Gobierno venezolano no ha cumplido con medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Juan José Gámez y Oscar Morales - Runrun
Gobierno venezolano no ha cumplido con medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Juan José Gámez y Oscar Morales
Uno se encuentra desaparecido y el otro está privado de libertad y enfermo 

El gobierno venezolano no ha cumplido con las medidas cautelares a favor de Juan José Gámez y Oscar Morales dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las solicitudes fueron presentadas por la organización Defiende Venezuela, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y ProDerechos.

La abogada Ana Acosta señaló que Gámez fue aparentemente aprehendido el 24 de diciembre de 2019 en el estado Bolívar y aun no se conoce su paradero actual.

A Gámez lo vinculan con la “Operación Aurora”, una toma militar que se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2019.

“No supimos su situación, por qué estaba detenido, cuáles son los delitos. Tampoco lo presentaron a un tribunal 48 horas después de la detención. No ha tenido contacto con sus familiares ni abogados” dijo la abogada.

Respecto al caso de Morales, el abogado de Defiende Venezuela Harold Miñarro, señaló que se encuentra privado de libertad y padece desde hace más de diez años de artritis psoriásica, por lo que requiere tratamientos médicos especializados.

 “El amparo fue declarado sin lugar, se pidió una solicitud de revisión de medida ante la Sala de Casación Penal, sin respuesta, se requirió el decaimiento de la medida, tampoco hubo respuesta, posteriormente se solicitó ante la Fiscalía una intervención para que hubiese una medida humanitaria de arresto domiciliario, la cual tampoco ha tenido respuesta”, dijo Miñarro.

Asimismo, resalta que aunque las medidas han sido negadas, el Juzgado Penal que está conociendo de la causa en el estado Mérida le ordenó al CICPC que el señor Morales sea trasladado al Hospital Universitario de los Andes cuantas veces fuese necesario, acción que no se ha materializado hasta la fecha.

“Estos casos ponen en evidencia cómo la situación del sistema carcelario en el país hace insostenible la tutela del derecho a la salud de las personas que están privadas de su libertad”, dijo Simón Gómez, coordinador Jurídico de Defiende Venezuela.