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Venezuela: escenarios políticos ante la crisis y las elecciones del 8D por Antonio de La Cruz

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El uso de escenarios en la planificación estratégica ha permitido a las organizaciones considerar en la toma de decisiones factores con varios grados de incertidumbre, donde un evento de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia pudiese determinar las acciones estratégicas futuras.

La planificación de escenarios tuvo su origen en los juegos militares de guerra y ganó el interés del público después de la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década del 60 la Royal Dutch Shell comenzó a usar esta nueva forma de mirar hacia el futuro, y casi medio siglo después dicha práctica todavía es utilizada y ha tenido una gran influencia en cómo las empresas, gobiernos y otras organizaciones piensan y planifican el futuro.

Varios principios han llegado a definir el enfoque de Shell. El más importante: los escenarios no son predicciones sino historias posibles sobre el futuro.

Los escenarios están diseñados para ayudar a romper el hábito arraigado en gran parte de la planificación corporativa, al asumir que el futuro se parecerá mucho a la actualidad. Crean un espacio seguro para el diálogo y para el reconocimiento de la incertidumbre, permitiéndole a la organización ver una realidad que de otro modo pasaría inadvertida.

La contribución fundamental de pensar en las historias posibles sobre el futuro es el reconocimiento de que la subjetividad y la intuición son una parte integral del proceso de liderazgo, así como permitir la creación de un espacio seguro en el que se reconoce la incertidumbre.

La comprensión intuitiva del mundo antecede y encuadra la comprensión analítica del mismo. La intuición es la esencia de la creación de valor económico, social y político, que a veces es ahogada por un exceso de análisis, que genera una “parálisis analítica”.

En el ciclo de planificación del 2013, Shell ha desarrollado dos escenarios:

Montañas: Los gobiernos juegan un papel importante en el patrón de consumo, desarrollando ciudades más compactas y transformando la red de transporte global. Las nuevas políticas logran desarrollar el abundante gas natural y aceleran la reducción del CO2 y la tecnología de almacenamiento, lo que resulta en una moderación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Océanos: El fuerte crecimiento económico acelera la demanda de energía. El poder de la oferta se diversifica, y los gobiernos son más lentos para tomar las decisiones importantes. Las fuerzas del mercado -en lugar de la política- determinan el mercado energético; el petróleo y el carbón siguen siendo parte del patrón de consumo, y las emisiones de gases  efecto invernadero afectan fuertemente el cambio climático.

Emulando este ejercicio, Inter American Trends ha propuesto tres escenarios o historias posibles para la situación actual de Venezuela –en términos económicos, sociales y políticos-, y el evento electoral del 8 de diciembre próximo en donde se elegirán 337 alcaldes y representantes a los concejos municipales:

  1. Correr la arruga:

El Gobierno de Maduro desarrolla una narrativa de confrontación argumentando que el país se encuentra en una guerra económica con los sectores de la derecha, léase la oposición internacional (proveniente principalmente de Estados Unidos), local, y la que se encuentra al interior del PSUV.

El Poder Ejecutivo solicita poderes especiales para eliminar a los enemigos en la oposición (principalmente a los dirigentes del partido Primero Justicia) y en la facción de derecha de las fuerzas armadas (primordialmente a quienes participaron en el fallido golpe de Chávez contra Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992).

Los poderes públicos actúan en concordancia profundizando el Estado represivo y silenciando a los medios de comunicación.

Los miembros de los colectivos y frentes revolucionarios generan actos de violencia ante la escasez de alimentos (como puede verse en el gráfico 1) y el alto costo de vida.

Las fuerzas armadas están presentes en los espacios ciudadanos para ejercer control social.

El evento electoral del 8D es pospuesto para el 2014.

Rusia y China actúan como interlocutores en el Consejo de Seguridad de la ONU y Rusia neutraliza cualquier acción diplomática que pueda tomar Estados Unidos. Por su lado, los países miembros de Petrocaribe y de la Alba anulan las acciones y el peso de la OEA.

El efecto de este escenario es el colapso económico de Venezuela, con un gobierno autoritario sostenido por un aparato represivo, y los que algunos han llamado la inteligencia cubana.

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  1. Competitivo:

El gobierno de Maduro impone sus candidatos en las alcaldías y la campaña electoral se ve fuertemente marcada por la devaluación de la moneda -oficial vs. Negro- (Gráfico 2), la escases en la cesta básica de alimentos y la ausencia del “líder religioso”.

El oficialismo crea situaciones y mensajes para desmotivar a la clase media a movilizarse en las elecciones del 8D.

Una parte de la militancia del PSUV se abstiene de participar en las elecciones por rechazo a los candidatos del madurismo. La oposición –en cabeza de la Mesa de la Unidad Democrática- convierte el acto electoral en la prueba de reparación del 14 de abril, aunque el Concejo Nacional Electoral (CNE) es visto con recelo.

El poder legislativo negocia la estabilidad democrática y estudia el otorgamiento de poderes especiales al poder ejecutivo.

Las acciones de calle se generan para lograr reivindicaciones sociales y el cumplimiento del cronograma electoral.

Las fuerzas armadas participan en las elecciones según lo establecido en la Constitución.

El resultado de este escenario es un triunfo de la oposición que obtendría un mayor número de alcaldías que las que logró tener en 2008, sobre todo en las capitales importantes del país. Así mismo, lograría la mayoría de los votos totales, entre un 7 al 9%  por encima del oficialismo.

La legitimidad de Maduro se debilitaría y se acentuaría la conflictividad social para el 2014. La partida de nacimiento de Maduro se convertiría en el medio para la renuncia a la Presidencia (de manera similar al caso Watergate de Richard Nixon en 1974), o para la acusación por el manejo indebido de documentos (como en el caso de la partida secreta de Carlos Andrés Pérez en 1993).

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  1. Irreverente autoritario:

El sector castrense controla las decisiones políticas a través de un cuerpo ad hoc, supeditando el poder ejecutivo al poder militar.

El poder legislativo cede funciones al poder ejecutivo para controlar la oposición y los factores privados del sector productivo.

La oposición a través de la vía  de las elecciones municipales busca legitimar su posición de mayoría.

Los poderes públicos pasan agachados ante el nuevo poder militar.

El resultado de este escenario es una cohabitación entre Maduro y Cabello, con ventaja para el ala militar del PSUV, ya que el poder ejecutivo cumple las órdenes que le entregan los nuevos superiores.

Los compromisos con la internacionalización de la revolución continúan a través de la diplomacia petrolera.

La crisis económica-social y el Estado represor se agudizan para 2014. La oposición y los factores productivos privados son aislados y sometidos. El gobierno del autoritarismo competitivo fortalece su contenido autoritario.

En la estructuración de estos escenarios, la tendencia económica presenta una baja incertidumbre ya que la crisis económica es estructural y la escasez de los productos de la cesta alimentaria está presente desde el 2003 (Gráfico 1). Por otro lado,  es alta la incertidumbre con respecto a la tendencia del componente militar y del presidente del Poder Legislativo. Esto debido a que deben enfrentarse con el legado de  Chávez, que influye en el comportamiento institucional de los poderes públicos.

En la tendencia electoral, los niveles de participación se distribuyen entre el 80 y 85% de los votos entre las dos opciones (oficialismo y oposición) con una incertidumbre media.

Los escenarios “Correr la Arruga”, “Competitivo” e “Irreverente Autoritario” permitirán navegar en la complejidad de los conflictos de la realidad venezolana, administrando el desacuerdo y evitando los extremos del pensamiento totalitario e individual. Son simplemente una herramienta que presenta las alternativas futuras antes de dar el salto en la arena política.

En Shell y en otros lugares, los escenarios han ayudado a que los líderes se preparen para el futuro que podría ocurrir, más que para el futuro que les gustaría crear.

Fuente: revistaperspectiva.com/

La defensa del equilibrio de la información en ninguna circunstancia puede comportar la consagración del arte del equilibrismo. La enfermedad del oportunismo, del exceso de ambición, la venta de conciencias y de la debilidad de espíritu que inunda a tantas voluntades en la Venezuela de hoy

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De un tiempo a esta parte, cada vez que un vocero público quiere hacer vigentes los cambios en su escala personal de prioridades, agita ante las graderías el resbaloso expediente del “equilibrio informativo”.

La más común de las engañifas que consumen felices algunos periodistas y políticos que no terminan de comprender los rasgos fundamentales del momento venezolano actual.

No se trata de que el norte del equilibrio, como la despolarización, no sean horizontes a conquistar para toda la sociedad.

Quien suscribe esta nota ha sido durante toda su vida, junto a muchos otros de sus colegas, un obsesivo defensor de la precisión en el dato; la relación correcta, pero sin concesiones, frente al poder; y el imperativo de que, en la obtención de una noticia, todas las fuentes sean consultadas.

Pienso que es necesario hacer todos los días ejercicios de buena voluntad; desahogar, hasta donde se pueda, el duro fermento anímico que producen las agresiones cotidianas del oficialismo asentando la convicción de que las cosas se pueden hacer bien, ejerciendo correctamente la profesión, hablando también de aquello que a todos nos beneficie.

Por muy grave que sea la diferencia que tenemos con los chavistas, por discutible que nos parezca aquello que a ellos les enorgullece, y por despreciables que con frecuencia consideramos sus maniobras y su vocación para mentir, jamás debemos perder de vista que este país seguirá siendo una sola cosa: buenas y malas las heredarán nuestros hijos y nietos, en un contexto completamente distinto, espera uno que para bien, al que vivimos actualmente.

La defensa del equilibrio de la información, sin embargo, en ninguna circunstancia puede comportar la consagración del arte del equilibrismo. La enfermedad del oportunismo, del exceso de ambición, la venta de conciencias y de la debilidad de espíritu que inunda a tantas voluntades en la Venezuela de hoy.

El equilibrio no es un decreto: como todo equilibrio, precisa de unas circunstancias precisas que permitan su concreción. Necesita un contexto que le permita florecer con dignidad.

Uno de los actores de la vida nacional está promoviendo una moción en la cual quede prohibida la tolerancia. Pues bien: es lo único que no puede tolerar un tolerante. El juego civil en Venezuela tiene en este momento las cartas marcadas. El equilibrio será una circunstancia consolidada en la medida que rescatemos un Estado democrático que nos permita sembrarlo de nuevo, junto a otros valores hoy en decadencia, en la nación.

La línea que colmó el plato en torno a cualquier debate con el oficialismo en torno a la libertad de expresión, la transparencia informativa, el pluralismo político y la ética en el proceder lo constituyó el cierre de Radio Caracas Televisión, en mayo del año 2007.

En Venezuela hay gente que olvida muy rápido. Demasiado rápido. A partir de entonces las cosas, lejos de mejorar, han empeorado: el alto gobierno ha creado un Estado para sus amigos y simpatizantes y hace lo que quiere con la legalidad.

A todos debería lucirnos obvio que no tiene la menor intención de rendirle a la nación un sincero y humilde relato autocrítico de sus excesos. Son jerarcas acomodados, privilegiados y amorales en su inmensa mayoría.

Están dispuestos a hacer lo que sea, incluyendo la posibilidad de venderle el alma al demonio, con el objeto de no perder jamás el poder. Todos los días se llama a propietarios de medios y se les amenaza; a los más críticos se les han levantado incontables procesos administrativos. Los poderes públicos se complotan legalmente contra muchos de nuestros colegas por denunciar lo excesivo y lo punible.

Periodistas de todos los medios han sido apaleados en incontables ocasiones por bandas armadas en actitud gangsteril. Sus medios de comunicación han escupido incontables insultos cotidianos en contra de la disidencia. Vivimos en un Gobierno que ha hecho de la impunidad su razón de vida.

Disidencia a la cual pertenecen, por supuesto que sí, partidos, sindicatos, ligas estudiantiles, universidades, y algunos medios de comunicación: gracias a ellos la opinión pública ha podido ir cotejando, de forma dispersa pero consecuente, los indicios más serios de un Estado disfuncional, peligrosa y profundamente corrompido en todos sus estamentos.

Nadie termina de explicarse por qué es que los periodistas y medios del gobierno pueden evidenciar una conducta como la que observan mientras, al mismo tiempo, se sienten con derecho a vetar y condicionar la de los demás. Sabemos lo que sabemos porqueGlobovisiónTalCualEl Universal y El NacionalLa Patilla, y El Nuevo País, entre otros, lo han ido denunciando de forma responsable y valiente.

El propio Gobierno ha ido destilando la información de forma oportunista, con el objeto de presentar algunos presos de menor monta a manera de hoja de parra: el Fondo Chino, Cadivi, Pdvsa, Bandes, la CVG, las gobernaciones de Guárico, Aragua y Bolívar.

Las notas estructuradas del Ministerio de Finanzas. La valija llena de dólares de Guido Antonini Wilson. Los puertos, los tribunales, las contrataciones, las obras públicas. Todos sabemos lo que está pasando en este país.

La disidencia que describo forma parte de un estamento social que tuvo su epicentro en la clase media, pero que es amplísimo, ya mayoritario en el país, con una enorme diversidad social y un amplio espectro: la oposición política que existe en medio del marco constitucional dispuesto para ello. A nadie le debe dar pena asumir tal circunstancia en este momento.

Un sentimiento completamente legítimo: es robusto, es profundo, y, en virtud del estado actual de destrucción de la nación y la calidad de vida de sus habitantes, está completamente justificado.

Vayan dedicadas estas líneas a ciertos delanteros centrales de la oportunidad que gustan posar de santurrones; a los funcionarios hipócritas que gustan calzarse el sombrero de periodistas, pero que no dejan jamás de ser dolientes de esta decadente burocracia; a los empresarios que expanden sus intereses inconfesables a la sombra del poder político, a aquellos que se están haciendo ricos mientras nos venden por partes la radionovela de la revolución. A aquellos que, todavía hoy, se atrevieron a decir que Globovisión “es un partido político”.

Fuente: Tal Cual Digital

La Despedida de Edmeé por Asdrúbal Romero Mujica ([email protected])

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Suelo leer todos los artículos de Fausto Masó, me parecen muy interesantes. De su más reciente, rescato la siguiente línea: “reemplaza bruscamente a la Presidenta del Banco Central cuando no cumple una orden”. Masó maneja buena información, por lo que supongo que, después de todo, la Ing. Edmeé Betancourt de García salió por no querer ejecutar una orden presidencial y no por el escándalo del BANDES como tan insistentemente se rumorea.
Debo decir que recibí el Vicerrectorado Administrativo de manos de Edmeé –año 1992-. Profesora de muy larga trayectoria en nuestra alma máter (Universidad de Carabobo), se jubiló con una imagen bien ganada de ser una persona muy trabajadora, responsable y honesta. Intentó dos veces, sin lograrlo, ser Rectora y luego entró a ese mundo de la supuesta intelligentsiatécnica del régimen. Se le ha identificado con la línea Giordani, otro ingeniero, que aunque, recurrentemente, ha venido ocupando los primeros lugares en los rankings de peores ministros de finanzas a nivel mundial, se le ha asignado una cierta aura de relativa honestidad. Bastante comentados han sido estos días, en los que el show anticorrupción domina los medios, los párrafos contenidos en un libro de su autoría en los que critica a los boliburgueses: una especie de catarsis de ese permanente ratón moral que le acompañará por el resto de sus días. Me parece escucharlos burlándose de “ese viejo loco”, cuando alguno de ellos dice con autoridad: “No os preocupéis, que a ese ni bo… le paran”. Y así ha sido. La misma Edmeé, citando cifras calculadas por Giordani, declaró que empresas de papel creadas por personas cercanas a altos funcionarios del gobierno, habrían obtenido una buena porción de los 59.000 millones de dólares otorgados el 2012 al tipo de cambio preferencial. ¿Y qué ocurrió con una declaración tan grave como esa y compartida por funcionarios de tan alto nivel dentro del Régimen? Exquisita interrogante para planteársela  a Maduro en su tan propagandeado debate sobre la corrupción.
Pienso que a figuras como Giordani y Edmeé, el Régimen las ha utilizado como “detergentes de honestidad”. Les promovió esa imagen de “viejos maestros morales” venidos de las aulas universitarias, para encargarse de las más altas responsabilidades de gobierno, cuando, en verdad, no hicieron otra cosa sino avalar las disparatadas políticas que las próximas generaciones conocerán como EL LEGADO DE CHÁVEZ. Ahora, cuando el legado comienza a develarse en su verdadera dimensión trágica, ya el Régimen no está dispuesto a dejarles un espacio para que se conviertan en piedritas en el zapato de nadie.
Aunque Maduro no reúna las condiciones personales de Chávez para conducirse como un autócrata, no le queda otro remedio que hacerlo. Seguramente tendrá que consultar más con unos pocos, pero después de hacerlo tiene que asumir su rol de autócrata, lo que tiene debajo de él es una organización vertical ya habituada en demasía a operar bajo los principios de imposición de órdenes de arriba hacia abajo y la sumisión total. Quien quiera seguir ocupando posiciones de poder, sabe perfectamente que no puede ni rechistar a las “órdenes superiores”.
Aunque luzca exagerado, me cuento entre los que creen que ese estilo de gerencia pública autocrática al cual se ha hecho adicto este régimen, es responsable en buena parte de su ineptitud y de la proliferación metastásica de la corrupción. Trataré de explicarme con un par de ejemplos. Imaginemos a un alto gerente de CORPOELEC, recibiendo la orden de asumir la instalación de un conjunto de plantas de generación distribuida compradas a Cuba con la supuesta finalidad de resolver la crisis eléctrica. Si es un profesional con buen nivel técnico, sabrá, de entrada, que las dichosas plantas en vez de ser la solución se convertirán en un problema (lo cual, efectivamente, ya ha quedado demostrado). Como una guinda adicional, se enterará del grosero sobreprecio al cual han sido adquiridas. ¿Cuáles son sus opciones en un régimen como éste? Si se atreve a escribir un buen informe técnico oponiéndose a la solución venida de arriba, está consciente que muy probablemente será removido de su alto cargo. Similar dilema confrontaría un alto gerente de PDVSA, al cual se le ordena comprar sopotocientas toneladas de productos alimenticios –un negocio de algún actor ubicado en un nivel superior-, cuando él bien sabe que las restricciones logísticas en cuanto a la operatividad de nuestros puertos y sitios adecuados de almacenamiento muy, probablemente, causarán que una buena porción de lo adquirido termine en los pudrevales. ¿Cómo proceder? Mi tesis es que en la medida que el gerente desempeñe su profesión con buen nivel técnico, dignidad, apego a su código de ética profesional y celo por cuidar una reputación ganada a lo largo de una trayectoria de años, con mayor probabilidad se opondrá a la “solución superior” aun a riesgo de perder su cargo (nótese que el argumento se plantea bajo una lógica probabilística y no determinística).
Las malas decisiones en el vértice superior de la jerarquía generan en una organización vertical la pérdida de sus mejores recursos humanos. ¿Quiénes quedan? Los más ineptos, aquellos cuya baja autoestima de su condición profesional los hace ser más dependientes del cargo que desempeñan: no tienen la confianza suficiente como para arriesgarse afuera y optan por ser cómplices del desastre así tengan plena conciencia del mismo (algunos se auto engañan). Pero no sólo ellos, también están los que se quedan para beneficiarse ilícitamente del cargo sin importarles el daño que se pueda estar causando. Este es el punto en el que nos encontramos: la ineptitud y la corrupción han hecho mella de nuestra gerencia pública.
En cuanto a Edmeé: no sé si algún día se llegará saber cuánto del desastre del BANDES y el Fondo Chino se debió a sus propias decisiones y ejecutorias o, quizás, cuánto se debió a no haber tenido ella la suficiente valentía para oponerse a las inconvenientes decisiones superiores cuando Chávez ejercía vivazmente su condición de puedelotodo. Al parecer, finalmente plantó cara, demasiado tarde. Perdió el cargo, así fuera la Presidencia del Banco Central (¡Qué autonomía!) pero no creo que la cosa vaya mucho más allá. A este gobierno no le conviene perjudicar toda la mitología creada alrededor de su profeta, ni tampoco dañar la imagen de una de sus figuras “detergente de honestidad”. ¡Ya no quedaría ni en quién creer!
Portafolio.co: Así funciona el negocio de las remesas desde Venezuela

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El control de cambios impuesto en Venezuela a mediados de la década pasada dio origen al negocio de las remesas, del cual viven miles de personas a ambos lados de la frontera. Informe especial de Portafolio sobre una práctica que también es fuente de ingresos para mafias y bandas criminales.

El negocio es recibir la remesa en pesos y convertirla en bolívares. Y es que una persona, por hacer un envío de 300 dólares de Venezuela a Colombia – y puede hacer hasta tres mensualmente- se gana alrededor de medio millón de pesos dependiendo del precio del cambio del bolívar y del dólar.

Esos 300 dólares equivalen a 1.890 bolívares fuertes; para que una persona consiga en Colombia esos bolívares necesita 114.000 pesos, a razón de 60 pesos por bolívar en el mercado de la calle (oficialmente está en 303 pesos por bolívar). Al cobrar ese dinero en Colombia, esos 300 dólares valen 570.000 pesos, por lo que la transacción deja una ganancia de 457.000 pesos, todo en agencias de cambio autorizadas.

Y como en una rueda de la fortuna, se vuelve a cambiar pesos por bolívares, estos son convertidos a dólares, y los dólares a pesos, y así se ganan otro medio millón de pesos. “Conozco a una persona que tiene como 300 carpetas. La esposa trabaja con un empleado en Cúcuta haciendo todos los papeles y cobrando. El marido, con otro empleado, hace todo en Venezuela. Se ganan unos 100 millones de pesos mensuales”, afirma Marta*, una mujer que hasta hace tres años estaba en el negocio.

Del lado venezolano, el negocio tampoco deja de ser apetecible ya que deja una ganancia de dos salarios mínimos. El sueldo básico en Venezuela está en 2.457 bolívares y un envío mensual aporta un beneficio de alrededor de 5.000 bolívares.

En un comienzo, el negocio no era nada sofisticado, pues para conseguir la carta de residencia exigida por Cadivi bastaba con que una persona arrendara una casa o habitación del lado venezolano, que los arrendadores le dieran una constancia y que los consejos comunales de cada barrio otorgaran la certificación correspondiente.

“Pagaban arriendos ficticios porque las personas seguían viviendo en Colombia”, dice Carlos, una persona al tanto del tema.

Con el tiempo y la cantidad de dinero ganada, el negocio dio lugar a mafias encargadas de buscar a personas que presten sus nombres y/o direcciones para los envíos (a cada una le dan 50.000 pesos por carpeta) y falsificar los documentos en Cúcuta: desde constancias de trabajo, registros civiles, partidas de matrimonio e ingresos, hasta certificados de estudios de universidades colombianas (por cada copia cobran 140.000 pesos).

Lo único que no pueden falsificar es la ‘apostillada’ de la embajada venezolana en Bogotá (cada seis meses), la cual queda en una base de datos digitalizada que puede ser consultada por las autoridades en dicho país. Por cada carpeta apostillada los intermediarios cobran en Bogotá entre 60.000 y 70.000 pesos.

Esto no solo provocó la falsificación de toda clase de documentos, sino de familiares, pues de la nada aparecieron hermanos, padres, abuelos, hijos, esposos, esposas, que por solo compartir un apellido con una persona en Colombia se inventaban el parentesco. “En una notaría en Cúcuta firman un acuerdo de concubinato. Ellos facilitan todo, lo único que usted necesita es dar el nombre y la dirección; ellos hacen la carpeta con todos los documentos (falsifican los que no tienen), hacen todas las vueltas y le llevan la comisión a su casa”, agrega Carlos.

La falta de control o la corrupción llegó incluso a que las personas pudieran consignar en Venezuela y cobrar en Colombia con el mismo nombre, sin necesidad de alterar documentos. Los empleados de las casas de cambio también cobran su comisión por hacerse los de la ‘vista gorda’ para dejar pasar los papeles. “Todo se arregla con los de las agencias de cambio autorizadas. Con mi pareja trabajamos desde el 2007 hasta el 2010, manejábamos unas cien carpetas y nos quedaban unos 20 millones de pesos mensuales después de pagarles a todos los que ayudaban”, dice Marta.

Incluso, las personas que envían las remesas por necesidad se han visto perjudicadas ya que tienen que esperar varios días para ser atendidos en las casas de cambio, ya que los ‘carpetistas’ tienen la prioridad. A medida que crecía el negocio, las remesas del año pasado desde Venezuela llegaron a 498 millones de dólares y las mafias se fueron sofisticando, al punto que una sola persona ‘duro’- con muchas carpetas-, puede tener hasta unas 500, con ganancias mensuales de hasta 200 millones de pesos, aunque la gran mayoría dentro del negocio tiene unas 20 carpetas.

La fundación Progresar de Cúcuta maneja información de ‘duros’ a quienes, desde las casas de cambio les llevan el dinero en las noches a sus residencias.

Entonces, siempre ávidas de dinero fácil, las bandas criminales (Bacrim) de la zona se interesaron por el negocio y comenzaron a extorsionar a los ‘duros’. Si no acceden a pagar su ‘cuota’, son asesinados o desaparecidos.

Este fue el caso de la pareja de Marta. Una de las Bacrim citó a una reunión a todos los que manejaban carpetas para indicarles el valor de la ‘vacuna’, él no asistió a la cita y desde entonces no lo volvieron a ver. “Yo empecé a preguntar, pero los de las Bacrim me dijeron que no lo siguiera buscando, porque iba a terminar en un hueco igual que él. Ellos todavía siguen cobrándole a la gente que tiene bastantes carpetas”, afirma.

CON TARJETAS DE CRÉDITO…

Otra práctica que utilizan las personas que se quieren beneficiar del control de cambios tiene que ver con las tarjetas de crédito. El gobierno venezolano permite que una persona pueda gastar en el exterior hasta 700 dólares mensuales, con un cupo máximo anual de 2.500 dólares.

Los venezolanos que quieren hacer el negocio viajan a Cúcuta, van a un local comercial u hotel y hablan con el dueño que se quiera prestar para el negocio; pretenden que hacen una compra por el valor determinado, el propietario del local les da el dinero y la factura, el ciudadano venezolano lleva la factura a la oficina de la Dian en la frontera, y la transacción queda finalizada y legalizada.

El local comercial cobra una comisión por la ‘vuelta’, e incluso cuando ya se establece confianza, se deja la tarjeta en el local, en este se hace la transacción y sin el tarjeta habiente envía el dinero a Venezuela. Esos 2.500 dólares anuales le dejan al venezolano una ganancia de 4’600.00 pesos, antes de pagar la comisión.

En Cúcuta es normal ver en las calles a los ‘arrastradores’, personas encargadas de conseguir clientes, ofreciendo el servicio. “En la ciudad abrieron locales, con comercios ficticios, solamente para hacer el negocio de las tarjetas”, comenta Carlos.

LA FORMA DE HACER LA CARPETA

Para enviar la remesa, el Gobierno venezolano, a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), exige que la persona tenga una carpeta con los siguientes documentos: constancia de trabajo e ingresos, otorgada por un contador profesional; registro civil; carta de residencia; cuenta bancaria; y correo electrónico solamente destinado para tal fin, mientras que el beneficiario debe demostrar que reside en Colombia, el parentesco con el que envía, cuenta bancaria, carta de la embajada venezolana en Bogotá y el motivo por el cual necesita el dinero. Estos documentos hay que renovarlos cada seis meses.

Después, a través de internet, la persona envía la solicitud, y de Cadivi le expiden, a través de correo electrónico, una autorización para depositar el dinero en la casa de cambio exigida por la persona. Si ganan más de 3.100 bolívares mensuales pueden enviar hasta 900 dólares, de lo contrario, 600 dólares.

LAS MEDIDAS PARA CONTROLAR EL ‘DESANGRE’

Para controlar lo que el gobierno venezolano denomina ‘Desangre de la economía’ por la salida de dólares, desde hace tres meses las cartas de residencia son expedidas por la gobernación del Estado Táchira. Un funcionario hace una visita en la cual verifica directamente la dirección y recibos de servicios públicos del solicitante.

La medida funcionó pues hasta el mes de abril se recibían unas 15.000 solicitudes para envíos de remesas, mientras que en el mes de julio se recibieron desde Colombia solo 80, de las cuales solo fueron aprobadas 2.

Ahora, las personas viajan hasta los estados más al interior de Venezuela como Barinas y Zulia, en los cuales se reporta la multiplicación de solicitudes ya que no tienen las mismas exigencias que en el Táchira.

“Antes, en un día normal se veían hasta 3.000 personas en las casas de cambio; ahora no llegan ni a 10 por día, el impacto fue altísimo. Pero la corrupción es tan alta que incluso ya se sabe que en la Gobernación del Táchira hay personas recibiendo dinero por darles el visto bueno a las cartas de residencia”, dice Carlos.

Así mismo, desde el año pasado también se cerró el círculo de familiares a los cuales se les enviaban las remesas, pues ya no incluye sino padres e hijos, cuando antes incluía abuelos, hermanos y tíos.

Uno de los grandes problemas para controlar el negocio es la corrupción. Actualmente hay más de 300 funcionarios en el Táchira acusados de hacerse los de la ‘vista gorda’ con los documentos, hacer parte de las mafias o incluso por cobrar remesas en Cúcuta.

LEVE BAJA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

Según las cuentas suministradas por los intermediarios del mercado cambiario, los ingresos anuales de remesas provenientes de Venezuela para el periodo 2006-2012 se ubican en alrededor de 357 millones de dólares por año, que representaron el 8,4 por ciento promedio del año del valor total de los ingresos recibidos del exterior por concepto de remesas de trabajadores.

“Anualmente, el comportamiento en el 2011 y el 2012, el flujo de remesas provenientes de Venezuela, muestra variaciones positivas de 17.4 por ciento y 12,2 por ciento, respectivamente. En el primer trimestre del presente año la variación anual se redujo a 10,4 por ciento”, afima Enrique Montes, jefe externo de la Subdirección de Estudios Económicos del Banco de la República. La entidad afirma que solo 1,5 por ciento de las remesas se hace con dinero en efectivo.

Pedro Vargas Núñez

Subeditor Portafolio

*Los nombres fueron cambiados por petición de los entrevistados.

Fuente: Portafolio.co

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En política, al igual que en la vida cotidiana, es importante estar conscientes de dónde le corresponde a uno estar ubicado de acuerdo a sus  características  y a las circunstancias imperantes. Caso contrario se puede caer en el ridículo o bien causar daños.  Está desubicado un candidato  que puede tener cualidades pero que se lanza en un momento no  propicio. Igualmente desubicados están algunos dirigentes de nanopartidos como URD, el MAS y otros  que aspiran a mayores cuotas de poder del que les corresponde.  También están desubicados quienes tienen muy pocos seguidores, pero constantemente critican a la MUD y a Capriles y pretenden tener la llave mágica para salir del régimen.

Enfrentamos un régimen totalitarismo siglo XXI del cual es imprescindible salir por las vías constitucionales.  Ello obliga  a sacrificar intereses, algunos quizás  legítimos pero otros dejan dudas. No podemos permanecer en silencio cuando percibimos el riesgo de perder una alcaldía. Ya en el Parlamento Latinoamericano perdimos un diputado por la terquedad de compatriotas con buenas credenciales.

¿Qué pretende “el cura” Calderón al lanzarse para la alcaldía de San Cristóbal? ¿Acaso no ocupó en el pasado la gobernación y esa misma alcaldía? El caso de Antonio Ecarri en Libertador es diferente, ya que es un joven que tiene deseos legítimos de hacer política y ser alcalde. En circunstancias normales apoyaría su candidatura, pero debe entender que, aunque objetó los resultados de las  elecciones primarias, al final el veredicto no lo favoreció. Lo prioritario es ganar Libertador, tarea nada fácil. Si Ismael García percibe que Ecarri tiene una mayor probabilidad de ganar, lo político es que decline su candidatura. Si ese no es el caso, o si Ismael decide no declinar, es a Ecarri a quien le corresponde retirarse si quiere tener futuro político, ya que debe respetar las reglas.

También preocupa la terquedad de Uzcátegui en Baruta. Sabemos  que los tribunales son apéndices del ejecutivo y que todavía pueden inhabilitarlo. Lo aconsejable es que decline y que Blyde sea reelecto. Andrés Bello está desubicado al pretender competir por la Alcaldía Mayor y Edgar Luzardo en Maracaibo. Ojalá los citados sigan el ejemplo de  Ledezma quien, teniendo muchos méritos, prefirió posponer aspiraciones presidenciales para dedicarse a consolidar la unidad.  Los delegados de Gente del Petróleo han sido muy tajantes al declarar que por encima de cualquier consideración están las candidaturas de la MUD.

Los candidatos rojos seleccionados a dedo como Magglio y el “Potro” Álvarez tienen méritos como peloteros y Winston Vallenilla es conocido como farandulero, pero serán rechazados por los ciudadanos por no ser luchadores sociales.

Como en botica: El “negocio” de refinación de Pdvsa tuvo una pérdida  por barril procesado  de 4,1 dólares  en el 2011 y de 11,0 dólares en el 2012. ¿Hasta cuándo el ensañamiento en contra del inocente Simonovis?  La única “majestad” del Poder Judicial es la misma que tenía Luis XIV, es decir la arbitrariedad. Nuestra solidaridad con Alfredo Coronil, acusado sin ninguna base de participar en un complot inventado por el régimen. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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Ante el caos nacional los rojos atizan el fuego contra Capriles y PJ

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El chavismo, desesperado ante el derrumbe apresurado del país, sigue apuntando a la distracción total lanzando acusaciones a diestra y siniestra (mas a la diestra por ahora…) contra la dirigencia y los partidos opositores.

Agobiados por el aumento diario de la inflación, el desabastecimiento, la criminalidad y ahora la molestia de los seguidores rojos por la designación a dedo de Nicolás Maduro de varios candidatos faranduleros y deportistas por encima de los dirigentes regionales y municipales de la tolda gubernamental han decidido acusar -por encima de todos los temas de la agenda diaria- al partido Primero Justicia y a su líder Henrique Capriles Radonski.

El colega Ewald Scharfenberg, corresponsal en Venezuela del diario madrileño El País (www.elpais.com), expone en su aporte a la edición de hoy que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, reveló que su objetivo es llevar al gobernador de Miranda a la cárcel.

La sesión de ayer en la Asamblea venezolana fue una clara y contundente confirmación de dicha intención. Todos los epítetos posibles fueron lanzados contra la dirigencia del partido aurinegro desde la boca de los mas contumaces diputados rojos rojitos.

Los escenarios en los próximos días pueden estar cargados de confrontaciones mas directas.

Hay que esperar cualquier cosa pues si con las solas fotografías de una fiesta de disfraces o de un momento de diversión de un empleado de la gobernación de Miranda montaron la olla de que PJ está metido en trata de blancas y blancos, red de prostitución, lavado de dinero y narcotráfico la roja imaginación podría montar desde un atentado hasta un movimiento telúrico.

La inspiración del llamado “comandante infinito” tiende a agotarse.

Lean aquí el artículo de El País:

El número dos del chavismo revela que su objetivo es llevar a Capriles ante la justicia

El oficialismo acusa al equipo del líder opositor de pagos irregulares en el Estado de Miranda

“El brazo de la justicia va a llegar al asesino fascista”, dice Cabello

EWALD SCHARFENBERG 

 

“No nos subestimen. En el debido momento, el brazo de la justicia va a llegar al asesino fascista que es (Henrique) Capriles Radonski”. La frase es de Diosdado Cabello, número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, al final de una tumultuosa sesión en la que se consideró –y aprobó por parte de la bancada oficialista- una moción de repudio contra “las prácticas corruptas” del principal partido de oposición, Primero Justicia (PJ). Con esas palabras, Cabello puso al descubierto el fin de la nueva campaña contra la corrupción que enarbola el Gobierno de Nicolás Maduro: cercar al líder y excandidato presidencial opositor.

La jornada prometía desde el inicio. El propio Cabello había advertido, a través de su cuenta en Twitter, que nadie debía perdérsela. El anuncio dio pie a diferentes versiones sobre cómo el parlamento unicameral, dominado por el progubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), consideraría la petición de “poderes especiales” para combatir la corrupción que Nicolás Maduro formuló sin concretar y muy de pasada la noche del lunes.

En cualquier caso, apenas se trató esa solicitud. Aunque otros puntos del orden de la sesión merecían seguimiento –como la ratificación de un tratado de cooperación con Corea del Norte o la sorprendente sustitución, a solicitud del Gobierno, de la presidenta del Banco Central-, el momento culminante resultó ser el debate de las denuncias que el oficialismo ventila sobre supuestos pagos irregulares efectuados por Óscar López, segundo de la Gobernación del Estado de Miranda, cuyo titular es Capriles Radonski.

La bancada bolivariana intentó documentar las irregularidades con copias de facturas y presentó fotografías que habrían sido incautadas durante el allanamiento practicado por la policía política en la residencia de López en Caracas la semana pasada. En las imágenes, dadas a conocer por el diputado del Psuv José Luis Ávila, aparece López en compañía de otros hombres, abrazándose o incluso vestidos como mujeres. Ello sería, según Ávila y sus colegas de partido, prueba de que el funcionario subalterno de Capriles estaría conectado a bandas de prostitución y de tráfico de drogas, o como lo definió el también diputado oficialista Pedro Carreño: “trata de blancas y de blancos”.

Estas imputaciones sirvieron de excusa para que, en un giro rocambolesco, el debate se deslizara hacia la presunta homosexualidad del liderazgo opositor. La voz cantante la llevó Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría del parlamento y jefe del bloque psuvista en la Asamblea Nacional. Carreño, ex oficial del ejército, aseguró que Primero Justicia se ha convertido en un cártel gay donde “pululan la promiscuidad y la prostitución”. Al hacer referencia a una acusación que Capriles le había hecho a través de las redes sociales, según la cual Carreño habría sido expulsado del ejército por malos manejos administrativos, el diputado oficialista retó al ex candidato opositor a presentar alguna prueba al respecto. Carreño espoleó a Capriles desde el hemiciclo de los diputados: “Acepta el reto, maricón”.

Al cerrar la sesión, Diosdado Cabello no desdijo las palabras subidas de tono de su colega Carreño y sus compañeros de bancada. Por el contrario, los felicitó por su firmeza y criticó a los sectores empresariales y al Gobierno de Miranda, a cargo de Capriles desde hace cinco años, que, de acuerdo a sus cálculos habría manejado 15.000 millones de bolívares (2.400 millones de dólares) “sin que se vean las obras”.

Capriles –que impugnó los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, en las que quedó segundo, a solo uno por ciento del ganador oficial, Nicolás Maduro- dijo que la presión contra López pretende desmantelar la organización del Gobierno de Miranda y de su propio comando de campaña de cara a las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre.

 

 

Al profesor Gustavo Villasmil, de la Alcaldía de Baruta en Venezuela, por su Mesa Sanitaria de 1997.

 

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Durante el pasado mes de julio, tras algunos reportajes y columnas en distintos medios de comunicación, saltó a la palestra pública colombiana el debate sobre el alto precio de los medicamentos. Poco después, el día 26 de julio de 2013, y aunque el  ministro de Salud Alejandro Gaviria declaró que “este no es un tema que responde a un escándalo mediático ni mucho menos”,  la Comisión Nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos del Ministerio de Salud de Colombia, respondió a la controversia publicando la Circular número 04 de 2013, en donde se regula el precio de casi 200 productos farmacéuticos, dejando en claro su disposición a fijar precios máximos y colocar controles directos sobre varios medicamentos.

Me sorprendió que, aun siendo yo partidario del liberalismo económico, la iniciativa de controlar los precios máximos a algunas medicinas en Colombia me haya parecido plausible. Me mudé a Bogotá luego de residir en Madrid por ocho años, y haciendo comparaciones, es asombroso cómo en Colombia, país con un ingreso per cápita de US$ 7.752, se pagan algunos medicamentos a un precio 10 veces superior que en España, cuyo ingreso per cápita es de casi € 22.000, unos US$ 26.500 aproximadamente. Mi primera compra de medicamentos en Colombia me hizo creer que venía una esmeralda incluida en el empaque. Es terrible y me pregunto cómo es que la gente aún tiene coraje de enfermarse en este país.

Mi reacción favorable a un control sobre los precios de los medicamentos tiene que ver con un tema de sentido común: una persona que se enferma está en una situación de vulnerabilidad. No obstante, esta misma lógica podría extenderse a muchos otros bienes y servicios como la alimentación, los servicios médicos en general y la educación. Pero es evidente que con controles de precios podría terminar generándose un desabastecimiento de ciertas medicinas y podría ocurrir –nunca más afortunada la frase– que el remedio sea peor que la enfermedad.

¿Son los laboratorios químicos multinacionales unos villanos como nos quieren hacer pensar algunos exaltados? ¿Hay una razón coherente, distinta a la codicia, para explicar que un medicamento sea mucho más caro en un país pobre? ¿Qué puede aportarnos la teoría económica para dilucidar qué debe hacerse en materia de precios farmacéuticos?

A continuación repaso algunas consideraciones que nos da la teoría económica, esperando que sirvan de guía para orientar el debate sobre políticas públicas con respecto a los precios de las medicinas, para así evitar caer en razonamientos simplistas.

Lo primero que debo destacar es que esto dista de ser un problema tercermundista. La literatura que empleo para este análisis es anglosajona y muchos de los trabajos surgieron como respuesta a declaraciones exaltadas contra la industria farmacéutica que realizó el expresidente estadounidense Bill Clinton, al asumir el poder en 1993. Existe una línea ineludible de investigación sobre la materia.

La Economía de la Salud

Como principal hito en temas médicos, los economistas tenemos un trabajo del premio Nobel de Economía (1972) Kenneth Arrow (1963), (es uno de los veinte artículos más citados en investigaciones económicas), en donde se señalan varios elementos distintivos en la demanda de servicios médicos, incluyendo los medicamentos. Es importante señalar al menos tres:

1. La demanda de servicios médicos es errática e impredecible: no podemos predecir a ciencia cierta cuándo enfermaremos. El costo de la salud no tiene que ver solamente con las  medicinas, sino que involucra los ingresos que perdemos al estar enfermos. Además, a diferencia de la demanda de alimentos, no es un tema que se resuelve simplemente con dinero. El viejo adagio que pide salud, dinero y amor separadamente ya advertía esto desde tiempos inmemoriales.

2. Incertidumbre: tenemos aversión al riesgo como consumidores de medicinas, pues a diferencia de otros productos, probar un servicio médico equivocado puede ser fatal. Tenemos dificultades para predecir cómo nos irá con un médico o medicina y muchas veces no tenemos tiempo o salud suficiente para generar una curva de aprendizaje.

3. Asimetría de la información: los médicos y farmaceutas tienen más información que los pacientes. Es más, los médicos insisten en ello para cobrar sus honorarios. Simplemente la jerga médica es imposible de entender –aun consultando internet- y la medicina dista de ser una ciencia exacta.

La economía de las empresas farmacéuticas

Los laboratorios farmacéuticos tienen una particularidad que los diferencia de cualquier negocio: tienen un coste marginal de producción muy bajo con respecto al precio final del medicamento. El gasto de los laboratorios viene de otra arista: la investigación y desarrollo (I+D). Los laboratorios tienen que invertir en desarrollar los nuevos químicos y pasar todas las validaciones que hacen las autoridades para aprobar el medicamento. En 2002, Ernest Berndt estimaba que el costo total de introducir un nuevo medicamento en Estados Unidos era de US$ 802 millones, el doble de los US$ 350 millones que se necesitaban en los años noventa (Berndt, 2002, p. 55).

Scherer (1993) nos recuerda además que pocos medicamentos son exitosos: “el desarrollo de nuevas medicinas se parece a una lotería riesgosa que da mucha recompensa a unos pocos ganadores, mientras que la mayoría pierde dinero” (Scherer, 1993, p. 106). Los laboratorios generan el 55% de sus ingresos en diez medicinas exitosas, como los llamados “blockbusters[1], mientras muchos medicamentos desarrollados generan menos ventas o simplemente fracasan.  Además, las empresas farmacéuticas vienen teniendo mayores gastos publicitarios, invirtiendo en promedio el 15% de sus ventas (Scherer, 1993, p. 56).

Estas consideraciones nos muestran que lejos de ser unos villanos, los laboratorios tienen una importante función en el sector salud: desarrollar nuevas fórmulas que nos mejoren la calidad de vida, lo cual demanda unas altas inversiones y muchos riesgos. Lo que recogen los precios de los medicamentos es esa inversión inicial en innovación, lo cual muchas veces no se captura en los balances de los laboratorios bajo la contabilidad tradicional. El regulador (en este caso el Estado), parece estar considerando solo el precio del medicamento respecto al costo de fabricación, perdiendo de vista todo lo que se invierte en el proceso previo de investigación.

Las patentes

La solución para compensar a los laboratorios ha sido darles patentes sobre sus medicamentos. Esto los protege de la entrada de otros competidores y con su duración (puede prolongarse hasta 15 años), compensa también la demora que estipulan las autoridades para que se apruebe un nuevo medicamento.

Cada vez más acuerdos comerciales internacionales se han empeñado en que se protejan estas patentes farmacéuticas, las cuales, indudablemente, encarecen los medicamentos a los que se aplican, pero tienen una contrapartida favorable: estimulan a que se invierta en I+D para sacar nuevos medicamentos al mercado. Este es otro punto relevante: controlar los precios de los medicamentos puede disuadir el esfuerzo innovador.

La paradoja de los genéricos

En Colombia se olvidan las facilidades para comercializar medicamentos genéricos[2]. Estos tienen la misma fórmula que los medicamentos que comercializan los laboratorios con marcas más reconocidas (y precios más caros). Sin embargo, Scherer (1993) nos señala una paradoja sorprendente de los genéricos: los medicamentos que son “clonados” no bajan su precio de manera relevante (apenas un 2%), y en algunos casos incluso suben su precio (Scherer, 1993, p. 101). Además, con los genéricos surge un mercado segmentado en dos: los que compran el genérico y los que siguen siendo sensibles a la marca y a las drogas “originales” más caras.

¿Por qué se sigue comprando la misma fórmula en una presentación más costosa? Aquí aparece uno de los temas claves y polémicos, descifrar por qué muchos médicos y pacientes prefieren usar la medicina de una marca más fuerte (no hay que ser muy astuto para saber que muchos médicos reciben publicidad y muestras de estas marcas).

El problema evidencia un importante aspecto de la demanda por medicamentos: el sujeto que consume el medicamento (el paciente) es diferente a quien toma la decisión de compra (el médico que da la receta) y a quién financia (en muchos casos el seguro médico privado o social). El consumidor de medicamentos muchas veces ni siquiera sabe que existe el genérico, confía en su médico y sabe que le pueden reembolsar parte del gasto si tiene la fortuna de contar con un seguro.

Mala medición de la inflación en medicamentos

Scherer (1993, p. 102-3) nos habla de las “perplejidades en los índices de precios de los medicamentos”. Muchas veces la canasta de medicamentos que se usa para medir el rango de los precios tiene una serie de debilidades que exageran el costo final ante la opinión pública:

– No consideran los medicamentos genéricos disponibles. Estos medicamentos  ponderarían a la baja el precio en las drogas que sustituyen.

– No distinguen entre medicamentos nuevos y ya existentes. Los precios de los medicamentos tienen ciclos de vida y suelen salir con un precio más bajo para ganar mercado y luego aumentar su valor.

– Se carece de “índices hedónicos”. Esto significa que quien compra medicamentos puede estar evitando, gracias al producto que adquiere, una serie de costos adicionales en servicios médicos de hospitalización o en días perdidos de trabajo. El medicamento puede estar ahorrando muchos costos adicionales y esto se pierde de vista.

Los mercados emergentes

Michael Kremer (2002) estudia varios de los problemas que se presentan en los países en desarrollo para la industria farmacéutica. El primero es de escala: el gasto de 38 países africanos en medicamentos era menor al del estado norteamericano de Connecticut en 2001. Para esa época, los países latinoamericanos representaban el 7,5% de los ingresos para los laboratorios farmacéuticos multinacionales (Kremer, 2002, p. 70).

Es por esto que antes de la era de los acuerdos de libre comercio internacionales, algunos laboratorios realizaban una práctica que los economistas conocemos, pero el público general desprecia: discriminación de precios. La teoría microeconómica demuestra que para maximizar ingresos, una empresa puede cobrar más caro el mismo servicio a quien tiene mayor disposición de  consumirlo. En los mercados emergentes, los laboratorios eran más laxos con sus precios y menos exigentes sobre las patentes. El resultado fue que los consumidores en países desarrollados comenzaron a protestar por los exorbitados precios farmacéuticos en sus países, tomando como evidencia los menores precios en mercados emergentes. Una de las anécdotas más terribles sobre estas denuncias ocurrió en 1982, cuando la senadora estadounidense, Paula Hawkins, protestó porque el precio de una serie de vacunas era el triple cuando se vendía al Gobierno de Estados Unidos que al comercializarlas en naciones extranjeras. El laboratorio fabricante, ante la interpelación oficinal, optó por dejar de acudir a las licitaciones de UNICEF para comercializar las medicinas a bajos precios en naciones pobres (ver Kremer, 2002, p. 74). Vaya uno a saber cuántos niños murieron como consecuencia.

El problema de los mercados emergentes es la percepción de que se aprovechan gratis o a menor precio de todo el esfuerzo de investigación y verificaciones que se conduce en naciones desarrolladas. De allí que en acuerdos comerciales internacionales se tienda a proteger al lobby de laboratorios y a exigir que se respeten las patentes.

Los economistas hablan del problema de las externalidades para referirse a las consecuencias involuntarias de nuestro consumo o producción. En el caso de los medicamentos, el consumidor del tercer mundo jamás piensa en el problema de la producción en los laboratorios internacionales. Y también hay otra dificultad: consumir un medicamento y dejar de consumirlo, por decisión propia y no por prescripción médica, puede afectar la salud del resto de los ciudadanos. Alguien que se medica mal y consume antibióticos de forma excesiva, puede terminar generando cepas más poderosas de un virus que posteriormente me pueden atacar a mí. Estos temas cobran relevancia en mercados emergentes por la falta de médicos capacitados y de consumidores educados.

Kremer señala un problema de fondo en el mercado de medicinas para las economías pobres: “el abastecimiento de medicinas es frecuentemente ineficiente y corrupto, y la regulación inapropiada puede impedir el acceso. Adicionalmente, los trabajadores del sector salud son poderosos respecto a los pacientes”. (2002, p. 75)

Esto nos lleva a meditar sobre nuevas aristas en el problema latinoamericano de los altos precios de las medicinas:

– El problema de los precios puede estar lejos del laboratorio fabricante y residir en una ineficiente distribución privada. La distribución de los medicamentos se puede encarecer por la mala infraestructura local (en Colombia hay severos problemas de vías de comunicación y transporte, por ejemplo), la poca competencia en la distribución, y las redes de farmacias que hacen acuerdos de precios. Los mayoristas farmacéuticos como las venezolanas Locatel y Farmatodo (ahuyentados de su país por el comunismo del régimen chavista) han sido una innovación reciente en Colombia.

– El gobierno, como comprador de medicinas, puede favorecer precios elevados que favorezcan a laboratorios “amigos”. He visto personalmente fortunas construidas sobre la provisión de medicamentos al Seguro Social venezolano, y destaco que algunas existían incluso antes del régimen chavista.

– El servicio público de salud se ocupa más de los salarios para el poderoso lobbymédico, que de tener presupuestos para las medicinas que necesitan los pacientes. Luego no es sólo un tema de laboratorios fabricantes. La cadena de distribución y venta al público es un asunto crítico en la formación del precio final. Y hay que preguntarse también por los aranceles y restricciones de divisas para adquirir los medicamentos o sus componentes.

 Recomendaciones de política pública

Scherer concluye en su trabajo: “la marcha desenfrenada hacia una regulación de los precios en la industria farmacéutica puede entorpecer seriamente los incentivos de la industria para invertir en nuevos productos. Los organismos de gobierno que regulan los precios y beneficios están caracterizados por un sesgo miope.” Y agrega: “Una mejor aproximación (…) sería trabajar hacia mejorar la información en el mercado farmacéutico, de tal manera que cuando expiren las patentes de nuevas drogas, los productos genéricos se conviertan en sustitutos más efectivos”. (1993, p. 113)

Tras todas las peculiaridades que he expuesto sobre el mercado farmacéutico, la postura de Scherer adquiere todo su sentido. El control de precios simplemente es un recurso fácil –no dudo que sea bien intencionado-, que nos seduce y para nada resuelve los problemas de fondo.

Tres elementos son relevantes a la hora de pensar los topes al precio máximo de los medicamentos:

En primer lugar, la asimetría de información que ya nos anticipaba Arrow desde 1963. El mundo farmacéutico es complejo, pero en un servicio público el objetivo debe ser favorecer la difusión de información sobre los prospectos de las medicinas, sobre sus principios activos y notificar a los pacientes cuáles son los medicamentos genéricos indicados para su enfermedad.

En segundo lugar, como encontraron Duggan y Scott[3] (2010), al estudiar el impacto a corto plazo de un capítulo del programa Medicare en Estados Unidos (el programa de cobertura de seguridad social), es importante el manejo de formularios que permitan a los pacientes encontrar tratamientos alternos (y menos costosos) que los patentados. Las aseguradoras que manejan formularios y tienen mandato de comprar los medicamentos con ahorro en costes, consiguen economizar en gastos farmacéuticos. Además, estas empresas tienden a hacer un trabajo de procesamiento de información que es inaccesible para el consumidor individual. Los consumidores individuales agrupados –no sólo en aseguradoras, sino en asociaciones de pacientes- pueden hacer el trabajo de buscar mejores precios en medicamentos, porque cuentan con economías de escala ausentes para el consumidor particular.

En tercer lugar, dado que los mercados emergentes tienen una serie de dolencias y enfermedades distintas a las de los  mercados desarrollados, bien por su geografía (la malaria por ejemplo) o por sus menores ingresos, se puede considerar la financiación estatal para el desarrollo de nuevos medicamentos. Como indica Kremer (2002), hay dos tipos de programas estatales para estimular la investigación en nuevas medicinas: por una parte están los programas push, que subsidian a los investigadores y sus insumos, guiándose por los proyectos que presentan; y por otra están los programas tipo pull que ofrecen volúmenes de compra y precios garantizados a quienes consiguen inventar una fórmula exitosa (2002, p. 82).

En mi experiencia personal con la salud española (por cierto, desafortunada en cuanto a médicos), un destacado dermatólogo me comentaba que los fondos públicos en investigación sanitaria se desvían hacia médicos que presentan proyectos de investigación, sin ningún tipo de garantía sobre el resultado final, y muchas veces sin seguimiento o control por parte del Estado. Esta es precisamente la ineficacia de los programas gubernamentales tipo push.

Kremer apunta hacia los programas tipo pull como los más eficaces, en los que el investigador sabe que solo recibirá subsidios estatales y recompensas cuando entreguen un proyecto médico exitoso. En este caso los riesgos van por cuenta del investigador y este será más cuidadoso para buscar las alternativas más viables y eficaces para conseguir una fórmula exitosa y finalmente el apoyo estatal. El gobierno no tendrá que andar verificando quién tendrá éxito sobre un papel guiándose por lo hermoso que se vea el proyecto, porque premiará directamente los resultados.

Estoy convencido de que estas son ideas mucho más eficaces para abaratar las medicinas a la gente. Desde luego, invito a los responsables de políticas públicas, a sus asesores y al elector a que tenga en cuenta estas consideraciones que la teoría económica nos ofrece, en lugar de caer, como yo mismo lo hice, en la retórica fácil sobre un tema tan sensible como las medicinas.

CARLOS GOEDDER ― REVISTA PERSPECTIVA


[1] Aquellos fármacos superventas cuya facturación puede superar los mil millones de dólares anuales.

[2] Los medicamentos genéricos cobraron dinamismo con la legislación estadounidense conocida como Waxman-Hatch Act de 1984.

[3] Estos autores también ponen en consideración el concepto de “formulario” como “mecanismo que permite al comprador identificar un tratamiento terapéuticamente similar como un sustituto viable de un tratamiento patentado” (Duggan & Scott, 2010, p. 590).


Arrow, Kenneth J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care.  The American Economic Review. Volumen LIII.

Berndt, Ernst R. (2002). Pharmaceutical in U.S. Health Care: Determinants of Quantity and Price. Journal of Economic Perspectives. Volumen 16, No. 4, pp. 45-66.

Kremer, Michael. (2002). Pharmaceuticals and the Developing World. Journal of Economic Perspectives. Volumen 16, No. 4, pp. 67-90.

Schrer, F. M. (1993). Pricing, Profits, and Technological Progress in the Pharmaceutical Industry. Journal of Economic Perspectives. Volumen 7, No. 3, pp. 97-115.

Duggan, Mark & Scott, Fiona. (2010). The effect of Medicare Part D on Pharmaceutical Prices and Utilization. American Economic Review. Volumen 100. No.1, pp. 590-607.

Fuente: Revista Perspectiva

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Una de las características de los regímenes autoritarios es la imposibilidad de aceptar que alguien piense de manera diferente. Esa persona u organización pasa a convertirse en enemigo y, por tanto, objetivo de guerra. Como la guerra está en la realidad inventada de quienes detentan el poder, se les desarrolla una paranoia mitómana o una mitomanía paranoica, sea la afección mental que ocurra primero. Estos regímenes ven fantasmas por todas partes. Se sienten amenazados perpetuamente. Tienen manía persecutoria. Y desarrollan entonces estrategias según las cuales la mejor defensa es la ofensiva.

Durante el gobierno de Chávez fuimos testigos de innumerables episodios de paranoia en muchos funcionarios oficialistas. La mayoría de esos episodios a la postre se esfumaron en la imposibilidad de certificación. Pero el paranoico sigue siéndolo aunque no pueda comprobar las amenazas. Las obsesiones se convierten en obcecación. Y nada lo saca de sus trece. A eso hay que sumar que se produce un fenómeno que en política de masas se denomina “la mentira conveniente”, decir algo que bien se sabe que no es verdad pero que se presume puede rendir beneficios. Los autoritarios inventan mentiras, las repiten miles de veces -hasta el punto de creérsela- y sobre ella desarrollan un guión que les permite victimizarse y a la vez lucir como valientes y poderosos.

Dentro de la estrategia autoritaria, cualquiera puede ser un enemigo. Así, hay que hostigarlo, perseguirlo, invalidarlo, inutilizarlo y, de ser posible, enrejarlo. En una situación como la que se vive en Venezuela, donde la mitad de la población es opositora al gobierno, pues todos esos millones pueden teóricamente ser peligrosos y por ende están bajo sospecha.

El gobierno autoritario mueve los hilos de la justicia a su antojo. Y el fin justifica los medios. Encarcelar a un opositor -considerándolo enemigo y traidor a la patria- es un logro. Si para ello hay que recurrir a transas y falsedades, sea pues. Y aun a riesgo de perder algo de popularidad temporalmente, al que se consiguió poner preso, hay que dejarlo preso a como dé lugar. Y si algún sospechoso puede ser encarcelado, vale cualquier treta o ardid. Dentro de este esquema de pensamiento y acción, los derechos humanos no existen y nadie, ni siquiera los organismos internacionales con los cuales se ha suscrito acuerdos, tiene derecho alguno a pretender opinar y mucho menos intervenir. Pomposamente se recurre al argumento de la soberanía nacional para cometer salvajes atropellos y violaciones.

En Venezuela, la lista de presos, procesados, hostigados y silenciados por razones políticas llena páginas y páginas. Son las páginas de la vergüenza. Algunos cumplen condenas inmorales, en condiciones infrahumanas, incluso padeciendo enfermedades graves que les dan derecho a medidas humanitarias. Otros viven el infierno de la vejación constate. Muchos han sido asfixiados económicamente y obligados a arrodillarse. Miles han optado por el exilio. Otros tantos han sido sofocados hasta el silencio. Todos son objeto de hostigamiento, de malos tratos, de la acción de un gobierno que cooptó a las instituciones del Estado y ha convertido a nuestra Venezuela en una nación plagada de miedos, en una gigantesca prisión.

Dirá el lector que todo lo que escribimos en esta columna es bien sabido. Se preguntará para qué repetirlo y si el redactor piensa proponer algo que pueda ayudar a solventar esta penosa situación.

Todos los días, miles de venezolanos decentes nos devanamos los sesos pensando en qué hacer por poner coto a esta injusticia. Los abogados, que bien sabemos que el sistema de administración de justicia sufre gangrena, insistimos en acudir a la justicia. Los tribunales están repletos de denuncias que hacemos. Esa denuncias no reciben respuesta de las instituciones. Son ignoradas con vileza. Pero son expedientes que se van apilando sobre las espaldas de esos funcionarios que están todos los días violando las leyes y cometiendo delitos. Sobre esos miles de funcionarios y en especial sobre sus jefes caerá tarde o temprano el peso de la verdadera justicia.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos no descansan. Día tras día elevan sus voces de protesta, producen informes, se comunican con sus pares nacionales e internacionales. Los perseguidos no están solos. Abandonarlos a su terrible suerte sería el peor delito y pecado que podríamos cometer. Pero necesitamos a los ciudadanos sumándose a la causa de una Venezuela decente. Cada vez que callamos, cada vez que dejamos las cosas así, gana el autoritarismo. En alguna parte escuché que los buenos no podemos descansar porque los malos nunca lo hacen.

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