Luis Fuenmayor Toro, autor en Runrun

Luis Fuenmayor Toro

Luis Fuenmayor Toro Oct 23, 2016 | Actualizado hace 4 años
De autoritario a dictatorial

revocatorio

Aunque la suspensión de la recolección del 20 por ciento de voluntades, para la realización del revocatorio, no es de carácter legal sino político y, por tanto, el principal análisis debe ser en este sentido, no se puede dejar de lado los razonamientos jurídicos: uno, porque es esta argumentación la que utilizará el Gobierno, para justificar la inconstitucional e ilegal medida y para convencer a la ciudadanía de lo correcto de s proceder. Presentará el caso como un fraude hecho por la MUD, el cual necesariamente invalida el proceso político del revocatorio, y convierte a sus impulsores en supuestos reos de la justicia penal. En segundo lugar, porque la absoluta invalidez de la decisión, que hay que calificar de aberrante, tendrá mucho peso en el análisis internacional que se haga de la conducta del Gobierno y de su respeto al estado de derecho y al sistema democrático del país.

Los tribunales regionales de primera instancia del país no tienen atribuciones para impedir actos, que competen al nivel más alto del Poder Electoral. Éstos sólo pueden ser afectados por el TSJ en sus salas electoral y constitucional. Son por tanto tribunales incompetentes. Además, se trata de juzgados penales, que no pueden afectar actos electorales, ni sancionar con prohibición de salida del país a dirigentes de la MUD, sin haberse demostrado previamente la comisión de un delito, y menos a un gobernador, que sólo puede ser sancionado por el TSJ luego de un antejuicio de mérito. Más aún, no puede sentenciarse responsabilidad individual por la actuación de organizaciones en el ejercicio de un derecho. Las firmas del supuesto fraude habían sido rechazadas por el CNE y no influyeron en la integración del uno por ciento ya validado. Todo esto refuerza la depravación de estas decisiones.

¿Qué llevó al Gobierno a asumir esta enrevesada vía y no la del TSJ? ¿Fue un plan de Maduro y los gobernadores involucrados? ¿O fue una forma de presionar con hechos cumplidos de los sectores radicales del Gobierno? Ya la decisión del TSJ, de que la recolección del 20 por ciento tenía que hacerse en cada uno de los estados, fue un insulto a la Constitución, al derecho ciudadano a revocar sus mandatarios y a la lógica jurídica y común. Pero las sentencias simultáneas e idénticas de cinco tribunales, informadas y celebradas por los gobernadores respectivos, son un desafío al derecho, a la inteligencia y a la democracia, que no convencerán internacionalmente y aumentarán el aislamiento político del Gobierno. Evidencian además el control descarado del Poder Judicial regional por los gobernadores del PSUV.

Si al hecho actual agregamos las más de 30 decisiones del TSJ invalidando a la Asamblea Nacional, se ratifica la inexistencia de la división de poderes, que se suma a la “autodisolución” de la Asamblea decretada por el presidente Maduro, que deja al país sin Poder Legislativo. Estamos afectados por una grave desintegración institucional, que ante decisiones “autónomas” de gobernadores presagia una disgregación de la nación venezolana. No es sólo la democracia la que desaparece, es Venezuela que se desvanece.

Luis Fuenmayor Toro Sep 11, 2016 | Actualizado hace 4 años
Cuestionamientos a la MUD

MUDParlamentarias

La oposición de la MUD se presenta, ahora desde la Asamblea Nacional, como la garantía de cambio y de “regreso” a la democracia. Quienes conocemos bien a la mayoría de sus líderes, en relación a sus gestiones de gobierno en distintos momentos, tenemos muchas razones para no creer en esta propaganda. Sus líderes no son nuevos, ni formados en la lucha contra el chavecismo, pues tienen décadas en la política y han desempeñado distintas posiciones gubernamentales, nacionales, regionales y locales. Han sido parte y totalmente solidarios de gobiernos hambreadores, entreguistas, ineficaces, autoritarios y corruptos. No digo nombres en este momento para que no se tome como personal. Sus gestiones pueden ser coocidas.

La actitud manipuladora de la MUD en la Asamblea Nacional es evidente de los acuerdos tomados contra el interés nacional, de sus pactos con el Gobierno a espaldas de sus electores y en el desarrollo de políticas con agendas ocultas. ¿Por qué no exigieron al CNE el llamado a elecciones universales, directas y secretas, para elegir los diputados de los parlamentos regionales? ¿Por qué optaron integrar el Parlatino y el Parlasur en un reparto inconstitucional e ilegal con el PSUV? ¿Por qué acordaron el diferimiento de las elecciones regionales a espaldas de la gente? ¿Por qué dicen no estar en campaña para gobernadores, mientras sus dirigentes ya se movilizan, buscan financiamiento y crean sus comandos electorales?

Hemos solicitado por escrito a la AN que modifique la ley vigente para incluir la proporcionalidad electoral ordenada por el artículo 63 de la Constitución. ¿Por qué no han dado respuesta a esta solicitud, que favorece la democracia, el pluralismo, la participación y la justicia? ¿Por qué no se pronuncian a favor de un sistema electoral proporcional y contra el sistema mayoritario excluyente actual? ¿Por qué no aprueban una ley que facilite la existencia y creación de los partidos políticos? ¿Por qué no han contestado nuestra carta con esta solicitud? ¿Por qué no iniciaron los trámites del Revocatorio a mediados de enero de este año, dándole argumentos al Gobierno en relación con que los lapsos legales no permiten hacerlo en 2016?

La MUD acusa al Gobierno de mentir y manipular a la población, lo cual es cierto. Pero su conducta es exactamente igual. Mientras el Gobierno miente al decir que la “Toma de Caracas” sólo reunió 30 mil personas, pues la asistencia estuvo por encima de las 300 mil, la MUD recurre también a mentir al decir que reunió 1,2 millones de manifestantes. La MUD manipula cuando acusa al Gobierno de sanguinario y de no permitir la protesta; el Gobierno lo hace cuando la acusa de organizar un golpe de Estado y un magnicidio. Ambos polarizan para beneficiarse, mientras el pueblo sufre.

No son sólo incapaces, por Luis Fuemayor Toro

NMaduro-1

Sin duda ninguna, la incapacidad es una característica fundamental del gobierno actual. No hay sino que oír a cualquier vocero gubernamental para darse cuenta de ello. Las explicaciones esotéricas que le dan a los fenómenos, las contradicciones en que permanentemente caen, las decisiones irracionales, paradójicas y desatinadas que toman, le dicen a cualquier espectador atento e imparcial, que la ignorancia está en el centro de la acción gubernamental. Esta conclusión se refuerza cuando se observa al equipo de gobierno y se conoce su formación y su experiencia en las áreas donde tienen que tomar y toman las decisiones. A esto se suma la soberbia de los ignorantes, que los ayuda a compensar el complejo de inferioridad que sienten interiormente.

Estamos frente a un gobierno incapaz en el más amplio sentido de la palabra. Su casi única experiencia es la que han obtenido siendo gobernantes todos estos años. Esto ya lo dice todo. Pero no es la incapacidad el único aspecto negativo del Gobierno, y no me refiero sólo al Ejecutivo, sino a todos los poderes nacionales, regionales y locales. Están conscientes de ello y saben que lo están haciendo mal, que no dan pie con bola, pero tratan de impedir que esa profunda incapacidad e ignorancia pueda verse con claridad, no sólo internamente sino en el ámbito internacional. Se hace necesario entonces impedir que sean puestas de manifiesto y, para ello, han ido eliminando todas las fuentes de información oficial sobre la situación del país.

La ausencia de esta información es una dificultad para conocer con certeza lo que ha ocurrido, única forma de elaborar un programa capaz de enfrentar exitosamente la grave crisis actual. Esa grave limitación se vuelve incluso contra el mismo gobierno, ya que la ausencia de informes y estadísticas periódicos permite a distintos funcionarios “protegerse” de sus supervisores, por lo que no se sabe que las cosas andan mal ni quiénes son los responsables. El Instituto Nacional de Estadística, necesario para la acción gubernamental, no publica desde 2014 la Encuesta de Hogares por muestreo. El Banco Central de Venezuela tiene años sin informar el estado de las cuentas nacionales, del curso de la inflación, de la escasez y de la balanza de pagos.

Se carece de información sobre el destino, la administración y los resultados de inversiones tan grandes como la de FONDEN, donde la suma de recursos involucrados es de 135 mil millones de dólares, manejados por Chávez y Giordani y por Maduro y Giordani. El ex ministro no ha sido citado para investigar qué pasó con esta gigantesca cifra. Hay total obscuridad sobre CADIVI, BANDES y el Fondo Común China Venezuela. Esta carencia impide las acciones futuras de recuperación y agregan mucha incertidumbre a los planes de recuperación que han sido esbozados.