Brandon Ocampo Castaño cumplió 28 años el pasado 6 de enero. Soñaba con celebrar esa fecha junto a su familia en Cúcuta, Colombia, convencido de que, tras haber cumplido una condena de seis años y siete meses, por fin podría volver a casa.
Desde el pasado mes de junio de 2025, Brandon Josué espera impacientemente por su liberación desde una pequeña celda en la temida cárcel del Rodeo II, ubicada en el Municipio Zamora, parroquia Guatire, en el estado Miranda.
Brandon forma parte de la lista de los 10 colombianos que aún permanecen detenidos en Venezuela por motivos políticos, según un balance difundido por el Foro Penal Venezolano (FPV) el pasado 9 de enero.
La última vez que Sandra Castaño -madre de Brandon- vio a su hijo fue en 2019. La lejanía, el temor y la falta de recursos le impidieron viajar a Venezuela para visitarlo. Ella aguardó con paciencia el tiempo de su condena, pero ahora sus días se debaten entre la angustia, el llanto y la impotencia al no entender por qué su hijo sigue detenido pese a haber cumplido su condena.
Acusado de paramilitar
El 30 de junio de 2019, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó a través de su cuenta en X la detención de Brandon Josué Ocampo Castaño y lo vinculó directamente con ser integrante de la banda delictiva “El Paisa”, acusación que su madre niega al asegurar que no hay ninguna prueba que vincule a su hijo con esos señalamientos.
Se ha detenido a Brandon José Castaño Ocampo, de nacionalidad Colombiana, de 22 años de edad, C.C-1.091.974.718, integrante de la banda paramilitar del "PAISA". Felicitaciones a los efectivos de la #GNB y del #CICPC. ¡Seguimos hablando con hechos, no con rumores! pic.twitter.com/ja0fL0prxT
— Freddy Bernal (@FreddyBernal) June 30, 2019
Sandra comentó que a Brandon lo capturaron en la calle -sin una orden judicial- cuando se desplazaba en una motocicleta con un amigo en la localidad de Ureña, estado Táchira, cuando iba en camino a llevarle unos insumos básicos a su abuela.
Explicó que en el expediente de Brandon aparecía que lo detuvieron durante un allanamiento en la casa de su madre, algo que ella niega rotundamente.
Castaño señaló que en dicho documento “no hay nada que lo vincule con un delito que permita considerarlo un preso político”.
“Pasaron los seis años de condena y nunca pudieron encontrarle nada y le aplicaron lo que le aplican a todos: incitación al odio y terrorismo”, aseguró.
La espera transformada en activismo
Sandra Ocampo denunció que la imputación por incitación al odio y terrorismo no es más que una plantilla que le aplican tanto a venezolanos como a extranjeros.
“Es el mismo patrón para todo el mundo. Solamente le cambian el nombre y la cédula y listo”, aseguró.
El proceso judicial de Brandon Ocampo ha estado marcado, al igual que el de muchos presos políticos, por reiteradas audiencias suspendidas, la ausencia total de la defensoría pública y la prohibició de la defensa privada, aunado a una constante violación de sus derechos humanos.
Sandra afirmó que nunca quiso denunciar ni hacer visible el caso de Brandon para no empeorar la situación, pero su calma terminó cuando la boleta de excarcelación no llegaba.
“Hay presos políticos visibles, que el mundo entero los ha visto y conocen su historia, y están los invisibles, y uno de esos es mi hijo”, dijo con la voz entrecortada por el llanto.
Sandra se armó de valor y desde el lado de Colombia, ha denunciado la situación de su hijo. Se ha reunido con los medios de comunicación y con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para lograr la liberación de su hijo.
El calvario de Brandon
Sandra Castaño describe como un calvario los seis años y siete meses que Brandon lleva detenido en Venezuela. El colombiano ha pasado por la sede policial de El Rosal, Yare, La Planta y, finalmente, el Rodeo II, donde -asegura- ha recibido un mejor trato.
En la temida cárcel del Rodeo II Brando es reconocido como “el tatuador” y gracias a su talento para dejar huellas en la piel, ha logrado sobrevivir intercambiando tatuajes por comida, jabón o cigarrillos.
Actualmente Brandon sufre de tuberculosis, pero Sandra asegura y agradece que le han prestado atención médica constante. Indicó que sabe de él una vez al mes, que es cuando le permiten hacer una llamada. A la madre de Brandon se le quiebra la voz al hablar de sus nietas: dos niñas de nueve y siete años que están creciendo sin su padre cerca. “La menor, que tenía tres meses cuando detuvieron, nunca lo ha visto. Ella lo dibuja y sueña que lo va a ver pronto”, finalizó.
Leyes ignoradas
El artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la inviolabilidad de la libertad personal y obliga a la liberación inmediata de toda persona una vez cumplida la pena o dictada la orden de excarcelación.
También, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) prohíbe las detenciones arbitrarias y garantiza que nadie sea privado de su libertad salvo por las causas y procedimientos fijados por la ley. La ONU ha señalado reiteradamente que mantener a alguien detenido tras una orden de liberación es una violación directa de este pacto.
Sobre la extinción de la pena, el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal establece que, al verificarse el cumplimiento de la misma, esta se extingue y debe cesar cualquier medida de coerción de forma inmediata. El juez de ejecución debería emitir una boleta de excarcelación dirigida al centro penitenciario. De acuerdo con la información suministrada por los familiares de Ocampo, la boleta de excarcelación ya fue emitida, pero no ha sido enviada al sitio de reclusión. El retraso sistemático en las excarcelaciones en Venezuela ha sido documentado por organismos como el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU como una forma de “castigo” o “tortura psicológica”.
