Luis Fuenmayor Toro, autor en Runrun

Dic 21, 2019 | Actualizado hace 1 mes

Es interesante contrastar las acciones de la oposición extremista venezolana y sus seguidores con las del gobierno dizque socialista y revolucionario y sus seguidores, para darnos cuenta de la falta de sentido común en ambos bandos, de lo prejuiciados que son y de lo que el fanatismo político puede llegar a hacerle al cerebro humano. El pensamiento lógico desaparece, la percepción de la realidad se entorpece, el conocimiento y las experiencias parecen borrarse y la disociación se abre paso a través de conductas violentas, indolentes y preñadas de un gran cinismo. Los bandos en lucha, casi igualados en su poder de combate, amenazan con destruirse y arrastrar al resto de la nación en su demencia fratricida.

Vemos con qué facilidad se glorifica la acción insurgente de Oscar Pérez, que nunca representó ningún peligro para el régimen de Maduro, mientras se condena las acciones insurgentes del pasado “cuartorrepublicano”, expresada en los años sesenta con las acciones guerrilleras del PCV y del MIR, las cuales tampoco significaron un peligro real a la estabilidad democrática instalada en 1958. Se habla de la masacre criminal de Oscar Pérez y su grupo en El Junquito, realizada por cuerpos élites de seguridad del Estado y con armas de gran potencia, que excedían notoriamente el poder de fuego de los insurgentes, quienes además habían manifestado su intención de rendirse para preservar sus vidas. Una masacre sin lugar a dudas.

Sin embargo, esas mismos personas callan, voltean la cara, se hacen los locos o incluso aplauden las masacres de Cantaura (1982) y de Yumare (1986), realizadas contra jóvenes que no estaban en ese momento combatiendo, que carecían de poder de fuego alguno y que eran restos de una actividad insurgente guerrillera, que había sido derrotada 20 años atrás. Dos claras masacres sin lugar a dudas. Son críticos acérrimos del golpe de Estado de 1992 dado por Hugo Chávez, pero festejan el golpe de abril de 2002 e incluso la payasada de Guaidó y López este año, también en abril. Y, lo que es inaudito, han hecho de los llamados a la FANB a que dé un golpe de Estado una política permanente, de varios años de duración y aún vigente.

Los líderes y seguidores chavecos no se han quedado atrás en este tipo de contradicciones demenciales. Acusan a los golpistas opositores de traidores a la patria, no simplemente de golpistas que sería lo lógico, y al mismo tiempo conmemoran el golpe frustrado de Hugo Chávez, como si se tratara de una fiesta patria, y tratan de transformarlo en algo que nunca fue: una insurgencia de carácter cívico militar. El pueblo en absoluto participó en el golpe del 4 de febrero de 1992, fue algo exclusivamente militar. Ni siquiera salió a apoyarlo posteriormente. Los golpistas eran unos desconocidos, que sólo se manifestaron públicamente a través de la alocución que se le permitió a Chávez realizar, en la cual dijo que había fracasado.

Para estos otros desquiciados, el bombardeo que la aviación venezolana hizo de la sede policial del Helicoide, el 27 de noviembre de 1992, fue un acto heroico, mientras las bombas de humo lanzadas por Oscar Pérez sobre el TSJ fueron obra de un terrorista siniestro, sin importar en esta calificación que Oscar Pérez en sus acciones no haya matado a nadie, mientras el golpe de Chávez generó 30 víctimas. Coinciden entonces, estos dos protagonistas antagónicos de la política venezolana, en que los golpes son buenos si los dan los míos y son condenables si los dan los otros. Igualmente, son masacres las que llevan a cabo los adversarios, pero si son propias se convierten en actos de justicia.

No son nada diferentes estos dos adversarios, tienen muchas similitudes, aunque sus seguidores parecieran no darse cuenta.

@LFuenmayorToro

Es lógico pensar que, en la integración de un nuevo CNE, el gobierno incorporará por lo menos a dos de los cinco rectores, si no es que termina designando a tres de ellos. La oposición, la que está en la mesa de diálogo nacional o la que es mayoría en la Asamblea, designaría dos rectores y trataría de escoger al quinto en consenso con el partido de gobierno, buscando una composición 2 del gobierno, 2 opositores y 1 completamente imparcial. En cualquiera de los dos casos, se trataría de un Consejo Nacional Electoral integrado con mayor equidad que el actual, cuya composición es 4 a 1 a favor del gobierno, lo que supuestamente garantizaría elecciones limpias, confiables, transparentes y apegadas a la normativa existente.

Habría una participación política amplia, sin inhabilitaciones de partidos ni de dirigentes, sin ventajismo gubernamental ni presiones de ningún tipo sobre los votantes por la administración pública nacional, ni las regionales y locales. El nuevo CNE garantizaría idoneidad en la designación de los miembros de mesa, de los testigos de los partidos, de la ejecución del voto asistido, del cierre de las mesas, las auditorías, el uso equitativo de los espacios de radio y televisión en todas las emisoras, el control de las actividades proselitistas oficiales, la eliminación de las presiones indebidas a la población y de las acciones abusivas de la FANB y los grupos paramilitares oficialistas, entre otras.

Pero hay situaciones sobre las que es necesario alertar desde ya, conociendo como conocemos a los protagonistas político venezolanos, y particularmente al gobierno nacional. Éste tratará de incorporar a sus hombres con mayor conocimiento y experiencia en la materia, lo que es lógico y nada censurable. Pero es necesario dirigir nuestra mirada hacia ellos, por ser personas que han acumulado un gran poder durante años y, a pesar de no ser muy visibles, son piezas claves actualmente y de seguro lo serán en el nuevo CNE. Uno de éstos es Carlos Quintero Cuevas, quien lleva 15 años en el CNE y ha participado en 17 elecciones. Actualmente es rector suplente de Sandra Oblitas y ha sido director de registro electoral y de informática, además de miembro de la Junta Nacional.

Quienes lo conocen lo señalan como el segundo funcionario con más poder en el CNE después de Tibisay Lucena. Ingeniero de sistemas, capaz, vinculado al sector de inteligencia militar y con actuación claramente al servicio del gobierno, sin detenerse mucho en consideraciones legales ni éticas en este sentido. Lo que preocupa es que aparentemente Carlos Quintero y otros ex funcionarios del CNE dirigen, a través de terceros, a la empresa “EX-CLÉ Venezuela”, la cual aparece como una empresa argentina de “soluciones biométricas”, fundada en 1998, que abre oficinas en el país en 2004. Esta empresa ha desarrollado proyectos para la Alcaldía de Libertador en 2009, Banco de Venezuela en 2013 y el CNE en 2011-2012, concretamente en el sistema de validación de identidad (captahuellas).

Se dice que la empresa EX-CLÉ pudiera manejar en el futuro cercano los procesos informáticos del CNE, que antes manejaba SMARTMATIC. Lo grave sería, de comprobarse la relación de Carlos Quintero con la empresa mencionada, que siendo funcionario activo del CNE, nada menos que un rector suplente, esté vinculado a una empresa privada que contrata con el mismo CNE y que pudiera encargarse en el futuro de la administración de los procesos informáticos electorales. Esto le daría, como rector principal en el futuro si fuere designado, una gran ventaja sobre el resto de los rectores, ya no sólo por su experiencia, que la tiene y mucha, sino en relación al control del funcionamiento del cuerpo electoral.

Una de las cosas que se le critica al CNE actual es el manejo irregular de los procesos informáticos alrededor del acto de votaciones y transmisión y consolidación de la data electrónica. Independientemente de que no creo que este sistema sea vulnerable, es preciso garantizar toda la transparencia posible.

Recordemos aquello de que no basta con que la mujer del César sea honesta sino que además tiene que parecerlo. Llamo la atención de los partidos de oposición integrantes de la mesa de diálogo nacional y también de los representantes del gobierno, para que se investigue a fondo esta situación y se efectúen los correctivos a que haya lugar o, de no ser cierto lo que muchos señalan, se disipen las dudas existentes por el bien del CNE, de los involucrados y de las elecciones por venir.

Dic 11, 2019 | Actualizado hace 2 meses

Algunos dirán que es una pérdida de tiempo presentar escenarios políticos futuros, pues la política depende de tantas circunstancias y fuerzas, que prácticamente es imposible predecir lo que va a suceder. No dejan de tener cierta razón. La política no es una ciencia y por lo tanto no responde a leyes precisas y determinadas, que nos permitan saber exactamente lo que va a suceder. Sin embargo, no podemos caer en el otro extremo y afirmar que no existan causalidades en el desarrollo de las situaciones políticas, ni que no se pueda hacer ciertas predicciones en torno a lo que va a ocurrir, si las cosas marchan en la misma dirección en que han venido marchando.

Con esta consideración en mente es que nos atreveremos a señalar algunos escenarios futuros posibles, unos más probables que otros, pero todos ellos producto de lo que viene ocurriendo por lo menos desde enero de este año, cuando se auto juramentó Juan Guaidó como Primer Mandatario y expuso su ya fracasada línea política para el corto plazo: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En ese momento fue muy claro, y así lo hicimos saber en nuestros artículos, que la oposición extremista no había aprendido nada de 20 años de estrepitosos fracasos ni tampoco de sus escasos y puntuales éxitos. Predijimos el fracaso ocurrido.

El inmediatismo, la impaciencia, el voluntarismo, la subestimación del adversario y la ausencia de auto crítica producto de la soberbia, seguían estando presentes en aquel momento y siendo fundamentales en la conducta de la dirigencia opositora, principalmente de Voluntad Popular, un sector de Primero Justicia, Vente Venezuela y los “líderes” del exilio dorado. Repitieron sus errores como si no se tratara de seres pensantes sino entes arrastrados por reflejos y fuerzas innatas, que nada tiene que ver con el aprendizaje. Lo insólito es que así continúan, tratando de romper una pared de concreto dándole cabezazos.

Pero el mayor problema no es ése. No sería lo más importante que se rompieran las cabezas con su actitud absurda, pues en todo caso serían sus cabezas. El inconveniente es que no son sólo sus cabezas las que sufren, sino que han prolongado innecesariamente el sufrimiento de la nación venezolana, entre otras cosas porque realmente no les interesa el destino de la población ni de la República, sino la satisfacción de sus apetencias personales y grupales, sean éstas de carácter político, social o económico. No tiene como motivación la salud de la república, el desarrollo del país ni el bienestar de la gente.

Hoy mismo, con absoluta negligencia e indolencia, se niegan a aprobar en la Asamblea Nacional un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el cual será administrado eficiente y transparentemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigido a iniciar la recuperación del sistema eléctrico nacional en Zulia, Los Andes, Nueva Esparta y Caracas. El mismo Maduro aceptó las condiciones de la CAF, que exigió que la AN tenía que aprobarlo y que su administración no la haría el gobierno nacional. Los diputados opositores extremistas, supuestos representantes del pueblo que sufre los embates de los apagones, no lo aprueban pues piensan que el gobierno puede sacarle algún provecho político. No digo más.

Es claro que la candidatura de Guaidó para presidir nuevamente la AN se ha debilitado enormemente, no sólo por sus fracasos políticos sino por el lodazal de corrupción que casi lo sepulta. El gobierno, por su parte, trabaja intensamente, con los medios que conoce: el soborno y el chantaje, para impedir esa reelección y terminar de enterrar definitivamente a su principal adversario. Pienso que tendrán éxito y Guaidó no será Presidente de la AN. Por supuesto que me puedo equivocar, ya lo expresé cuando dije que las predicciones son muy difíciles por lo cambiante de la situación y las múltiples fuerzas actuantes, muchas de ellas muy poderosas como es el caso de EEUU.

Independientemente de lo que termine ocurriendo en enero en la AN, habrá elecciones parlamentarias el año próximo y en las mismas participarán partidos más allá de los que integran la Mesa Nacional de Diálogo. Es segura la participación de Acción Democrática y con ésta de Un Nuevo Tiempo y de una parte de Primero Justicia. Esas elecciones, con Maduro en la Presidencia, se darán con un nuevo Consejo Nacional Electoral, que será indudablemente mejor que el actual. Puede ser que no sea el mejor, pero será, repito, superior y generará mayor confianza, lo que contribuirá, junto con el fracaso de las líneas opositoras violentas y la existencia de proporcionalidad electoral, a una mayor participación electoral.

Elegiremos una nueva Asamblea Nacional plural y sin hegemonías, más democrática que la actual, que significará el inicio del proceso de normalización del país, que por supuesto seguirá teniendo sus enemigos dentro del gobierno y de los derrotados opositores, pero que se enrumbará con la vista puesta en la luz al final del túnel.

 

 

Dic 08, 2019 | Actualizado hace 2 meses

El 5 de diciembre fue establecido en Venezuela como el Día del Profesor Universitario. La escogencia se efectuó por la fecha de promulgación del Decreto-Ley de Universidades en 1958, por el gobierno provisional de Edgar  Sanabria, lo que significa que el pasado 5 de diciembre celebramos el Día de Profesor Universitario y además conmemoramos la aprobación de la Ley de Universidades, que estableció la autonomía universitaria tal y como la conocemos hoy, independientemente de las modificaciones lamentables ocurridas en el primer gobierno de Rafael Caldera. Sus preceptos autonómicos fueron recogidos en la actual Constitución de la República, aprobada en referendo popular en diciembre de 1999.

La universidad es una de las instituciones mundiales más antiguas y que aún permanecen con total vigencia, a pesar del milenio que nos separa de su creación en el mundo occidental donde vivimos. En Venezuela también se encuentra, junto con los concejos municipales, entre las instituciones más viejas existentes, aunque pareciera que quienes hoy dirigen los destinos del país están dispuestos a extinguirla. No por la vía tradicional de cerrarla e impedir su funcionamiento, sino por una vía mucho más siniestra, maligna y despiadada, la de deformarla totalmente, hacer que se pudra y así convertirla en su antítesis. Y en esta perversa tarea lo están acompañando, consciente e inconscientemente, las autoridades universitarias de turno. 

Los profesores universitarios venezolanos recibieron su día en una de las peores situaciones vividas en Venezuela en toda su historia. Sus condiciones de trabajo por el suelo, deterioro manifiesto de las actividades académicas, sueldos y condiciones de vida deplorables sueldos y una muy mermada resistencia institucional, pues desde su propio seno se conspira seriamente contra la institución universitaria y contra su comunidad docente. En el caso de la UCV, la lucha parece ser por hacer desaparecer al Instituto de Previsión de los Profesores (IPP-UCV), creado justamente por la Ley de Universidades promulgada hace más de 60 años. Una de las pocas instituciones y experiencias exitosas de autogestión universitaria, que en forma insólita quieren hacer desaparecer tirios y troyanos. 

En los últimos 15 años, ha sido asediado fuertemente por la avaricia de las autoridades gubernamentales del sector, empeñadas en despojarla de sus legítimos recursos, para utilizarlos en el negocio de las aseguradoras y los seguros. Son muchas las vías utilizadas y los intentos para apropiarse de las millonarias sumas de la previsión social universitaria y colocarlas en manos muy diestras en el arte de la apropiación indebida y el enriquecimiento ilícito. Al IPP-UCV, como al resto de los organismos de previsión social de las universidades, se les ha arrebatado recursos que constituyen parte del sueldo de los profesores, con la intención de llevarlos a la quiebra y entonces poder tomarlos con mayor facilidad. Se les ha amenazado legal y judicialmente en diferentes formas, pero hasta ahora han resistido.  

Pero los enemigos mayores parecen estar adentro. Hace poco, la UCV compró, con los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Profesores, generado por sus cotizaciones desde 1975, un instituto médico asistencial (CEDIVI), por el que pagó 4 millones de dólares, pese a que su avalúo había sido por sólo 1,2 millones. Un sobreprecio de casi $ 3 millones, que en los bolsillos de algunos de los negociadores deben estar. La compra se hizo sin aprobación del Consejo Universitario y contraviniendo las normas que colocan estas decisiones en una comisión mixta entre la UCV y el gremio docente. No contentos con estas acciones claramente cuestionables, como regalo a los profesores en su día, se pretendía cambiar el eficaz seguro auto administrado del IPP-UCV por la contratación de un seguro privado en dólares, que desmejora el existente. ¡Sigue el negocio!

Pareciera que algunos de quienes dentro de la UCV saben que se tienen que ir, están procurándose suficientes fondos para un retiro tranquilo y en el exterior.         

@LFuenmayorToro

Dic 04, 2019 | Actualizado hace 2 meses

En castellano, que, guste o no, es el idioma que hablamos, los diminutivos pueden utilizarse como expresión cariñosa, cordial, cálida y afectuosa, o pueden también recurrirse a ellos como forma de expresar desprecio, ofensa, descrédito y burla. Sólo el contexto en que se los utilice nos puede informar sobre el real significado de los mismos. A lo niños, usualmente se les llama usando los diminutivos de sus nombres, y ésta es una práctica amorosa y en ocasiones también para distinguirlos de algún adulto de la familia con el mismo nombre. Es corriente oír llamar a los varones Samuelito en vez de Samuel, Fernandito en lugar de Fernando, Gustavito en vez de Gustavo. Lo mismo ocurre con las hembras: Juanita, Carmencita, Teresita… 

Los venezolanos somos particularmente afectos al uso de los diminutivos en nuestras conversaciones usuales. Coloquialmente hablamos de un niñito, de un pedacito de torta, de andar despacito, de un juguetico, de un perrito… Pedimos una hojita de papel, un lapicito, una copita de vino, un cafecito, un permisito por favor. En todos estos casos se trata de una forma de suavizar el lenguaje, como ocurre cuando se nos reclama “y por qué no te pusiste una corbatica” o se habla de un viejito en lugar de un viejo. En otras ocasiones el diminutivo puede prestarse a dudas en relación con determinar la intención de quien lo utiliza, aunque, repito, la situación en la que se da su uso generalmente nos lo aclara. A este tipo pertenecen diminutivos como doctorcito, gordito y otros por el estilo.  

Pero, existe también el claro uso despectivo de los diminutivos. Cuando hablamos de una mujercita o de un hombrecito, le estamos dando al diminutivo un carácter peyorativo. Y eso es lo que ocurre cuando a la Mesa Nacional de Diálogo la llaman la “mesita”. Se pretende disminuirla ante otras reuniones de diálogo entre la oposición extremista y el gobierno, que supuestamente serían las “verdaderas mesas de diálogo, o quizás debamos llamarlas las “mesotas”. Aunque éstas no hayan servido para nada en el sentido de arrancarle algo al gobierno. Es decir, los fracasados de Santo Domingo y de Barbados, para no hablar de los otros diálogos también fracasados en que participaron, quienes han permitido con su estupidez e incapacidad que Maduro se atornille en el poder, creen tener el derecho de descalificar y ridiculizar a los otros. 

Los ridículos burlándose de supuestas ridiculeces. Quienes deberían tener vergüenza de asomar sus caras, luego del estrepitoso fracaso de sus políticas aventureras; los verdaderos colaboracionistas del régimen se permiten, con un cinismo de igual magnitud o mayor que el de Maduro, descalificar a quienes han logrado mucho más que ellos en mucho menor tiempo. Esto es más que inaudito, es grotesco y bochornoso. No existe en este momento ninguna otra mesa con la cual comparar a la Mesa Nacional de Diálogo. El único diálogo formal existente, con sus problemas y altibajos, es el de los partidos MAS, Soluciones, Avanzada Progresista, Cambiemos y Esperanza por el Cambio de Bertucci, con los representantes del gobierno. Diálogo que se da porque todos los venezolanos tienen derecho de participar en la política y ésta no es monopolio de nadie. Por lo menos todavía.

¿Quién se cree Julio Borges que es para enviar cartas descalificando a políticos venezolanos que actúan en el uso de sus derechos? ¿Por qué mejor no explica cómo financia los gastos en su mansión de Bogotá? ¿Quién le paga? ¿Por qué no envía una carta y le rinde cuentas al país, sobre cómo se han administrado los millones de dólares dados para la ayuda humanitaria? Pareciera que lo que quieren ahora es eternizar la situación actual, para seguir recibiendo millonarios recursos del Departamento de Estado y seguir, además, apropiándose de los recursos de CITGO. Debe ser muy sabroso para todos ellos, Guaidó incluido, poder disponer de millones de dólares para comprar conciencias, pagar mercenarios, organizar sus marchas, tener costosos vehículos y guardaespaldas y vivir con gran lujo. Nada que ver con las graves limitaciones y sufrimientos del pueblo venezolano. 

En este momento, y excluyendo a los altos funcionarios del gobierno, quienes más se benefician de que Maduro siga en la Presidencia de la República son esos opositores que reciben millones de dólares de EEUU, para supuestamente desestabilizar al gobierno. Los venezolanos deben percatarse de esta siniestra realidad. El extremismo opositor tiene un jugoso negocio que se perdería si Maduro deja de ser Presidente.   

 

@LFuenmayorToro

De los dineros del Estado venezolano se ha enriquecido casi toda la llamada clase política venezolana. Ha hecho lo mismo que la casi todos los grandes empresarios venezolanos, quienes se desarrollaron a partir de los grandes negocios con el Estado. No es extraño que así haya ocurrido, pues en Venezuela la riqueza, luego del advenimiento del petróleo, ha sido casi exclusivamente estatal.

Si analizamos desde 1958, en los dos momentos de gran acumulación ocurridos se han fortalecido los capitales existentes y se dio paso a nuevos grupos burgueses: los identificados con Carlos Andrés Pérez y recientemente los generados alrededor de Hugo Chávez Frías y sus herederos. Nada nuevo sobre la tierra.

En el caso de la corrupción, que involucra la dilapidación y sustracción de recursos públicos por parte de los funcionarios, con participación privada, los mecanismos instrumentados en este largo período fueron alrededor del control (¿descontrol?) de cambios y de los contratos de importación con el gobierno. Nada diferencia a las administraciones adeco copeyanas y chavecistas en esta materia.

Ambas actuaron en el mismo sentido, tanto en la instrumentación de un modelo económico basado nada más en la producción de combustible fósil sin mayor valor agregado, como en el reparto de las riquezas generadas por la vía de la adjudicación de divisas y de los contratos. Otras explicaciones son simple cháchara.

Era entonces muy fácil saber lo que iba a ocurrir con los partidos opositores de la Asamblea y su dirigencia, una vez autoproclamado Guaidó como doble presidente, de la Asamblea y de la República, con el respaldo total del gobierno estadounidense.

Su acceso a los activos venezolanos en el exterior, CITGO entre ellos, y al financiamiento gringo de todas sus actividades políticas, sin control de nadie y con el beneplácito de una parte de la población venezolana, necesariamente tenía que conducir a la entronización de la corrupción como actividad fundamental de esta “clase” política. Así lo dije desde el mismo momento que se habló de “ayuda humanitaria” y de asumir el control de CITGO. “Zamuros cuidando carne”, pensé.

Por todo eso, no me extrañó la francachela del diputado Superlano en Cúcuta, ni que le hubieran robado 250 mil dólares destinados a la ayuda humanitaria, hechos reseñados públicamente por la prensa y confirmados por Calderón Berti en su informe. Tampoco me sorprendí de que unos rateros designados por Guaidó hubieran hecho negocitos, con el dinero destinado a mantener a los militares venezolanos sedicentes en Cúcuta. Un periodista conocido, serio hasta donde sé, llegó a increparme y casi a defender estas atrocidades exigiéndome pruebas, cuando lo que hice fue denunciar hechos que requerían una investigación y deducir que ésta sería la conducta de toda esa mafia de politiqueros corruptos. Ahora tiene las pruebas.

Otro tanto pasó luego con los bonos que fueron legalizados por la propia AN que los había declarado ilegales. Y luego vino CITGO y la designación ilegal de su directiva y su manejo discrecional por la banda de Guaidó. Pero no contentos con esto, con el mayor cinismo posible designaron como Procurador Especial para defender CITGO al abogado utilizado por la empresa que nos la quiere arrebatar.

Prevaricación se llama eso y es penado en todos los países del mundo. Pero aquí, callan todos los líderes opositores y muchos de sus seguidores, abogados algunos que en el pasado enfrentaban este tipo de depravaciones. Y allí está el señor Hernández, protegido y actuando en los futuros grandes negocios de la reconducción de la deuda y los empréstitos, que ya saborean.

Nada me extrañó entonces la destitución de Calderón Berti luego de su informe, persona a quien no conozco ni tengo cerca política ni ideológicamente, pero cuyas declaraciones son más que claras para quienes quieran ver. No es el Fiscal General de Maduro quien lo dice; es un hombre de ellos mismos y a confesión de parte, relevo de pruebas. No me equivoqué entonces al vaticinar todo este desastre. Ni al decir, como hoy repito, que si son éstos quienes van a salvar al país, Dios salve a Venezuela.             

Ha transcurrido casi un año desde que la oposición de la Asamblea Nacional presentó a los venezolanos la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Para ello se llamó a manifestaciones públicas de calle, se organizaron acciones puntuales de grupos violentos (guarimbas) y actividades golpistas y se trabajó en función de lograr apoyo internacional, principalmente de EEUU y sus gobiernos adláteres en la región y de la comunidad europea.

Hubo inicialmente nutridas marchas en todo el país, que sin embargo nunca fueron como las ocurridas en 2001 y 2002. También se produjo la violencia de baja intensidad ejercida por grupos juveniles dirigidos por mercenarios, pero lo que avanzó mucho más fue la acción internacional, con el reconocimiento a Juan Guaidó como Presidente de la República de más de 50 países, la creación del grupo injerencista de Lima y sobre todo la imposición de sanciones económicas por parte de EEUU.

El gobierno respondió convocando a las calles a sus partidarios, para lo cual utilizó su control de la administración pública y los recursos del Estado; reprimiendo fuertemente las acciones violentas de calle e interfiriendo y limitando también las protestas pacíficas, militarizando las principales ciudades, judicializando la represión contra sus adversarios y desatando una costosa acción propagandística digna de mejores causas.

Adicionalmente, fue tomando medidas de liberación del mercado, que lo han llevado al extremo de permitir y defender una dolarización anárquica de la economía y un mercado prácticamente sin ningún control estatal. Ha reducido la emisión de circulante y ha tratado, con muchas dificultades, de mantener algunos programas sociales, principalmente los de ayuda alimentaria a la población, para los cuales está muy lejos de tener las divisas que tuvo, y ha manejado intensamente sus relaciones internacionales.

 

Luego de casi un año de lucha los adversarios no han podido acumular suficientes fuerzas para derrotar al contrario. Las marchas opositoras se han venido reduciendo, lo cual también le ha pasado a las movilizaciones gubernamentales, situación que indica un resquebrajamiento de los apoyos y de la obediencia. El golpe de Estado no se ha producido, a pesar del insistente trabajo interno y externo efectuado para seducir a la FANB, y la anunciada invasión militar extranjera tampoco y está hoy aparentemente más lejos que nunca.

 

Hay que responsablemente señalar que esa política está hoy totalmente fracasada. El gobierno, por su parte, tampoco ha sido exitoso. Su respaldo popular sigue muy disminuido, no ha podido conjurar la crisis ni ha logrado derrotar a la oposición extremista, hecho más que evidente si vemos la libertad total con la que se mueve Juan Guaidó en todo el territorio nacional.

Hay un empate técnico entre estas fuerzas polarizadas y la única derrotada ha sido la nación venezolana, arruinada por ambos sectores y sin futuro claro a la vista, con excepción de la valiente iniciativa tomada por cinco partidos de la oposición democrática, que asumieron la constitución de una mesa de diálogo nacional con el Ejecutivo. Ésta, a pesar de la lentitud gubernamental en la toma de sus decisiones, ha ido avanzando positivamente en forma constante y, guste o no guste, quiérase o no, tiene resultados cualitativamente mayores que los diálogos de Santo Domingo y de Barbados. “No terminarán en nada”, dicen algunos iluminados. Puede ser. Está dentro de lo posible.

Pero prefiero trabajar para que termine con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral más equilibrado, el establecimiento de la representación proporcional constitucional y la realización de las elecciones venideras dentro de un marco de equidad, participación total y transparencia.

 

@LFuenmayorToro

Nov 20, 2019 | Actualizado hace 2 meses

No voy a escribir sobre las diferentes concepciones de lo que es “la política”, las definiciones que aparecen en diferentes textos, las caracterizaciones que distintos autores, especializados en el tema, hacen al respecto, muchas veces tratando de hacer sublime algo que está mucho más dentro de la cotidianidad que lo que la gente cree. Hace más de 50 años, un compañero de estudios de medicina en la Escuela José M. Vargas de la UCV, militante de la juventud comunista, de padre comunista, involucrado en actividades subversivas con lo que se conoció como el FLN-FALN, utilizó unas pocas palabras para definirme lo que era la política, a las cuales mi experiencia de décadas en la lucha política, mi relación con líderes políticos nacionales e internacionales y el desempeño tenido en cargos de naturaleza política, no le han agregado mucho más.

“La política es el arte de la lucha por la toma del poder”. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y la vida me ha enseñado que es eso y más nada. Alrededor de esa lucha, de ese deseo de tomar el poder, de esas ambiciones si se quiere, se construye todo un aparataje ideológico, que pretende justificar esa “toma del poder”. Algunos señalan cuestiones de carácter humanitario para explicar sus motivaciones: la lucha contra la miseria, contra las injusticias, por la igualdad de los seres humanos, a favor de los marginados sociales, por los derechos de los excluidos, por tener una patria grande, libre y soberana; por acabar con el tutelaje extranjero y cuanta cosa pueda ocurrírseles a los protagonistas de ese proceso de luchas por la toma del poder. Para saber si quienes afirman estas cosas dicen la verdad o si mienten para conseguir los apoyos necesarios, hay que esperar a que ejerzan el poder.

Se trata de la toma del poder, o de su mantenimiento una vez tomado, a como dé lugar. Luego aparecerán las explicaciones, o mejor las racionalizaciones, de los actores del proceso. En su desarrollo, la gente, los políticos, pueden llegar a hacer cosas muy perversas contra sus congéneres, contra sus amigos, sus compadres, incluso sus familiares consanguíneos más cercanos. El razonamiento lógico no pasa a un segundo sino a un último lugar. Casi se aplica aquella máxima (no voy a entrar en la discusión de su origen) de que “el fin justifica los medios”.

Las verdades desaparecen, realmente no importan, lo que importa es el interés de fortalecer y respaldar las posiciones y las acciones de mis aliados, simpatizantes, amigos, correligionarios, camaradas o compañeros. Todo el que piense como yo será apoyado y aplaudido, quien no lo haga será rechazado y condenado.

 

Es por esta razón, que alrededor de un hecho muy simple de ser comprendido y juzgado aparecen las opiniones más diversas y contradictorias y las explicaciones más esotéricas, sin ninguna relación con la verdad. En algunos casos, no necesariamente mayoritarios en número, los historiadores logran aclarar algo lo ocurrido, pero sólo cuando ya los sucesos son muy pero muy lejanos y por tanto no impactan en los procesos actuales. Mientras tengan influencia en lo que hoy sucede, la objetividad estará muy cuestionada. A ello obedecen explicaciones como la del “vacío de poder” del 12 de abril de 2002 en Venezuela, decretado incluso por el TSJ de la época, y la de la suspensión por el CNE del referendo revocatorio de 2016, luego de una sentencia de 6 tribunales penales de primera instancia, totalmente incompetentes para ir contra una decisión de un poder nacional como el electoral.

No hay manera legal ni lógica posible para justificar ninguno de estos dos actos. Ambos fueron una clara y grave violación de la Constitución y las leyes, pero sus ejecutores y quienes los siguen no aceptarán jamás que fue una arbitrariedad monstruosa, contraria a toda lógica, a la democracia y a los intereses de la mayoría de la población y de la nación venezolana. Y como estos hechos hay muchísimos otros, nacionales y extranjeros, que tienen exactamente las mismas características. Nombro algunos recientes por su importancia: la declaratoria del desacato de la AN por el TSJ, el desconocimiento de la elección de Nicolás Maduro como Presidente en 2018, la auto designación de Guaidó como Presidente de dos poderes, el inconstitucional poder comunal.

Y si nos vamos al análisis de la situación política internacional, la situación lejos de mejorar empeora. Evo Morales no ha debido ser candidato pero lo fue y ganó con por lo menos 9 por ciento de ventaja. La auditoría, instrumento que se utiliza precisamente para detectar irregularidades que hagan dudar de los resultados, hizo su trabajo y dio una recomendación, la cual fue acatada por Morales. Hasta allí las cosas marchaban dentro de la institucionalidad vigente. Lo que vino después fue un golpe de Estado, tan claro como el de 2002 en Venezuela.

Pero supongamos que estamos equivocados y que todo lo ocurrido lo tiene bien merecido el presidente Evo y, por tanto, su renuncia es lo mejor que podía ocurrir. ¿Qué dice la Constitución? Le corresponde asumir al Vicepresidente, quien también renunció, por lo que le toca a quien presida el Senado de la República.

 

Pero no. Los opositores tuvieron suficiente fuerza para evitar esto y designaron a la segunda vicepresidente del Senado, quien ya nombró un nuevo Estado mayor militar y a sus ministros. Todo ello inconstitucional, pero se impone por la fuerza de las armas y lo apoyan en Venezuela quienes condenan a Maduro por imponerse por las fuerzas de las armas. La contradicción es más que evidente para quienes tengan todavía algo de pensamiento lógico, pero para el común de los opositores extremistas venezolanos no es así. Volvemos entonces al principio de este artículo: lo que importa es que el poder lo tomó el amigo o aliado y no el amigo de mi adversario. No se razona, la verdad no importa ni tiene ningún sentido conocerla.  

@LFuenmayorToro