son más de 6 millones los suscriptores que registra la empresa en el país.

Esta empresa era capaz de poner su señal satelital en lugares rurales o en zonas donde no llega ninguna cablera e incluso la señal de TV abierta, incluyendo zonas fronterizas, zonas de las periferias de las ciudades y zonas del campo o de la playa.

Daños colaterales

A principios del mes de marzo, justo cuando empezaba la cuarentena, el Ministerio de Comunicación e Información emitió un comunicado reconociendo dificultades para garantizar el transporte de la señal abierta al interior del país. Ante esto, en ciudades como Maracaibo, fue evidente que la señal de Venezolana de Televisión fue transportada para su distribución a través de DirecTV, pues cada fluctuación de corriente hacía reiniciar el decodificador y la pantalla mostrada en la señal de aire del canal del Estado delataba la maniobra.

Asímismo, esta empresa ha servido como alternativa de interconexión para circuitos nacionales de radio, y para televisoras nacionales y regionales que hoy en día se suman a la afectación.

Según algunos estudios recientes, en nuestro país, la cultura de consumo de información sigue siendo altamente dependiente de la televisión. Con lo que este martes, justo cuando parece agudizarse la situación con la propagación del Coronavirus en el país, se apaga la tele.

Sin contar conque la opción de Televisión Digital Abierta de Cantv, que ya era bastante restringida, quedó inútil con la pérdida del satélite Simón Bolívar.

Luego del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, fue evidente la desinversión en infraestructura para televisión y para la producción de contenidos. La pérdida de calidad en la oferta hizo crecer la contratación de televisión por suscripción, por lo que poca gente se preocupó por tener una antena tradicional de televisor.

Cada vez eran menos los vendedores ambulantes de semáforo que ofrecían antenas para televisores y ahora en cuarentena, en teoría, no debería haber ninguno. Por lo que, además, los usuarios tienen que sufrir todo una odisea para intentar adquirir la antenita que creyeron que no iban a necesitar nunca más.

Se apaga la tele y con ella se pierde otro poco el derecho a la información

En nuestro país, donde se han cerrado cientos de programas de radio y también se han cerrado decenas de emisoras en los últimos años. Y que vive de apagón en apagón por la severa crisis eléctrica.

Donde antes de iniciar el año estábamos en medio de una crisis humanitaria compleja y donde ahora parece que empieza un comportamiento de crecimiento exponencial de nuestros casos de COVID-19. Aquí, donde estamos acostumbrados a enterarnos principalmente por televisión. Se apaga la tele.

Y no hablemos de las implicaciones que esto tendrá sobre las opciones de entretenimiento para la población, que se supone debe mantenerse en confinamiento para prevenir el contagio de Coronavirus.

¿Y ahora?

Sin duda, esta situación aumentará el aislamiento de la población, tal como ya se vive en municipios como Guajira, al norte del fronterizo estado Zulia. Donde sus habitantes alcanzaron a enterarse de que amanecieron con un toque de queda porque esta mañana, cuando llegó la luz, escucharon que algo se decía en la radio o les llegó un mensaje de texto de un familiar o conocido cuando volvió la señal telefónica.

El cese de operaciones de esta empresa afecta además a otros proveedores de televisión por cable que dependían de Directv para transportar su señal, o simplemente porque subarrendaban la misma.

Amanecerá y veremos

Más allá del desprestigio que viven algunas cableras por el deterioro de sus servicios. Cualquiera podría pensar que la única que puede salir ganando de todo esto es la empresa Inter, que si aprovechase la crisis como oportunidad de expansión, podría intentar atender a los suscriptores huérfanos de DirecTV.

Sólo que esta empresa ofrece sus servicios de televisión satelital con tarifas mucho más elevadas que las que tenía la empresa anterior por los controles impuestos desde el gobierno, por lo que no todos tendrán capacidad de contratar sus servicios.

Y si el gobierno tratara de regular sus precios, solo podría implicar la ruina de la empresa al hacer cuesta arriba la inversión que ameritaría para expandir sus servicios para llegar a toda Venezuela, pues hoy es un servicio que se ofrece en limitadas zonas geográficas del país.

Otra alternativa, al menos de entretenimiento y un poco más, será la contratación de servicios como el de Nexflix, pero estos implican tener una buena conexión de Internet, lo que tampoco es sencillo en nuestro país.

Ante la crisis y la necesidad de mantenerse informado por el comportamiento de la pandemia en nuestro país, la radio parece asomarse como una alternativa en el futuro inmediato.

Al menos, mientras se reacomodan las otras opciones que podrían surgir para tratar de atender la necesidad de la población, pues al final del día los venezolanos han mostrado una incansable capacidad de reinventarse y resistir.

 

Medianalisis 

Justicia británica decidirá quién tiene autoridad sobre el oro venezolano
La sentencia podría conocerse a finales del mes de junio

El pleito por el oro que el Banco Central de Venezuela (BCV) tiene depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) pica y se extiende. ¿La razón? La Alta Corte de Comercio y Propiedad de Inglaterra y Gales decidió iniciar un procedimiento para determinar quién tiene la legítima autoridad sobre el instituto emisor venezolano, si Nicolás Maduro o el Gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.  La suerte del preciado metal tendrá que esperar.

La decisión la adoptó la instancia judicial en la audiencia celebrada el pasado 28 de mayo, en la cual rechazó celebrar un juicio “expedito” para decidir si ordenaba al BoE a vender las 31 toneladas de oro, que Venezuela tiene depositadas en sus instalaciones, y que el  dinero efectivo (930 millones de euros o más de US$ 1.000 millones) se transfiriera al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de combatir los efectos de la pandemia del covid-19, tal y como lo solicitaron los abogados del BCV por orden de Maduro.

La Corte, en cambio, resolvió celebrar no antes del 22 de junio una audiencia para “resolver unos asuntos preliminares”, como definir quién tiene autoridad sobre el BCV y cuál directorio del instituto emisor puede pedirle al BoE que venda el oro, si el encabezado por Calixto Ortega Sánchez o el designado por la Asamblea Nacional.

Ortega Sánchez fue designado presidente del instituto emisor por Maduro en julio de 2018, pero esta decisión no contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional, como lo exige la Ley Orgánica del BCV sino que fue avalada por la cuestionada Constituyente.

El nombramiento, que fue rechazado por el Parlamento, se produjo dos meses después de los comicios presidenciales del 20 de mayo, cuyos resultados no fueron reconocidos ni por la oposición ni por los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE) y ni de buena parte de América Latina, que abrieron las puertas para la imposición de sanciones a funcionarios y a la administración madurista.

Por su parte, en julio de 2019 el Parlamento designó una directiva ad hoc integrada por Ricardo Villasmil, Ruth de Krivoy, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Giocoma Cuois, en base al Estatuto para la Transición dictado por el Legislativo.

Un día antes de la audiencia preliminar en Londres, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 67, volvió a declarar “írritos” los nombramientos hechos por la Asamblea nacional.

Ambos cantan victoria

La decisión del Tribunal británico fue saludada por el procurador especial, José Ignacio Hernández, quien calificó como una victoria. “El régimen de Maduro mintió diciendo que tenía un arreglo con el PNU listo para usar el millardo de euros para el covid-19 y pidió a la Corte un juicio expedito e hizo ver que tenía el aval del BCV. El Banco de Inglaterra negó que hubiera tal acuerdo y pidió que el Gobierno de Guaidó fuese citado. La Corte le dio la razón al Banco de Inglaterra y al Gobierno de Guadió y negó la petición, pues primero debe decidirse quién es la autoridad legítima del BCV. Es una derrota para Maduro, quien había hecho creer que tenía todo listo para recibir el millardo”, explicó el jurista.

Por su parte, el abogado del BCV, que representa al Gobierno chavista, Sarosh Zaiwalla, negó que los hayan derrotado aún, por cuanto el juzgado londinense todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Sin embargo, admitió que se producirá un debate que poco interesaba a su cliente. “Para el 22 de junio se resolverán una serie de cuestiones preliminares, uno de los cuales es quién tiene la autoridad sobre el BCV, a quién debe prestar atención el Banco de Inglaterra. Hay una directiva que fue la que depositó el oro y otra directiva ad hoc designada por Guaidó, quien tiene el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido”, informó por correo electrónico el jurista.

Ante la caída del ingreso petrolero, producto del colapso de los precios y de la producción nacional, el oro se ha convertido para las autoridades venezolanas en una alternativa fundamental puedan sortear las sanciones y así adquirir bienes y servicios en el exterior. Uno de los casos más recientes ha sido de la gasolina adquirida a Irán, la cual habría costado nueve toneladas del preciado metal.

Las 31 toneladas de oro que el BCV tiene depositadas en el Banco de Inglaterra, desde 2008, permanecen congeladas debido a las sanciones que Washington ha impuesto al régimen de Maduro; y por lo visto seguirán allí un tiempo más.

Los que no se rinden | OVV: El reto es vencer la censura
Desde hace 15 años, el Observatorio Venezolano de Violencia refleja cifras e historias de criminalidad en colaboración con las principales universidades del país para atender a personas que son víctimas de los distintos tipos de violencia

@franzambranor

Frente a la ausencia de una política de Estado dirigida al control y prevención de la delincuencia, el Observatorio Venezolano de Violencia se ha planteado desde 2005 articular planes y programas en materia de seguridad ciudadana.

El OVV se basa en cuatro derechos fundamentales: derecho a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la libertad y forma parte del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) 

La Organización No Gubernamental fue creada entre centros de investigación de ocho universidades nacionales, entre las que destacan la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Católica del Táchira (UCAT). 

En cada uno de sus informes anuales, esta ONG ofrece al venezolano datos sobre la violencia interpersonal en Venezuela. En 2019, por ejemplo, daban cuenta de 5286 casos de víctimas por resistencia a la autoridad y una tasa de más de 60 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La más alta de América Latina.

En Runrunes conversamos con su director, Roberto Briceño León para conocer con mayor propiedad los alcances de esta organización.  

-¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha empeorado el entorno hasta ahora?

-El OVV surge después del paro petrolero, tras un período de conflicto político en Venezuela y en un momento en el cual hay una decisión de cerrar el acceso a las fuentes informativas del país y de iniciar un proceso de mayor control de los mecanismos de información. Nace con estas tres universidades, como una respuesta desde ellas, a la censura oficial de los datos sobre violencia y criminalidad, que tiene lugar a partir del 2004 y que se ve claramente establecida en el año 2005, cuando no se publican las cifras oficiales del año anterior, como por varios años se había hecho. 

A lo largo del tiempo, el OVV ha ido creciendo con la incorporación de otras universidades nacionales: la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana (UCAB-Guayana), la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad de Carabobo, sede Aragua (UC-Aragua). En la actualidad cuenta con un total de ocho Observatorios Regionales en: Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Región Capital (Miranda y Distrito Capital), Sucre, Táchira y Zulia. 

El OVV nace en el marco de una situación de empeoramiento en el acceso a la información y en las condiciones de violencia. Justamente la censura en el país ocurre después que se había dado un incremento muy importante en los homicidios en los años 2002 y 2003; la tasa llegó prácticamente a duplicarse, en comparación con el momento del inicio del gobierno de Hugo Chávez. A partir de allí, lo que ha ocurrido en el país es un continuo empeoramiento de las condiciones de acceso a la información pública y el cierre de medios de comunicación, que han sido fuentes de información con las que el OVV ha venido trabajando. Sin embargo, a pesar de todas las restricciones, el OVV ha buscado cumplir con su misión, observando, analizando la situación de violencia en el país e informando a la sociedad.   

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina      

-¿En qué áreas se desempeña la organización?

-El OVV recolecta, genera, analiza e interpreta datos e información de calidad sobre la violencia en Venezuela, en base a cuatro derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la libertad.

El LACSO-OVV han trabajado en conjunto para construir una metodología confiable de estimación estadística de las muertes violentas en Venezuela, dadas las restricciones en la publicación y acceso de la estadística oficial de violencia. Gracias a este método, anualmente, se ha podido ofrecer a la sociedad venezolana, una cifra estimada de la cantidad de muertes violentas ocurridas en el país. 

-¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta ONG?

-Cuando surge el OVV, el grupo de investigadores del LACSO, del Instituto de Ciencias Penales de la UCV y del Instituto de Criminología de LUZ, tenía un proyecto de cooperación científica, financiado y apoyado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela, para investigar sobre el tema de la violencia y criminalidad. Es por ello que, en un primer momento, lo que se hizo fue transformar ese grupo de investigadores en esta organización. 

De igual manera, ese equipo ya tenía la coordinación del grupo de trabajo latinoamericano sobre violencia y sociedad, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); había trabajado y publicado varios libros, pero pasó de ser sólo un proceso de investigación, a uno de observación pública, de defensa de los derechos y de acceso a la información y a la justicia en Venezuela.      

Desde el año 1995, el LACSO ha desarrollado estudios y aplicado encuestas a nivel nacional para medir la percepción que tienen los venezolanos y residentes en el país en torno al tema de la violencia e inseguridad ciudadana, desde las siguientes aristas: actitudes hacia la violencia, motivación al respeto, victimización, temor, inhibición, acciones extrajudiciales, protección a las personas, actuación de la policía, desempeño de las instituciones públicas, evaluación del gobierno, democracia, entre otras. 

Asimismo, se ha dedicado a la investigación de proyectos generales de sociología, que forman parte de cultura política, y de enfermedades transmisibles –prevención en Chagas, malaria y dengue-. También ha trabajado en encuestas comparativas internacionales.  

Trujillo tiene la mayor tasa de suicidios durante cuarentena

-¿Qué servicios ofrece?

-Asesoría, cooperación, investigación y análisis, tanto en el área específica de violencia, como en torno a las condiciones sociales que generan la conflictividad social y, por ende, la violencia. Los investigadores que conforman el OVV tienen capacidad para aplicar encuestas, hacer grupos focales y entrevistas a profundidad, hacer análisis de coyuntura, en las distintas áreas del país, en conjunto con las universidades nacionales, como con universidades a nivel mundial que integran las distintas redes de las cuales forma parte y participa. 

-¿Cuántas personas trabajan en la organización?

-En el LACSO-OVV trabajan 40 personas, entre los equipos central y regionales. Estos equipos están conformados, principalmente, por docentes-investigadores de distintas disciplinas científicas y humanísticas –son sociólogos, educadores, estadísticos, arquitectos, trabajadores sociales, médicos, abogados, geógrafos, criminólogos, entre otras- y periodistas. 

-¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Además de las alianzas estratégicas con las universidades mencionadas anteriormente, con las cuales el OVV ha establecido ocho sedes regionales, hemos tenido alianzas y desarrollado investigaciones conjuntas con el Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP); Paz Activa; el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC); la UCAB, la UCV y la Universidad Simón Bolívar (USB) para la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), entre otras instituciones. 

-¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

El OVV observa, se preocupa y atiende a las personas que son víctimas de los distintos tipos de violencia que hay en el país -interpersonal, autoinfligida, delincuencial, policial-; busca solidarizarse y hacer evidente y público su dolor, y busca, además, entender las condiciones por las cuales ocurren tales violencias.  

OVV: Casi la mitad de las muertes violentas en Lara son ejecutadas por la FAES

-¿En qué zonas operan?

El OVV es una red nacional que opera en ocho estados del país: Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Región Capital (Miranda y Distrito Capital), Sucre, Táchira y Zulia, a través de sus Observatorios Regionales. Asimismo, monitorea y analiza eventos de la misma naturaleza en las entidades aledañas. 

En la actualidad, el OVV se está extendiendo a otros estados del país.  

-¿Cuentan con voluntariado y cómo pueden ayudar personas que estén interesadas en hacerlo?

El LACSO-OVV siempre ha estado vinculado con los estudiantes universitarios, quienes cooperan en la recolección de datos e información. Los interesados pueden ingresar a la Web (https://observatoriodeviolencia.org.ve/) y, en la sección Contactos, optar por el correo electrónico de sus sedes en Caracas o en regiones.  

-¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

Los mayores retos y amenazas de la organización tienen que ver con el incremento de la censura y las limitaciones para el ejercicio de la ciencia, para poder, de esta manera, comprender e informar sobre lo que realmente ocurre en el país en relación a la situación de violencia y criminalidad, y, en consecuencia, ayudar a prevenirla y evitar tantas muertes y heridos.  

-¿Un caso emblemático?

-El OVV ha significado una voz en el silencio durante todos los años de censura. Ha estado allí presente para evitar que la sociedad venezolana y el mundo no conozcan los datos y la información de lo que ocurre en el país, o que sólo se escuche la voz oficial y no las voces independientes que representan las universidades nacionales. 

Briceño León está convencido que la violencia puede ser prevenida y no es un destino que no se puede contrariar.

Entre 15 y 20 dólares cuesta “causa” mensual en cárcel de Vista Hermosa
En el mes de mayo se han registrado tres personas fallecidas en el recinto penitenciario 

Más de 1.300 presos sobreviven en la actualidad en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, mejor conocido como cárcel de Vista Hermosa. La falta de medidas de protección, asistencia médica y suministro de alimentos durante la cuarentena obligatoria por el Covid-19 ha contribuido al incremento constante de la “causa” mensual que pagan los familiares de los presos para su manutención. 

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conoció que en Vista Hermosa, que es un penal sin régimen penitenciario, los reclusos deben cancelar cierta suma de dinero al mes para preservar su integridad física, lo que en el argot penitenciario es conocido como “causa”. En este caso los montos oscilan entre 15 y 20 dólares e incluso aceptan bolívares según la tasa de cambio del día. 

Los familiares se han mostrado muy preocupados por esta situación, tomando en cuenta que muchos venezolanos no están trabajando desde el primer registro de la pandemia en el país, aunado al funcionamiento limitado de las entidades bancarias, lo que podría poner en peligro la integridad física de sus deudos, quienes viven a merced de un grupo que lidera al resto de la población penal. 

No todos pagan “causa”, según explicaron los familiares. Existe un grupo denominado los “Manchados” que son los que se encuentran en la entrada del penal y han sido desterrados a esa zona por el incumplimiento de normas internas impuestas por el líder negativo, conocido como “Pran”.

Sumado al hacinamiento y la desidia reinante en las cárceles venezolanas, los familiares de los presos de Vista Hermosa deben hacer maniobras para trasladarse hasta el recinto, pues aunque no les han suspendido el pase de paquetería sí han tenido que disminuir la cantidad de veces que puedan llevar alimentos. 

“Algunos como en mi caso y el de otras vecinas íbamos a llevar la comida diaria al penal, pero por la falta de transporte y efectivo lo hacemos dos veces a la semana”, explicó el familiar de un interno. 

En Vista Hermosa tampoco cuentan con agua potable de forma regular, por lo que los presos no pueden cumplir con las principales medidas de prevención contra el Covid-19, tales como lavarse las manos con frecuencia.

 Por el contrario, son éstas familias quienes han tenido que llevar desinfectantes, además de fabricar tapabocas para distribuirlos en el penal. Por esto mismo consideran que se debe realizar una desinfección dentro del recinto y además solicitan presencia de médicos que puedan evaluar a los enfermos con presunta tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. 

Muertes tras las rejas

Durante el mes de mayo, en esta cárcel del estado Bolívar se han registrado un total de tres personas fallecidas por distintas causas. 

El 17 de mayo se reportaron dos muertes violentas, la primera fue la de Sócrates José Bravo Urbaneja, de 37 años de edad, quien fue conseguido colgado dentro de su celda. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) están a cargo de las investigaciones para determinar si se trató de un suicido o un homicidio. 

Ese mismo día reportaron el fallecimiento de Carlos Jesús Petit Venegas, de 33 años de edad, quien se encontraba en una de las torres haciendo una instalación de electricidad y murió tras perder el equilibrio y caer al vacío.

El tercer deceso fue el 22 de mayo. Se trata de un preso que murió de tuberculosis y fue identificado como Jesús Enrique Barreto Sánchez, de 27 años de edad. Según la información que obtuvo el equipo de OVP este fue uno de los reclusos que no recibió atención médica adecuada. 

Carolina Girón, directora del OVP, recordó que los privados de libertad son una de las poblaciones más vulnerables ante esta pandemia, por lo que deben tener acceso a agua potable, además de suministro de tapabocas, alimentos y asistencia médica. 

De la misma forma, Girón instó a realizar una investigación exhaustiva, oportuna y veraz sobre las denuncias por el cobro fraudulento de manutención dentro del recinto penitenciario. 

 

91% de hogares en Zulia experimenta dificultades para acceder a alimentos
Familias de Cabimas, Lagunillas, Maracaibo y San Francisco sufren para alcanzar cierta diversidad en la dieta

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) realizó el segundo sondeo sobre el consumo de alimentos en la región zuliana durante los días 10 al 17 de mayo para conocer la dieta de los zulianos, el consumo diario de alimentos, estrategias para su adquisición, entre otras situaciones relacionadas al acceso a la alimentación durante la cuarentena por COVID-19.

Al contrastar los resultados de este sondeo sobre las estrategias de sobrevivencia con los hábitos de consumo de alimentos, Codhez apunta que las familias de Cabimas, Lagunillas, Maracaibo y San Francisco, tienen graves dificultades para alcanzar cierta diversidad en la dieta a pesar de sus intensos sacrificios, que consisten en adoptar cambios en la calidad de la dieta, racionar las comidas, disminuir el número de personas que pueden comer en casa, o realizar alguna adaptación para lograr el acceso a los alimentos.

Al explorar sobre las estrategias que adoptan las familias de Cabimas para acceder a alimentos, Codhez observa que 89% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 11% presenta inseguridad alimentaria.

En Lagunillas, 76% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, 6% presenta inseguridad alimentaria, y 18% está en riesgo de padecerla. En términos generales, ningún hogar en estos municipios estaría en una situación normal.

Por su parte, en Maracaibo 60% de los hogares sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 11% presenta inseguridad alimentaria, y 20% está en riesgo de sufrirla. Esto significa, en términos generales, que 91% de hogares experimenta serias dificultades para acceder a los alimentos, debiendo adoptar estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico.

Apenas 9% de hogares estaría en una situación normal. En el caso de San Francisco, 70,6% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 15,7% presenta inseguridad alimentaria, y 9,8% está en riesgo de sufrirla. Es decir, 96,1% de hogares debe adoptar estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico de alimentos.

El sondeo realizado a través de un formulario online indica que se ha intensificado el sacrificio de los hogares pero no mejoran los índices de diversidad alimentaria y de puntaje de consumo de alimentos. En el primer sondeo realizado por Codhez del 19/26 de abril, 79% de los hogares en Maracaibo debió adoptar estrategias de sobrevivencia para consumir alimentos.

Waraos temen contagio masivo de COVID-19 en las comunidades del Delta
320 asentamientos están en peligro 

Al menos 320 asentamientos waraos, localizados en los caños del Orinoco, están a merced de un contagio masivo ante la escasa atención sanitaria, deficiencia en los servicios básicos y la falta de medicina en la zona.

La dirigencia indígena warao teme la aparición y el contagio masivo de coronavirus en las comunidades indígenas del Delta ante la cercanía de las regiones fronterizas.

La amenaza del virus es considerada por los waraos como bomba de tiempo con consecuencias impredecibles por ser una población con mayor vulnerabilidad de contraer enfermedades contagiosas ante la fragilidad de la atención primaria, tanto en la población infantil como adulta.

Lizandro Moraleda, docente warao de la comunidad Bonoina, población indígena localizada en la parroquia Manuel Renauld del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, describió en su cuenta de la red social Facebook la situación de vulnerabilidad que se encuentran los poblados indígenas en cuanto a la asistencia de salud en las comunidades para enfrontar a cualquier contagio como el COVID-19 “sólo contamos con la protección de Dios, la población maneja poca información, las comunidades se encuentran desprotegidas, no tenemos medicinas, no hay ambulancia fluvial, ni transporte para caso de emergencia” sostiene Moraleda.

De acuerdo al testimonio del docente warao, la falta de conocimiento e informaciones son factores que inciden negativamente en 95% en las comunidades con poblaciones indígenas “desconocemos la magnitud de la enfermedad, nos han dicho que es mortal, pero hasta allí” continua Moraleda.

Además mostró su preocupación por la presencia de enfermedades endémicas que afectan a los niños: los síntomas gripales, la diarrea, la desnutrición, los cuadros diarreicos son permanentes en las comunidades, asegura.

Además, la deficiencia en los servicios básicos, la falta de la energía eléctrica, la escasa o nula presencia de agua potable, la ausencia de redes de excretas en las comunidades convierten al pueblo indígena, con una población aproximada de 35.000 habitantes, como un sector altamente vulnerable ante la pandemia del COVID-19.

 

Kapé Kapé

Acceso a la Justicia: En el limbo las parlamentarias de 2020
Nicolas Maduro asomo la posibilidad de aplazar los comicios debido a la Covid-19

La certeza respecto al momento en que se celebrarán las elecciones es uno de los pilares de los sistemas democráticos alrededor del mundo, y en Venezuela lo fue también durante décadas. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el chavismo; las elecciones ya no solo no se celebran en diciembre, como tradicionalmente ocurría, sino que algunas de ellas tampoco se han dado en el momento en que correspondía.

Un ejemplo fueron los últimos comicios de alcaldes y concejales, que debieron celebrarse en 2012 junto con los de gobernadores, pero fueron aplazados para abril de 2013.

La muerte del presidente Hugo Chávez, anunciada el de 5 de marzo de 2013, forzó la celebración de unas elecciones presidenciales sobrevenidas, las cuales se celebraron el 14 de abril y ello obligó a postergar nuevamente el proceso municipal.

Esta anomalía volvió a repetirse en el caso de las elecciones regionales, que tuvieron lugar el 15 de octubre de 2017, es decir, con más de diez meses de atraso. El artículo 160 de la Constitución de 1999 establece claramente que el período de los gobernadores es de cuatro años, por lo cual las últimas elecciones para elegir a dichos funcionarios debieron celebrarse en 2016, porque las anteriores ocurrieron en 2012, pero ello no fue así.

«Estamos viviendo una emergencia económica, producto de que sobre Venezuela hay una guerra petrolera, económica y financiera (…) Ahora no tenemos los recursos y la prioridad para el país, porque las elecciones no son un derecho fundamental como lo es la alimentación, la salud y el bienestar».

Estas fueron palabras del diputado oficialista Pedro Carreño cuando se le preguntó sobre la demora para celebrar dicho proceso.

Pero esta práctica podría convertirse en rutinaria, porque Nicolás Maduro ya ha dejado entrever la posibilidad de que las legislativas tampoco se celebren en el tiempo correspondiente. “Hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha”, declaró en abril de 2020 a un programa argentino, alegando que el coronavirus podría impedir la convocatoria a las urnas.

Semanas después, durante una cadena de radio y televisión, el ocupante del Palacio de Miraflores volvió a insistir en su tesis: “Este es año de elecciones si lo permite la pandemia, bueno, presenten sus candidatos, vayamos a la elección de la Asamblea Nacional y los asuntos entre los venezolanos los resolvemos entre los venezolanos con el voto popular el día de las elecciones”.

No obstante, vale la pena advertir que el estado de alarma decretado por la COVID-19 no ampara una eventual postergación de las elecciones. La Ley Orgánica de Estados de Excepción, en el numeral 13 de su artículo 7, establece que el sufragio no se puede suspender bajo estados de conmoción, alarma o excepción.

 

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina
Conductores pasan días haciendo cola para surtir gasolina

Durante el proceso de cuarentena, por la presencia de la pandemia Covid-19 en el país, la escasez de la gasolina ha generado largas colas, que se prolongan hasta por tres días. La situación tiene en mayor descontento a los venezolanos y los índices de violencia en el estado Aragua han aumentado.

En las estaciones de servicio de la entidad se registran interminables colas para surtirse de gasolina; al parecer, la prioridad ante la emergencia sanitaria sólo la tienen los militares. Los médicos y enfermeras caminan hasta 48 kilómetros diarios para ir a su sitio de trabajo y regresar a sus hogares, desde San Juan de los Morros -en Guárico- hasta el Hospital Nuestra Señor de la Caridad, ubicado en San Sebastián de los Reyes en Aragua, ante la ausencia de transporte público.

El pasado 27 de abril, tras varios días de cola para obtener el combustible y ante la imposibilidad de abastecerse, los aragüeños protestaron con quema de objetos en la vía de Turmero, municipio Santiago Mariño.

Así mismo, el ex concejal del municipio Sucre, en Aragua, Simón García -mejor conocido como “Pipo”-, fue detenido al protestar por las irregularidades en el suministro de gasolina en el estado, ya que tenía una semana en la fila y el combustible no llegó. Además, 5 personas más fueron privadas de libertad por, presuntamente, la misma razón, según confirmó la abogada del Foro Penal, Zuleima Siso. Por otra parte, el 1 de mayo, la Policía de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disolvieron una protesta con bombas lacrimógenas en el sector de La Barraca en Maracay, concentración que estuvo motivada por las irregularidades en el surtido de gasolina correspondiente al terminal de placa vehicular que inició el 27 de abril.