En la comunidad internacional, los bancos y las empresas comienzan a tomar medidas indiscriminadas contra todo lo que provenga de Venezuela, afectando así a justos y a pecadores
En la segunda semana de septiembre, clientes venezolanos del Amerant Bank, una pequeña entidad con oficinas en Florida, Nueva York y Texas, comenzaron a recibir una advertencia sobre el inmediato cierre de sus cuentas, en el caso de que sean funcionarios actuales o hayan sido miembros del gobierno de Nicolás Maduro.
Según esta notificación, el banco se ve obligado a tomar esta decisión en virtud de la Orden Ejecutiva 13.884 firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 5 de agosto. Este decreto básicamente bloquea todos los bienes y activos de la administración Maduro, cuya legitimidad no es reconocida por EEUU y otros 54 países. Pero la parte más polémica de dicha sanción no tiene que ver con el congelamiento de los haberes, sino con la amenaza de una medida similar a las personas y entidades que hayan “asistido, promovido o provisto apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios en respaldo a cualquier persona” incluida en la lista emitida por el Departamento del Tesoro.
Esta lista, que ya incluía a más de 160 nombres de particulares, empresas y naves, se amplió hasta niveles nunca vistos con la emisión de una nueva sanción que, salvo mejor interpretación, abarca a todos los militares activos con los grados de coronel, capitán de navío y superiores, todos los funcionarios en actividad con cargos de viceministro o superior, todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, también a todos los familiares directos de los militares, los funcionarios y los constituyentistas, así como aquellas personas que hagan transacciones o negocien con el Ejecutivo venezolano.
La medida tiene una dimensión tal que resultan muy difícil de manejar, especialmente para un sector privado que, hasta el momento, estaba acostumbrado a tomar sus decisiones sobre la base de listados concretos, de personas con nombres y apellidos, empresas con registros específicos, naves debidamente permisadas.
Entramos en la era de lo que Moisés Rendón, analista para el caso Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (Csis) ha llamado “sanciones generales”, es decir, medidas destinadas a afectar a sectores completos del país, con la intención manifiesta de obligar a Maduro y a su entorno a retornar al esquema democrático.
Aunque para Rendón y otros estudiosos del tema venezolano era previsible que Washington emitiría decisiones de este tipo en cualquier momento, las alarmas han comenzado a escucharse. Los bancos, para cubrirse las espaldas ante la posibilidad de una multa o una orden de “cese y desista” en sus operaciones, con elevados riesgos de daños financieros y reputacionales, han comenzado a engrosar la lista según su leal saber y entender. Por ejemplo, hasta ahora los decretos presidenciales de Trump no sancionan a quienes hayan sido funcionarios en el pasado, sino a quienes se desempeñan en la actualidad en cargos de cierta jerarquía.
La Orden Ejecutiva no impide que las empresas informáticas vendan sus productos a particulares venezolanos ajenos la nómina de confianza del gobierno madurista. Sin embargo, para gigantes como Adobe y Oracle están prohibidas “casi todas las transacciones y servicios entre empresas y entidades estadounidenses e individuos en Venezuela”. En consecuencia, han cesado sus tratos con clientes del país, independientemente de si se encuentran en el sector público o en el privado.
Otras “víctimas colaterales” han sido las organizaciones no gubernamentales que realizan importantes acciones en beneficio de los más necesitados en el país. En agosto, tres de estas entidades se dirigieron al Departamento del Tesoro (en nombre del conglomerado de ONGs) para solicitar una aclaratoria sobre el alcance de las medidas tomadas por la administración Trump, lo que tenía implícito además una petición de reconsideración. Para ese momento, bancos con sede en EEUU ya habían cerrado las cuentas de ciertas organizaciones, en previsión a lo que vendría. Una de ellas fue Cecodap, aun cuando el decreto presidencial del 5 de agosto establece una clara excepción para todas las transacciones relacionadas con la provisión de artículos como comida, ropa y medicina “para el alivio del sufrimiento humano”. Cecodap es una organización con más de treinta años de actividad en el país, destinada a la defensa de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.
Una de las instituciones que elevó su queja al Tesoro fue Cáritas, cuyos miembros han estado involucrados de lleno en la atención humanitaria a la creciente población afectada por lo que ya se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”. Una representante que pidió la reserva de su nombre indicó que más de la mitad de sus transacciones son en divisas extranjeras. Esto incluye los pagos de sus nóminas. En consecuencia, los temores manifestados por los bancos con sede en EEUU han mermado notablemente la capacidad de la ONG para ejecutar sus planes. Una transferencia de fondos, que antes del inicio de la era de las sanciones generales tomaba dos días, ahora tarda quince. Los donantes, además, encuentran graves tropiezos para concretar la caridad. Entonces, no solo resultan afectados los trabajadores de Cáritas, sino la población desprotegida.
Hasta ahora, las ONGs no han encontrado una respuesta concreta. Por el contrario, el curso de los hechos parece indicar que la situación empeorará en el futuro inmediato, tomando en cuenta que los bancos europeos con cuentas corresponsales en EEUU también están poniendo sus barbas en remojo, endureciendo las revisiones a todos los capitales procedentes de Venezuela, o destinados al país.
Este fenómeno, llamado “sobrecumplimiento”, podría llevar a decisiones similares a las tomadas recientemente por Mastercard con respecto al servicio de pagos electrónicos del Banco de las Fuerzas Armadas (BanFanB), puesto que todavía existen otras entidades financieras estatales que operan con este mecanismo. De allí que la Superintendencia de Bancos haya solicitado de manera urgente el diseño de nuevas plataformas para llevar a cabo los pagos en línea, en un contexto en el que nuevamente escasea el papel moneda.
De otra parte, mientras que las sanciones no arrojan el efecto deseado por la administración Trump, se instala en el país la noción de que los problemas de la población ahora sí son el producto de las decisiones tomadas en Washington, y no de la ineptitud y la corrupción nacionales.
Breves
-En este momento, en Venezuela hay registradas unas 1.200 aeronaves de uso civil. El órgano encargado de supervisar y regular la actividad de estos aparatos es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), cuya nómina sobrepasa las 2.600 personas, muchas de ellas militares enviados en comisión de servicio, empezando por su presidente, que es un teniente coronel de la Aviación. Esto da una correlación de 2,25 empleados por cada aeronave registrada. En EEUU, donde existe una larga cultura burocrática, la Región Sur de la Administración Federal de Aviación posee 6.180 empleados en nómina, para cubrir las necesidades del sector aeronáutico en diez estados de la unión (Florida, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Kentucky, Alabama, Georgia, Mississippi, Islas Vírgenes y Puerto Rico). En ellas tienen registradas unas 44.500 aeronaves, lo que da una correlación de 0,13 empleados por cada aparato. Los datos correspondientes al caso estadounidense fueron obtenidos a través de diversas fuentes abiertas, mientras que los de Venezuela llegaron de forma extraoficial, pues no hay data de acceso público sobre el tema.
-Hay una creciente preocupación en foros internacionales por el incremento en el paso de drogas ilegales por Venezuela. Según el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, la cantidad de drogas que salen de Colombia y pasan por Venezuela “se ha duplicado” desde 2018. Esto lo afirmó el 3 de octubre, durante una intervención ante la Asociación del Ejército de EEUU. Aunque el militar se abstuvo de suministrar una cifra neta, el último estimado disponible a través de informes del Departamento de Estado (2016) indicaba que por el país transitaban unas 120 toneladas de cocaína. En estos reportes, la marihuana suele quedar en un segundo plano. De manera que, si se dan por válidos estos números (cosa que los académicos discuten en forma acalorada), por el territorio nacional estarían pasando unas 250 toneladas del alcaloide. Pero la producción mundial de esta droga también ha ido en aumento. Según Naciones Unidas, para finales de 2018 se calculaba que serían fabricadas 1.976 toneladas de cocaína. El proceso se ha acentuado desde 2016, cuando las FARC se desmovilizó. Desde entonces, el tonelaje de cocaína pura se habría incrementado 25%. Si se cruzan unas cifras con las otras, se puede concluir que por Venezuela transitaría el 12,6% de la producción mundial de cocaína. En algunos sectores de la Cancillería estadounidense alegan que la cifra actual de cocaína llevada a través del país es de unas 400 toneladas, lo que equivale al 20% de la producción mundial. Como quiera que sea, estos volúmenes representan un gran desafío para el Estado en general, no solo para sus cuerpos de seguridad. En el actual esquema legal e institucional venezolano -caracterizado por una enorme fragilidad-, un incremento aluvional en el paso de drogas como el que pintan estos números solo augura más violencia en las calles, más corrupción (si fuese imaginable), más problemas de salud pública y un incremento en la población penitenciaria cuya atención hoy en día ya no es posible.
@javiermayorca
