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Protestas 2017 | La verdad sobre la muerte de Nelson Arévalo no tiene quien la investigue
Aunque las pesquisas del Cicpc y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señalan que el joven larense murió por la detonación de un artefacto explosivo, sus familiares y algunos testigos aseguran que le dispararon al cuello con un arma de fuego desde una sede del Saime en Barquisimeto

 

@KaryPerazaR

“AUNQUE PAREZCA QUE NO VA HABER JUSTICIA, la esperanza sigue porque la verdad está ahí, la verdad de lo que pasó. Solamente hay que demostrarla legalmente como se tiene que hacer con los procedimientos. La  verdad es que a Nelson lo mataron y eso tiene que aflorar”.

Yeraxi Arévalo cuenta que después de que su hermano, Nelson Daniel Arévalo Avendaño, de 22 años, murió en medio de una protesta en 2017, la vida de su familia dio un vuelco. En su casa hoy hay un padre que exige justicia, una madre que llora a su muchacho ausente y unos hermanos que no saben qué hacer tras haber perdido al más chiquito del hogar. Ninguno ha podido asimilar la forma en la que cayó el joven aquel 16 de junio en la avenida Hernán Garmendia del este de Barquisimeto, estado Lara, cuando participaba en una manifestación junto a sus compañeros de “La Resistencia” y fue impactado en el cuello por un objeto que todavía hoy se desconoce. Pero tienen fe en que el caso será esclarecido tarde o temprano. Y tienen, además, una certeza: “a Nelson lo mataron”.

Nelson –a quien habían apodado “Dominic” en “La Resistencia”– se convirtió en la décima persona que cayó en Lara en el contexto de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro durante el 2017. Pertenece al grupo de 38 estudiantes que murieron en ese período en todo el país. En aquellos días cursaba el primer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro (UFT) de Barquisimeto, luego de haberse mudado, meses antes, del pueblo agrícola en donde todavía reside su familia: Guárico, al suroeste de la entidad.

Sus parientes lo describen como un muchacho que quería un mejor futuro. Deseaba cambiar el país porque, para él, se caía a pedazos. A pesar de saber que en las manifestaciones antigobierno cada vez morían más personas y de que su madre había intentado persuadirlo para que dejara las calles, él le aseguraba a los suyos que era por ellos que salía a protestar, así como por quienes estaban sin medicina, o no tenían cómo comprar comida. No era la primera vez que marchaba. En 2014 también asistió a las manifestaciones y, cuando lo mataron, ya tenía dos meses frecuentando Las Trinitarias, uno de los puntos de concentración habituales de las protestas, la zona donde murió y donde se ubica su alma mater.

Yeraxi, la hermana de Nelson, reprocha que un año después del suceso no hayan tenido una respuesta sobre el caso. Afirma que su padre ha ido constantemente al Ministerio Público, donde pasa horas sentado mientras espera que lo atiendan. Siempre vuelve a su casa sin novedad alguna. Su madre, en medio del dolor, entendió que no podía quedarse encerrada llorando al muchacho. Por eso se le ha visto varias veces en ruedas de prensa y eventos públicos para recordar lo que le pasó a su hijo.

Pese a que la Comisión de la Verdad, instalada por la asamblea nacional constituyente (ANC) se comunicó con la familia de Nelson en dos o tres ocasiones –vía telefónica– con el fin de “buscar la verdad”, los padres desconfiaron de la oferta por considerar que la institución no era imparcial. Asegura Yeraxi que desde allí nunca se han acelerado los procesos judiciales, ni tampoco se ha ejercido presión para que los organismos encargados de la investigación cumplan con su trabajo.  

Cae en manifestación

Dominic, como era conocido entre los manifestantes, cayó a las 3:30 pm del viernes 16 de junio del 2017 en la avenida Hernán Garmendia, en las adyacencias del Saime de El Ujano, en la zona este de Barquisimeto. Una herida en el lado izquierdo del cuello lo había derrumbado. Era un orificio de gran dimensión y lo que lo impactó le salió por la parte de atrás de la clavícula del lado derecho.

Los miembros de la auto denominada “Resistencia de Las Trinitarias”, quienes no quisieron revelar sus identidades porque se sentían perseguidos, declararon ese día que al momento del suceso Dominic tan solo cargaba consigo una bandera de Venezuela que quedó impregnada con su sangre, un guante y un escudo que tenía la imagen de Neomar Lander. Relataron que entre 35 y 40 jóvenes se enfrentaban a funcionarios de la Guardia Nacional, mientras que estos se resguardaban en la sede del Saime y desde allí le disparaban. “Lo que sonaban eran balas”, detallaron los de la Resistencia. Nelson Daniel se había separado de la línea que habían formado los “escuderos” y, al asomarse, los militares dispararon.

Al verlo caer y soltar su escudo, sus compañeros lo agarraron y lo arrastraron a unos 20 metros del lugar. Un médico lo vio en el terreno, pero la lesión era grave y dio la orden de sacarlo a un centro asistencial. Los jóvenes detuvieron un vehículo que transitaba por la zona y este los trasladó hasta la clínica Razzeti, ubicada en el centro de Barquisimeto. Los médicos de guardia recibieron al paciente, pero no pudieron hacer nada. Había llegado sin signos vitales.

Yeraxi estaba trabajando cuando todo pasó. Era la única de la familia que se encontraba en Barquisimeto. La joven recibió una llamada de su madre quien le dijo que a Nelson le había pasado algo y que otro de sus hermanos, a través de la red social Twitter, vio que estaba herido. La madre no hacía más que llorar.

La hermana de Nelson comenzó a buscarlo. Cuando llegó a la clínica no reconoció a nadie, pero se enteró que el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, había tuiteado que la muerte de Nelson Daniel ocurrió por la manipulación de un mortero que le había explotado encima. Sin embargo, personal de la clínica le dijo que se trataba de una herida por arma de fuego.

Cuando Yeraxi vio el cadáver de Nelson, lo primero que observó fue sus manos sin quemadura alguna. La dimensión de la herida era menor a la que se había visto en una fotografía divulgada por redes sociales y, aparentemente, el tamaño había sido un efecto de la cercanía.

En medio de las versiones sobre el homicidio, los miembros de la Resistencia mostraron una fotografía donde estaba la bandera llena de sangre y el escudo, pero sobre ella aparecía un mortero que otros jóvenes después confesaron que Dominic sí cargaba, pues él era el encargado de esa tarea.

Al llegar al lugar del suceso, funcionarios del Eje de Homicidios del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Lara, trataron de hablar con algunos testigos pero estos no dieron la cara. Tan solo colectaron el mortero que llevaba Dominic, unos guantes y otras evidencias de interés criminalístico.

“Como familia hemos indagado y los muchachos me dicen que el disparo vino del Saime”, dice Yarexi, quien además asegura que cuando acudió a la sede del Cicpc, el mismo día de la muerte de su hermano, se sintió incómoda. En lugar de atenderla para que denunciara el homicidio, sintió que a ella la investigaban por el acontecimiento.

Controversia en el caso

Para la hermana de Nelson Daniel, las afirmaciones de Reverol sobre el mortero provocaron una estela de hermetismo sobre el caso.

El día de los hechos, los funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc solo le hicieron una inspección ocular al cadáver del joven.

Según el registro de ingresos del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, el cuerpo fue trasladado a la morgue a las 6:00 pm de ese 16 de junio y celosamente fue cubierto, pues se acordó que no se le practicaría la autopsia.

La mañana del sábado 17 de junio, amaneció la morgue tomada por funcionarios del Ministerio Público y del Cicpc. Se designó a Luz Marina Araujo, fiscal 6ta con competencia en delitos comunes, para la investigación. Posteriormente se sumó al caso Carlos Muñoz, fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales, además de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público que haría la autopsia.

A las 11:41 am del sábado 17 de junio, todo los expertos y funcionarios ingresaron a la morgue para comenzar con el examen médico legal que tardó más de tres horas. Se le tomaron muestras para hacer pruebas toxicológicas, en su hombro tenía rastros de quemaduras, pero en sus manos no. Detallaron algunas esquirlas de piedras en el cuello y rostro, así como quemaduras. En la herida, que era irregular, consiguieron rastros de pólvora, así como de tela, las cuales fueron colectadas para determinar si eran parte de su vestimenta.

Una fuente ligada al Ministerio Público dijo en ese momento que era bastante difícil indicar qué había causado la herida. “Necesitamos el resultado de todos los estudios para blindar la investigación y detallar las verdaderas causas de la muerte”.

A las 4:30 pm, el cuerpo de Dominic ya estaba listo para ser entregado a sus familiares, pero eso no ocurrió. Cuando preguntaban por él, no había respuesta. La situación los angustió y los allegados rumoraban que había intenciones de cambiar el informe forense.

Otra situación inquietó a quienes estaban en la morgue: el fiscal 21 fue sacado de la investigación y la fiscal 6ta quedó al frente del caso. Tres horas y media después de haber finalizado, el cadáver fue dado a los parientes para que lo sepultaran.

Yarexi, todavía hoy, no entiende cómo Reverol declaró sobre la muerte de su hermano sin tener pruebas y sin que los funcionarios hubieran visto el cuerpo de la víctima. “Si ese es el mismo Estado que va a buscar la verdad, que va a hacer justicia, que me va a garantizar las investigaciones, es difícil creerles. Pero eso no quiere decir que no sigamos buscando porque la justicia es un derecho, no un deber”, sentenció.

Un arma de fuego

El domingo 18 de junio, mientras era velado en la funeraria Metropolitana de Barquisimeto, se filtró el acta de defunción de Nelson Daniel, en la cual se indicaba que había presentado un “traumatismo raquimedular severo” y que tenía una herida por disparo de arma de fuego. También se apuntaba que tenía un “blasting pulmonar”.

Sin embargo, una fuente ligada al cuerpo detectivesco agregó que la hipótesis que se maneja dentro de la institución es similar: “traumatismo raquimedular severo y blasting pulmonar ocasionado por onda expansiva”. En sus expedientes, aparentemente, no figura la herida por arma de fuego. Los policías aseguran que la muerte fue por la explosión de un mortero y explican que dicho artefacto, al utilizar pólvora, se convierte en un arma de fuego. Por eso figura ese término en el acta de defunción.

Los detectives ligados al caso advierten que no puede haber detenidos, ni siquiera los compañeros que estaban con él, porque se trató de un accidente. Sin embargo, desde el Ministerio Público no existió una versión oficial  y el caso se engavetó.

El fiscal 21 fue sacado de la investigación porque supuestamente se comprobó que no habían funcionarios involucrados. Desde la Fiscalía 6ta todo quedó en silencio, no se hicieron más diligencias al respecto.

Sin embargo, la familia de Nelson Daniel no cree en la versión oficial. Para ellos, alguien lo mató y por eso insistirán en buscar la verdad. Mientras tanto, recuerdan al muchacho cada día y lamentan que la tradicional foto familiar haya quedado incompleta en la Navidad pasada. La tristeza les quitó el ánimo para poner los adornos y el arbolito.

Protestas 2017 | Padre de David Vallenilla: “El sargento Méndez nunca se ha presentado en tribunales”
A un año de este suceso, se han diferido las 4 audiencias preliminares del caso del asesinato de David Vallenilla por parte de un efectivo de la aviación militar. El pasado 11 de junio se aplazó la última y todavía no se sabe cuándo será la próxima

 

@ashfloresm

“UNA DE LAS COSAS QUE MÁS ME IMPRESIONA de todo lo que ha pasado es ver a los ciudadanos caminando tranquilos por las calles, como si no hubiera pasado y digo: ‘Dios mío ¿valía la pena que mi hijo luchara de la forma en la que luchó hasta el punto de perder su vida?’. Me entristece mucho que no se haga justicia, pero más me entristece ver a una sociedad de memoria corta.  Resignada a que pasen las cosas y dejarlas en el olvido”, dice desde los Valles del Tuy, donde reside, David Vallenilla, padre del joven David, asesinado frente a las cámaras hace un año.

Jueves 22 de junio de 2017. Transcurre el día 83 de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En la ciudad de Caracas se realiza  una movilización para defender la institucionalidad de la Fiscalía General de la República. El propósito de la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática era llegar hasta el Ministerio Público, no solo en la sede de la ciudad capital, también en el resto del país.

El anuncio lo hizo el para entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien pidió a la ciudadanía activar el artículo 333 y 350 de la Constitución que establecen restituir el orden constitucional y la desobediencia civil, ya que el 20 de junio la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia consideró que existían méritos para enjuiciar a la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de faltas graves cometidas durante su gestión. A finales de marzo Ortega Díaz se había manifestado en contra de los decretos del TSJ que desmantelaban la Asamblea Nacional, hecho que la distanciaron del Ejecutivo y dio inicio a la ola de protestas que duró 4 meses.  

10 de la mañana. Avenida Francisco de Miranda. Un mar de gente desborda las calles del municipio Chacao. Minutos más tarde comienza la represión. La Policía Nacional Bolivariana lanza bombas lacrimógenas, se escuchan detonaciones; sin embargo, las personas se mantienen en las calles.

Horas de enfrentamiento. Los jóvenes persisten en la autopista Francisco Fajardo, arriba y debajo del Distribuidor Altamira, a la altura de la base aérea La Carlota. Entre ellos se encuentra David José Vallenilla, un técnico de enfermería de 22 años de edad. Había estado en las primeras manifestaciones, pero una fractura en su pie derecho le impidió asistir durante dos meses.. Hasta ese jueves.

“David luchaba por una mejor Venezuela. En su experiencia como enfermero detectó tantas carencias  en el sector salud. Inclusive, en una oportunidad, me dijo: ‘No sé qué haría yo si ustedes necesitan ayuda y yo no puedo ayudarlos’. Él solo quiso protestar pacíficamente”, señala su padre.

4 de la tarde. Los jóvenes responden con piedras la represión por parte de los militares ubicados adentro de la base aérea  La Carlota. Solo una reja separa al pelotón de uniformados de la aviación militar y a David, que se encuentra a pocos metros de donde lo apuntan con armas largas.  En una escena que quedó grabada como evidencia, se ve a David caer después de recibir tres impactos que atraviesan su morral y acaban con su corazón, hígado y pulmón.

“Yo estaba en mi casa cuando me llamó su mamá y me dijo que se había ido a una marcha y que lo habían detenido. Después se cayó la llamada. Volví a llamar y ella estaba gritando. Yo no entendía nada, salí a la calle buscando apoyo de unos vecinos y alguien se acercó con un teléfono y me enseñó la foto del muchacho que habían matado. Era David José”, relata su padre.

Las fotos y los videos sobre el asesinato de David inundaron en pocos minutos las redes sociales. Todo quedó registrado. Fue una muerte que se transmitió en directo por los canales de televisión digital que cubrían el hecho.


6 de la tarde. Clínica Ávila, municipio Chacao. Diputados, periodistas y manifestantes se encuentran en el lugar tras conocerse el fallecimiento del joven enfermero.

“David era una persona con una expectativa de vida increíble. Soñaba con irse del país porque no veía posibilidades de tener una mejor vida aquí. Yo siempre le decía: ‘Hijo,  Venezuela no era así’ y supongo que eso despertó su deseo de luchar”, afirma su progenitor.

Pronunciamiento oficial

6:15 de la tarde. Las pruebas del abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad existían; sin embargo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificó como un “asedio” los enfrentamientos ocurridos en el Distribuidor Altamira entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana.

23 de junio. Funeraria El Rosal, Chacaíto. Velorio de David José Vallenilla. Esa noche, el Vicepresidente de la República Tareck El Aissami se comunica con el padre de la víctima.

“Yo trabajé en el Metro de Caracas con Nicolás Maduro. Y el día del velatorio un compañero me dijo que Nicolás quería comunicarse conmigo vía telefónica y en ese momento me pasa la llamada. Quien se identificó fue Tareck El Aissami. Él me indicó que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a las responsabilidades del asesinato de David José y, bueno, no tiene nada que ver con la realidad de lo que ha sucedido hasta ahora. A un año del asesinato de mi hijo todavía no se ha hecho justicia. Adicionalmente, me dijo que el Presidente me iba a llamar y nunca lo hizo”, dijo Vallenilla (padre).

El homicida

29 de agosto. Tarek William Saab, Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente sostiene una reunión con el padre del asesinado y asegura que el Ministerio Público tramita ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas la detención del presunto homicida, el efectivo de la Aviación Arli Cleiwi Méndez Terán.

Para ese encuentro Vallenilla fue contactado por  la presidente de la asamblea nacional constituyente y ahora vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez.

“Me llamaron para preguntarme cómo iba el caso de mi hijo, cosa que me llamó muchísimo la atención, puesto que se supone que si a mí me llama el Gobierno no es para pedirme información, sino para darme un reporte del caso y al parecer ellos ni siquiera tenían  conocimiento”, afirma Vallenilla.

02 de septiembre. El Ministerio Público anuncia que el sargento Arli Méndez, fue presentado ante el tribunal 21 de Control, quedando detenido por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y uso indebido de arma orgánica. Según informó el tribunal, el sitio de reclusión es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar ubicada en Boleíta, en Caracas.

“El referido tribunal no tiene un juez titular de ese despacho sino rotativo, por lo que solicitamos a las autoridades competentes efectuar de dicho nombramiento a los fines de evitar dilaciones indebidas en la tramitación de la causa”, dijo María Alejandra Poleo, abogada del caso.

Pese a esta información emitida por el ente oficial, el padre de la víctima no tiene la plena certeza de que el victimario de su hijo se encuentre realmente tras las rejas.

“No me consta que el sargento Arli Méndez esté privado de libertad, puesto que nunca ha hecho acto de presencia en los tribunales, en el Palacio de Justicia, para ninguna de las audiencias que se han programado”, afirma el padre de la víctima.

A un año de este suceso, se han diferido las 4 audiencias preliminares pautadas. El pasado 11 de junio se aplazó la última y todavía no se tiene fecha de cuándo será la próxima. El padre de David José solo pide justicia:

“No es fácil, no puedo decir que lo haya superado, porque jamás lo superaré. Todos los días lo lloro”.

David Vallenilla con su padre

Carlos Moreno: Los 18 años que truncaron los colectivos en San Bernardino durante las protestas de 2017
Al joven, estudiante de Economía de la UCV, lo mataron tres días antes de que cumpliera su mayoría de edad. Había salido de su casa con la idea de ir a jugar fútbol, pero paramilitares que arremetieron contra una concentración en la plaza La Estrella, en Caracas, le cegaron la vida antes de que llegara a su destino. Hace un año, se convirtió en el primer caído en la capital venezolana en medio de las protestas

 

Lorena Meléndez G. | @loremelendez

ANA BARÓN RECUERDA QUE CARLOS, su hijo menor, tenía apenas tres años cuando le detectaron déficit de atención. Fue así como halló explicaciones a la impulsividad e hiperactividad del niño y cómo ella comenzó una búsqueda para asegurarle que pudiera ser educado de la mejor forma posible. Lo cambió de escuelas, acudió a médicos y psicopedagogos, le aplicó tratamientos, supervisó cada una de sus tareas, lo infló de ánimo cuando no quería hacer nada, lo consoló cuando cuestionaba su condición, lo impulsó a que pasara sus materias, a que nunca le quedara un año escolar. Carlos se volvió el centro de su vida, tanto así que Alejandra, la mayor, a veces le reclamaba un poco de atención. “El asesino de mi hijo no sabe todo lo que yo luché”, comenta mientras aprieta los labios y trata de contener las lágrimas que ya recorren su rostro, mientras hace su mejor esfuerzo para que la voz, ya rota, no se le quiebre. Su nombre completo era Carlos José Moreno Barón y tenía 17 años de edad cuando el miembro de un colectivo paramilitar lo mató en medio de la protesta del 19 de abril de 2017.

“Yo lo veía y pensaba ‘él es mi reto, yo quiero salir adelante con él’. Trabajé para él, todo lo hice para él. Yo decía, mi hijo ya va a cumplir los 18 años (…) y pensaba que iba a ser un reto más grande porque me iba a decir que era mayor de edad y que podría hacer lo que él quisiera. Pero ahí iba a estar yo, luchando, lo iba a seguir haciendo. Y nada, me mataron todo”, asevera.

Carlos, quien era estudiante del primer semestre de Economía en la Universidad Central de Venezuela, fue la primera víctima que cayó en Caracas durante las manifestaciones. Solo en el municipio Libertador del Distrito Capital mataron a 24 personas en el contexto de las movilizaciones antigobierno que se extendieron por cuatro meses de 2017. En ese período, en todo el país, cayeron 20 menores de edad. Quince de ellos eran parte de los 38 jóvenes que cursaban bachillerato o carreras universitarias.

Aquella mañana del 19 de abril, alrededor de las 9:30 am, había convencido a su mamá de darle permiso para salir a jugar fútbol con unos amigos. Era feriado, no había clases y la oportunidad era perfecta para irse a hacer lo que más le gustaba. Sin embargo, no era un día cualquiera. En 26 puntos de la capital venezolana se concentrarían manifestantes para marchar hasta la Defensoría del Pueblo para exigir la anulación de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que días atrás habían disuelto la Asamblea Nacional. Uno de estos lugares de concentración era la Plaza La Estrella, en San Bernardino, apenas a cinco cuadras de la casa del muchacho.

Ana no quería que él saliera, precisamente porque el sitio a donde iba Carlos, unas canchas de la urbanización Chuao, estaría lleno de marchistas. Temía que lo tocara de cerca la represión que había visto en día anteriores y que, para la fecha, ya había dejado cinco muertos. Pero él insistió.

“¿Tú me ves a mí vestido para ir a una marcha?”, le dijo el adolescente a su madre. Melvin, su hermano de crianza, cuestionó también su salida. Al final, ambos cedieron. A Carlos nada lo detenía. “Yo le di permiso porque los 365 del año él quería ir a jugar fútbol y quería salir con sus amigos”, comenta hoy Ana, sabiendo que era imposible conocer qué iba a pasar horas después.

Carlos se marchó con el morral negro que siempre cargaba, en donde llevaba el efectivo que le había dado su madre para que desayunara unas empanadas, su teléfono y poco más. Sus familiares, todavía hoy, desconocen por qué fue a parar a la plaza La Estrella de San Bernardino, hacia el norte, cuando debía encaminarse hacia el sureste de la ciudad. Tampoco encontraron mensajes en su teléfono o en sus redes sociales que confirmaran que se iba a encontrar con otros muchachos para anotar unos goles, tal como lo había avisado.

El adolescente, apunta su madre, nunca mentía sobre lo que iba a hacer. Ana piensa que quizás había desistido de ir a Chuao e iba a las canchas del Hotel Ávila, en San Bernardino, donde también solía jugar fútbol. Días después de su muerte, a ella le llegaron muchos comentarios de personas que estuvieron en la marcha. Hubo quienes lo vieron allí solo y le advirtieron que era muy jovencito para andar en una protesta, pero él siguió en el sitio. No se sabe si esperaba encontrarse en ese lugar con otros compañeros, si solo estaba de paso, o si realmente se había ido a protestar, tal como se lo había manifestado a su mamá en otras oportunidades y ella le negaba el permiso.

Lo cierto es que Carlos estaba en la concentración cuando llegaron los pistoleros. Los manifestantes, con pancartas, pitos y gorras tricolor, habían comenzado a congregarse puntualmente en las esquinas que conforman La Estrella, que no es más que la intersección de la avenida homónima con la Caracas, Gamboa, Cajigal, Este 5, Anauco y El Parque. Justo en esta última se había ubicado un piquete de la Policía Nacional que, de acuerdo con testimonios recogidos por Runrun.es, se retiró cinco minutos antes de la llegada de los colectivos. A esa hora, ya la zona estaba repleta. Cientos de personas habían llenado la plaza y sus alrededores. “Aquí estábamos bien apretados”, apuntó un manifestante que estuvo ese día en el sitio.

Otro episodio que llama la atención es el paso de un camión, que los testigos identifican como del gobierno, en medio de la concentración. El vehículo pesado recorrió la avenida Gamboa, en dirección a la plaza y, pese al poco espacio, cruzó hacia la avenida La Estrella sin importar que iba en contrasentido. Los marchistas gritaron al conductor, pero este siguió su camino. En medio de ese caos, cuando ya el camión había avanzado, se escucharon los balazos.

Testigos del hecho aseguran que, cerca de las 10:30 am, al menos 15 colectivos bajaron en moto por la avenida Anauco. Esa es, por cierto, la vía más rápida para llegar a la plaza desde Cotiza, en donde está la sede del Frente 5 de Marzo, cuyos miembros fueron los presuntos responsables del asesinato. Para arribar hasta allí, debieron bajar por el Mercado de Las Flores, tomar la avenida Fuerzas Armadas, cruzar en la avenida Panteón y luego seguir por la avenida Anauco, un tramo que sin tránsito –como estaba Caracas en ese feriado– se cruza en unos seis minutos.

Los motorizados arribaron al sitio cerca de las 10:30 am haciendo disparos y lanzando bombas lacrimógenas. Quienes pudieron, huyeron por las distintas avenidas del gas y los tiros. El final de la avenida La Estrella, en donde estaba Carlos, había quedado revuelto luego del paso del camión. El muchacho cayó justo en la intersección. Su cabeza y la sangre que derramaba quedaron encima del rayado.

Ana vio una y otra vez los videos que circularon sobre los momentos posteriores al ataque. En dos de ellos, Carlos está en el suelo, mientras los manifestantes que lo rodean gritan, se lamentan, maldicen. Una joven, con uniforme médico, reconoció que aún tenía signos vitales y alertó que debían llevarlo rápido al hospital más cercano. Un hombre cargó en sus brazos al muchacho, ya inconsciente, y lo montó en la moto que lo trasladó hasta el centro de salud.

Poco después, Ana supo que le habían disparado a un joven en la manifestación de San Bernardino. Se enteró porque a su hija Alejandra se lo contó una vecina. “¿Ven? Por eso es que no me gusta que vayan a marchas”, soltó la madre para recordar las veces que se había negado a asistir a cualquier acto político. En los minutos siguientes, sonó el teléfono. Llamaban del Hospital de Clínicas Caracas para informarle que había sucedido algo con Carlos. Del otro lado del auricular, nadie tuvo el valor de contarle del disparo, solo le dijeron que fuese al centro de salud en compañía de alguien más.

Ana, Alejandra y Melvin salieron cuanto antes a la clínica. “Yo pensaba que lo habían detenido porque le había dicho algo a un policía en la calle”, cuenta la madre, quien recalca que la impulsividad de Carlos le hacía alterarse ante cualquier injusticia, así que una reacción contra algún uniformado era de esperarse. Mientras caminaban, se dieron cuenta que todas las vías que conducían hacia la clínica estaban cerradas por las movilizaciones, así que tuvieron que rodear la plaza La Estrella para poder llegar. “Yo ni siquiera pasé por donde estaba la sangre”, dice.

Al llegar, Ana se identificó y ahí lo supo todo. A pesar de que lloraba, no comprendía la gravedad de lo que acababa de pasar. “Yo todavía, viéndolo que estaba acostado en una camilla, no reaccionaba”, agrega. Pensaba que lo iban a operar, porque eso le habían dicho los médicos, escuchaba cuáles eran las consecuencias del disparo y la posibilidad de que quedara tetrapléjico, lloraba, pero aún así estaba segura de que Carlos iba a “salir de eso”. Sin embargo, en medio de la intervención quirúrgica, el muchacho sufrió un paro respiratorio. No pudo resistir más.

Los 16 del 5 de Marzo

“En mi mente, yo ni siquiera me he puesto a indagar la vida del que mató a mi hijo, porque es que a mí no me ha dado chance de pensar en nada sino en Carlos. Yo sé que (quien lo asesinó) está preso y que así están cuatro más y todo eso, pero que yo sepa quién era ese señor, dónde andaba él, si tiene familia o no tenía familia, a mí no me importa porque, qué me puede importar a mí una persona si a mí quién realmente me importa es mi hijo y ya no lo tengo”, sentencia Ana mientras seca con la punta de los dedos sus párpados húmedos. El dolor de aquel 19 de abril de 2017 continúa intacto un año después a pesar de que ella se haya dedicado a trabajar y a ocupar el tiempo para evadir la ausencia de su muchacho, que hoy ya sería mayor de edad.

Del procedimiento judicial que se abrió sobre el asesinato de su hijo, apenas conoce detalles. Ana sabe que aunque hay solicitudes de arresto para 16 miembros del Frente 5 de Marzo, solo cuatro han sido capturados y acusados. Uno de ellos es el supuesto autor material de la muerte del adolescente: Jonathan Ramón Camacho Delgado, apodado “Jonathan 38”, de 36 años de edad, quien fue detenido el 16 de mayo de 2017 e identificado como oficial jefe de la Policía del municipio Sucre, adscrito a la división de Patrullaje y al puesto de control permanente de la urbanización Macaracuay. El arma con la que impactó a Carlos la consiguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su casa durante un allanamiento. Por su cargo policial, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, quiso implicar a Polisucre en el caso. Sin embargo, desde allí se respondió que ese día el oficial no estaba prestando servicio.

La aprehensión de Camacho Delgado se produjo un día después de la de otro miembro del colectivo: Alexander José Linares, de 40 años de edad. A él lo apresaron en las adyacencias de la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Tras un interrogatorio, señaló a Camacho Delgado como la persona que había disparado. Lo imputaron por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento. Un año después del asesinato, ninguno de los dos acusados ha sido sometido a juicio. Los mantienen en la cárcel de El Rodeo.

No es la primera vez que el nombre del colectivo 5 de Marzo aparece en los titulares. Su líder fue José Odreman, asesinado el 7 de octubre de 2014 en el edificio Manfredy de Quinta Crespo, en Caracas, por funcionarios del Cicpc. Su muerte provocó la destitución del ministro de Interior y Justicia de la época, Miguel Rodríguez Torres. De acuerdo con un reportaje de Efecto Cocuyo, en los último tres años han caído al menos nueve miembros del “frente” en distintos hechos que van desde enfrentamientos armados hasta rencillas con bandas criminales.

Lea también: Brayan Principal: el dolor de perder a un niño en medio de las protestas

Carlos fue la tercera víctima de los colectivos armados que, en total, mataron a 28 personas durante las protestas de 2017, y el segundo menor de edad que murió en manos de estos grupos paramilitares. El primero fue Brayan Principal, de 14 años, quien cayó el 11 de abril en medio de un ataque a una protesta que se efectuaba en las adyacencias del urbanismo Alí Primera, al norte de Barquisimeto, estado Lara. El caso de Carlos es uno de los seis, cometidos por colectivos, en los que hay victimarios acusados. No obstante, ninguno ha recibido sentencia.

Rebelde y libre

El estandarte de la Escuela de Economía de la UCV se extendió el lunes pasado en la sala Bernardo Ferrán (aula 307) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la casa de estudios. A media mañana, una delegación del Centro de Estudiantes le rindió un homenaje a Carlos para recordar cómo, hace un año, lo habían perdido.

“Este no es un evento para estar tristes, es un evento de júbilo (…) Aceptamos lo que pasó, pero no olvidamos”, dijo al comienzo del acto Félix Ruiz, organizador y compañero de estudios de Carlos. Pero después de hacer un acróstico en la pizarra, de las palabras de José Guerra –diputado de la AN y profesor de la Escuela– y de entonar una canción en su memoria, los testimonios de los estudiantes rompieron el protocolo. Hablaron con la voz quebrada, con la impresión aún de la muerte repentina. Una y otra vez repitieron que jamás pensaron que la tragedia los tocaría tan de cerca. Ana, en primera fila, los escuchó conmovida.

Fernando Bustamante, secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes, rememoró lo duro que fueron los días de las protestas. “Lo más bonito que me pasaba cada día era cuando, en la noche, llegaba vivo a la casa y saludaba a mi mamá. Que no se haya logrado eso con Carlos es una razón más para luchar”, comentó justo antes de admitir que lloraba cuando veía en los medios noticias relacionadas con el asesinato del chamo rebelde al que pudo convencer de que votara por él en unas elecciones estudiantiles luego de jugar una partida de voleibol.

“Hoy Carlos no podrá estar bajo las nubes, hoy está sobre ellas”, afirmó el secretario de Cultura estudiantil, Moisés Medina, quien nunca imaginó que tendría que despedir a un compañero durante su vida universitaria.

Richard Mujica, uno de sus más cercanos compañeros, lo describió como un muchacho tratable y excelente amigo. “Él no estaba interesado en la política, sino centrado en su carrera y en el fútbol (…) A él le arrebataron la vida por la incompetencia de los que nos gobiernan”, señaló.

Jonathan Pérez, uno de sus amigos, se enteró del asesinato a través de un grupo de Whatsapp. Varios de su clase comentaban que habían matado a Carlos en una manifestación, pero Jonathan, al borde de su cama, buscaba cualquier otra vía para confirmar si lo que decían era verdad. Se sintió desesperado.

“Yo había hablado con Carlos dos días antes y nunca llegué a pensar que esa fuera la última vez que lo iba a ver, que no iba a estar otra vez sentado en clases o que nunca más iba a voltear en un examen y me iba a encontrar su rostro con una expresión con la que me preguntaba cómo iba. Es algo que no esperas, es algo muy duro”, añadió fuera del micrófono.

Ana dice que el mayor anhelo de Carlos siempre fue ser libre. “Quizás por eso murió un 19 de abril”, agrega. Todavía, algunas tardes, se asoma al balcón de su apartamento, justo al lado de las bicicletas con las que salía a recorrer la ciudad, con la idea de que lo verá jugando en el callejón.

Protestas 2017 | Tony Canelón, la víctima que relató su propia tortura
El joven, el primero que murió en manos de los guardias nacionales durante las movilizaciones de 2017, cayó el 13 de abril del año pasado en Lara, el estado donde estos efectivos cometieron la mayor cantidad de asesinatos: 10 en total. Los victimarios, a pesar de haber sido solicitados por las autoridades, fueron trasladados a otras zonas y gozan de libertad plena

 

@KaryPerazaR

“MUCHOS DICEN SE CUMPLE UN AÑO, para mí es como si hubiera sido ayer. Es difícil mantener una sonrisa, aunque en ocasiones me desmorono, pero aún no acepto que Gruse está muerto”, comenta Ana Canelón, hermana del estudiante y comerciante Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo, de 32 años de edad, conocido también como Tony o Gruse, a quien  funcionarios de la Guardia Nacional le dispararon a quemarropa el 11 de abril de 2017 en medio de una manifestación en contra del gobierno que se registraba en el Distribuidor Bellas Artes en Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara.

El joven, que fue torturado y estuvo dos días hospitalizado, murió el 13 de abril a las 3:00 am. Fue el tercer caído en Lara en el contexto de las protestas contra Nicolás Maduro del año pasado, aunque los disparos de perdigón que lo mataron los recibió el mismo día que las otras víctimas: Miguel Ángel Colmenárez y Brayan Principal. Por su muerte se libraron 14 órdenes de captura en contra de funcionarios de la GNB, quienes hoy en día siguen libres.

Tony fue además la primera víctima de los guardias nacionales durante las movilizaciones de 2017 y cayó justamente en el estado donde estos efectivos dejaron más víctimas fatales: 10 en total, de acuerdo con cifras recabadas por Runrun.es. En Miranda, 8 personas murieron en manos de los militares, mientras que otros cuatro lo hicieron tanto en Carabobo como en Táchira. En los cuatro meses de manifestaciones, los uniformados de ese cuerpo mataron al menos a 30 personas y, de estas, solo cinco superaban los 35 años de edad.

Ana está sentada junto a su prima Yicsney Rodríguez, a quien Tony solía presentar como su “hermanita menor” porque se crió con ellos. Ambas se encuentran de visita en el apartamento de Ana Cristina Herrera, la mujer que su hermano amó. No la ven como la cuñada, sino como una miembro de la familia.

Ana Cristina es la primera en hablar. Dice que en estos 365 días posteriores al asesinato de Tony, sus sentimientos han sido una montaña rusa. “Obviamente ya se vive de una forma diferente, sientes una ausencia, es algo que se va a llevar siempre”, afirma justo cuando rompe en llanto. El dolor no la deja hablar.

Ana Cristina y Tony tenían dos años de relación cuando a él lo mataron. Ella supo que su novio había sido muy activo en las protestas de 2014 y estaba consciente de que él quería un cambio para su país y estaba dispuesto a luchar por ello. En varias de las primeras manifestaciones de 2017 en Lara, Tony había participado. Sin embargo, a ella jamás le pasó por la cabeza que lo perdería en esa circunstancia.

“Me encantaría saber que esas personas están pagando, pero nada me lo va a devolver. Yo creo que se logró algo en Venezuela a raíz de tantas muertes, porque no fue él solo, fueron 130. Nunca vamos a decir que valió la pena, pero por lo menos decir que sirvió de algo, que tengan su reconocimiento, porque no todo el mundo tiene las agallas, incluyéndome”, sentencia Ana Cristina.

Entre la familia hay varios sentimientos encontrados en cuanto a lo que le pasó a Tony. Su hermano Alan está totalmente cerrado, busca  esconder lo que siente y no habla de lo sucedido. Sus parientes, aunque preocupados por su actitud, saben que es su forma de llevar el duelo.

Yicsney, la “hermanita menor”, lo percibe de otra manera. Ella desde 2014 también ha estado en las calles para exigir la Venezuela libre en la que quiere seguir viviendo. Siente rabia porque después de tantas muertes observa que todo sigue igual.  “Es complicado ver cómo la vida de tantos jóvenes vale solo un bono o una caja del CLAP”, dice.

En un momento de la entrevista, la joven lee en su teléfono un viejo escrito en el que explica cómo le cambió la vida al perder a Tony.

“Podría describir muchos cambios después de su partida en este primer año: como el vacío que dejó en nuestros corazones, (saber) que en las fechas decembrinas ya no estará presente, tratar cada día de entender por qué (se fue) de esta manera, preguntarme dónde está la justicia de mi país, buscar cada día explicaciones a la indiferencia de los venezolanos ante esta situación y ante lo que ha sucedido desde 2014, aprender a controlar cada sentimiento de dolor y de rabia. Desde el 13 de abril de 2017, simplemente nuestra vida dio un cambio de 180 grados, y no solamente para la familia de Gruseny Canelón (Tony), sino también para cada familiar de los jóvenes caídos… Es un pedazo de ti que se va con ellos, quedando una familia disfuncional, sueños que no se cumplieron, abrazos que no se dieron y miles de te amo que faltaron por decir”, lee.

Yicsney también reflexiona sobre cómo aún están en libertad los autores del crimen de Tony. Tiene esperanza de que aún se puede hacer justicia. Sabe que son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben.

“Espero que cada responsable de cada una de esas muertes, de la muerte de Gruse, no estén libres. Espero que los representantes de la justicia de este país actúen conforme a los principios y valores. Espero un gobierno capaz de aceptar que está fallando; que su ideología sólo está llevando al pueblo venezolano a un abismo, espero que termine la violación de los Derechos Humanos. Solo espero la Venezuela libre por la cual lucharon esos jóvenes… Aunque vale acotar que nada de eso nos los devolverá, pero aliviará un poco el sentimiento de frustración de cada uno de nosotros”, sentencia.

Represión y tortura

Aquel 11 de abril, Tony debía irse para Carora junto a Ana Cristina, quien estaba en casa de su familia. Tenían previsto reunirse para la Semana Santa, pero Cabudare y Barquisimeto estaban colapsados por las manifestaciones. “Todo está trancado. Es bueno, por la lucha, pero tengo muchas cosas que hacer”, decía al otro lado de la bocina Tony, al tiempo que su novia le pedía que se quedara tranquilo y le recomendaba que al día siguiente emprendiera el viaje.

A las 6:00 pm, Tony tomó una foto de su rostro y se la envió a su novia con un “te amo”. Desde ese momento, el joven se instaló con un grupo de vecinos a las afueras de la urbanización Tarabana Plaza. Allí miraba a los manifestantes cuando repentinamente llegó un grupo de la Guardia Nacional que comenzó arremeter contra los presentes. Algo observó que lo hizo correr hacia el distribuidor. Dicen que su gran corazón y ganas de ayudar lo empujaron, porque en ese instante estaban deteniendo a una persona que se estaba herida. Tony quiso salvarla, pero al llegar se topó con un hombre que portaba un uniforme verde.

En el ambiente lo que se respiraba era el olor a bombas lacrimógenas, se escuchaban gritos y detonaciones, los guardias nacionales arremetían sin piedad. Tony estaba en el piso y el militar con quien se había encontrado agarró su arma, lo apuntó y a menos de un metro de distancia le disparó en uno de los costados.

Tony se quejaba. Desde allí, él y varios manifestantes fueron llevados hasta la parte de abajo del Distribuidor Bellas Artes. Los comenzaron a golpear, pero en ese momento llegó un funcionario de la Guardia Nacional herido y fue cuando el camión decidió arrancar para auxiliar al uniformado, no sin antes llevarse a varios detenidos. Al menos seis personas en calidad de arrestados iban en el camión y en el trayecto eran golpeados.

Tony pudo sacar su teléfono celular y le envió una nota de voz a un amigo. “Me llevan preso al Hospital Militar, voy disparado, voy herido. Ayúdame por favor”, dijo en el mensaje. Pero nunca llegó al centro asistencial. Se lo llevaron hasta el Destacamento 121 de la GNB, ubicado en la avenida Morán de Barquisimeto.

En el lugar, bajaron a los detenidos y el camión arrancó con el castrense herido. A los manifestantes los arrodillaron, comenzaron a patearlos y golpearlos con los cascos. Tony les decía que estaba herido que lo llevaran a un centro asistencial, pero los uniformados no le prestaron atención a sus súplicas. Quienes fueron arrestados ese día, relataron que hubo un momento en que lo separaron del grupo y se escuchó una segunda detonación. Cuarenta minutos después, lo trasladaron al Hospital Central Antonio María Pineda. A las 8:40 pm, Tony fue recibido en el área de emergencias del centro de salud, con dos impactos de proyectiles en los costados, disparados muy de cerca.

Tony llegó hablando a pesar de la cantidad de sangre que había perdido y de inmediato dio el número de su novia para que le comunicaran dónde estaba. A Jesús Guarecuco, quien para aquel momento era el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir), le aseguró que los guardias nacionales le habían disparado y relató ante él y un representante del Ministerio Público algunas de las torturas de las que fue víctima.

La hermana de Tony, Ana, fue la única que pudo hablar con él antes que fuera operado. Le dijo que estaba bien, que iba a salir de eso, le confirmó que sus victimarios habían sido funcionarios. Pero al ingresar a pabellón, entró en shock.

Ana, quien es abogada, tuvo acceso al expediente de su hermano. Hoy, explica que cuando leyó todas las entrevistas de las personas que estuvieron detenidas con él, entendió porque Tony estaba tan mal. No sabe cómo soportó tanto.

La hermana de Tony sostiene un retrato suyo

Guarecuco, el médico tratante, explicó en aquellos días que la persona que le disparó a Tony estuvo a menos de un metro de distancia porque su herida era grande y profunda, con un diámetro de entre seis y siete centímetros. El disparo le causó una lesión hepática grado 4 y otra en el colon con múltiples heridas, por lo que tuvieron que quitarle la mitad del órgano; también sufrió daños en riñón, diafragma y pulmón izquierdo. Recibió muchas transfusiones porque perdió mucha sangre. A pesar de que tenía todo lo que necesitaban, porque sobraron donantes y medicamentos que sus amigos llevaron, los médicos no pudieron hacer nada por el muchacho.

Justicia paralizada

Una vez se conoció de la muerte de Tony, el caso que había sido iniciado como una lesión por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Subdelegación San Juan, fue tomado desde cero por efectivos del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, dirigidos por Carlos Muñoz, Fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

Por este crimen entró en el caso la Unidad Criminalísticas Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del MP de Lara, que practicó la autopsia a la víctima y evidenció que tenía dos heridas producidas por un arma de fuego, ambas de gran proporción. Alrededor de estas había pólvora deflagrada no combustionada, formando lo que se conoce como tatuaje.

Al abrir el cuerpo, los forenses se encontraron con municiones de dos armas distintas. En una usaron un cartucho de polietileno cuyo tapón fue encontrado en su interior. En la otra fueron esferas cilíndricas más grandes, también de goma, todas colectadas como evidencia. Así mismo observaron lesiones en las rodillas, espaldas, golpes en el cuerpo y el rostro.

El segundo paso fue hacer la reconstrucción de los hechos en el sitio del suceso, donde colectaron cartuchos y algunos elementos. Se hizo el “barrido” a dos camiones de orden público de la GNB donde llevaron a Tony y donde se presume que lo montaron la primera vez. En ambos encontraron indicios de que allí estuvo. Tras varias entrevistas se logró identificar a los guardias que habían actuado contra Tony, a los autores de su tortura. Sin embargo, no se pudo señalar quienes habían disparado.

La orden de captura fue emitida por Carlos Torrealba Gamarra, Juez de Control 7, el 18 de abril del 2017, bajo el número de oficio 4071 y llegó a manos del Fiscal 21 el miércoles 19 de abril a las 6:55 pm, cuando la firmó como recibida. La foto del documento fue divulgado por Twitter por el abogado Pedro Troconis, quien era coordinador del Foro Penal capítulo Lara para aquel entonces.

Tarek William Saab, defensor del Pueblo en esos días y hoy fiscal general de la República designado por la asamblea nacional constituyente, ratificó la información y también a través de su cuenta en Twitter solicitó a las autoridades que los funcionarios fueran puestos a orden del juez de forma inmediata.

Los militares fueron identificados como: Lucindo José Parra Mendoza, José Ángel Rodríguez Pérez, Jorge Luis Chirinos Perozo, Carlos Enrique Urbaneja Villamizar y Orangel David Morán Sánchez, estos cinco con el rango de Sargento Primero; los Sargentos Segundos Alí Froilan Meléndez Muñoz, Yomar Alexis Pérez Camacaro, Wilmer Alberto Arriechi López, Jackson James García García, Edixon Antonio Silva Almao y Marcos Gabriel Sánchez Peroza; el Sargento Tercero Pastor José Oviedo Mariño; Yanin Alejandro Vera Rodríguez, quien es  Sargento Mayor de Tercera y el Capitán Wilfredo Ramón Pirela, funcionario de mayor rango y quien aparentemente estaba al mando de la comisión

Los mismos fueron llamados por el Comando de Zona 12 de la GNB Lara. Se creyó que los entregarían, pues en poder del MP estaban todas las evidencias que los incriminaban de forma directa con el crimen de Tony. Desde el Cicpc estaban atentos para la aprehensión, pero nunca se dio. Ese mismo día se conoció, a través de sus compañeros, que los 14 uniformados fueron enviados en un avión a Caracas al comando General de la GNB. Allí estuvieron un tiempo y hasta salieron a reprimir protestas en Caracas. Hoy gozan de plena libertad.

14 guardias nacionales están solicitados por el asesinato de Tony Canelón

Sus nombres no aparecen en sistema aunque poseen una orden de captura. El Ministerio Público, en manos de Saab, ahora calla. El fiscal que llevaba el caso renunció, aunque estaba en la lista de los destituidos cuando llegó la gerencia nueva y desde los tribunales se hacen de la vista gorda. El juez que lleva el caso ni habla del tema.  

Lo que sucede con el caso de Tony también ha pasado con otras dos víctimas de la GNB en Lara: Manuel Sosa, asesinado en la urbanización Valle Hondo de Cabudare, y Eyker Daniel Rojas, muerto en la calle 61 de Barquisimeto. Los efectivos responsables fueron solicitados, pero el comando larense jamás informó sobre su paradero.

La impunidad ha arropado la mayoría de los homicidios cometidos por los guardias nacionales en las protestas. De los 30 procesos judiciales abiertos, solo dos tienen a funcionarios tras las rejas: el de Fabián Urbina, ocurrido en el Distribuidor Altamira de Caracas, cuyos victimarios esperan por la audiencia preliminar; y el de Manuel Castellanos, acaecido en Tucapé, estado Táchira, quienes habían sido imputados el año pasado.

Conexión espiritual

Ana Cristina y Yicsney, novia y prima de Tony

A pesar de lo traumático y repentina que fue la muerte de Tony, sus familiares creen que está bien.

Ana Canelón cuenta que han ido a un/a médium para saber de él y lo han observado feliz y en paz, aunque les contaron que al principio les costó conseguirlo. Tan solo ha pedido que no lo lloren mucho y hasta ha reprochado que lo enterraran descalzo. Dicen que se reencontró con su padre, quien también murió de forma trágica tras ser asesinado al resistirse al robo.

Ana Cristina asegura que lo ha soñado. Le ha preguntado si lo volverá a ver y hasta ha sentido abrazos tan reales que para ella ha estado allí con ella. En la búsqueda de explicaciones, llegó a leer al menos 15 libros sobre las conexiones después de la muerte y en estas ha encontrado reconfortarse con mensajes que, ella dice, han sido enviados por él. Todos han aprendido a ser más unidos como familia y Ana, su hermana, se ha permitido vivir más la vida como lo hacía Tony, aunque el dolor siga intacto.

Padres de jóvenes asesinados en protestas denuncian cadena de irregularidades en investigaciones

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Familiares de ocho de las 158 víctimas que cayeron durante las manifestaciones del año pasado saludaron la iniciativa de la Corte Penal Internacional de verificar si ocurrieron crímenes de lesa humanidad en los cuatro meses de conflictividad

@loremelendez

Los padres de ocho jóvenes que fueron asesinados durante las protestas antigobierno de 2017 a manos de las fuerzas de seguridad comandadas por Nicolás Maduro, reclamaron este viernes, 16 de febrero, que las instituciones del Estado no habían cumplido con su obligación de investigar estos homicidios casi 11 meses después del inicio de las manifestaciones.

A través de un comunicado, que fue leído en rueda de prensa, afirmaron que la situación de impunidad y la negación de la justicia no los harán renunciar a su lucha por conseguir justicia en el caso de sus hijos. “Veremos cómo son castigados los responsables, no solo el que disparó, también el que dio la orden y el que pretendió ocultar la verdad”, indicaron en el documento.

Los padres de Juan Pablo Pernalete, Neomar Lander, Miguel Castillo y David Vallenilla, asesinados en Caracas; Nelson Arévalo, a quien mataron en Barquisimeto, estado Lara; Rubén Darío González y Luis Guillermo Espinoza, a quienes les dispararon en Valencia, estado Carabobo; y César Pereira, cuya muerte fue causada por un policía municipal en Lechería, estado Anzoátegui, saludaron la iniciativa de la Corte Penal Internacional (CPI) de practicar un examen preliminar para verificar las denuncias que fueron presentadas en esta institución y que están relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Maduro el año pasado.

“Nos mantenemos luchando porque se haga justicia en el caso de nuestros hijos y de todos aquellos que murieron o fueron heridos por agentes del Estado, quienes hicieron uso sistemático y desproporcionado de la fuerza para reprimir las manifestaciones pacíficas”, subraya el escrito.

Cadena de irregularidades

Retardo procesal, inexistencia de imputaciones e investigaciones detenidas caracterizan los casos de estos ocho jóvenes que fueron asesinados por militares y policías durante los cuatro meses de manifestaciones de 2017.

José Pernalete, padre del estudiante Juan Pablo Pernalete, reveló que a pesar de que en mayo de 2017 la Fiscalía General de la República -que en ese momento estaba bajo el mando de la hoy exiliada Luisa Ortega Díaz-, determinó que el joven había muerto por el disparo de una bomba lacrimógena, e identificó al grupo de uniformados que estaba en el lugar, todavía no hay ningún culpable. “Ellos (el gobierno) saben quién fue el guardia nacional que lo asesinó, así como conocen toda la cadena de mando. El expediente está completo”, aseveró.

“Si no se ha avanzado en el caso de Pernalete, que la Fiscalía ya resolvió, ¿qué podemos esperar los que no tenemos una audiencia como tal?”, apuntó Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, quien insistió en que el muchacho, de 17 años de edad, había muerto por el golpe de una bomba lacrimógena disparada por la Policía Nacional, y no por un explosivo casero, como indicó el vicepresidente Tareck El Aissami.

Damaris Avendaño, madre de Arévalo, exigió que le muestren el rostro de quien mató a su hijo el pasado 16 de junio de 2017. Ocho meses después de los hechos, aseguró que el acta de defunción del joven de 22 años de edad, determinó que su muerte había sido causada por el impacto de arma de fuego en su cuello y no por un supuesto mortero que había explotado frente a él, como lo informaron las autoridades al momento del suceso. “¿Por qué no le dieron en una pierna si lo que querían era neutralizarlo? Si le hubiesen dado en una pierna, yo lo hubiera cuidado, no estaría muerto”, sentenció.

David José Vallenilla, padre del joven Vallenilla, reclamó que el asesino de su hijo, un sargento de la Policía Aérea de la base de La Carlota, jamás había sido presentado ante un tribunal militar, a pesar de que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, declaró que lo habían identificado y detenido. Recordó además que el fiscal general nombrado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, había reconocido el homicidio como una ejecución extrajudicial.

Luis Castillo, padre del comunicador social Miguel Castillo, a quien mataron el 10 de mayo de 2017 en la urbanización Las Mercedes, en Caracas, rechazó que nueve meses después de su muerte, el Ministerio Público aun no haya identificado al soldado que le disparó al joven y que ni siquiera se reconozca que los disparos provinieron de los efectivos de la Guardia Nacional que estaban en el lugar. Lo mismo ocurre en el caso de Rubén González, en el que se niega que los militares estuvieron ese día en la manifestación en la que cayó en La Isabelica, en Valencia. “Yo tengo pruebas de que sí estuvieron allí, porque hay testigos que los vieron”, señaló su madre, Dexy González.

Tampoco se ha imputado a los guardias nacionales que mataron a Espinoza, de 16 años de edad, a quien luego de dispararle en la cabeza, de acuerdo con el testimonio de su madre, Zulmi Espinoza, “le cayeron a patadas”. El joven estudiante murió el 13 de agosto pasado, dos meses después de los hechos que lo dejaron internado en un hospital, y para esta fecha todavía no se ha entregado el resultado de la autopsia que le practicaron.

Zulimar Villegas, madre de César Pereira, denunció que la primera audiencia preeliminar del caso de su hijo – asesinado el 28 de mayo – se hizo el pasado 8 de febrero. Ese día, la defensa del policía inculpado insinuó que el video que evidencia que el uniformado disparó balines de metal contra el muchacho, de 20 años, podría ser un montaje.

Todos los padres defendieron el derecho a la protesta que sus hijos ejercían al momento de sus asesinatos y recalcaron que sus muertes se habían producido en medio de las acciones contempladas por el Plan Zamora que Maduro activó poco después del inicio de las manifestaciones. En total, 158 personas murieron en los cuatro meses de conflictividad.

Muere joven que había sido herido en las protestas de 2017 en Ejido

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La noche de este lunes 12 de febrero murió Anyelo Rafael Quintero Rivas, de 29 años de edad, joven que había sido herido durante las protestas de 2017 en la calle San Isidro del sector Trapichito, en Ejido, estado Mérida.

Quintero Rivas había recibido el impacto de un proyectil en la cabeza la noche del 28 de junio de 2017 durante una manifestación. Ese día recibió primeros auxilios al momento de su lesión y posteriormente fue trasladado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), en la capital merideña, donde se mantuvo internado por más de siete meses hasta el momento de su muerte.

La información fue confirmada vía redes sociales por reporteros de Mérida y por la Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (Promedehum).

Cuando se conoció el hecho, en junio pasado, el general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Mérida, Marlón Dulcey Parada, aseguró al diario El Nacional que ningún efectivo de su tropa había estado en ese momento en el sector donde había sucedido la tragedia.

Con la muerte del joven, el número de víctimas fatales en medio de las protestas en el estado Mérida llega a 16. En total, según cifras recabadas por Runrun.es, 158 personas murieron en todo el país durante los cuatro meses de manifestaciones antigobierno del año pasado.

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Reponen tributo a Neomar Lander en la avenida Libertador

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Familiares de Neomar Lander y jóvenes de la “Resistencia” repusieron este domingo, 17 de septiembre, parte del homenaje gráfico que le habían hecho al joven –presuntamente asesinado por las fuerzas del Estado– en el lugar donde cayó: el túnel que comunica la avenida Francisco de Miranda con la avenida Libertador.

Quienes asistieron al lugar pusieron pancartas, flores, hicieron grafitis y dibujaron nuevamente la imagen de Lander en los muros del lugar, los cuales aparecieron pintados de gris el pasado viernes  para tapar el tributo que se había rendido al joven.

“Eres mi héroe, te amo. Tu hermana”, escribió en las paredes Paola Lander, hermana del adolescente de 17 años que murió en medio de las protestas antigobierno.

“Pueden quitar, hacer o decir lo que quieran, pero jamás, jamás lo podrán borrar de las mentes, y jamás lo podrán sacar de los corazones de cada uno de los venezolanos (…) Y si en mis manos está que ninguna de las muerte quede en el olvido, pues haré lo que sea necesario y las veces que sea”, escribió en Instagram Zugeimar Armas, madre del Lander.

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Murió Luis Guillermo Espinoza, adolescente herido en la cabeza por la GNB el 5 de junio en Carabobo

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El domingo 13 de agosto falleció el joven Luis Guillermo Espinoza Castillo, herido por impacto de bala en la cabeza el pasado 5 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras participaba en una manifestación en Tulipán, San Diego del estado Carabobo. Su muerte fue confirmada vía Twitter por el alcalde de San Diego, Enzo Scarano.

Con gran conmoción, hago llegar mis condolencias a familiares de Luis Guillermo Espinoza (16) herido el 5 de junio en Tulipán, San Diego.

Alrededor de las 4 de la tarde del 5 de junio, Luis Guillermo Espinoza se encontraba en un plántón organizado en la avenida Don Julio Centeno de Tulipán, en San Diego,  cuando funcionarios de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron al lugar con la intención de disolverla y reabrir el paso de vehículos, para lo cual utilizaron bombas lacrimógenas y perdigones, relata la prensa sobre aquel día.

Testigos relataron que, en medio de la confusión, el joven corrió y cayó al suelo. En ese momento un funcionario de la GNB le habría apuntado y disparado a poca distancia en la cabeza.

Espinoza fue recluido en terapia intensiva de la Ciudad Hospitalaria Dr. Henrique Tejera de Valencia. El proyectil en la cabeza le ocasionó dos hematomas que le causaron edema cerebral, trascendió.

El adolescente, conocido por sus amigos como Totti, estudió bachillerato en un liceo de la urbanización La Esmeralda de San Diego y asistía a una academia de fútbol en este mismo municipio.

Con el homicidio de Espinoza, suman dos muertes a manos de agentes de la GNB durante protestas en Tulipán en 2017, recuerda la periodista Heberlizeth González.

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