Luis Fuenmayor Toro, autor en Runrun

Dic 08, 2019 | Actualizado hace 1 día

El 5 de diciembre fue establecido en Venezuela como el Día del Profesor Universitario. La escogencia se efectuó por la fecha de promulgación del Decreto-Ley de Universidades en 1958, por el gobierno provisional de Edgar  Sanabria, lo que significa que el pasado 5 de diciembre celebramos el Día de Profesor Universitario y además conmemoramos la aprobación de la Ley de Universidades, que estableció la autonomía universitaria tal y como la conocemos hoy, independientemente de las modificaciones lamentables ocurridas en el primer gobierno de Rafael Caldera. Sus preceptos autonómicos fueron recogidos en la actual Constitución de la República, aprobada en referendo popular en diciembre de 1999.

La universidad es una de las instituciones mundiales más antiguas y que aún permanecen con total vigencia, a pesar del milenio que nos separa de su creación en el mundo occidental donde vivimos. En Venezuela también se encuentra, junto con los concejos municipales, entre las instituciones más viejas existentes, aunque pareciera que quienes hoy dirigen los destinos del país están dispuestos a extinguirla. No por la vía tradicional de cerrarla e impedir su funcionamiento, sino por una vía mucho más siniestra, maligna y despiadada, la de deformarla totalmente, hacer que se pudra y así convertirla en su antítesis. Y en esta perversa tarea lo están acompañando, consciente e inconscientemente, las autoridades universitarias de turno. 

Los profesores universitarios venezolanos recibieron su día en una de las peores situaciones vividas en Venezuela en toda su historia. Sus condiciones de trabajo por el suelo, deterioro manifiesto de las actividades académicas, sueldos y condiciones de vida deplorables sueldos y una muy mermada resistencia institucional, pues desde su propio seno se conspira seriamente contra la institución universitaria y contra su comunidad docente. En el caso de la UCV, la lucha parece ser por hacer desaparecer al Instituto de Previsión de los Profesores (IPP-UCV), creado justamente por la Ley de Universidades promulgada hace más de 60 años. Una de las pocas instituciones y experiencias exitosas de autogestión universitaria, que en forma insólita quieren hacer desaparecer tirios y troyanos. 

En los últimos 15 años, ha sido asediado fuertemente por la avaricia de las autoridades gubernamentales del sector, empeñadas en despojarla de sus legítimos recursos, para utilizarlos en el negocio de las aseguradoras y los seguros. Son muchas las vías utilizadas y los intentos para apropiarse de las millonarias sumas de la previsión social universitaria y colocarlas en manos muy diestras en el arte de la apropiación indebida y el enriquecimiento ilícito. Al IPP-UCV, como al resto de los organismos de previsión social de las universidades, se les ha arrebatado recursos que constituyen parte del sueldo de los profesores, con la intención de llevarlos a la quiebra y entonces poder tomarlos con mayor facilidad. Se les ha amenazado legal y judicialmente en diferentes formas, pero hasta ahora han resistido.  

Pero los enemigos mayores parecen estar adentro. Hace poco, la UCV compró, con los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Profesores, generado por sus cotizaciones desde 1975, un instituto médico asistencial (CEDIVI), por el que pagó 4 millones de dólares, pese a que su avalúo había sido por sólo 1,2 millones. Un sobreprecio de casi $ 3 millones, que en los bolsillos de algunos de los negociadores deben estar. La compra se hizo sin aprobación del Consejo Universitario y contraviniendo las normas que colocan estas decisiones en una comisión mixta entre la UCV y el gremio docente. No contentos con estas acciones claramente cuestionables, como regalo a los profesores en su día, se pretendía cambiar el eficaz seguro auto administrado del IPP-UCV por la contratación de un seguro privado en dólares, que desmejora el existente. ¡Sigue el negocio!

Pareciera que algunos de quienes dentro de la UCV saben que se tienen que ir, están procurándose suficientes fondos para un retiro tranquilo y en el exterior.         

@LFuenmayorToro

Dic 04, 2019 | Actualizado hace 5 días

En castellano, que, guste o no, es el idioma que hablamos, los diminutivos pueden utilizarse como expresión cariñosa, cordial, cálida y afectuosa, o pueden también recurrirse a ellos como forma de expresar desprecio, ofensa, descrédito y burla. Sólo el contexto en que se los utilice nos puede informar sobre el real significado de los mismos. A lo niños, usualmente se les llama usando los diminutivos de sus nombres, y ésta es una práctica amorosa y en ocasiones también para distinguirlos de algún adulto de la familia con el mismo nombre. Es corriente oír llamar a los varones Samuelito en vez de Samuel, Fernandito en lugar de Fernando, Gustavito en vez de Gustavo. Lo mismo ocurre con las hembras: Juanita, Carmencita, Teresita… 

Los venezolanos somos particularmente afectos al uso de los diminutivos en nuestras conversaciones usuales. Coloquialmente hablamos de un niñito, de un pedacito de torta, de andar despacito, de un juguetico, de un perrito… Pedimos una hojita de papel, un lapicito, una copita de vino, un cafecito, un permisito por favor. En todos estos casos se trata de una forma de suavizar el lenguaje, como ocurre cuando se nos reclama “y por qué no te pusiste una corbatica” o se habla de un viejito en lugar de un viejo. En otras ocasiones el diminutivo puede prestarse a dudas en relación con determinar la intención de quien lo utiliza, aunque, repito, la situación en la que se da su uso generalmente nos lo aclara. A este tipo pertenecen diminutivos como doctorcito, gordito y otros por el estilo.  

Pero, existe también el claro uso despectivo de los diminutivos. Cuando hablamos de una mujercita o de un hombrecito, le estamos dando al diminutivo un carácter peyorativo. Y eso es lo que ocurre cuando a la Mesa Nacional de Diálogo la llaman la “mesita”. Se pretende disminuirla ante otras reuniones de diálogo entre la oposición extremista y el gobierno, que supuestamente serían las “verdaderas mesas de diálogo, o quizás debamos llamarlas las “mesotas”. Aunque éstas no hayan servido para nada en el sentido de arrancarle algo al gobierno. Es decir, los fracasados de Santo Domingo y de Barbados, para no hablar de los otros diálogos también fracasados en que participaron, quienes han permitido con su estupidez e incapacidad que Maduro se atornille en el poder, creen tener el derecho de descalificar y ridiculizar a los otros. 

Los ridículos burlándose de supuestas ridiculeces. Quienes deberían tener vergüenza de asomar sus caras, luego del estrepitoso fracaso de sus políticas aventureras; los verdaderos colaboracionistas del régimen se permiten, con un cinismo de igual magnitud o mayor que el de Maduro, descalificar a quienes han logrado mucho más que ellos en mucho menor tiempo. Esto es más que inaudito, es grotesco y bochornoso. No existe en este momento ninguna otra mesa con la cual comparar a la Mesa Nacional de Diálogo. El único diálogo formal existente, con sus problemas y altibajos, es el de los partidos MAS, Soluciones, Avanzada Progresista, Cambiemos y Esperanza por el Cambio de Bertucci, con los representantes del gobierno. Diálogo que se da porque todos los venezolanos tienen derecho de participar en la política y ésta no es monopolio de nadie. Por lo menos todavía.

¿Quién se cree Julio Borges que es para enviar cartas descalificando a políticos venezolanos que actúan en el uso de sus derechos? ¿Por qué mejor no explica cómo financia los gastos en su mansión de Bogotá? ¿Quién le paga? ¿Por qué no envía una carta y le rinde cuentas al país, sobre cómo se han administrado los millones de dólares dados para la ayuda humanitaria? Pareciera que lo que quieren ahora es eternizar la situación actual, para seguir recibiendo millonarios recursos del Departamento de Estado y seguir, además, apropiándose de los recursos de CITGO. Debe ser muy sabroso para todos ellos, Guaidó incluido, poder disponer de millones de dólares para comprar conciencias, pagar mercenarios, organizar sus marchas, tener costosos vehículos y guardaespaldas y vivir con gran lujo. Nada que ver con las graves limitaciones y sufrimientos del pueblo venezolano. 

En este momento, y excluyendo a los altos funcionarios del gobierno, quienes más se benefician de que Maduro siga en la Presidencia de la República son esos opositores que reciben millones de dólares de EEUU, para supuestamente desestabilizar al gobierno. Los venezolanos deben percatarse de esta siniestra realidad. El extremismo opositor tiene un jugoso negocio que se perdería si Maduro deja de ser Presidente.   

 

@LFuenmayorToro

Dic 01, 2019 | Actualizado hace 1 semana

De los dineros del Estado venezolano se ha enriquecido casi toda la llamada clase política venezolana. Ha hecho lo mismo que la casi todos los grandes empresarios venezolanos, quienes se desarrollaron a partir de los grandes negocios con el Estado. No es extraño que así haya ocurrido, pues en Venezuela la riqueza, luego del advenimiento del petróleo, ha sido casi exclusivamente estatal.

Si analizamos desde 1958, en los dos momentos de gran acumulación ocurridos se han fortalecido los capitales existentes y se dio paso a nuevos grupos burgueses: los identificados con Carlos Andrés Pérez y recientemente los generados alrededor de Hugo Chávez Frías y sus herederos. Nada nuevo sobre la tierra.

En el caso de la corrupción, que involucra la dilapidación y sustracción de recursos públicos por parte de los funcionarios, con participación privada, los mecanismos instrumentados en este largo período fueron alrededor del control (¿descontrol?) de cambios y de los contratos de importación con el gobierno. Nada diferencia a las administraciones adeco copeyanas y chavecistas en esta materia.

Ambas actuaron en el mismo sentido, tanto en la instrumentación de un modelo económico basado nada más en la producción de combustible fósil sin mayor valor agregado, como en el reparto de las riquezas generadas por la vía de la adjudicación de divisas y de los contratos. Otras explicaciones son simple cháchara.

Era entonces muy fácil saber lo que iba a ocurrir con los partidos opositores de la Asamblea y su dirigencia, una vez autoproclamado Guaidó como doble presidente, de la Asamblea y de la República, con el respaldo total del gobierno estadounidense.

Su acceso a los activos venezolanos en el exterior, CITGO entre ellos, y al financiamiento gringo de todas sus actividades políticas, sin control de nadie y con el beneplácito de una parte de la población venezolana, necesariamente tenía que conducir a la entronización de la corrupción como actividad fundamental de esta “clase” política. Así lo dije desde el mismo momento que se habló de “ayuda humanitaria” y de asumir el control de CITGO. “Zamuros cuidando carne”, pensé.

Por todo eso, no me extrañó la francachela del diputado Superlano en Cúcuta, ni que le hubieran robado 250 mil dólares destinados a la ayuda humanitaria, hechos reseñados públicamente por la prensa y confirmados por Calderón Berti en su informe. Tampoco me sorprendí de que unos rateros designados por Guaidó hubieran hecho negocitos, con el dinero destinado a mantener a los militares venezolanos sedicentes en Cúcuta. Un periodista conocido, serio hasta donde sé, llegó a increparme y casi a defender estas atrocidades exigiéndome pruebas, cuando lo que hice fue denunciar hechos que requerían una investigación y deducir que ésta sería la conducta de toda esa mafia de politiqueros corruptos. Ahora tiene las pruebas.

Otro tanto pasó luego con los bonos que fueron legalizados por la propia AN que los había declarado ilegales. Y luego vino CITGO y la designación ilegal de su directiva y su manejo discrecional por la banda de Guaidó. Pero no contentos con esto, con el mayor cinismo posible designaron como Procurador Especial para defender CITGO al abogado utilizado por la empresa que nos la quiere arrebatar.

Prevaricación se llama eso y es penado en todos los países del mundo. Pero aquí, callan todos los líderes opositores y muchos de sus seguidores, abogados algunos que en el pasado enfrentaban este tipo de depravaciones. Y allí está el señor Hernández, protegido y actuando en los futuros grandes negocios de la reconducción de la deuda y los empréstitos, que ya saborean.

Nada me extrañó entonces la destitución de Calderón Berti luego de su informe, persona a quien no conozco ni tengo cerca política ni ideológicamente, pero cuyas declaraciones son más que claras para quienes quieran ver. No es el Fiscal General de Maduro quien lo dice; es un hombre de ellos mismos y a confesión de parte, relevo de pruebas. No me equivoqué entonces al vaticinar todo este desastre. Ni al decir, como hoy repito, que si son éstos quienes van a salvar al país, Dios salve a Venezuela.             

Ha transcurrido casi un año desde que la oposición de la Asamblea Nacional presentó a los venezolanos la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Para ello se llamó a manifestaciones públicas de calle, se organizaron acciones puntuales de grupos violentos (guarimbas) y actividades golpistas y se trabajó en función de lograr apoyo internacional, principalmente de EEUU y sus gobiernos adláteres en la región y de la comunidad europea.

Hubo inicialmente nutridas marchas en todo el país, que sin embargo nunca fueron como las ocurridas en 2001 y 2002. También se produjo la violencia de baja intensidad ejercida por grupos juveniles dirigidos por mercenarios, pero lo que avanzó mucho más fue la acción internacional, con el reconocimiento a Juan Guaidó como Presidente de la República de más de 50 países, la creación del grupo injerencista de Lima y sobre todo la imposición de sanciones económicas por parte de EEUU.

El gobierno respondió convocando a las calles a sus partidarios, para lo cual utilizó su control de la administración pública y los recursos del Estado; reprimiendo fuertemente las acciones violentas de calle e interfiriendo y limitando también las protestas pacíficas, militarizando las principales ciudades, judicializando la represión contra sus adversarios y desatando una costosa acción propagandística digna de mejores causas.

Adicionalmente, fue tomando medidas de liberación del mercado, que lo han llevado al extremo de permitir y defender una dolarización anárquica de la economía y un mercado prácticamente sin ningún control estatal. Ha reducido la emisión de circulante y ha tratado, con muchas dificultades, de mantener algunos programas sociales, principalmente los de ayuda alimentaria a la población, para los cuales está muy lejos de tener las divisas que tuvo, y ha manejado intensamente sus relaciones internacionales.

 

Luego de casi un año de lucha los adversarios no han podido acumular suficientes fuerzas para derrotar al contrario. Las marchas opositoras se han venido reduciendo, lo cual también le ha pasado a las movilizaciones gubernamentales, situación que indica un resquebrajamiento de los apoyos y de la obediencia. El golpe de Estado no se ha producido, a pesar del insistente trabajo interno y externo efectuado para seducir a la FANB, y la anunciada invasión militar extranjera tampoco y está hoy aparentemente más lejos que nunca.

 

Hay que responsablemente señalar que esa política está hoy totalmente fracasada. El gobierno, por su parte, tampoco ha sido exitoso. Su respaldo popular sigue muy disminuido, no ha podido conjurar la crisis ni ha logrado derrotar a la oposición extremista, hecho más que evidente si vemos la libertad total con la que se mueve Juan Guaidó en todo el territorio nacional.

Hay un empate técnico entre estas fuerzas polarizadas y la única derrotada ha sido la nación venezolana, arruinada por ambos sectores y sin futuro claro a la vista, con excepción de la valiente iniciativa tomada por cinco partidos de la oposición democrática, que asumieron la constitución de una mesa de diálogo nacional con el Ejecutivo. Ésta, a pesar de la lentitud gubernamental en la toma de sus decisiones, ha ido avanzando positivamente en forma constante y, guste o no guste, quiérase o no, tiene resultados cualitativamente mayores que los diálogos de Santo Domingo y de Barbados. “No terminarán en nada”, dicen algunos iluminados. Puede ser. Está dentro de lo posible.

Pero prefiero trabajar para que termine con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral más equilibrado, el establecimiento de la representación proporcional constitucional y la realización de las elecciones venideras dentro de un marco de equidad, participación total y transparencia.

 

@LFuenmayorToro

Nov 20, 2019 | Actualizado hace 3 semanas

No voy a escribir sobre las diferentes concepciones de lo que es “la política”, las definiciones que aparecen en diferentes textos, las caracterizaciones que distintos autores, especializados en el tema, hacen al respecto, muchas veces tratando de hacer sublime algo que está mucho más dentro de la cotidianidad que lo que la gente cree. Hace más de 50 años, un compañero de estudios de medicina en la Escuela José M. Vargas de la UCV, militante de la juventud comunista, de padre comunista, involucrado en actividades subversivas con lo que se conoció como el FLN-FALN, utilizó unas pocas palabras para definirme lo que era la política, a las cuales mi experiencia de décadas en la lucha política, mi relación con líderes políticos nacionales e internacionales y el desempeño tenido en cargos de naturaleza política, no le han agregado mucho más.

“La política es el arte de la lucha por la toma del poder”. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y la vida me ha enseñado que es eso y más nada. Alrededor de esa lucha, de ese deseo de tomar el poder, de esas ambiciones si se quiere, se construye todo un aparataje ideológico, que pretende justificar esa “toma del poder”. Algunos señalan cuestiones de carácter humanitario para explicar sus motivaciones: la lucha contra la miseria, contra las injusticias, por la igualdad de los seres humanos, a favor de los marginados sociales, por los derechos de los excluidos, por tener una patria grande, libre y soberana; por acabar con el tutelaje extranjero y cuanta cosa pueda ocurrírseles a los protagonistas de ese proceso de luchas por la toma del poder. Para saber si quienes afirman estas cosas dicen la verdad o si mienten para conseguir los apoyos necesarios, hay que esperar a que ejerzan el poder.

Se trata de la toma del poder, o de su mantenimiento una vez tomado, a como dé lugar. Luego aparecerán las explicaciones, o mejor las racionalizaciones, de los actores del proceso. En su desarrollo, la gente, los políticos, pueden llegar a hacer cosas muy perversas contra sus congéneres, contra sus amigos, sus compadres, incluso sus familiares consanguíneos más cercanos. El razonamiento lógico no pasa a un segundo sino a un último lugar. Casi se aplica aquella máxima (no voy a entrar en la discusión de su origen) de que “el fin justifica los medios”.

Las verdades desaparecen, realmente no importan, lo que importa es el interés de fortalecer y respaldar las posiciones y las acciones de mis aliados, simpatizantes, amigos, correligionarios, camaradas o compañeros. Todo el que piense como yo será apoyado y aplaudido, quien no lo haga será rechazado y condenado.

 

Es por esta razón, que alrededor de un hecho muy simple de ser comprendido y juzgado aparecen las opiniones más diversas y contradictorias y las explicaciones más esotéricas, sin ninguna relación con la verdad. En algunos casos, no necesariamente mayoritarios en número, los historiadores logran aclarar algo lo ocurrido, pero sólo cuando ya los sucesos son muy pero muy lejanos y por tanto no impactan en los procesos actuales. Mientras tengan influencia en lo que hoy sucede, la objetividad estará muy cuestionada. A ello obedecen explicaciones como la del “vacío de poder” del 12 de abril de 2002 en Venezuela, decretado incluso por el TSJ de la época, y la de la suspensión por el CNE del referendo revocatorio de 2016, luego de una sentencia de 6 tribunales penales de primera instancia, totalmente incompetentes para ir contra una decisión de un poder nacional como el electoral.

No hay manera legal ni lógica posible para justificar ninguno de estos dos actos. Ambos fueron una clara y grave violación de la Constitución y las leyes, pero sus ejecutores y quienes los siguen no aceptarán jamás que fue una arbitrariedad monstruosa, contraria a toda lógica, a la democracia y a los intereses de la mayoría de la población y de la nación venezolana. Y como estos hechos hay muchísimos otros, nacionales y extranjeros, que tienen exactamente las mismas características. Nombro algunos recientes por su importancia: la declaratoria del desacato de la AN por el TSJ, el desconocimiento de la elección de Nicolás Maduro como Presidente en 2018, la auto designación de Guaidó como Presidente de dos poderes, el inconstitucional poder comunal.

Y si nos vamos al análisis de la situación política internacional, la situación lejos de mejorar empeora. Evo Morales no ha debido ser candidato pero lo fue y ganó con por lo menos 9 por ciento de ventaja. La auditoría, instrumento que se utiliza precisamente para detectar irregularidades que hagan dudar de los resultados, hizo su trabajo y dio una recomendación, la cual fue acatada por Morales. Hasta allí las cosas marchaban dentro de la institucionalidad vigente. Lo que vino después fue un golpe de Estado, tan claro como el de 2002 en Venezuela.

Pero supongamos que estamos equivocados y que todo lo ocurrido lo tiene bien merecido el presidente Evo y, por tanto, su renuncia es lo mejor que podía ocurrir. ¿Qué dice la Constitución? Le corresponde asumir al Vicepresidente, quien también renunció, por lo que le toca a quien presida el Senado de la República.

 

Pero no. Los opositores tuvieron suficiente fuerza para evitar esto y designaron a la segunda vicepresidente del Senado, quien ya nombró un nuevo Estado mayor militar y a sus ministros. Todo ello inconstitucional, pero se impone por la fuerza de las armas y lo apoyan en Venezuela quienes condenan a Maduro por imponerse por las fuerzas de las armas. La contradicción es más que evidente para quienes tengan todavía algo de pensamiento lógico, pero para el común de los opositores extremistas venezolanos no es así. Volvemos entonces al principio de este artículo: lo que importa es que el poder lo tomó el amigo o aliado y no el amigo de mi adversario. No se razona, la verdad no importa ni tiene ningún sentido conocerla.  

@LFuenmayorToro

El tema a tocar tiene que ser el del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual es el que está en la estrategia política y en la mente de todos. Lo comenta con énfasis Maduro en sus apariciones de radiotelevisadas. Habla sobre ello Diosdado, sin las burlas y groserías que usualmente le son propias, sino con seriedad y respeto. Guaidó y el resto de esa oposición declaran sobre este aspecto constantemente, al no quedarles más remedio. Y lo hacen también los dirigentes de los partidos opositores de la mesa nacional de diálogo, a quienes se debe precisamente la actual “popularidad” del tema. Igualmente, otros actores políticos, opositores de distintas tendencias, se pronuncian al respecto y exponen sus proposiciones.

El tema ha sido incorporado en la agenda de debates de la Asamblea Nacional (AN) con la participación de los diputados del PSUV, pese a la existencia del “desacato”, figura no aplicable legalmente sino a individuos y nunca a organismos colegiados, pero vigente dada la arbitrariedad derivada del poder real del gobierno. El desacato, la invalidación del referendo revocatorio presidencial y la elección de la Constituyente, son las tres imposiciones ilegales e inconstitucionales más claras y grotescas del gobierno de Maduro, que ha sazonado con la escogencia de los magistrados “express”, la suspensión de los diputados de Amazonas y las numerosas violaciones del debido proceso judicial contra sus adversarios.

Idealmente, el CNE estaría constituido por 5 personas de prestigio: incorruptibles, imparciales política e ideológicamente, justas en sus decisiones, de pensamiento lógico, actitudes éticas, dedicadas, eficientes y con gran amor por Venezuela y su pueblo. Seguramente estas personas existen en el país y no son escasas, pero no sabemos quiénes son ni dónde están, ni mucho menos la manera de buscarlas y escogerlas. Las leyes, las normas, el trabajo del Comité de Postulaciones, no nos ayudan en este sentido, entre otras cosas porque el equipo de selección debería tener las mismas cualidades y sabemos perfectamente que no es así. Y mucho menos las tienen los diputados que los van a elegir definitivamente.

Como en la mayoría de los casos, las concepciones ideales son imposibles de llevarse a la práctica. Nunca tuvimos en el pasado adecocopeyano un organismo rector electoral ideal. Tenemos que descender a tierra, aterrizar como algunos dicen, para plantearnos consideraciones dentro de lo posible. Entendamos también que lo posible es lo que puede suceder, pero no necesariamente lo que sucederá. Habría que trabajar por un CNE designado por consenso de las fuerzas políticas actuales, que genere confianza y sea imparcial, a pesar de estar integrado por personas cercanas o con simpatías por algunas de esas fuerzas políticas. Para esto sus integrantes tendrían que ser gente seria, respetable, justa y de pensamiento lógico.

Como dijimos, muchas veces lo posible no es probable que ocurra, y nuestra situación política no es la mejor para lograr este tipo de acuerdos, sobre todo cuando de lado y lado el extremismo político trabaja para frustrar cualquier acuerdo pacífico y democrático. Y este aspecto tiene más importancia en la oposición que en el gobierno, pues éste controla a sus locos con más facilidad,  mientras los “locos” de la oposición son proporcionalmente más numerosos que los del gobierno, tienen mayor poder y dirigen actualmente la política opositora. No son mayoría, pero tienen financiamiento y respaldo extranjero y recurren a un chantaje del cual la sensatez opositora no se ha podido zafar todavía.

No sé qué hacen Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Capriles, dejándose llevar por el extremismo guaidoísta, que conjuga a Voluntad Popular y a una parte de Primero Justicia, así como a grupos y personas más sectarios y extremistas como Vente Venezuela, Ledezma, Arria y Borges. Si lograran sacudirse del chantaje sería mucho lo que podrían hacer por Venezuela en la difícil coyuntura actual. O se le da una salida política, que tiene que ser pacífica y electoral, a la crisis terminaremos sufriéndola por muchísimo más tiempo. Hay que elegir un CNE que tenga el mayor consenso posible, con los mejores integrantes que se pueda y de una imparcialidad aceptable. Nada que ver con el actual de Tibisay.

Dos miembros cercanos al chavecismo gobernante, dos miembros de las oposiciones actuantes: uno de la AN y otro de quienes se sentaron en la mesa nacional de diálogo, y un quinto miembro seleccionado de común acuerdo, quien presidiría, escogido entre gente que haya enfrentado la polarización desde hace tiempo, capaz de pensar con cabeza propia y de razonar. Así eran los consejos supremos electorales de la mal llamada cuarta república. No eran nada del otro mundo. Logrado esto, ese organismo se encargaría soberanamente de rescatar el CNE y organizar los procesos electorales establecidos en la Constitución. Es realmente entonces cuando se iniciaría la tan necesaria transición política y el inicio de la recuperación nacional.

Sería mejor para el gobierno y todo el país si este CNE es seleccionado en la AN, aunque la opción de la omisión legislativa de ésta llevaría a que fuera nombrado por el TSJ. En cualquier caso tendríamos nuevo CNE.

Nov 09, 2019 | Actualizado hace 4 semanas
CNE: omisión versus consenso, por Luis Fuenmayor Toro

Para la mayoría de los actores políticos venezolanos, no habrá consenso en la designación del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional. La oposición extremista continúa, por lo menos declarativamente, hablando del cese de la usurpación, es decir de la salida de Maduro como condición previa a cualquier arreglo posterior. El gobierno, por su parte, tiene en la permanencia de Maduro su límite en cualquier negociación.

Maduro no se irá por las malas, ni por la puerta trasera; eso lo han mantenido desde hace muchísimo tiempo. A lo mejor, no está negado a irse, pero no de la forma en que los extremistas opositores quieren, y en Venezuela no existe una revuelta popular a lo chileno o boliviano que pueda obligarlo, ni las tropas gringas están en la frontera listas para la invasión.

Esta situación hace predecir el disenso en torno a la designación de un nuevo CNE. La oposición extremista se prepara entonces para designar un CNE por su cuenta, con sus diputados, sin tener la mayoría de los dos tercios que requeriría. CNE que pasaría a sumarse a todas las instancias hasta ahora existentes de un pseudo gobierno paralelo o en el exilio, pues tendríamos entonces dos presidentes, dos asambleas nacionales, dos tribunales supremos, dos fiscales y dos consejos electorales.

Dicho en términos más directos: se trataría de extender la política que lleva casi un año de fracasos y que en absoluto ayudaría a buscar una salida pacífica en el mediano plazo, por lo que pudiéramos predecir que el sufrimiento de la nación continuaría y se agravaría.    

 

El gobierno, por su parte, pasaría a designar el nuevo CNE en consenso con los seis partidos hasta ahora integrantes de la mesa nacional de diálogo, lo cual no tendría el reconocimiento internacional necesario para mejorar su situación ni la de los venezolanos, ni reduciría la beligerancia del extremismo opositor. No voy a decir que se estaría en las mismas condiciones que se estuvo en la elección presidencial de Maduro, pues la situación actual no es la misma en varios aspectos.

Un llamado a la abstención no tendría el mismo respaldo que tuvo en mayo de 2018, ni la abstención por desencanto tampoco sería la misma. El sólo hecho de que se designe un CNE sin la presencia de Tibisay Lucena ya es un avance en el sentido de credibilidad del organismo, lo cual resultaría en una mayor participación electoral de la gente.

Pero en cualquier caso no es la mejor salida a la crisis actual, aunque es muy probable que sea lo que acontecerá. De ser así, habría que salir a votar en las elecciones de AN del próximo año, sin atender el llamado suicida de los abstencionistas patológicos, sobreponiéndonos a la desesperanza para tratar de tener un Poder Legislativo donde el PSUV no tenga la mayoría absoluta, independientemente de que como fuerza individual sea mayoritario. Y si eso no es posible, que lo sería si hay una adecuada votación, evitar la hegemonía gubernamental en la Asamblea. Estas posibilidades van a depender también de la unidad que logren los partidos de la oposición democrática.

@LFuenmayorToro

Los últimos acontecimientos en la AN, por Luis Fuenmayor Toro

En la última reunión de la Asamblea Nacional surgieron dos situaciones que es necesario analizar, como forma de saber “por dónde van los tiros”, como decimos los venezolanos. Hasta ese momento, las fracciones de diputados del gobierno y de Cambiemos, partido dirigido por Timoteo Zambrano, habían venido actuando en función de incorporar en las agendas de las reuniones de la Asamblea, el inicio del proceso para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta estrategia iba orientada a presionar a los diputados de la franquicia opositora a asumir dicho proceso, pues de lo contrario sería declarada una omisión legislativa y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encargaría de dicha designación.

Curiosamente, el punto fue incorporado a la agenda asamblearia por la fracción de Guaidó y no por las fracciones que lo venían manejando. Cabría preguntarse: ¿Acaso las intervenciones de los diputados dialogantes convencieron al extremismo opositor de tomar la política con seriedad? ¿Decidió por fin la franquicia opositora, asumir las negociaciones para cumplir la obligación constitucional de designar un nuevo CNE? Sería iluso si respondiera afirmativamente. Las declaraciones de Guaidó no dejan lugar a dudas de que no es ése el caso, por lo menos por ahora. Pareciera que lo que se quiere es seguir impulsando las líneas fracasadas, mediante el refuerzo de la política de constitución de un gobierno paralelo.

Tendríamos dos presidentes, dos asambleas, dos TSJ, dos fiscales y ahora dos CNE, pues la AN designaría uno con su supuesta mayoría de los dos tercios sin un acuerdo de consenso con el gobierno, que entonces recurriría a dejar el CNE existente o a cambiarlo en el TSJ por uno previamente acordado con la oposición democrática de la mesa nacional de diálogo. Esto último sin duda sería una mejora cualitativa en relación a la situación que hoy existe, pero no sería completamente aceptado por todos los sectores políticos del país ni reconocido por quienes internacionalmente hoy apoyan a Guaidó. De darse una elección de AN en estas condiciones, la abstención se reduciría pero nunca en una proporción imposible de ser negada.

La otra situación sobrevenida fue la reacción de los diputados del PSUV a la propuesta ya explicada de los opositores extremistas. En lugar de apoyar una propuesta similar a la que ellos mismos venían haciendo, se sorprendieron, se confundieron y procedieron a no aceptar participar en la designación del comité de postulaciones y a abandonar el hemiciclo. No sin antes reafirmar que la AN no había salido del desacato y que ellos designarían el nuevo CNE en el TSJ. Esa actitud es contradictoria con su incorporación a la AN y con la conformación de la mesa nacional de diálogo. Es meridianamente claro de esta actitud la existencia de serias contradicciones entre el gobierno de Maduro y el PSUV.   

Aunque las confusiones surgidas y las disputas se pudieron resolver en pocas horas, por lo que el proceso para nombrar un nuevo CNE en la AN continuará con participación de todos, es claro que ambos sectores enfrentados parecen estar convencidos de que no llegarán a un acuerdo de consenso en esta materia o, incluso, de que no desean alcanzar ningún consenso. El gobierno parece desear que se produzca la omisión legislativa de la AN y ya está listo para que sea el TSJ quien haga las designaciones. Los extremistas opositores se alegrarían también de la falta de consenso en la AN y estarían listos para designar un CNE a su imagen y conveniencia.

Sin embargo, que todos acepten que sea la AN el organismo que intente designar al CNE, para lo cual será necesario mucho diálogo y negociaciones, es indiscutiblemente un avance, a pesar de que unos ya estén preparando abortar el posible acuerdo y otros se preparen para cuando esto ocurra. De lo que no debe quedar duda ninguna es que en 2020 toca constitucionalmente elegir a una nueva AN y eso no puede diferirlo nadie. Es cuestión de escoger si se hace con el actual CNE o se hace con un nuevo CNE escogido de consenso por todos.