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Duplicación de competencias en el Parque del Este deja sin respuesta a víctimas del concierto de Neutro Shorty
La autoridad única rápido vino y rápido se fue. 
Con 3.5 mil millones de bolívares se creó un cargo que desdibujó las competencias de Inparques por 9 meses

Andrea Alejandra Calderón Rodríguez, de 14 años, murió el 9 de noviembre en una estampida dentro del Parque Generalísimo Francisco de Miranda durante las horas previas al concierto del cantante de trap venezolano Neutro Shorty. 

La falta de coordinación del personal de seguridad del Parque del Este, sumado a la gran cantidad de asistentes al concierto, dejó al menos dos decenas de heridos por excoriaciones, contusiones y politraumatismos, y algunos tuvieron que ser trasladados para ser atendidos en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito.

Ningún vocero del parque o de las instituciones a las que está adscrito ha asumido la responsabilidad de lo que ocurrió. Este caso permanece en un lugar incierto, al igual que las autoridades del Parque del Este y de su vecino, el Parque Simón Bolívar. ¿Quiénes son los responsables del parque? ¿A quiénes les correspondió la vocería?

El mismo día del concierto, Inparques afirmó en un comunicado difundido en redes sociales -y luego borrado- que la realización del evento no había sido autorizada y que las estructuras del parque colapsaron sin que el personal organizador del evento estuviese presente. La responsabilidad directa de la muerte de la joven y de los afectados en el evento aún no se sabe a quién atribuírsele. 

Lo que sí es cierto es que tanto el tradicional Parque del Este, como su vecino recién creado, el Parque Simón Bolívar, se quedaron sin un vocero oficial a principios del año 2019, luego de que la autoridad única, designada mediante un punto de cuenta en junio de 2018, se esfumara. 

Designación irregular de la autoridad única

El pasado 19 de junio de 2018 el ex-alcalde de Guacara, estado Carabobo, Gerardo Roel Sánchez Chacón, agradeció a través de su cuenta en la red social Twitter su designación como Autoridad Única del Parque Generalísimo Francisco de Miranda (PGFM) y del recién creado Parque Bolívar. Ambos están conectados por un puente que atraviesa la autopista Francisco Fajardo y en algún momento también estuvieron entrelazados por la misma figura que los administraba.  

De manera irregular, por no haber sido publicado en su totalidad en Gaceta Oficial, Sánchez Chacón mostró en dos imágenes adjuntas a un tuit el punto de cuenta N° 035-18 con fecha del 19 de junio de 2018, firmado por Nicolás Maduro y Héctor Rodríguez y aprobado por el Fonden, con una asignación de tres billones quinientos mil millones de bolívares (3.500.000.000.000) para la ejecución del plan de recuperación del PGFM. 

Con esto quedaría “sellado” el cargo de autoridad única como responsable del Parque del Este y las competencias del Instituto Nacional de Parques (Inparques) cesarían de existir por nueve meses, hasta abril de 2019. 

 

Con estas imágenes publicadas en redes sociales quedó en evidencia la creación de una autoridad de manera ilegal. La Ley orgánica de la administración pública GOE 6.147 17 de noviembre de 2014 establece en la sección quinta, artículo 74, que el “Presidente de la República podrá designar Autoridades Únicas de Área para el desarrollo del territorio o programas regionales, con las atribuciones que determinen las disposiciones legales sobre la materia y los Decretos que las crearen”.  

El artículo 12 de la misma ley habla sobre el Principio de publicidad normativa, mediante el cual los “reglamentos, resoluciones y demás actos administrativos de carácter general dictados por los órganos y entes de la administración pública deberán ser publicados sin excepción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. 

En el caso de la designación de la autoridad única del Parque del Este, la información no fue publicada en las gacetas oficiales revisadas entre el 13 de junio de 2018 y el 30 de junio del mismo año. El único documento de conocimiento público fue una fotografía en redes sociales de un punto de corte presidencial, que además está incompleto. 

Aunado a esto, el artículo 14 de la misma normativa indica que cuando se realiza una encomienda de gestión se deberá identificar los órganos o entes entre los cuales se transfiera el ejercicio de la atribución o competencia y se debe determinar la fecha de inicio de su vigencia, y de culminación cuando fuere el caso (…) En los casos en que no se determine la fecha de inicio de su vigencia, se entenderá que ésta comienza desde su publicación en la Gaceta Oficial correspondiente.

Sin embargo, al no ser publicada la designación de la autoridad única en Gaceta Oficial existe una hoja en blanco con respecto a las funciones y temporalidad de la misma. 

 

En abril de 2019 Sánchez Chacón ya no se encontraba como autoridad única, según Marlene Sifontes, Secretaria de Organización del sindicato de Inparques. 

Una fuente relacionada al parque aseguró que hasta el mes de marzo se le dejó de ver en las instalaciones y que con anterioridad se le veía mucho haciendo recorridos por el mismo.  

Adicionalmente, la Ley orgánica de la administración pública en su artículo 16 establece que “no podrán crearse nuevos órganos o entes que supongan duplicación de las competencias de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos”. 

En el caso de la creación de la autoridad única, cuyo presunto objetivo fue llevar a cabo un plan para la recuperación del Parque del Este -competencia propia de Inparques- ocurrió una clara violación de la ley. 

Como no hubo un traslado oficial de atribución de la administración del Parque del Este de Inparques a la autoridad en junio de 2018, ni una “devolución” de las mismas a inicios de 2019, queda aún por responder a la interrogante de quién es el responsable de la muerte de la joven de 14 años, Andrea Calderón, ocurrida en el concierto de las banderas blancas.

Runrun.es se comunicó con la hermana de Andrea Calderón, pero después de un intercambio de mensajes, no se concretó una entrevista. También se realizó una solicitud de entrevista por escrito a la coordinación del parque y a la fecha de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta. 

Astucia, falta de escrúpulos y una red de países aliados: así sortean las dictaduras las sanciones económicas
Regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, Kim Yong-un en Corea del Norte, Bashar al-Assad en Siria y el de Hassan Rouhani en Irán, confirman que la teoría según la cual sólo sobreviven los más aptos también es aplicable a los dictadores. Bajo la cobertura de un entramado de empresas fachada y con la ayuda de países aliados, estos regímenes han evadido sanciones económicas durante años y han logrado mantener el poder mientras que gran parte de sus ciudadanos sufre incontables penurias. Habituada a hacer negocios en la opacidad, la camarilla que gobierna en Venezuela desde 1999 no sólo está perfectamente adaptada para sortear las sanciones sino que además se beneficia de una característica distintiva: la ausencia de valores éticos

 

Por Gitanjali Wolfermann @GitiW

 

Existe consenso en torno a la poca efectividad de las sanciones económicas impuestas a regímenes autoritarios como método para forzar un cambio político. De hecho, la evidencia sugiere que algunas dictaduras se fortalecen políticamente tras las sanciones pues a la par que proveen una narrativa de ataque enemigo, les abre un abanico de oportunidades para operar en la sombra. 

Tras 57 años de sanciones por parte del gobierno norteamericano, Cuba es un ejemplo emblemático y cercano de supervivencia política pese a las sanciones pero no es el único caso. Corría 1950 cuando los Estados Unidos impuso a Corea del Norte las primeras sanciones económicas debido a graves violaciones a los derechos humanos, a las que luego se sumarían sanciones por el desarrollo de su programa nuclear. El régimen iraní lleva 40 años lidiando con restricciones que si bien han mermado drásticamente su economía no han logrado ni el cambio político ni han puesto freno al desarrollo de su sector nuclear. Las sanciones contra Siria desde 1986 debido a violaciones a los derechos humanos y a sus vínculos con organizaciones terroristas no impidieron ni la guerra civil ni el posterior éxodo masivo.    

Más de 100 personeros del régimen que lidera Nicolás Maduro han sido individualmente sancionados desde 2008 no sólo por los Estados Unidos sino por una amplia coalición de países.  La principal empresa estatal -Petróleos de Venezuela- se unió en 2019 a las más de 50 empresas sancionadas por su participación en delitos como el lavado de dinero producto de la corrupción. Las sanciones tanto a particulares como a empresas obedecen a delitos como corrupción, lavado de dinero, graves violaciones a los derechos humanos y narcotráfico. 

“Los regímenes militares y de partido único tienen menos probabilidades de ceder ante la presión extranjera en comparación con las democracias. Esto se debe a que efectivamente utilizan varias tácticas represivas e incentivos positivos para soportar los costos de la coerción”, argumenta el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Memphis Dursun Peksen

Diego Moya Ocampo, analista senior para América Latina de IHS Global Insight, coincide con Peksen y va un paso más allá: “Venezuela no sólo puede adaptarse a sobrevivir bajo un régimen de sanciones como ha sido el caso de Irán, Cuba, Siria o Zimbabue, sino que el gobierno de Maduro está en una posición privilegiada y mucho más cómoda. Me explico, desde antes de que se impusieran sanciones a Venezuela lo que ha caracterizado al régimen chavista ha sido la creación de mercados negros. Es un entorno que le es cómodo. Este ha sido un gobierno en el cual la visión de todos sus burócratas ha sido siempre abrir un mercado negro. Pensemos por ejemplo en el sector salud: en vez de recurrir a formas tradicionales de corrupción como pedir sobornos a las empresas farmacéuticas para otorgar contratos, los ministros chavistas cerraron el mercado y crearon un mercado negro para que la única manera de comercializar sus productos fuera a través de un sistema que ellos controlaban. Operar en mercados negros es su posición natural”. 

“Me explico, desde antes de que se impusieran sanciones a Venezuela lo que ha caracterizado al régimen chavista ha sido la creación de mercados negros. Es un entorno que le es cómodo”.

 

Astucia: los mil y un nombres  

A principios de noviembre de 2019, la agencia Bloomberg reportó que los tanqueros venezolanos responsables de transportar petróleo a Cuba han recurrido a la estrategia de cambiar sus nombres para sortear las sanciones. “El buque Ocean Elegance, un petrolero que ha estado entregando crudo venezolano a Cuba durante los últimos tres años, pasó a llamarse Océano después de ser sancionado en mayo. El barco S-Trotter, otro que está en la lista de sanciones, ahora se conoce como Tropic Sea”, informó la agencia de noticias

La misma nota reportó que el carguero llamado Nedas y ahora conocido como Esperanza, tras ser sancionado en abril de 2019 ha seguido realizando envíos a Cuba de modo “fantasma” apagando su sistema de rastreo satelital. Se calcula que solamente ese tanquero ha entregado 2 millones de barriles de crudo a Cuba este año. 

El régimen venezolano es comparable a una organización criminal más que a una dictadura populista y nacionalista convencional y esa es una de las razones por la cual se puede decir que el régimen de sanciones en sí mismo no va a forzar un cambio de comportamiento en el gobierno, al contrario, esto les genera una nueva serie de oportunidades para que los burócratas que están acostumbrados a manejar mercados negros hagan más negocios”, asegura Moya Ocampo. 

“El régimen venezolano es comparable a una organización criminal más que a una dictadura populista y nacionalista convencional y esa es una de las razones por la cual se puede decir que el régimen de sanciones en sí mismo no va a forzar un cambio de comportamiento”.

 

La comparación con una organización criminal también la hace el consultor en estrategias para la gestión de riesgos Alberto Ray, quien acuñó el término economía criminal revolucionaria (ECR) para explicar la forma en la que opera el gobierno de Maduro. “La ECR pasó de ser un sistema complementario de sustentación del régimen a ocupar durante el 2018 y aún más en 2019 la fuente primaria de ingresos en el modelo económico que hoy le da oxígeno a lo que queda de revolución chavista”, dijo Ray en su cuenta de Twitter.

Ray afirma que en su evolución, este sistema ha desarrollado su propia economía sobre la cual se teje una complejísima red de operadores que costará mucho desarticular. “La ECR se ha convertido en el hilo de sustentación del régimen venezolano”, agregó.  

En una entrevista a Runrun.es, Ray explicó que la economía criminal es revolucionaria en tanto se internacionaliza. “La economía revolucionaria fue diseñada adrede y la han ido perfeccionando con los años. Pensemos en cómo han organizado la venta ilegal de combustible por la frontera hacia Colombia. Esa es toda una logística a ambos lados de la frontera. Eso no ocurrió de un día para otro, fue un proceso. Hoy, en vista de que se han cerrado las vías formales y legales de hacer dinero han buscado vías alternas, incluso criminales como la extracción y comercialización ilegal del oro, para hacerse de recursos económicos”, dijo.  

Ray no duda en afirmar que el propósito número uno detrás de un sistema como el de la ECR es mantenerse en el poder a cualquier costo.  “El régimen ha calculado que para lograr ese objetivo no necesita más de 500 millones de dólares al mes. Es decir, cualquier actividad que les produzca esa cantidad de dinero es suficiente. Con ese monto se pagan gastos como la nómina de sus leales en las Fuerzas Armadas, los principales caudillos de las operaciones ilegales y la compra del CLAP. Al final, la fórmula de sostenimiento en el poder pasa por dos factores: la estructura de dominación social a través de los alimentos y la estructura de represión a través de la fuerza”, agregó. 

El rol de los aliados: más allá de los sospechosos habituales

Ninguna dictadura puede mantenerse en el poder durante décadas sin el apoyo internacional. Pese a la extensión de las sanciones impuestas a Siria, Irán, Corea del Norte y Venezuela, la camarilla gobernante en esos países se ha valido no sólo de sus aliados ideológicos sino incluso de algunos países democráticos y en teoría críticos de las violaciones a los derechos humanos para hacerse del dinero que necesitan para seguir en el poder. 

El reducido grupo que gobierna Corea del Norte ha logrado sortear las sanciones y conservar el poder en gran medida gracias a que China le compra el 86% de sus exportaciones y a su vez le provee más de 90% de las importaciones, según información de la Agencia Central de Inteligencia ​ de los Estados Unidos. 

China no es el único país dispuesto a hacer negocios con el hermético Kim Yong-un. Un reporte del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional reveló que hay otros 49 países que han violado las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas impuestas a Corea del Norte entre marzo de 2014 y septiembre de 2017. A partir de datos de la ONU, el estudio encontró que países que van desde naciones pobres y aisladas como Angola hasta potencias globales más ricas como Alemania han ignorado una amplia variedad de medidas que prohíben la actividad económica y los lazos militares con Corea del Norte.

Mientras que Kim Yong-un logra sortear las sanciones para seguir gobernando, más de 11 millones de norcoreanos -casi la mitad de la población- sufre de desnutrición, según reportes del Programa Mundial de Alimentos

En el caso de Irán, China vuelve a relucir pues es su principal comprador de petróleo. No obstante, el rol que juega Alemania es quizás más interesante pues Irán ha logrado evadir las sanciones echando mano de la astucia y de un complejísimo entramado de empresas fantasmas que operan en el país europeo.

“Una buena ilustración de cómo Irán pasa por alto las sanciones son las actividades del régimen en la ciudad alemana de Düsseldorf. Algunas de las mejores tecnologías de Alemania se producen aquí. Concentrados en una región relativamente pequeña, miles de empresas familiares medianas y pequeñas inventan, ensamblan, producen y venden algunas de las mejores máquinas y productos industriales del mundo. Es un lugar ideal para comprar componentes de “doble uso”: materiales que son necesarios para la fabricación de armas nucleares, pero que también pueden usarse con fines civiles, lo que le da al comprador una negación plausible”, describe en un artículo Emanuele Ottolenghi, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Ottolenghi señaló que “Irán ha establecido una vertiginosa variedad de empresas de primera línea desde Düsseldorf hasta Frankfurt. Debido a que la mayoría de estas compañías abren y cierran en cuestión de meses, dejando poco o ningún rastro de papel, es difícil decir exactamente qué hacen. Incluso cuando duran un período de tiempo razonable tienden a operar bajo el radar, a menudo en los hogares de sus gerentes, con poca información disponible para el público. No obstante, muchos de ellos parecen estar involucrados en adquisiciones industriales, incluso, supuestamente para los programas de misiles balísticos y nucleares de Irán”. 

“Irán ha establecido una vertiginosa variedad de empresas de primera línea desde Düsseldorf hasta Frankfurt. Debido a que la mayoría de estas compañías abren y cierran en cuestión de meses, dejando poco o ningún rastro de papel”.

 

Mientras que el régimen de Hassan Rouhani se las ha ingeniado para evadir las sanciones y seguir avanzando en su programa nuclear, el reporte 2019 de Human Rights Watch da cuenta de cómo las autoridades iraníes llevaron a cabo arrestos masivos arbitrarios y graves violaciones del debido proceso durante 2018 en respuesta a las protestas en todo el país por el deterioro de las condiciones económicas, la percepción de corrupción y la falta de libertades políticas y sociales. 

Rusia es otro sospechoso habitual de apoyar las frágiles economías de las dictaduras sancionadas. Ha sido un apoyo clave para Bashar al-Assad en Siria y en consecuencia la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó en septiembre de 2019 a una empresa, tres individuos y cinco embarcaciones que participan en un esquema de evasión de sanciones para facilitar la entrega de combustible para aviones a las fuerzas rusas que operan en Siria. 

“El Tesoro está apuntando a un esquema de evasión de sanciones que incluye compañías de fachada, embarcaciones y conspiradores que han estado facilitando la transferencia ilícita de combustible para aviones al ejército ruso en Siria. El régimen despótico de Assad está bajo la atención internacional por usar armas químicas y cometer atrocidades contra civiles sirios inocentes, y confían en este tipo de redes ilícitas para mantenerse en el poder”, dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. 

Mientras Bashar al-Assad urde estrategias para seguir en el poder, el Centro Sirio para la Investigación de Políticas estimó que la cifra de muertos tras el inicio de la guerra civil en 2011 era de 470,000 y además ha dejado casi 2 millones de heridos. Además, la cifra de refugiados llegó en torno a los cinco millones en 2016 lo que corresponde a casi el 25 % de la población de Siria.

Tanto China como Rusia han sido aliados clave para la supervivencia de la revolución chavista. A lo largo de la última década, China le ha prestado a Venezuela unos 62.000 millones de dólares, según la Base de Datos de Financiación China-América Latina del Diálogo Interamericano. En octubre de 2019, Venezuela y Rusia renovaron contratos de “apoyo y asesoría” en materia militar y energética que incluyen la participación de empresas rusas en el sector petrolero, gasífero y agrícola, anunció Nicolás Maduro. De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, la deuda venezolana asciende a 3.000 millones de dólares.

“Estos aliados están ahí en la medida en que represente un negocio para ellos. Por ejemplo, en el caso de China la producción petrolera era lo suficientemente robusta para atraer la inversión en infraestructura pero desde el 2016 dejó de ser un buen negocio y hoy su único interés es que les paguen la deuda. En el caso de Rusia, hoy es un gran negocio para ellos manejar la comercialización, logística de transporte y venta de hidrocarburos, tal y como hasta 2013 lo fue la venta de armas a Venezuela. Ambos serán aliados hasta que Venezuela deje de ser un negocio. Esas alianzas funcionan en tanto sean negocios para esos países. Claro, el problema es que mientras tanto le dan oxígeno al régimen”, argumenta Moya Ocampo.

Turquía y el Líbano se suman a los países con alianzas comerciales con el régimen de Maduro. Una investigación de runrunes reveló que el Banco Central de Venezuela ha vendido oro venezolano a empresas en Turquía que a cambio suministra alimentos para el programa estatal conocido como CLAP. Otra investigación descubrió seis empresas en el Líbano -que no es un proveedor tradicional de alimentos a Venezuela-, con vínculos con dicho programa de alimentos subsidiados. El CLAP ha sido asociado con una trama de corrupción generalizada y es conocido por suministrar alimentos de baja calidad. 

Mientras Maduro y sus grupos de poder se reparten las riquezas de los venezolanos, la emergencia humanitaria declarada por organizaciones como Human Rights Watch sigue su avance. El representante especial conjunto de la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), Eduardo Stein declaró en octubre de 2019 que para el próximo año los refugiados venezolanos pueden superar los 6,5 millones. 

Las Naciones Unidas y sus socios humanitarios estiman que hay unas 7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en Venezuela pues el país tienen un sistema de salud totalmente colapsado. Aún sin cifras oficiales se sabe que ha aumentado la mortalidad materna e infantil; que se propagaron enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; que incrementaron enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis; y que la desnutrición infantil aguda se elevó a un 100% en 14 estados del país según Cáritas de Venezuela. Además, el Fondo Monetario Internacional estima que 2019 cerrará con 200.000% de inflación y proyecta 500.000% para 2020. 

Sin escrúpulos: lo que hay detrás de la percepción de estabilidad

Incluso a los dictadores les es indispensable construir estabilidad para mantenerse en el poder, asegura Ray. “Entre 2018 y principios de 2019 el equilibrio del régimen fue muy inestable. Lo que les ha permitido la economía criminal revolucionaria es ir más allá del mero sostenimiento en el poder para generar además una percepción de estabilidad. ¿Cómo lo han logrado? Abasteciendo al país a través de una red que si bien no es criminal, sí ha crecido bajo la sombra de la economía criminal”. 

“Lo que les ha permitido la economía criminal revolucionaria es ir más allá del mero sostenimiento en el poder para generar además una percepción de estabilidad”.

 

Ray se refiere al auge de bodegones con comida importada y a la red de pequeños servicios ofertados en dólares que ha proliferado en las principales ciudades de Venezuela. “Son negocios totalmente oportunistas. Eso no es para mejorar la economía del país sino para construir la percepción de estabilidad. La economía criminal no da para arreglar nada estructural sino para mejoras superficiales. De ahí que el foco esté en el comercio. Bajo este modelo no habrá crecimiento económico para nada”. 

Para construir esta percepción de estabilidad han recurrido nuevamente al apoyo de Rusia. Un trabajo de investigación de la agencia Bloomberg reveló que desde ese país se han enviado cientos de millones de dólares en efectivo a Venezuela lo que proporciona un salvavidas al régimen de Maduro ya que las sanciones de los Estados Unidos limitan su acceso al sistema financiero global. “Se envió un total de 315 millones en billetes de dólares americanos y en euros en seis envíos separados desde Moscú a Caracas desde mayo de 2018 hasta abril de 2019”, asegura Bloomberg. 

Para Omar Zambrano, economista jefe de la consultora Anova, esta “burbuja” responde a la presión que viene de la élite y no de la sociedad en su conjunto. “Creo que se dieron cuenta de que la dolarización espontánea está funcionando como motor de una pequeña economía comercial y de servicios en las principales urbes que satisface a la casta empoderada. No va de la mano de las instituciones y por tanto es una dolarización sin estructura ni regulación”.

Zambrano argumenta que aunque en apariencia la situación económica luce mucho mejor de lo que estaba hace 18 meses, el problema reside en que se trata de una economía superficial y de una burbuja que no genera empleos ni producción. “Gran parte de la población no participa de esta economía, de hecho, está generando una fractura profunda entre aquellos que pueden tener acceso a dólares y quienes solo generan bolívares. Me preocupa que se perciba que esta burbuja representa una economía que ya arrancó y que va encontrando caminos pues yo no creo que sea así”.  

La proyección de Zambrano no es alentadora. “Esta economía no nos salva de la crisis pues no genera ni producción ni empleo para las grandes mayorías, por eso por un lado hay un sector de la población con acceso a bienes importados y por el otro hay uno que sufre el rigor de una crisis humanitaria. Esta es una economía que cada día se me parece más a la haitiana o a la de Guinea Ecuatorial. Es una burbuja orientada a la satisfacción del consumo de una élite empoderada y adinerada y, del otro lado, la nada, el walking dead, el país que no tiene forma de comprar comida ni medicinas”.

El analista senior para América Latina de IHS Global Insight advierte que a medida que se cierre la economía formal venezolana y sea menos rentable comercializar con los países aliados por la vigilancia internacional, el gobierno se verá más forzado a recurrir a otro tipo de mercados negros como el tráfico de drogas y el lavado de dinero a gran escala. 

“Hasta ahora, el gobierno de Maduro ha podido adaptarse y evadir las sanciones porque los rusos ejercen el transporte y comercialización de hidrocarburos, pero ante la caída de la producción -se estima que la misma siga cayendo a menos de 500.000 barriles diarios en 2020- ellos no seguirán financiando el aparato de seguridad. No podrán mantener la lealtad del aparato militar que es lo único que mantiene a Maduro en el poder. ¿Qué va a pasar? Que para complementar la pérdida de los recursos lícitos no le quedará otra que volcarse totalmente hacia actividades criminales como el narcotráfico hacia los Estados Unidos y Europa”, dice Moya Ocampo. 

Mientras que la producción petrolera venezolana continúa su declive, India se presenta como un salvavidas del régimen de Maduro tal y como durante años lo ha sido del régimen de Rouhani en Irán. Nueva Delhi ha sido el segundo comprador de petróleo iraní a pesar de las sanciones y, de acuerdo con la agencia Reuters, en diciembre de 2019 contribuyó de manera significativa a que PDVSA evadiera las sanciones y lograra exportar 1.037 millones de barriles de crudo. 

Frente a este panorama, el analista de IHS Global Insight lanza una alerta: “Creo que eventualmente en Venezuela va a haber falsificación de billetes. No porque en Venezuela hoy tengan el conocimiento para hacerlo sino porque le dirán a las mafias que se encargan de ese negocio en Perú que se vayan a Venezuela porque ahí nadie los va a perseguir. Venezuela se convertirá en un estado criminal -cosa distinta a un narco estado-, en el cual toda actividad criminal que sea susceptible de generarle recursos es algo que el gobierno de Maduro apoyará y buscará atraer”. 

Muro de contención

El jurista y expresidente del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela, Fernando Fernández, considera que lo que atraviesa Venezuela responde a las características del Estado dual. “Tenemos dos Estados, el que está en la Constitución y el que está en los Decretos ley y ambos son antagónicos. Además tenemos dos gobiernos, dos Fiscales, dos Asambleas, en conclusión, tenemos un caos. Esta economía llegó al fango producto de la gran corrupción o cleptocracia”.  

Fernández coincide con la apreciación de que es un error creer que las sanciones están destinadas a derrocar gobiernos. “Esas sanciones están limitadas a personas naturales y empresas. Venezuela como país no está sancionado. Su función es limitar que el dinero producto de actividades criminales ingrese al sistema financiero internacional pues cuando lo hacen terminan integrándose en toda la economía”. 

El jurista y defensor de derechos humanos esgrime que el país no ha terminado de colapsar porque los venezolanos no se han rendido. “La gente acá adentro sigue peleando. En este país hay muchas reservas morales y hay muchas ONG trabajando, sobre todo en el interior del país. Cada día se une más gente para hacerle frente a esta tragedia”. 

Por su parte, Ray también ve en los valores de los venezolanos un muro de contención ante el avance de la economía criminal revolucionaria. “Veo que estamos en una encrucijada pues el modelo de economía criminal no lo han podido consolidar del todo porque todavía hay mucha lucha por los espacios y por el poder. Esa es una oportunidad para las fuerzas democráticas. Las sanciones personales sobre la casta de testaferros que sirve al régimen ha dificultado que este sistema se consolide totalmente”. 

“Lo que nos puede salvar de este modelo son los valores, apelar a los principios. Los venezolanos no son criminales. Si dejamos pasar esta encrucijada y permitimos que este modelo criminal se afiance del todo será prácticamente imposible desarticularlo. Al final, esta gente es una gran banda. Está en nuestras manos decidir si queremos vivir bajo el amparo de una economía criminal o si vamos a pelear por recuperar el país. Esta gente es tremendamente hábil y su principal ventaja es que no tienen escrúpulos ni siguen ninguna regla. Hacen lo que les da la gana”, concluye Ray. 

La carta misteriosa que los diputados de oposición enviaron a Guaidó
A pocas semanas de la elección del nuevo presidente de la AN, en el Palacio Federal Legislativo se habla de una misiva que recoge el descontento hacia la gestión de Juan Guaidó

@saracosco

70 diputados de la Asamblea Nacional habrían firmado, como dice la canción de “puño y letra”, una “carta desgraciada” para pedirle una reunión al presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó. 

Los primeros en asomar este hecho fueron los diputados José Brito (PJ-Anzoátegui) y Luis Parra (PJ-Yaracuy). Aunque los dos aseguraron que no la firmaron. 

Esto lo revelaron además luego de que fueran mencionados en el reportaje de investigación de Armando Info, como parte de una comisión que intenta exculpar a los empresarios colombianos Alex Saab y Carlos Lizcano, vinculados a casos de corrupción con la compra de alimentos y las cajas CLAP. 

Brito aseguró que los diputados que firmaron la carta para exigir explicación sobre el manejo de recursos de la ayuda humanitaria, mientras que Parra dijo que era para pedirle una reunión a Guaidó. 

Edgar Zambrano (AD-Lara) aseguró desconocer la existencia de una misiva , aunque agregó que enviar cartas para solicitar reuniones, es algo normal dentro del Parlamento. 

Pero el diputado Ismael León (VP-Distrito Capital) reconoció que sí existió esta comunicación, para solicitar un encuentro con el presidente del Parlamento.

En tres semanas se debe elegir una nueva Junta Directiva en la AN. Hasta hace un mes la reelección de Guaidó estaba segura, pero con las declaraciones de los diputados que están siendo investigados, se han creado tensiones y rumores sobre un posible cambio de presidente en el Parlamento. 

Incluso antes del caso de los CLAP, el hecho de que el gobierno interino liderado por Guaidó no lograra el primero de sus objetivos -el cese de la usurpación de Nicolás Maduro- ya había abierto la carrera de contendores para sustituirlo en la presidencia de la AN, a pesar de que el interinato Guaidó es reconocido por más de 50 países.

¿Pero quién la firmó?

León dijo que tampoco firmó la misiva, pero explicó que diputados de su partido – que es el mismo del presidente Guaidó- como Jesús Abreu (VP-Distrito Capital) y Gilberto Sojo (VP-Aragua) sí lo hicieron. 

Sin embargo, hasta el momento la carta parece un animal mitológico de los jardines del Palacio Federal Legislativo, porque no aparece y no se ha publicado en alguna red social o medio de comunicación. Incluso los diputados que la firmaron se han mantenido en total silencio. 

Para agregarle más misterio a la carta, una fuente de la Asamblea Nacional aseguró a Runrun.es que lo más probable es que ya no exista.

#EstoNoEsNormal | La cola, el efectivo y el café

-Porfa, LA QUE VEA GASOLINA AVISA.

Este es el primer mensaje, antes de las 8 de la mañana, en el grupo de una familia que vive en una ciudad del centro de Venezuela. Siguen los demás: 

-Tengo 1 hora y media en la cola de la bomba de XXXX y apenas llevo 50 metros avanzados.

-Buenos días, por favor, ¿alguna ha visto bomba de gasolina abierta???

-No he salido

-Ahora me asomo a ver si la bomba cerca de mi casa abre. Las bombas no abren tan temprano; anoche se fue la luz aquí y se cerró la bomba y no abrió más.

Al día siguiente:

-Buenos días. Estoy en XXXXX haciendo la cola con poquiticos carros pero aquí la gandola llega tarde :(((( El encargado dijo que hoy sí venía, vamos a ver. 

-Aquí el enlace del grupo para amigos familiares que quieran saber dónde hay gasolina: https://chat.whatsapp.com/B6n3eJogCfAI34gCSB2uqzuytrt

-La de XXXX llega a la avenida Bolívar. Jamás había visto esa cola tan larga. 

-Nada que llega la gandola y ahora el encargado dice que esta bomba tiene dos tanque contaminados. Qué estrés, y yo teniendo que ir a trabajar al hospital. Auxilio. 
 
-Cuando vengan a la bomba de mi casa pegan el grito que les llevo efectivo. Si no tengo, les hago café

Al otro día, a media mañana:

-Se me acaba de colear un carro adelante de mí. ¡¡Qué rabia!!!!!

-Chama a mí también me pasó y ¡¡qué rabia!! El de adelante lo dejó pasar.

-Qué rabia eso. En vez de avisar que están guardando puesto.

Al final de la tarde:

-Me vine pa’ mi casa, mañana lo intento.

Así tienen más de una semana: haciendo inventario matutino de bombas abiertas, ayudándose con el efectivo, ofreciendo café, dándose la cola, comiendo helado de batibati en el carro y bajo el sol; dejando de ir al trabajo para pasar horas en una fila en cualquier calle, dejando de ir a lugares para no gastar combustible, calculando cuánto alcanza un cuarto de tanque. La vida medida. La vida sin vivirla. La vida que otros han diseñado.

Lo mismo ocurre en varias ciudades de la zona central del país. En Caracas, la capital-burbuja, apenas hay congestionamiento en algunas estaciones de servicio. 

Mañana me despertaré con los mismos mensajes. Normal. 

La nueva cara del estigma del venezolano en Colombia
Venezolanos que viven en el vecino país son señalados como culpables de alteraciones al orden público
Aseguran que la culpa de esta estigmatización recae en gran parte en el pésimo manejo de la información por parte de algunos medios 
La Constitución colombiana permite a los inmigrantes protestar de manera pacífica

 

Según el artículo 37 de la Constitución de Colombia, la protesta es un derecho de todo aquel que habite en ese país. “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, reza el mencionado artículo. 

Para Lucía Ramírez, miembro del centro de estudios jurídicos y sociales DeJusticia en Bogotá, los venezolanos que viven en Colombia también tienen derecho a la protesta, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica.

“No existe una prohibición expresa en la ley para que los venezolanos no puedan protestar. La protesta es un derecho que está contemplado en la ley”, sostuvo Ramírez.

En el marco de las protestas que se efectúan en la capital colombiana contra el gobierno del presidente Iván Duque, la policía expulsó a 59 venezolanos por supuestamente participar en actos vandálicos el pasado 25 de noviembre. Los sujetos fueron subidos a un autobús esposados y llevados al aeropuerto militar de Catam a las afueras de Bogotá para ser deportados.

Entre la población colombiana corre el rumor de que son grupos de venezolanos quienes propician los disturbios. 

Durante las protestas la etiqueta #venezolanos y #venecos se hizo tendencia en Twitter. Además en grupos de WhatsApp corrió la información de que los responsables de los desmanes eran de nacionalidad venezolana.

 

En septiembre de 2019, el gobierno colombiano reportó que la cifra de migrantes venezolanos que viven en el país ya superó los 1,6 millones de personas, lo que corresponde al 3,4% de la población.

Lucía Ramírez dijo que ciertamente se está comenzando a propagar una corriente de estigmatización contra el venezolano inmigrante en Colombia. 

“Hay una responsabilidad importante de los medios que han visibilizado de manera inadecuada hechos que involucran a venezolanos. Como en cualquier lugar hay personas que comenten delitos y no se debe resaltar cuál es su nacionalidad. Las organizaciones hemos solicitado a ciertos medios que sean responsables a la hora de comunicar la forma como presentan los hechos porque estos pueden tener cierto impacto en la persona a la que le llega ese mensaje”, dijo Ramírez.

 

César Valderrama también es investigador de DeJusticia y en una entrevista transmitida por Radio Fe y Alegría dijo que la desinformación ha generado una ola de xenofobia contra los venezolanos en medio de las protestas en Colombia.

“Capturaron a un grupo y los acusaron de propiciar los disturbios y esto género sentimientos de xenofobia muy fuertes en Colombia. Eso es algo totalmente condenable”, dijo Valderrama.

Valderrama indicó que se violó el debido proceso porque no se le respetaron sus derechos humanos.

Lucía Ramírez sostuvo que a partir de informaciones no verificadas también se vinculó a personas venezolanas con los saqueos que se produjeron en varias ciudades de Colombia.

“Lo que está sucediendo es un problema de Colombia y los colombianos, pero si hay venezolanos inmersos en actividades contrarias a la ley Colombia tiene que judicializarlos y condenarlos”, dijo en unas declaraciones a la revista Semana el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Colombia, Gonzalo Oliveros.

“La legislación interna establece que si un extranjero está involucrado en situaciones que alteran el orden público, se le puede adelantar un proceso de deportación”, dijo Ramírez. 

Criminalidad no tiene nacionalidad 

La abogada Lucía Ramírez sostuvo que los índices de criminalidad en Colombia nada tienen que ver con una nacionalidad en particular.

“No tenemos pruebas que indiquen que sean un grupo de personas de un país en específico que esté delinquiendo más en Colombia. Las personas migrantes no delinquen más que los nacionales”, dijo la miembro de DeJusticia. 

Sostuvo que es incuestionable el impacto que ha tenido la migración venezolana en Colombia.

“Colombia era más bien un expulsor de población migrante. Hasta hace unos años era el país en la región que había expulsado más refugiados a otros países”, sostuvo Ramírez.

Ramírez dijo que Colombia no posee la infraestructura institucional para recibir a un gran número de migrantes. “Esto ha generado impacto en sectores como la salud y la educación. No contamos con una política migratoria integral que garantice la protección de los derechos de las personas migrantes de una manera amplia”, dijo la experta en derecho. 

La abogada sostuvo que la inmigración también tiene aspectos positivos que favorecen a la sociedad colombiana.

“Muchas de las personas que emigran son jóvenes que pueden incorporarse al sistema laboral”. 

Diputados del caso CLAP fueron recibidos con cordialidad en la AN pero serán investigados
La Comisión Especial para investigar a los parlamentarios encontró indicios que sustentan una auditoría 
El diputado José Luis Pirela reconoció que un empresario le financió el viaje a Europa  
Conrado Pérez, José Brito y Luis Parra no levantaron la mano para votar por el inicio de una investigación

@saracosco

Héctor Vargas (UNT-Zulia) y William Barrientos (UNT-Zulia) llegaron al Palacio Federal Legislativo cargados con folios y documentos para tratar de desmontar el reportaje de investigación del medio Armando.info en el que se reveló que varios diputados de oposición -ellos dos, entre otros- se prestaron para “lavar la reputación” de empresarios relacionados con la corrupción del negocio de los CLAP.

Aunque la corrupción de los CLAP no era un punto en en el orden del día de la sesión ordinaria del martes pasado en la Asamblea Nacional, sí fue el tema de debate entre parlamentarios y de conversación entre periodistas por los jardines del Palacio Federal Legislativo.

Desde temprano cada uno de los diputados señalados en el reportaje de Armando.Info fueron llegando a la sede del Legislativo y, varios de ellos, aseguraron -a pesar de las evidencias del reportaje- que no forman parte de ninguna trama de corrupción. Todos, menos Luis Parra (PJ-Yaracuy), pertenecen a la Comisión de Contraloría de la AN.

Barrientos, incluso, llevó su pasaporte para comprobar que no viajó a Colombia o Europa como señala el reportaje. En un momento de euforia del diputado zuliano, el pasaporte quedó tirado en el suelo cerca de los camarógrafos. 

En un momento de euforia del diputado zuliano, el pasaporte quedó tirado en el suelo cerca de los camarógrafos.

Al momento de declarar a la prensa Vargas y Barrientos lo hicieron en momentos distintos y sin la compañía de alguno de sus colegas de partido. Sin embargo, una vez dentro del Hemiciclo, saludaron de forma cordial al resto de los diputados, e incluso votaron a favor de iniciar la investigación.

Barrientos -además- subió al puesto del presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó, donde ambos se dieron la mano, hablaron y se rieron. 

“Paciencia”

El diputado José Luis Pirela (16J-Zulia) fue otro de los que declaró su inocencia ante los medios, aunque confesó que un empresario – sin revelar el nombre – financió su viaje a Europa para denunciar al expresidente de Rafael Ramírez y aseguró que un parlamentario no tiene obligación de pedir permiso para viajar.

Pirela no está siendo investigado por su fracción – a diferencia de los diputados de UNT, VP y PJ- y sus compañeros de organización lo acompañaron durante sus declaraciones. En todo momento mostraron apoyo e incluso se rieron de algunas preguntas de los periodistas.

Situación similar sucedió con el diputado Adolfo Superlano (Independientes-Barinas) que llegó al Palacio junto a sus compañeros de fracción, José Antonio España (Delta Amacuro) y José Gregorio Aparicio (Independientes-Monagas).

Antes de declarar, los tres se mantuvieron juntos en los jardines del Palacio y estuvieron al lado de Superlano mientras conversaba con los medios. Incluso hubo un momento en el que Aparicio le susurró “paciencia” ante las preguntas de los periodistas.

Antes de declarar, los tres se mantuvieron juntos en los jardines del Palacio y estuvieron al lado de Superlano mientras conversaba con los medios. Incluso hubo un momento en el que Aparicio le susurró “paciencia” ante las preguntas de los periodistas.

Mientras Superlano declaraba, otros señalados en el reportaje, los diputados Conrado Pérez (PJ-Trujillo) y José Brito (PJ-Anzoátegui), llegaron a la Asamblea Nacional. Los dos fueron seguidos por algunas cámaras, aunque Pérez no respondió a ninguna pregunta y Brito acusó nuevamente a Guaidó de corrupto.

Pérez solo conversó con Luis Parra (PJ-Yaracuy) y Brito dentro del Hemiciclo, aunque ellos dos sí saludaron al resto de sus compañeros de partido de forma natural. 

A diferencia del resto de los señalados en el reportaje de investigación, ninguno de los tres levantó la mano para votar a favor de iniciar una investigación a la Comisión de Contraloría. 

Guaidó pidió ver a los venezolanos la diferencia entre su respuesta ante esta denuncia y la que ha dado el Gobierno de Nicolás Maduro. 

“Hoy nuestros niños mueren de hambre por culpa de la maldita corrupción que tiene años azotando a Venezuela. A los venezolanos le pido que vean la radical diferencia entre las acciones del gobierno interino que de inmediato da respuestas y ordena una investigación; al contrario de la dictadura que luego de 20 años no ha investigado, discutido, debatido ningún caso de corrupción en los que se han visto envueltos como Odebrecht, Pdvsa, entre otros”, aseguró con un tono de voz elevado que consiguió los aplausos de la mayoría de sus colegas.

Hay base para investigar

La Comisión Especial – conformada por el primer vicepresidente Edgar Zambrano (AD-Lara), el segundo vicepresidente, Stalin González (UNT-Distrito Capital), Marialbert Barrios (PJ-Distrito Capital) y el subsecretario, José Luis Cartaya- confirmó que hay base para iniciar una investigación para desentrañar el vínculo entre los diputados opositores con Alex Saab y Carlos Lizcano, empresarios colombianos acusados de corrupción en la importación de alimentos y compra de las Cajas CLAP- comida subsidiada por el Gobierno. 

Como parte del proceso de investigación auditarán todas las actas de la Comisión de Contraloría, subcomisiones, correspondencia recibida y enviada y los documentos registrados en las notarías desde 2016 hasta el año actual.

La Comisión citó a los parlamentarios para el próximo lunes, 9 de diciembre, en las mismas oficinas donde presuntamente firmaron esas “cartas de buena conducta” para Alex Saab y  Carlos Lizcano. 

Los vecinos se ocupan de sus cosas y la crisis venezolana pasa a un segundo plano en la región
Los cambios políticos y manifestaciones sociales han cambiado el foco de atención de los gobiernos del continente a sus problemas internos
Expertos indican que la Asamblea Nacional debe dejar de lado el discurso de ideologías y aclarar que la situación en Venezuela se trata de derechos humanos

@gchenriquez1

Así como en el año 2017 la empresa a cargo del sistema de voto electrónico empleado en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Smartmatic, denunció que en agosto de ese año el Consejo Nacional Electoral anunció resultados diferentes a los arrojados por el sistema de votación, el viernes 8 de noviembre ocurrió lo mismo en Bolivia. 

Pero las consecuencias fueron diferentes. 

La empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral boliviano, Ethical Hacking, determinó que la integridad de la base de datos fue violada y que mucha de la data que se encontró en la investigación sustenta que el proceso electoral estuvo viciado de nulidad. Asimismo, la auditoría realizada por la OEA determinó que las elecciones del pasado 20 de octubre no podían ser ratificadas debido a “graves irregularidades”. 

Tan solo dos días, después, el domingo 10 de noviembre, Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera, renunciaron a sus cargos luego de que el  jefe del Ejército, Williams Kaliman, sugiriera -verbo que es usado en la Constitución de ese país- su dimisión. Junto a ellos, todas las autoridades que forman parte de la cadena de sucesión constitucional también renunciaron. 

Es por eso que Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado y política opositora, asumió el martes 12 de noviembre la presidencia interina de Bolivia, en una sesión parlamentaria con la ausencia de los representantes de la bancada mayoritaria, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Después de acusaciones de haber consumado un golpe de Estado y de permitir la represión policial hacia los simpatizantes de Morales, Áñez va encaminada a definir una fecha de elecciones presidenciales. 

El de Áñez sería el segundo gobierno interino de la región, junto al de Juan Guaidó. Pero, al parecer, con consecuencias diferentes. 

Después de que a inicios de 2019 buena parte de los gobiernos del continente, a través principalmente del Grupo de Lima, cerró filas alrededor del interinato del presidente del parlamento, Juan Guaidó. Varios meses después, los vecinos comenzaron a ver su propio jardín arder.  ¿El timing venezolano ya pasó? 

Grupo de lima-limón 

En Brasilia, el 8 de noviembre se reunieron los 11 miembros del Grupo de Lima para ratificar su apoyo a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, tras no haberlo hecho desde el pasado 23 de septiembre. En el último encuentro se comprometieron a “adoptar otras medidas adicionales de presión – excluyendo el uso de la fuerza – sobre el régimen de Maduro, con sanciones específicas que permitan avances en la transición democrática, de acuerdo con los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales”. El resultado de este encuentro, sintetizado en 23 puntos, reafirma la opinión expresada por el director asistente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), Geoff Ramsey. 

Ramsey no encuentra una solución a la vista que vaya a marcar la diferencia en la crisis venezolana.

“Yo creo que a nivel regional el Grupo de Lima probablemente va a seguir emitiendo una declaración cada mes o par de meses y va a seguir documentando el agravamiento de la crisis. Pero no veo a una región muy interesada en hacer más que eso. Quizás los países en la nueva reunión del TIAR podrían producir un anuncio en torno a las sanciones individuales, pero aún así yo no veo una solución saliendo de las sanciones”, apuntó.  

 

Luis Álvarez, internacionalista y magíster en Ciencia Política, indica que antes de la reunión del Grupo de Lima, el canciller de Perú habló de un relanzamiento del organismo, por lo que se evidencia que hubo una caída y quiebre en el dinamismo que tenía. 

Otro elemento que enrarece el contexto del funcionamiento del Grupo de Lima es la contradicción entre el apoyo de este grupo a la propuesta de Guaidó y las políticas migratorias de estos países hacia los venezolanos que ingresan a ellos. 

Álvarez considera que los países miembros deben facilitar aún más la estadía de los venezolanos. “No pedir el apostille o documentos registrados ya que eso se debe hacer en las oficinas y ministerios de un régimen que ellos no reconocen; y además, cómo los consigue una persona que se fue caminando del país. Por lo menos deben flexibilizar los requisitos en los trámites de visa como dicen que lo van a hacer”. 

Venezuela, la dueña de su propio futuro

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay: todos estos países terminarán el año con panoramas muy distintos a como lo empezaron. Venezuela, en cambio, pareciera que finalizará 2019 en un largo purgatorio político, una burbuja económica dolarizada para beneficio de una minoría y la misma emergencia humanitaria aplastando a los sectores con menos recursos. 

En opinión de Álvarez los cambios en la región podrían afectar el trabajo por la recuperación democrática que la Asamblea Nacional viene haciendo. “Por una razón muy lógica: los países tienen que dejar de ver a Venezuela porque tienen que empezar a ver lo que ocurre hacia adentro”, explicó. 

 

Álvarez aseguró que el trabajo que queda por delante, en manos de la Asamblea Nacional, es tender los puentes necesarios con los distintos gobiernos, independientemente de su naturaleza, para dar a entender que en Venezuela no existe un problema ideológico sino de derechos humanos y de falta de libertad. “Es importante que en la política comunicacional de la Asamblea Nacional se deje claro que el drama regional empieza a aclararse si en Venezuela hay un cambio de gobierno bajo condiciones democráticas”, apuntó.   

 

 

Geoff Ramsey, de WOLA, opina que “a nivel simbólico probablemente la región va a seguir ejerciendo un papel significante pero no creo que vaya a hacer la diferencia. A nivel regional esto nunca iba a ser permanente. Cada país tiene sus preocupaciones internas y eso de cierta manera era inevitable: perder el interés en Venezuela después de un tiempo”. 

Apunta que la oposición debe volver a la estrategia de no politizar la lucha venezolana y de decir que no se trata de un conflicto de izquierda o de derecha, sino de la democracia contra el autoritarismo. 

“Recuerdo que en febrero-marzo hubo un intento de establecer lazos con sectores del chavismo democrático o con los moderados en esa coalición. Parece que esos esfuerzos han sido abandonados y yo creo que hay que volver a ese tipo de narrativa porque lo que hace es blindar el apoyo público para el movimiento opositor en el país”, explicó. 

La región, de norte a sur

En el norte, en opinión Álvarez, la administración de Donald Trump va a mantener una política de sanciones a individuos pero no irá más allá que eso. Explica que el tema venezolano le funciona para atender a un electorado del sur de la Florida y a los republicanos críticos de las políticas demócratas. No obstante, le interesa mantener a su electorado de la zona norte del país. “¿Si está retirando tropas de Siria, por qué se va a meter más en Venezuela? Una acción directa no la veo y espero que tampoco ocurra, por las consecuencias que eso implica”, indicó. 

De hecho, voceros como John Bolton, Marco Rubio y el propio Trump cada vez se refieren menos en sus redes sociales a Venezuela y cada vez se ocupan más de sus asuntos internos. Es ahora Elliott Abrams, representante especial para Venezuela, quien se refiere a al país públicamente; y el pasado miércoles 29 de noviembre aseguró que Estados Unidos mantendrá la misma política hacia la nación sudamericana. 

Ramsey asevera que Estados Unidos ya “ha usado la opción nuclear”, que son las sanciones petroleras. Estas no han generado un cambio notable dentro de la coalición gobernante en Venezuela, por lo que no avizora qué más podría hacer la comunidad internacional por el país. 

 

“Yo creo que estamos al máximo de la presión internacional y hay que volver a insistir en presión interna y en apoyar a factores políticos que están dentro de Venezuela intentando abogar por una solución política”, añadió.  

 

Las sanciones impuestas por Estados Unidos el pasado martes 26 de noviembre a la Corporación Panamericana de Cuba, empresa utilizada por la estatal Cubametales para comercializar petróleo venezolano y así ayudar al país a evadir las sanciones, refuerza la ruta de acciones a distancia que ha elegido EE.UU., país cuyos voceros además han amenazado con imponer aún más sanciones. 

En México Andrés Manuel López Obrador no se retrata abiertamente con el gobierno de Nicolás Maduro, lo que indica que si bien no tiene la posición cerrada que tenía el gobierno anterior, igual mantiene críticas y preocupación con lo que ocurre en Venezuela. No obstante, con el recibimiento del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en calidad de asilado político el pasado 12 de noviembre, se deja en evidencia que las inclinaciones de López Obrador siguen orientadas a apoyar a mandatarios de izquierda. 

A juicio de Álvarez, los resultados de las elecciones regionales en Colombia -en los que los candidatos afines al presidente Iván Duque no fueron favorecidos- señalan que la Asamblea Nacional venezolana debería mantener una relación con los partidos políticos de ese país desde el punto de vista institucional y los distintos partidos venezolanos deberían acercarse a los que pudiesen tener afinidad con ellos.

“Los partidos de la Asamblea deberían buscar referentes o interlocutores para seguir presionando y que cada vez más Maduro y su entorno pierdan el poco respaldo que les queda. Porque el respaldo que en verdad le queda a Maduro en Colombia es el respaldo nominal del partido político de las FARC, porque el apoyo del partido armado es mucho más claro”, detalló. 

 

El director asistente de WOLA considera que a pesar de los cambios electorales en Colombia y en Sudamérica no ve que ningún gobierno en la región tenga un interés real en tomar medidas drásticas como sería una intervención militar. 

 

“Es decir, realmente ni Colombia ni Estados Unidos estaban hablando de una intervención militar en Venezuela porque saben que la crisis migratoria y la crisis de refugiados aumentaría y que no habría una garantía de una salida estable ni democrática”, explicó Ramsey. 

Asimismo, desde el paro nacional en Colombia del pasado jueves 21 de noviembre, persisten las protestas pacíficas en contra de que el presidente Duque ejecute una reforma laboral y de las pensiones. Mientras tanto, 59 venezolanos fueron deportados por Migración Colombia por estar supuestamente vinculados a hechos vandálicos durante las manifestaciones.

Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, expone en un hilo en la red social Twitter algunas de las razones por las que las protestas surgen globalmente, por diversas razones, pero, también con ciertas similitudes. 

 

En Brasil las prioridades para el mandatario Jair Bolsonaro también se podrían ver afectadas luego de que al ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva​ se le otorgara libertad por el caso Lava Jato el pasado viernes 8 de noviembre, mientras espera por el veredicto final de la Corte Suprema de Brasil. La decisión fue tomada por el juez Danilo Pereira Júnior, del juzgado penal federal 12 de Curitiba, quien aceptó el pedido de la defensa de da Silva y lo autorizó a dejar la prisión.

En agosto de 2018, antes de las elecciones presidenciales en el vecino país, las encuestadoras Datafolha e Ibope daban un 39% y 37% de intención de voto a Lula; mientras que Bolsonaro solo contaba con un 18%, según lo publicado por ambas compañías. 

Más abajo en el continente, en Argentina, aún no se descifra la posición que tendrá Alberto Fernández con respecto a Venezuela, pero su futuro canciller, Felipe Sola, ya ha anunciado que el país no se saldrá del Grupo de Lima. 

Sin embargo, Álvarez señaló que el presidente electo no tendrá una postura tan clara en apoyo a Guaidó como la que ha tenido Mauricio Macri, más bien pasará a tener una posición más inclinada a que se de un diálogo en el que participe la Unión Europea. Una posición como la que ha venido esgrimiendo México. 

En Chile, a más de un mes de iniciadas las protestas por las medidas económicas tomadas por Sebastián Piñera, el mandatario reconoció que ha habido casos de abusos y excesos policiales durante las protestas en Chile y abrió a la posibilidad a que se realice una reforma en la Constitución, vigente desde la dictadura de Pinochet. 

Finalmente, en Uruguay se llevaron a cabo las elecciones presidenciales el domingo 24 de noviembre en las que resultó electo, con tan solo 28.666 votos de ventaja, Luis Lacalle Pou (Centro-derecha). Pero por ser tan estrecha la diferencia con respecto a su contrincante, Daniel Martínez (centro-izquierda), la Corte Electoral de Uruguay debió escrutar nuevamente los votos para poder declarar a un ganador y finalmente el jueves 28 de noviembre fue reafirmada la victoria del centro derechista. 

Con Lacalle como ganador Guaidó tiene un aliado más en la región, tal y como quedó demostrado en el intercambio de mensajes en Twitter. Pero, lo importante, es que unos aliados se van y otros se suman mientras los venezolanos no asumen el propio timonel de su destino.

Ikabarú en claves: De bloque especial del Arco Minero a escenario de una masacre
Ocho personas fueron asesinadas en el pueblo minero, próximo a la frontera con Brasil. Mientras Nicolás Maduro mantiene silencio sobre la matanza, los habitantes de la zona piensan que fue perpetrada por fuerzas de seguridad del Estado que actuaron encubiertas. Runrun.es reúne datos sobre las víctimas, presuntos victimarios y circunstancias que rodean el tercer hecho de sangre ocurrido en el municipio Gran Sabana en menos de un año

@loremelendez

(Nota actualizada el 6 de diciembre de 2019)

¿Qué pasó?

La noche del viernes 22 de noviembre de 2019, entre las 7:00 y 8:00 pm, un grupo de hombres armados y vestidos de negro arribó al pueblo de Ikabarú, en el Sector 7 del Territorio Pemón, y asesinó al menos a ocho personas a balazos y dejó herida a una más.

Ikabarú está a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Para llegar por tierra hasta esta zona, hay que tomar un desvío en Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, y conducir durante cuatro o cinco horas (pese a los cálculos de Google Maps) a través de una carretera nacional. Se trata de un área que desde hace décadas se dedica a la minería de oro. Entre los años 80 y 90 se instalaron allí sedes de empresas de procesamiento de minerales.

De acuerdo con la versión oficial, la masacre fue perpetrada supuestamente por integrantes de la banda “El Ciego”, el pran las zonas mineras de La Paragua y El Manteco, a más de 900 kilómetros de distancia del lugar de la matanza. Con el paso de los días, lugareños sospechan que, en realidad, se trató de una operación comandada por cuerpos de seguridad del Estado que pretenden militarizar los territorios indígenas para apropiarse de estos y sus recursos.

Las víctimas

Dos semanas después de la masacre no se había publicado ninguna lista oficial de víctimas. A los 13 días posteriores, el Ministerio Público confirmó la información que se había filtrado a través de reportes de activistas y líderes indígenas: se consiguieron ocho cadáveres. De acuerdo con imágenes de los cuerpos difundidas a través de servicios de mensajería y redes sociales, la mayoría recibió disparos en la cabeza.

Uno de los muertos fue un sargento retirado de la Guardia Nacional llamado Antonio José Perera Flores, de 46 años. En la zona era una de las personas más conocidas y respetadas porque fue durante años instructor de Instrucción Premilitar en el Liceo Nicolás Mesa, el principal centro educativo del municipio Gran Sabana.Cursó una licenciatura en Letras, mención Portugués – Español, en la Universidad Federal de Roraima, producto de un convenio educativo entre Brasil y Venezuela. Cada viernes, se iba a las minas de Ikabarú para ganar algo de dinero. Una fuente de la zona contó que le dispararon cuando tomaba fotografías de los victimarios. Lo enterraron sin hacerle autopsia.

Entre las víctimas reportadas por periodistas de la zona también está Máximo Jeremy Muñoz Solano, de 17 años, apodado como “Coquito”, el único menor de edad reportado muerto hasta ahora; Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años; Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años; Eslie Ezequiel Basanta, de 33 años y Edison Ramón Soto Suárez, de 46 años, conocido por el apodo de “Báquiro”, quien era el único indígena del grupo.

Durante la mañana del lunes 25 de noviembre se hallaron otros dos cadáveres en la mina La Sabanita, cercana al pueblo de Ikabarú. Según los pobladores, eran los de Cristian y Cristóbal Ruiz Barrios. A este último era supuestamente a quien buscaban los victimarios antes de comenzar a disparar.

Cristóbal Ruiz Barrios y su hermano llevaban varios años en Ikabarú. Ambos provenían de Santa Elena de Uairén, de donde se fueron para trabajar como mineros. Quienes conocieron a Cristóbal, lo describen como un hombre poderoso en el negocio aurífero de la zona. Otros, en cambio, se refieren a él como un joven de clase media, hijo de un tornero, que se fue a las minas por necesidad. Ricardo Delgado indicó que a algunos de los vecinos de los hermanos asesinados les sorprendió la forma súbita en la que se enriquecieron tras comenzar a trabajar con el oro.

En el suceso también hubo un herido: Johnny López, de 25 años.

Los victimarios

La versión oficial sobre los hechos apuntó que los autores de la masacre habían sido los miembros de la banda de “El Ciego”, cuyo líder es un hombre de 32 años llamado Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, quien durante el último lustro se convirtió en uno de los “pranes” del oro más poderosos del estado Bolívar. Su mote es uno de los más mencionados en las zonas donde se explota el mineral en esa entidad.

El Ministerio Público informó que Murgueytio Bastardo no había sido capturado aunque tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio intencional. Sin embargo, otras ocho personas fueron detenidas por la matanza: Braunis González Miranda, Jhonny Youseth López Marcano fueron los primeros en ser presentados y privados de libertad por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, robo agravado, robo agravado de vehículo automotor y agavillamiento.

Durante la segunda semana posterior a la masacre, se llevaron a cabo más aprehensiones: a Luis Eloy Acosta Castillo y Evimael Ozanin (indocumentado de nacionalidad brasileña) se les decomisó un pistola con seriales devastados y 198 municiones de distintos calibres. En otro procedimiento fueron capturados Derwins Casanova, Juan Carlos Valdemar, David Medina y José Ángel Morales, a quienes se les incautó una pistola.

“El Ciego” había sido integrante de la banda de Wilmer José Brizuela Vera, conocido como “Wilmito” o el “pran de pranes”, quien fue asesinado el 1 de abril de 2017 en el Centro Penitenciario de Aragua (cárcel de Tocorón). Ambos se aliaron mientras estuvieron recluidos en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, o cárcel de Vista Hermosa, donde el supuesto autor de la masacre de Ikabarú estuvo preso por un robo cometido en 2009.

De su poder da fe el informe sobre la masacre de Tumeremo que elaboró la comisión especial de la Asamblea Nacional designada para investigar el suceso. El grupo, conformado por los diputados Américo De Grazia, Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, incluyó en los antecedentes de la matanza un documento, con fecha de enero de 2016, que el entonces comisario jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Gregorio Lezama Gómez, remitió a su superior: el director de ese cuerpo de inteligencia, Gustavo González López. Allí señalaba que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a través de su director policial, Julio César Fuentes Manzulli, otorgaba credenciales policiales y armamento a bandas delictivas que, a su vez, tenían la “responsabilidad de control” de diversos yacimientos. Entre los beneficiados estaba “El Ciego”, que era el encargado de las minas de El Manteco y La Paragua, además de controlar la capital: Ciudad Bolívar.

Desde 2017, “El Ciego” estaba en la mira del Cicpc. Este año cayeron varios de los integrantes de la banda en un par de operaciones policiales en El Manteco y Puerto Ordaz. En enero fue detenido, junto a otras cuatro personas, Charle David Lazo Pérez, quien supuestamente era el tercero al mando del grupo criminal. En agosto pasado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se enfrentó a Yelitza Romero Salmerón, José Gregorio Contreras y un hombre no identificado, cuando presuntamente mantenían secuestrado a un comerciante dentro de su carro. Los tres murieron y fueron señalados como miembros como secuaces de “El Ciego”

La motivación de la banda para cometer la masacre sería la de desplazar a los actuales jefes mineros y tomar el mando de la zona. Pero una fuente en Santa Elena insiste en la hipótesis de las fuerzas de seguridad del Estado como responsables. “Aquí todos somos víctimas del terror después del 22 y 23 de febrero, pero nadie ni siquiera menciona a ‘El Ciego’”, dice.

El líder indígena y ex alcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, sigue esa misma corriente y asegura que la operación fue ejecutada por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Muchos testigos dicen que ellos (los victimarios) salieron por la parte de atrás de la Medicatura de Ikabarú y allí lo que está es el Comando de la Guardia Nacional, es decir, tenían tiempo allí planificando, viendo todo y por supuesto sabían a quién iba a matar porque no fue una masacre masiva, sino selectiva”, asevera Delgado.

Los hombres armados, según el ex alcalde, se trasladaron en vehículos Toyota “chasis largo” y sin placas, que son comúnmente usados por organismos de seguridad venezolanos.

Para Delgado, las detenciones anunciadas por el Ministerio Público son un montaje hecho por el gobierno. Afirmó que a cada uno de los capturados lo llevaban con el rostro tapado, lo que dificultaba que la comunidad supiera a quien inculpaban.

El exalcalde  aseveró que uno de los arrestados, Jhonny Youseth López Marcano,  fue herido durante la masacre. El gobierno le ofreció trasladarlo hasta el hospital de Boa Vista, en Brasil, para que pudiera tratarse. Sin embargo, fue arrestado antes de pasar la frontera.

El líder indígena tiene también otra versión sobre la detención de José Ángel Morales, quien iba a bordo de una moto desde la comunidad de Playa Blanca hasta Ikabarú, cuando guardias nacionales lo bajaron de su vehículo y apresaron en la entrada del pueblo. “Ese mismo libreto cubano”, apuntó Delgado, se repitió con las aprehensiones de Franklin Fernández y Leandro Girón, cuyos nombres no aparecen entre los difundidos por el Ministerio Público.

“Pasan cosas que advierten que va a ocurrir otro desastre allí”, recalca Delgado, quien cuenta que días antes de la tragedia, el gobierno había movilizado hasta Santa Elena de Uairén varios autobuses, cargados de presuntos miembros de “colectivos” chavistas, para amedrentar a quienes asistieran a la manifestación del sábado 16 de noviembre, convocada por el presidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Se presume que parte de ese contingente participó en la masacre.

Esas movilizaciones de personas, sostiene Delgado, suelen suceder en medio de coyunturas políticas. “Son un patrón”, alerta, y recuerda que la masacre de Guasipati (municipio Roscio del estado Bolívar) del 16 de mayo de 2018 –que dejó más de seis muertos y al menos una decena de heridos- se ejecutó cuando el gobierno trasladó hasta Ciudad Guayana a cientos de mineros a propósito del cierre de campaña presidencial. En el mitin estaría Nicolás Maduro, entonces candidato a la reelección, quien prometería a los trabajadores dejarlos seguir con la actividad extractivista. Según el diputado a la AN, Américo De Grazia, esa circunstancia fue aprovechada por las bandas criminales de la zona minera para enfrentarse al Ejército y a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que custodiaban los yacimientos.

Delgado también advierte que, antes de la masacre, miembros de la seguridad pemón reconocieron en un punto de control a agentes de la DGCIM dentro de un grupo que se dirigía hacia Ikabarú. Una fuente en Santa Elena de Uairén, consultada por Runrun.es, apuntó que semanas atrás había corrido el rumor por el pueblo de que sucedería una tragedia similar a la de Kumarakapay. 

Esa alarma se había comunicado a la Guardia Nacional y al Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, organización que se define como defensora de los derechos de los indígenas y que fue creada a raíz del auge minero. Pero ninguna instancia tomó medida alguna para resguardar a la población.

Desde Colombia, la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró tener pruebas que culpan de la matanza al gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y almirante William Serantes Pinto, quien desde julio pasado está al frente de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana.

Antecedentes

  • En 2013, a Ikabarú se le concedió un título de propiedad colectiva que, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, se otorgó sin el saneamiento de las tierras que exige la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). No obstante, la entrega de documento permitió a las autoridades del sector la administración de sus tierras.

  • En febrero de 2016, durante el acto en el que Nicolás Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el gobernante mencionó que Ikabarú sería parte de un Bloque Especial del proyecto aunque dentro del documento publicado en Gaceta Oficial tal disposición no aparece por ningún lado.
  • Tal anuncio, aunado a la agudización de la emergencia humanitaria, provocó que hacia esa zona arribaran miles de personas para trabajar en las minas. Los indígenas, entonces, tomaron medidas.

  • En septiembre de 2017, y en virtud de que el ingreso de personas foráneas a la zona había incrementado la inseguridad, así como de las amenazas de muerte que había recibido el capitán general del Sector 7, Juan Gabriel González, la Coordinación de Seguridad del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Indígena Pemón suspendió la entrada de quienes no residieran ni trabajaran en el área.

  • En el municipio Gran Sabana han ocurrido otros dos ataques armados en menos de un año. En el sector Occidental del Parque Nacional Canaima, Sector 2 (Kamarata – Kanaimö) del territorio pemón, hubo una incursión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 8 de diciembre de 2018 que dejó un muerto y dos heridos. El gobierno justificó la acción al señalar que se trataba de la “Operación Tepuy Protector”, que había llegado para erradicar la minería dentro de la zona protegida. Runrun.es confirmó, meses después del episodio, que el extractivismo seguía practicándose en la zona.

    En febrero de 2019, en medio del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela exigido por Juan Guaidó, presidente de la República y de la Asamblea Nacional, el Ejército atacó la población de Kumarakapay, en el Sector Oriental de Canaima, y mató a tres indígenas. Al día siguiente, durante las protestas, la Guardia Nacional disparó contra la población y asesinó a otras cinco personas. Ambos hechos dejaron decenas de heridos y miles de desplazados, quienes se fueron de la zona por la militarización y persecución que se desató los días siguientes.

Reacciones

Foro Penal, a través de su coordinador de Pueblos Indígenas, Olnar Ortiz, fue la primera ONG venezolana en confirmar los sucesos de Ikabarú el día sábado, horas después de que habían ocurrido.

Provea publicó ese mismo día un informe preliminar sobre la masacre, en el que destacó que existía “tolerancia de estas acciones por parte de organismos del Estado”.  La organización señaló a la GNB de no actuar pese a la alerta de la comunidad.

“Lo que ha ocurrido en Ikabarú ha sido una práctica frecuente en los espacios con territorios con mineras, donde grupos delictivos denominados ‘sindicatos’ se apoderan a través del uso de la violencia para luego implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal que luego con la excusa de control toma las zonas para ‘explotación controlada’ (…) La aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está ocasionando consecuencias en territorios indígenas, no sólo por la destrucción de sus territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas (…) Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición”, se lee en el documento.

El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, emitió vía Twitter un comunicado sobre su preocupación por la noticia. “Tales hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados. Un trabajo para la Comisión de Determinación de Hechos recientemente creada por la ONU para Venezuela, pues la falta de independencia de los poderes en Venezuela no garantiza credibilidad de resultados”, indicó mediante un hilo de mensajes.

El sábado, Guaidó también condenó la masacre. “¡Masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos! No lo podemos permitir: hay que ejercer soberanía y hacer lo que sea necesario para defender a nuestra gente (…) El fondo de esta matanza a nuestros pueblos aborígenes y a la comunidad es el control de 8 toneladas de oro mensuales”, rechazó.

El lunes 25 de noviembre, el partido Primero Justicia (PJ), responsabilizó de la matanza a las mafias mineras del estado del sur del país. “El pueblo Pemón ha hecho su minería durante dos siglos de manera artesanal. El poblado de Ikabarú, como toda la Gran Sabana, era la zona de paz y tranquilidad de todo el estado Bolívar. Esta paz ha sido destruida por la fiebre del oro y por el arco minero, un arco destructivo del ecosistema, un arco voraz que busca y quiere tratar sin éxito de suplantar la renta petrolera por la renta del oro”, declaró el diputado Ángel Medina.

La comunidad de Parkupik, también del Sector 7 del territorio pemón, alertó a través de videos y audios sobre la posibilidad de que en la zona se repitiera un ataque como el de Ikabarú. Walter Torres, su capitán indígenas, advirtió que grupos armados merodeaban los alrededores y que la tarde del miércoles había arribado el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, con un decenas de militares. 

El 1 de diciembre, las autoridades del pueblo pemón del Sector VI emitieron un comunicado en el que exigieron una investigación sobre el suceso y anunciaron que llevarán el caso a instancias internacionales.

El martes 3 de diciembre, 13 días después de la masacre, se ofrecieron las primeras declaraciones oficiales sobre el suceso. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, habló desde la Base Aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz, a donde arribaron cuatro de los detenidos. Allí explicó que para aprehender a los presuntos autores materiales del hecho se aplicaron “maniobras de desgaste” a través de los efectivos de la  Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana y de la Zona de Defensa Integral (Zodi), junto a la Guardia Nacional. “Fue una operación no letal”, indicó.

El miércoles 4 se pronunció Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, para difundir las identidades de los arrestados.

En silencio permanece Nicolás Maduro, lo mismo que el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, que se creó para defender los derechos de los indígenas.