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DDHH Olvidados | Geraldine Moreno: A diez años de una muerte que aún clama por justicia plena
La estudiante carabobeña fue asesinada en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014 
Dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron condenados a prisión, pero la madre de Moreno, Rosa Orozco, clama para que se investigue a la cadena de mando

 

La mañana del 19 de febrero de 2014 Geraldine Moreno Orozco, de 23 años de edad, agarró su bandera y en compañía de familiares y amigos asistió al cacerolazo convocado en el sector Tazajal de Naguanagua en el estado Carabobo contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El país estaba inundado de manifestaciones contra el régimen chavista debido a la escasez de productos básicos, la inflación y la violencia delictiva. Apenas una semana atrás, habían matado a Bassil Da Costa y a “Juancho” Montoya en una manifestación convocada por líderes opositores que arribó a las inmediaciones de la Fiscalía en Caracas. 

El ambiente estaba tenso y peligroso, pero nada impedía la salida a la calle de miles de jóvenes que exigían mejores condiciones de vida y la restitución del hilo democrático.

El grupo donde estaba Geraldine fue dispersado por seis motocicletas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que llegaron disparando perdigones y bombas lacrimógenas sin mediar palabras. Geraldine corrió hacia su casa y fue alcanzada en el rostro por una detonación del sargento Albin Bonilla Rojas, quien no conforme con verla en el piso, volvió a dispararle en la cara. 

La estudiante del quinto semestre de Citotecnología de la Universidad Arturo Michelena fue trasladada inmediatamente al Hospital Metropolitano del Norte, donde luego de tres días falleció a causa de un paro cardio-respiratorio provocado por hemorragias encefálicas y edema cerebral. 

Apenas tres días antes había muerto otra joven en Carabobo también por un disparo en la cabeza; la estudiante y modelo Génesis Carmona.

Dos años después de la muerte de Moreno, el Tribunal 1ero de Juicio de Carabobo condenó a Bonilla Rojas a 30 años de prisión por homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, quebrantamientos de pactos y convenios internacionales y uso indebido de arma orgánica. 

Asimismo, el sargento Francisco Caridad Barroso fue sentenciado a 16 años y 6 meses por complicidad.

Justicia a medias 

“A mi hija la mataron en la puerta de su casa con un pito y una bandera”, dijo Rosa Orozco, madre de Geraldine.

De acuerdo a Orozco, en el asesinato de su hija participaron 24 efectivos de la GNB, pero solo dos fueron condenados.

“Sin embargo, yo sigo yendo al Ministerio Público a llevar solicitudes para que se investigue al resto de los funcionarios y a la cadena de mando, obvio que eso no va a suceder porque la impunidad en la cadena de mando en Venezuela es de 100%”, sostuvo Orozco.

Orozco sentenció que hay suficientes indicios para que la Corte Penal Internacional (CPI) continúe con las investigaciones al Gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El venidero 1 de marzo la Sala de Apelaciones de la CPI dictará sentencia sobre el recurso introducido por el régimen de Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de reanudar la investigación.

“Aquí hubo un patrón sistemático y generalizado contra la población civil proveniente de bajos y altos mandos, hay elementos suficientes para que estos asesinatos sean incluidos en la investigación”, sentenció Orozco.

Pese a que para algunos la posibilidad de ver enjuiciados en cortes internacionales a los miembros de la cadena de mando es lejana e incluso improbable, Orozco confía en la justicia fuera de las fronteras venezolanas.

“No creo que puedan evadir la CPI, tengo confianza en las instancias internacionales. Lo que tiene en las manos esa corte es irrefutable, aquí se juzga la culpabilidad de las personas no al Estado, la justicia debería prevalecer”, consideró. 

Más allá de Geraldine

Para Orozco una parte de su corazón se esfumó con la repentina y trágica partida física de su hija hace una década.  

“Dejé de ser una mamá normal para convertirme en una defensora de los derechos humanos, cuando ni siquiera sabía qué significaba eso”, expresó. 

Orozco aseguró que desde pequeña Geraldine la acompañaba a las marchas contra el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y desde ese momento aprendió a luchar por Venezuela: «Geraldine siempre ha sido mi bastón. Le juré a mi hija en su tumba que le iba a dar justicia”.

Animada por ese ímpetu, Orozco fundó junto a la abogada Martha Tineo la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón. 

“Yo soy la directora general y desde 2014 hasta la fecha hemos documentado 334 víctimas. Me he convertido en la vocera de muchas familias, incluso de aquellas que no quieren hablar por miedo”, indicó. 

Orozco pidió a los venezolanos y a la comunidad internacional no comprar la tesis de que las muertes de jóvenes en protestas se perdieron. 

“Nos han menospreciado por eso, juegan al cansancio, a desprestigiarnos, pero hay que ser firmes y si seguimos unidos vamos a lograr la justicia anhelada”, sentenció. 

Manifestó también que cada vez que puede pide perdón a la juventud venezolana: «Porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, la culpa la tenemos nosotros y no podemos seguir permitiendo que sufran como en 2014 y 2017, tenemos que dejar este país en libertad y democracia para las futuras generaciones”.

Mientras sigue luchando por el restablecimiento de la democracia y la justicia en Venezuela, Orozco -junto a familiares y amigos- asistirá este jueves 22 de febrero a una misa en honor a su hija.

“Será en el parque Geraldine Moreno, aquí en la urbanización Tazajal donde todavía vivo, ese mismo día le vamos a rendir homenaje a Génesis (Carmona), que también era de aquí”, agregó. 

 

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DDHH Olvidados | Carlos Salazar, desaparecido por grabar a Alex Saab comprando en una tienda
El abogado Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar por lo que se introdujo ante la Fiscalía Quinta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha responsabilizarse sobre el paradero de Salazar

@yeannalyfermin

 

La última vez que vieron a Carlos Salazar fue en Punta de Piedras en la calle Los Módulos, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Vestía franela naranja, bluyín azul y zapatos deportivos.

Salazar, de 60 años, jubilado de Pdvsa, desapareció el pasado 5 de febrero de 2023 a las 5:30 p.m. mientras se encontraba haciendo unas diligencias personales y desde entonces no se tiene información oficial sobre su ubicación. 

Andrea Castellanos Salazar, sobrina del señor Salazar, precisó que lo han buscado en la policía estadal, comandos militares, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión (Conas), así como en la Fiscalía 12 del Ministerio Público de la entidad, y no han logrado dar con su paradero.

Al leer estos primeros párrafos, pareciera que la desaparición de Carlos Salazar es común y muy similar a otras que han ocurrido en el pasado; sin embargo, no lo es. Un testigo allegado a la familia Salazar contó que al jubilado se lo llevaron varios hombres vestidos de negro a bordo de una camioneta blanca doble cabina sin placas y otros dos carros negros pequeños, también sin placas. 

El boleto a la desaparición fue un video 

La grabación de un video que se hizo viral en redes sociales fue el boleto directo a la desaparición de Carlos Salazar. El audiovisual, que según contó Castellanos fue grabado a finales de enero, mostraba al empresario colombiano Alex Saab junto a un joven que se presume es su hijo de compras en una tienda en la Isla de Margarita. 

“Ta’ ahí con el carajito, hablando por teléfono. ¡Qué arrecho! Como se da bomba aquí en Margarita, el ‘malandro’, ese qué arrecho ese m&@$#/o. Mira el ‘malandro’ de Álex Saab que está entrando ahí con el carajito, hablando por teléfono. Qué arrecho”, se escucha en el video, mientras Saab ingresaba la entrada de una tienda deportiva.

Andrea Castellanos detalló que cinco días antes de que desapareciera su tío ya lo andaban investigando para dar con su paradero.Él le contó a un amigo abogado que sentía que lo estaban persiguiendo, también le dijo que varias personas le habían comentado que estaban preguntando por él, por su mamá y por su hermano mayor. Ese lunes salió y no regresó más”, dijo. 

Castellanos relató que a Salazar se lo llevaron y le habrían mencionado que era por motivo de investigación, sin decirle la razón exacta. “Se lo llevaron junto a un testigo que es exmilitar retirado. Al exmilitar lo sueltan y no le devuelven su teléfono. El carro de mi tío también está desaparecido, un Mazda 6 plateado”. 

“No sabemos dónde está mi tío, no sabemos dónde está su carro, no sabemos nada. En los organismos policiales solo nos dan información negativa. Grabar un video fue todo el delito que cometió”, aseveró Castellanos. 

El abogado y miembro del Foro Penal, Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar, por lo que se introdujo ante la Fiscalía 5ta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha querido informar o responsabilizarse sobre dónde lo tienen detenido.

“Lamentablemente, no podemos introducir un Hábeas Corpus porque para utilizar ese recurso teníamos que obligatoriamente decir quién es el agraviante y aquí como no se sabe quién es el agraviante -si la GNB, Dgcim, Sebin,  ninguno de esos organismos- pues se incrementa más la incertidumbre de la desaparición de Carlos”, explicó Arévalo. 

El abogado aseguró que grabar un video, y específicamente el video que grabó Carlos Salazar, no constituye un delito: “Carlos Salazar grabó un video en un pasillo de un centro comercial, un lugar público, no es dentro de la vivienda de Alex Saab, ni de la tienda donde estaba… que en ese momento estaba entrando Saab tampoco es un delito porque es una figura pública, ¿que si utilizó expresiones grotescas?, sí, pero no hay ningún tipo de circunstancias de delito”, dijo.

Pedro Arévalo insistió en que no hay y no existe una restricción para grabar un video y menos si se trata de una persona que es reconocida ampliamente en Venezuela. 

Familia desesperada 

Hasta el momento de la redacción de esta nota, Carlos Salazar llevaba 11 días desaparecido y su familia estaba desesperada por saber en dónde y cómo está. 

Andrea Castellanos afirmó que todos viven una incertidumbre muy grande y exigen una fe de vida. 

“Quiero respuestas, quiero saber cómo está él, su salud, si va a ser procesado o presentado en algún tribunal, quiero saber si, dentro de lo que cabe, está bien”, pidió la joven. 

Castellanos detalló que su tío es una persona muy tranquila y amable. No tiene esposa ni hijos y desde su jubilación se ha dedicado a cuidar de su madre, quien tiene 90 años y no está al tanto de la situación de Carlos por temor a que su salud se vea afectada. 

DDHH Olvidados | La GNB se convirtió en cárcel para los hermanos Zambrano Arias
Entre la extorsión, la tortura y la privación de un juicio, los hermanos Zambrano Arias cumplirán dos años como presos políticos en abril del 2024

Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

Si le preguntas a la familia Zambrano Arias cuándo perdió su libertad, no te dirán que fue el 26 de abril del 2022, cuando detuvieron arbitrariamente a Juan Nahir Zambrano Arias, ni el 28 de mayo del mismo año, cuando también detuvieron arbitrariamente a Daniel Josué Zambrano Arias, sino el 20 de marzo del 2020, cuando Juan ingresó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

El joven de 20 años quería seguir los pasos de su hermano Daniel, quería ser un militar. Lo logró en plena cuarentena del covid-19 en Venezuela. 

Juan vivía con sus padres en Palmira, una ciudad del estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia.

Su mamá, Luz Marina, no compartía las aspiraciones de Juan:  él tiene un diagnóstico de autismo y fue admitido en la GNB sin una evaluación psicológica

Pero el disgusto de Luz Marina se convirtió en angustia cuando los funcionarios de la GNB no le permitían visitar a su hijo en el cuartel. 

Ella expuso una denuncia al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), otro cuerpo de funcionarios del Estado venezolano, pero le negaban la solicitud porque «él ya es mayor de edad», pese a que es una persona neurodivergente —con un diagnóstico de autismo— sin monitoreo dentro de la milicia. 

Las semanas pasaban y Juan les confesaba a sus padres que pasaba hambre. En el GNB no lo alimentaban. No alimentaban a nadie. Por nueve meses estuvo aislado y su padre era el único que le daba comida constantemente. 

En diciembre del 2020 Juan Nahir pudo salir del cuartel, pero ya presentaba un cuadro de desnutrición y se contagió de covid-19 mientras estaba recluido. El récipe médico no impidió que tres funcionarios de la GNB se llevaran a Juan en enero del 2021 para que «cumpliera sus funciones en Caracas». 

Luz Marina protestó, pero los funcionarios le amenazaron: si Juan no iba lo metían preso por ser «desertor» de la milicia. 

Y Juan, con 21 años, viajó hasta Caracas, a 657 kilómetros de su casa.

Ida y vuelta a la fuerza

En la capital los funcionarios de la GNB discriminaban a Juan Nahir debido a su neurodivergencia. Desde la zona conocida como El Volcán, en el municipio El Hatillo, Juan pasó tres meses encerrado como «castigo» por tener un permiso médico y pasó otros cinco meses bajo las burlas de otros cabos de la Guardia. 

Tuvo que regresar a Táchira bajo su propia cuenta en septiembre del 2021. Tres meses después, el Ministerio de Defensa lo expulsó de la milicia. 

La familia Zambrano Arias trató de que Juan estudiara en la universidad una carrera, pero él se contactó con miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y le decían que podía volver a la milicia. 

Daniel, su hermano mayor, que se había retirado del mundo castrense en marzo del 2022, le advirtió que solo el ministerio podía reintegrarlo. Pero la extorsión fue más fuerte que la razón. 

Juan Nahir volvió a viajar junto a los funcionarios de la GNB a Caracas el 26 de abril del 2022. Pero está vez no ha podido regresar a su casa: la GNB lo metió en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda, bajo la presunción de estar involucrado en una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

Impunidad en aumento

Daniel, al enterarse de que su hermano estaba detenido arbitrariamente, intentó contactarse con el comando castrense. Trató de averiguar su paradero desde su antigua posición como sargento mayor de tercera (SM3) de la GNB, pero no logró obtener información. 

Sus padres intentaron comunicarse por teléfono, pero la GNB había bloqueado el número de Juan y no podían comunicarse con él. 

El 28 de mayo de 2022 funcionarios del CICPC invadieron la casa de Luz Marina. Apuntaron a la familia con armas de fuego y los amenazaron. Buscaban a Daniel para detenerlo, pero no traían una orden judicial. 

«¡¿Por qué!? ¿Por qué se lo quieren llevar?», repetía Luz María mientras abrazaba al único hijo que estaba en libertad. 

En vez de darle una respuesta directamente, uno de los policías «aconsejó» a Daniel.

«Hermano, usted sabe cómo es la vaina. Dígale a su mamá que lo suelte. Y si no, pues los eliminamos aquí mismo. Nadie va a ver nada, ni se va a saber nada. Si usted no se entrega, los sacaríamos a los dos, porque esa es la orden, entonces».

Daniel se entregó, el CICPC le puso una capucha y se lo llevó a Caracas. 

Luz Marina y su esposo intentaron denunciar ante el CICPC, pero siempre le negaron que Daniel o Juan estuvieran bajo su custodia. 

Torturas e incertidumbre

Los padres no supieron del paradero de sus hijos hasta el 15 de junio. Cuando pudieron reunirse, Juan relató parte de los malos tratos que sufrió. 

Lo encerraron en un sótano sin agua, comida ni luz. Lo asfixiaron con baldes de agua. Le introdujeron objetos que él no pudo identificar por el ano. Lo obligaron a grabar un video donde él decía que era culpable de una trama de conspiración contra los militares. Lo amenazaban con matar a su familia si no grababa el video. Le rompieron su pierna derecha a punta de golpes… 

Luz Marina escuchaba el relato de una tortura. 

De acuerdo con un abogado de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que prefirió guardar su identidad por temor a represalias del gobierno madurista, a la familia Zambrano Arias no le permiten tener un abogado propio. No existe un expediente judicial que puedan consultar. 

Los hermanos están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Durante los 14 meses que los hermanos han estado recluidos en Yare II, el tribunal ha diferido su primera audiencia al menos 5 veces. 

Los padres se convirtieron en víctimas indirectas y ahora denuncian la libertad de sus hijos en protestas en Caracas y desde las redes sociales. Denuncian que Juan no tiene atención psicológica. 

Daniel es el único que puede cuidar a Juan Nahir en Yare II, porque ningún personal carcelario lo hace. No hay un informe médico que pueda precisar qué tan grave están los hermanos. 

Entre el 29 y el 30 de enero del 2024 la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú denunció en redes sociales que cuatro presos políticos, entre ellos los hermanos Zambrano Arias, recibieron golpes de parte de los reos bajo el comando de los funcionarios de seguridad

Luz Marina y su esposo se enteraron horas después, porque en Táchira el servicio de electricidad e internet se corta a cada rato, y en Venezuela los fiscales y las denuncias aparecen en la red social X. 

La familia Zambrano Arias se siente amenazada desde ese día: varios funcionarios de las fuerzas armadas venezolanas les «advierten» que Juan y Daniel pueden sufrir más si ellos mantienen la denuncia. 

Bajo la protección de la prensa y los activistas de los derechos humanos, ellos esperan que la justicia venezolana o la justicia internacional pueda apelar por ellos y por más de 260 presos políticos que el gobierno mantiene en cautiverio desde el 2001, según la ONG Foro Penal.

DDHH Olvidados | El salario digno es el derecho humano más vulnerado
Durante enero del 2024, el Estado venezolano vulneró derechos humanos como la salud, la libertad sindical, propició la persecución de dirigentes políticos, continuó el cierre de emisoras, violó la Constitución al mantener la política de congelamiento del salario mínimo y ejecutó inhabilitaciones con irregularidades en el proceso

@Andrea_GP21

El primer mes del año 2024 comenzó con distintas vulneraciones a los derechos humanos de los venezolanos y terminó de igual forma. El salario mínimo sigue siendo el derecho más vulnerado. Trabajadores y pensionados siguen sin recibir un aumento salarial. Desde marzo de 2022 no se ajusta el salario mínimo (que se mantiene en 130 bolívares) y el gobierno de Nicolás Maduro optó, desde el 2023, por sopesar la falta de ajustes a través del Bono de Guerra Económica.

El pasado 15 de enero, el gobernante Nicolás Maduro ajustó el “ingreso mínimo mensual” (no del salario base) de los trabajadores venezolanos. La medida significó el aumento del Bono de Guerra Económica a 60 dólares mensuales. Mientras que el bono de alimentación se mantiene igual en 40 dólares que, según dijo, están indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que los trabajadores que perciben el Bono de Guerra Económica bono tendrán un salario integral indexado de 100 dólares. Esta bonificación la perciben completa únicamente los trabajadores de la administración pública. Los jubilados de la empresa pública recibirán 70 dólares del total y los pensionados, apenas USD 25. Rodríguez no menciona que los bonos no tienen incidencia sobre prestaciones sociales, utilidades, cálculo del bono vacacional ni otros beneficios amparados en la Ley del Trabajo. 

La ONG Provea aseveró que millones de obreros y jubilados reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre», pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas, cuyo precio supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.

La falta de un ajuste en el salario mínimo viola el segundo parágrafo del artículo 91 de la Constitución, el cual señala: “El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

Pasaporte sigue siendo impagable para muchos

El petro, la criptomoneda creada por el chavismo, cesó sus operaciones el pasado 15 de enero de 2024. Con la eliminación del petro, se modificaron los costos de servicios gubernamentales que estaban indexados al valor de esta criptomoneda.

El primero de estos pagos que cambiaron fue el costo del pasaporte. Antes de la eliminación del petro, el pasaporte para adultos con vigencia de 10 años tenía un costo de 3,6 petros. Ahora, según el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Remigio Ceballos, el costo del mismo será de 200 dólares calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Aunque esta nueva cifra representa una rebaja de 16 dólares en comparación con el último referente en petros, lo cierto es que no todos los venezolanos pueden costearlo. O al menos no con un solo salario.

De acuerdo con un reporte que publicó el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) el pasado 24 de enero, entre 2022 y 2023 se amplió significativamente la brecha entre las remuneraciones pagadas por el sector privado y el público y esto se debe a la política de congelación salarial aplicada por el gobierno nacional. 

Según los datos que recoge el OVF, mientras en el sector público el salario mínimo promedio más bonificaciones en 2023 se situaron en aproximadamente USD 40 mensuales, en el sector privado alcanzó a USD 202 por mes. Esto evidencia cómo para los trabajadores del sector público pagar por un pasaporte representaría una inversión de cinco meses de salario, mientras que los del sector privado deberían utilizar todo su salario de un mes para pagar por el documento.

Desatención crónica en el J.M. de los Ríos 

Durante los primeros quince días del 2024, tres niños fallecieron en el Hospital J. M. de los Ríos en Caracas, a la espera de un trasplante de riñón que nunca llegó, según denunció la organización no gubernamental Prepara Familia.

Mediante una publicación hecha en X (antes Twitter), la organización extendió sus condolencias a las familias de los niños fallecidos: Sebastián Dávila de 9 años, Adrián Rodríguez también de 9 años y Scarlet González de 14.

 

El programa de trasplantes en Venezuela está paralizado desde el año 2017. En mayo del 2023, defensores de los derechos humanos reiteraron la exigencia de varios años al Estado venezolano de que invierta en políticas públicas para la reactivación de este programa, pero eso no ha ocurrido.

Para la ONG Provea, esta situación “se enmarca en un contexto más amplio de crisis en el sistema de salud venezolano, especialmente en lo que respecta al trasplante de órganos y las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja que sacude al país”.

Desde el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a todos los niños y niñas pacientes del Servicio de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos frente a los riesgos y daños irreparables a la salud, y a la vida como consecuencia del desabastecimiento de medicamentos, insumos y equipos médicos en dicho centro de servicio hospitalario público de Venezuela.

La ONG Codevida señaló que, de acuerdo a los estándares internacionales, el Estado venezolano está en la obligación de adoptar las medidas para proporcionar tratamiento médico de alta calidad, así como asegurar condiciones de salubridad y seguridad en el área de Nefrología.

Criminalización de la actividad sindical sigue

Durante el mes de diciembre del 2023, el gobierno de Nicolás Maduro excarceló a seis sindicalistas que fueron detenidos en el año 2022, también fueron excarcelados otros presos políticos. Al menos 13 familias pudieron reencontrarse con sus parientes luego de estar tras las rejas. Sin embargo, llegado enero de 2024, la administración chavista atentó nuevamente contra la actividad sindical.

Uno de los afectados fue Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza de Venezuela (Fenatev) seccional Barinas, quien fue apresado por funcionarios de la PNB y el Sebin el pasado 17 de enero mientras dirigía una asamblea con miembros de la organización. 

La asociación civil Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre denunció que durante el procedimiento también agredieron físicamente a mujeres docentes.

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, anunció en sus redes sociales que Venegas sería procesado por «estar involucrado en actividades contra la paz de la República». Asimismo, informa que Venegas, supuestamente, formaba parte de un grupo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas.

La libertad sindical es un derecho humano que tienen los trabajadores para asociarse y constituir asociaciones con el objeto de defender sus intereses comunes, de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, el cual establece: “Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley…”.

Persecución focalizada en el entorno de María Corina Machado

Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, jefes regionales de campaña de María Corina Machado, fueron detenidos en la penúltima semana de enero. Tarek William Saab vinculó a los aprehendidos, miembros del partido político Vente Venezuela, con la operación “Brazalete Blanco”, la cual supuestamente tenía el objetivo de atentar contra la vida de Freddy Bernal, gobernador de Táchira; y la de Nicolás Maduro.

“Dichos sujetos se encuentran vinculados a la presente trama terrorista, ya que servirían como apoyo logístico para el grupo terrorista armado que se desplazaría del estado Táchira a la ciudad de Caracas, liderados por el terrorista Anyelo Heredia”, dijo Saab el pasado 26 de enero en una transmisión televisada.

Camacaro era el jefe de campaña de Machado en el estado Yaracuy, Freites en La Guaira y Guillermo López era responsable del comando en Trujillo

Tanto Camacaro como Freites, según denuncias de Vente Venezuela, fueron presentados ante un tribunal sin permitir la “presencia de sus abogados privados” ni el “contacto con sus familiares”.

 

Inhabilitaciones a la carta

El pasado 26 de enero, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció ocho sentencias sobre las sanciones que la Contraloría General de la República (CGR) impuso contra dirigentes políticos de oposición y de otras tendencias políticas.

En algunas de las decisiones, la Sala habilitó temporalmente a los candidatos a ejercer sus derechos políticos, mientras decide la demanda principal, como es el caso de Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Daniel Ceballos y Rosa Brandonisio de Scarano. 

Sin embargo, otras solicitudes no tuvieron una respuesta positiva, justamente las que más esperaba el país. La Sala aseguró que María Corina Machado, quien fue electa con amplia mayoría como candidata presidencial de la oposición en la primaria del 22 de octubre del 2023, estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, el caso de Machado presenta varias irregularidades. La más evidente es que la Sala incurrió en la “omisión de publicar los textos completos de sus decisiones” y, en lugar de ello, “se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web”.

“Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan”, explicó la organización en una nota de prensa.

La ONG explicó que esta situación suele ocurrir en casos de relevancia política o de gran interés general. Un ejemplo emblemático es el texto de la sentencia de la Sala Electoral que suspendió provisionalmente las primarias de octubre del año pasado -la misma que presidía la recién designada como presidenta del TSJ- que aún no se conoce en su totalidad. En ese sentido, todavía no se sabe por qué se suspendieron y tampoco el alcance íntegro de la decisión tomada, a pesar de ser este un asunto de máximo interés para todo el país.

Además de Machado, la Sala ratificó la inhabilitación política durante 15 años de Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda.

Los micrófonos de la radio se siguen apagando

El pasado 10 de enero, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas denunció el cese de operaciones de las emisoras Órbita 99.7 FM, de Guanare, y Galáctica 100.7 FM, de Biscucuy, ambas ubicadas en el estado Portuguesa. 

De acuerdo con la institución gremial, la clausura de las estaciones de radio ocurrieron por «órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), (porque) no fueron renovadas las concesiones».

 

Por su parte, luego de dos años de operaciones en su sede en la avenida Bolívar de Valera (Trujillo), el 27 de enero del 2024 la emisora radial Palpitar Trujillano se vio obligada a entregar sus espacios, luego de enfrentar presiones y amenazas por su labor periodística.

Mediante un comunicado, la estación señaló: “Lastimosamente nos toca informar que las amenazas que pesan sobre Palpitar Trujillano han hecho que tengamos que desalojar nuestros espacios físicos ubicados en el Edición Lares Alizo (Avenida Bolívar de Valera con calle 14), un lugar que en dos años se había posicionado como un sitio de encuentro, cultura, conocimiento y Periodismo de calidad”,

DDHH Olvidados |  Nelson Piñero, el activista político preso por escribir en X
El militante de Encuentro Ciudadano fue detenido en noviembre del año pasado por escribir en la red X contra el régimen de Maduro 
La presidenta de EC y abogada, Delsa Solórzano, aseguró que expresar las opiniones en redes sociales no constituye delito alguno

 

El pasado 21 de noviembre de 2023, Nelson Piñero estaba en su casa de Valencia cuando una comisión de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) entró a la residencia sin orden de allanamiento y se lo llevaron detenido. Desde entonces, el miembro de la seccional carabobeña del partido Encuentro Ciudadano se encuentra preso, acusado de instigación al odio por escribir mensajes contra el régimen de Nicolás Maduro en la red social X, antiguamente Twitter.

“El Sebin entró de manera violenta a su casa, se metió por las ventanas, él vive en la parte alta de una vivienda. Nelson se comunicó con varios dirigentes del partido y le preguntamos si los funcionarios tenían orden de allanamiento y dijo que no”, aseguró la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano.

La ex candidata a la primaria opositora del pasado 22 de octubre sostuvo que una vez aprehendido, Piñero fue trasladado a la sede del Sebin de Naguanagua.

“Una vez allí pasaron muchas horas para que tuviéramos algún tipo de comunicación con Nelson. Después de que dilucidamos que estaba ahí, no se le permitió a la familia ni a sus abogados verlo. Fue presentado 48 horas después ante tribunales y allí se pudo evidenciar que no había una orden de captura previa, así como tampoco de allanamiento, violando el debido proceso”, agregó Solórzano.

La dirigente aseguró que en la audiencia de presentación fueron destacados tuits de Piñero contra el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, en los que hacía mención al mal estado en el que se encuentran los hospitales de la entidad central.

“Sin embargo, llama la atención que en la acusación no son mencionados dichos tuits sino unos contra Maduro”, manifestó Solórzano. 

«Policías» de redes sociales 

La exdiputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 sostuvo que en la presentación del activista a tribunales salió a flote la expresión “patrullaje cibernético”.  

“Es el reconocimiento de que hay funcionarios en el Sebin dedicados a stalkear las redes sociales de la disidencia política contra la dictadura para luego perseguirlos por el simple hecho de expresar sus opiniones de manera abierta y honesta”, precisó. 

Para la dirigente de Encuentro Ciudadano, la detención de Piñero deja en evidencia al Gobierno de Maduro. 

“Los argumentos de la Fiscalía confirman que Nelson está preso por escribir en redes sociales, eso no es un delito, eso es un ejercicio de libre expresión”, insistió. 

Problemas de salud crónicos, depresión y ansiedad

Solórzano indicó que además de estar privado de libertad de manera ilegítima,  Piñero enfrenta otros inconvenientes: «La situación de salud de Nelson no es la mejor, él ha tenido varios padecimientos, es una persona que tiene problemas de azúcar e hipertensión y estando aislado estos se han incrementando”.

Esperanza Piñero, hermana de Nelson, declaró a El Carabobeño, que el activista es hipertenso, diabético y padece de los riñones. Además, el encierro le ha provocado depresión y ataques de ansiedad.  

“Lo han llevado dos veces a la evaluación médico forense porque ha presentado episodios de hipertensión y taquicardia”, comentó a dicho medio. 

Trascendió que a los familiares no les han permitido llevar medicinas a Piñero y que por tanto, no recibe tratamiento desde el momento de su detención.  

Esperanza es quien acude a las visitas los miércoles, le lleva a diario la comida y cuida de uno de los hijos de Piñero de 14 años.

“Fue muy dura la Navidad y el Año Nuevo sin él, teniendo que ir y venir. Sintiendo la impotencia de que está preso, Nunca imaginé que mi hermano iba a estar encerrado. Lo más importante que tiene un ser humano, además de su salud, es la libertad. Trato de sacar fuerzas de donde no las hay, pero tengo que luchar”, dijo la hermana de Nelson a El Carabobeño

Tanto la hermana de Piñero como Solórzano están a la espera de la audiencia preliminar prevista para este martes 30 de enero.  

“La única forma de que este patrón de persecución a la disidencia pueda aminorar es que los funcionarios sepan que los estamos observando y que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que la ONU y la Corte Penal Internacional los están investigando y que no son excusas las órdenes superiores cuando están cometiendo un delito”, expresó Solórzano.

 

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DDHH Olvidados | La familia de Cristian Ramos lleva cinco años esperando justicia
Cristian era un joven soñador, trabajador y muy pacífico. Era estudiante de quinto año de bachillerato cuando comisiones del Faes ingresaron a su casa, lo secuestraron, golpearon, torturaron y luego lo mataron por presuntamente haber participado en la quema de la casa de la alcaldesa Gisela Rodríguez

 

@yeannalyfermin

 

Enero de 2019 quedó grabado en la memoria de todos los venezolanos y especialmente en la de los habitantes de El Tocuyo, estado Lara, con el asesinato de Cristian Ramos, de 19 años de edad, a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La convulsión en Caracas de una sociedad que creía que el momento del cambio político, económico y social había llegado se extendió por todo el país y miles de personas se lanzaron a las calles del sector El Bosque a protestar y exigir un cambio. Pero otras como Cristian, que se quedaron en casa, igual fueron alcanzados por el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad. 

El 24 de enero, El Tocuyo estuvo agitado por los disturbios y enfrentamientos entre civiles y policías. La versión oficialista indica que en horas de la noche unos manifestantes intentaron quemar la casa de Gisela Rodríguez, la alcaldesa y mano derecha de Carmen Meléndez, gobernadora de la entidad para ese momento.

Eran las 2:00 de la tarde del 25 de enero cuando un grupo de funcionarios del FAES ingresÓ de manera violenta a la casa de Cristian, quien se encontraba jugando con su computadora Canaima y esperando a su tío para irse a trabajar.

Neymar Escalona, prima de Cristian, relata que lo sacaron de la casa a punta de golpes y se lo llevaron a una vivienda cercana donde vivían los hermanos José Alfredo y Anderson Torres Cortez de 24 y 17 años, respectivamente. “Acusados sin pruebas de intentar quemar la casa de la alcaldesa los secuestraron, los golpearon, torturaron, simularon un enfrentamiento y luego los mataron a tiros”, dijo.

Escalona asegura que la noche que supuestamente intentaron quemar la casa de la alcaldesa, el papá de Cristian no lo dejó salir por lo revuelta que estaba la zona: «Le ordenó que se acostara a dormir y él lo obedeció”. 

Según cifras de la ONG Provea, cuatro personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado en los dos primeros meses de 2019, mientras que 653 fueron detenidas por protestar.

En el caso de Cristian Ramos y los hermanos Cortez hubo varias contradicciones en las versiones oficiales que ofreció el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el secretario de seguridad del estado Lara, Kleyder Ferreiro.

El órgano de investigación informó en una minuta policial que los jóvenes se habían enfrentado a unos funcionarios y los señaló de haber causado graves destrozos en la vivienda de la alcaldesa. Ferreiro, por su parte, dijo que los fallecidos formaban parte de una banda de delincuencia organizada que mantenía azotada a la comunidad y negó la actuación de las FAES en el hecho.

Según información recopilada por medios locales en la entidad, habitantes de El Bosque tomaron las calles para exigir justicia y para desmentir que hubo enfrentamiento entre los jóvenes y la policía y la versión de Ferreiro. 

“No se ha hecho justicia”

Neymar Escalona explicó que hace un año, junto a los abogados, se acercaron a la fiscalía para saber el estatus del caso, pero les informaron que sigue en fase de investigación.

“La verdad es que no ha pasado nada. No se ha hecho justicia. El caso de Cristian es delicado porque involucra a la alcaldesa y funcionarios policiales”, aseguró.

Escalona describe a su primo Cristian como un joven soñador, trabajador y muy pacífico. “Era estudiante de quinto año de bachillerato cuando pasó lo que pasó”.

“A Cristian le gustaba trabajar. Trabajaba con su papá en el campo y con el dinero ayudaba a su familia. Tenía previsto irse con un hermano a Perú porque quería un mejor futuro”, dijo.

Neymar Escalona señaló que en el caso de los hermanos Escalona, la madre retiró la denuncia producto de manipulaciones y promesas de bienes materiales ofrecidos por la alcaldesa.

DDHH Olvidados | La Masacre de El Junquito cumple seis años en impunidad
Organizaciones No Gubernamentales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los únicos que han llevado a la justicia las presuntas ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otros seis venezolanos

Foto: Inaki Zugasti (Agence France-Presse)

«Nos están disparando con RPG (lanzacohetes), granadas, lanzagranadas… Hay civiles acá adentro. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos. Nos quieren asesinar», dijo el expolicía Óscar Pérez, entre la sangre y los escombros, cuando se grabó en redes sociales antes de morir a manos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en Caracas el 15 de enero del 2018. Momentos después, la sociedad civil llamaría a ese evento «La masacre de El Junquito».

Nueve personas murieron durante el ataque de las fuerzas de seguridad del Estado a un chalet ubicado en El Junquito, en el municipio Libertador del Distrito Capital, en donde se refugiaba Óscar Pérez con seis de sus compañeros (cinco ex miembros de los cuerpos de seguridad y un civil). Ocho de los fallecidos tenían un impacto de bala en su cabeza, solo uno tenía un impacto de bala en el cuello

Han pasado seis años desde «La Masacre del Junquito» y el Ministerio Público aún no ha investigado ni imputado a los responsables de esas ejecuciones extrajudiciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 26 de diciembre del 2023 que el caso de Pérez y los otros seis venezolanos será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a «la impunidad del sistema de justicia venezolano».

Sobrevuelo en la opinión pública

Óscar Pérez fue un agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y crítico del gobierno de Nicolás Maduro entre los años 2017 y 2018, cuando en Venezuela se presentaba una segunda ola de protestas en repudio a Maduro. 

Pérez sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017 a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil, cuando en el país se registraron un mínimo de 9.787 manifestaciones pacíficas en contra del gobierno madurista y al menos 158 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de esas protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, respectivamente

El expolicía caló en la opinión pública venezolana gracias a su presencia en las redes sociales. A través de videos narraba sus críticas y fundó el «Movimiento Equilibrio Nacional», donde se unieron varios exmiembros de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Ese día del 2017, Maduro tildó de «terrorista» al movimiento militar.

Y en septiembre de ese año, el Estado detuvo al escolta Franks Cabaña, quien hasta la fecha es un preso político, privado de libertad sin una sentencia condenatoria, por haber atendido una llamada de Pérez el día que robó el helicóptero.

Asesinatos casi grabados en directo

Daniel Enrique Soto Torres, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Abraham Lugo Ramos eran exfuncionarios de seguridad y estaban con Pérez en El Junquito ese 15 de enero del 2018. Ellos trataron de alzarse contra el gobierno madurista, luego trataron de rendirse y entregarse a las autoridades, pero los cuerpos de seguridad abrieron fuego contra una vivienda donde se refugiaban.

«Alrededor de 500 fuerzas de seguridad atacaron la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis víctimas. A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Óscar Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo», se lee en el reporte de la CIDH.

Entre el grupo de los fallecidos se encontraba Lisbeth Andreina Ramírez Montilla, una enfermera y estudiante de odontología de 30 años. 

Las autoridades estatales revelaron las identidades de los fallecidos 30 horas después del suceso que el gobierno de Nicolás Maduro bautizó como la «Operación Gedeón» (que en hebreo significa «destructor» o «guerrero poderoso»).

Pasaron más de 72 horas para que sus familiares pudieran identificar sus cuerpos y más de una semana en darles un sepelio

«En una nota de voz (Lisbeth Ramírez) dice ‘me agarraron’, no dijo ”nos tienen acorralados”. Eso da muchas dudas de si mi hermana está muerta, es porque a ella dice que la agarraron, lo debe decir es porque alguien la agarró. Quiero ver a mi hermana», dijo Leidy Ramírez, hermana de Lisbeth, al medio Crónica Uno cuando esperaba en la Morgue de Bello Monte, en Caracas, a que confirmaran que su hermana había fallecido el 18 de enero del 2018.

Mientras tanto, en las redes sociales y en la prensa circulaban fotografías de los cuerpos de Óscar Pérez y las otras seis víctimas.

Néstor Reverol, quien para ese entonces era ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana murieron en el «operativo»: Nelson Chirino Cruz y «Andriun Ugarte». Poco después se reveló que «Ugarte» era una identidad falsa para el antiguo miembro de los «Colectivos» -grupos de civiles armados e ideológicamente alineados con el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- y antiguo miembro de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), una serie de despliegues policiales entre 2015 y 2017 acusada de más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales.

La impunidad también se viralizó

Los familiares de las víctimas denunciaron que recibían amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios del gobierno madurista y cuerpos de seguridad sin que el Estado les brindará protección o «hacer un funeral adecuado», según recuenta la CIDH. 

Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello e Iris Valera, mantuvieron en sus discursos que Óscar Pérez y las otras seis víctimas eran «terroristas» y fueron «abatidos» «con el peso de la ley». 

Entre las protestas de crítica al madurismo del año 2018, la prensa venezolana nacional estaba bajo esquemas de censura estatal. Pocos días después de «La Masacre del Junquito», la periodista Alba Cecilia Mujica fue despedida del canal televisivo Globovisión por haber opinado que la muerte de Pérez y los otros seis venezolanos fue una ejecución extrajudicial. 

Mientras tanto, otras seis personas fueron detenidas y relacionadas por la «Operación Gedeón», acusadas de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. 

Si bien fueron liberados el 19 de diciembre del 2018, Joally Javier Deyon González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruiz Lugo y Antonio José Pérez Cisneros fueron víctimas de torturas y tratos crueles bajo las audiencias del en el Tribunal Militar Segundo de Control, con sede en Caracas, según los reportes del portal Armando.info

«La Masacre de El Junquito» se encuentra entre los miles de casos que el gobierno de Nicolás Maduro debería enfrentar ante la Corte Penal Internacional, donde la ONG Human Right Watch catalogó al evento como una ejecución extrajudicial similar a las dictaduras de Chile y Argentina en el siglo XX. 

DDHH Olvidados | El juramento a la bandera no salva de la arbitrariedad
El 12 de octubre de 2021 falleció bajo custodia del Estado Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa venezolano. Dos años después de su fallecimiento, los familiares  sufren de represalias judiciales, e incluso de privaciones de libertad, por exigir celeridad en la verdadera causa de muerte

@Andrea_GP21

 

Funcionarios policiales y militares venezolanos siguen esperando justicia en varios casos que incluyen la prisión y muertes en custodia del Estado.

Durante todo el año 2023, Runrun.es abordó los casos de militares y policías que son presos políticos, han sido víctimas de torturas y tratos crueles, así como de irregularidades en los procesos judiciales donde no se cumplió el debido proceso ni se han respetado sus derechos humanos.

Los familiares de Baduel siguen sufriendo represalias por exigir celeridad en el caso

El 12 de octubre de 2021 falleció bajo custodia del Estado Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa venezolano. Dos años después de su fallecimiento, los familiares  sufren de represalias judiciales, e incluso de privaciones de libertad, por exigir celeridad en la verdadera causa de muerte.

Baduel murió en la cárcel subterránea de «La Tumba», un espacio de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela, Caracas. El militar retirado llevaba tres años en ese lugar que la comunidad internacional catalogó como un centro de torturas. 

Organizaciones internacionales han denunciado la violación al debido proceso judicial que vivió Baduel mientras fue preso político, mientras sus familiares  durante todo ese tiempo  recibían amenazas por visitar y exigir la garantía de los derechos humanos del militar.

Coaccionado para declararse culpable

El teniente de navío Jefferson Díaz Mendoza fue detenido la noche del 23 de octubre del 2019 por una comisión de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se encontraba en el Comando de Guardacostas de La Guaira. Sin mediar explicación, se lo llevaron por estar supuestamente implicado en una operación contra el gobierno de Nicolás Maduro denominada “Jaque Mate”.

Estando en la Dgcim de Boleíta, contó su madre, Jefferson “fue torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarlo y lo sacaban. Fue sometido a electricidad”.

Jefferson fue imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, contra el decoro militar y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por la supuesta sustracción de unas tarjetas de memoria que presuntamente tenían información que entregarían al gobierno de Estados Unidos.

El teniente de navío fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Ejecución y fue “coaccionado” a declararse culpable.

Carla Antón Farías tuvo un juicio al que nunca llegaron las pruebas

Era el 17 de junio del 2019 cuando Carla Yancelys Antón Farías fue detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En silencio, se la llevaron desde el Fuerte Paramaconi hasta la cárcel «La Pica», ambos en la ciudad de Maturín del estado Monagas. 

Carla estuvo desaparecida 15 días. Después de su aprehensión, le negaron a sus familiares la oportunidad de visitarla por más de cuatro meses La teniente cumanense tuvo su primer juicio en abril del 2022 «con un abogado público que nunca la defendió».

«La privaron de su libertad sin orden de aprehensión. Hasta ahora, cuatro años después, aún no aparece esa orden», recuerda Yanmarys Antón, hermana de Carla. «Ella es una teniente. Entregaba su guardia en el Fuerte cuando un militar de rango superior la llamó. Eran las 07:00 de la mañana cuando la detuvieron sin derecho a defenderse». 

Una liberación no borra las torturas

Al capitán Luis de la Sotta lo detuvieron el 18 de mayo de 2018 en la estación naval Bahía de Turiamo, en el estado Aragua, por presuntamente instigar y liderar el golpe de Estado denominado “Operación Armagedón”.

La hermana del capitán detalló que De la Sotta conoció todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataúd” y la “Casa de los sueños”.

Aunque Luis de la Sotta fue liberado a finales de septiembre de 2023, estuvo preso durante cinco años en los que fue torturado y esa aprehensión se dio sin pruebas por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra decoro militar.

Franklin Caldera Martínez fue secuestrado por el ELN

Franklin Caldera Martínez es un militar disidente que se encuentra detenido desde el 11 de febrero del año 2021.

Franklin Caldera, padre del militar, afirma que el primer teniente del Ejército fue detenido en territorio colombiano y esta detención habría sido ejecutada por funcionarios de la Dgcim, con apoyo de elementos del grupo guerrillero colombiano ELN.

Además, su progenitor asegura que a Franklin no solo se le acusa de presuntamente participar en la Operación Aurora, sino que ahora también se le involucra en la Operación Gedeón. Recordó que el juez Maximiliano Márquez amenazó al primer teniente de involucrarlo en otro hecho.

Franklin Caldera padre fue uno de los representantes de organizaciones de la sociedad civil que se reunieron con Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los DDHH, el 26 de enero de 2023, durante su visita a Venezuela. “Yo tengo mucha esperanza y tengo confianza en el alto comisionado”, relató el padre del militar, quien ahora es activista de derechos humanos y coordinador de la ONG Familia S.O.S Libertad.

Expolicías metropolitanos pagan las culpas del 11 de abril de 2002

Si hay funcionarios víctimas de la injusticia y las arbitrariedades del Estado venezolano son los expolicías metropolitanos que ya llevan 20 años en prisión. 

Aunque varios implicados en los hechos de Puente Llaguno, ocurridos el 11 de abril del 2022, ya salieron de la cárcel, huyendo o con libertad otorgada; Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar permanecen en prisión y sus familiares claman para que sean liberados.

La condena de los exfuncionarios fue la primera contra personas enjuiciadas de forma arbitraria por motivos políticos de la era chavista.

Fue la jueza Maryorie Calderón quien sentenció a Rovaín, Molina y Bolívar a 30 años de prisión, como también lo hizo con los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lazaron Forero y el sargento Julio Rodríguez.