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El Megafono

La vida digna en el estado Bolívar está lejos de ser una realidad

Redacción Runrun.es
Hace 5 años
Falta de agua, luz y gas y violencia desatada son las principales denuncias de la gente según un monitoreo de la Comisión para los derechos humanos y la ciudadanía

 

El estado Bolívar no solo se ha convertido en un nido de violencia desenfrenada ante la aparición de grupos delictivos en zonas mineras, sino que ahora los ciudadanos todos los días se las ingenian para sobrevivir con servicios mínimos que merman su dignidad y vulneran sus derechos humanos.

Servicios como el agua, el gas, la gasolina, la energía eléctrica y el transporte público dejan por el suelo los ánimos de las familias bolivarenses que emprenden una lucha por la supervivencia.

La Comisión para los derechos humanos y la ciudadanía (Codehciu) reveló que durante octubre, noviembre y diciembre hubo 264 casos de denuncias y protestas realizadas en los municipios Caroní, Piar, Heres, Padre Pedro Chien, Sifontes y Gran Sabana del estado Bolívar.

No hay servicios ni salud pero sí violencia

Un monitoreo a medios de comunicación regionales y redes sociales hecho por Codehciu reveló que los derechos humanos más vulnerados durante ese período fueron: la vida, libre tránsito, comunicación, salario digno, nivel de vida adecuado, salud y educación.

Los temas más recurrentes en las denuncias fueron el descalabro de los servicios básicos y la merma del poder adquisitivo.

Centros de salud tienen un deterioro agravado por la crisis. Desde mediados del año 2018, el hospital pediátrico Menca de Leoni, el más importante de la región, cerró sus puertas porque no hay condiciones aptas para la atención de niños.

El derecho a la salud de mujeres embarazadas se vulnera todos los días ante el aumento de denuncias por la falta de condiciones apropiadas para dar a luz. El 21 de enero se hicieron virales imágenes de una mujer que paría en las afueras del hospital Uyapar luego que un funcionario de la milicia le impidiera el paso a la sede.

“La falta de agua ha sido muy recurrente, y por las declaraciones de los mismos residentes nos damos cuenta que son fallas que, dependiendo el sector, tienen entre 5 y 10 años sin resolverse; también hay una fuerza en la denuncia por el gas doméstico”, dijo el abogado y monitor de contexto de Codehciu, Samuel Méndez.

También siguieron las complicaciones con el transporte público y el combustible. “Se ha complicado. Hay gente que aún pasa hasta 3 días en colas para surtir combustible. Además la falta de transporte ha complicado mucho la actividad diaria del guayanés”, dijo Méndez.

Educación en peligro

La educación como derecho humano forma parte de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y está consagrada en la Declaración Universal de los DDHH.

“Un total de cinco protestas dan cuenta de la situación de precariedad que vive la Universidad Experimental de Guayana (UNEG), puesto que la universidad se encuentra en malas condiciones. Adicionalmente, los estudiantes no cuentan con servicio de transporte. A pesar de las vicisitudes, los estudiantes han emprendido acciones para coordinar esfuerzos en la recuperación de la casa de estudios”, se desprende de un informe de Codehciu.

 

 

Ciudad de empresas y trabajadores sin derechos

Los derechos laborales, como el resto de los derechos humanos, son irrenunciables y el Estado tiene la responsabilidad internacional de garantizarlos. Pero el declive de las empresas básicas de Guayana, que está aunado también a la caída del poder adquisitivo y políticas incapaces, merma la calidad de vida de sus trabajadores.

En noviembre de 2019 se registraron 9 denuncias de  trabajadores de las empresas básicas. Sus reclamos obedecen a la exigencia de un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas y el cumplimiento de la contratación colectiva; por otro lado, pensionados de la misma empresa solicitaron el pago de pensiones de acuerdo con su homólogo activo.

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra lo siguiente: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

Pero los trabajadores de Guayana no ven luz ante tanta penuria.

 

Prensa Codehciu

 

 

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