La ONG Justicia Encuentro y Perdón estima que en las cárceles venezolanas se encuentran 314 presos políticos actualmente privados de libertad

En medio de las inmensas dificultades por las que día a día atraviesan los venezolanos, se corre el riesgo de que en el país se vaya perdiendo la sensibilidad respecto a la dramática situación en la que se encuentran los presos políticos en Venezuela. Ello no solo pondría en mayor riesgo la integridad física y mental de los detenidos, sino que además sería un incentivo para extender aún más el uso del sistema penal como instrumento de control y represión política en el país.  

Evitar que ello ocurra ha sido una tarea que ha asumido un grupo de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en Venezuela. A pesar de los riesgos que actualmente conlleva, estas organizaciones no gubernamentales han venido prestando apoyo desde hace varios años a las víctimas y junto con algunos de los pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en el país visibilizan, monitorean y documentan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los perseguidos y presos políticos en Venezuela.

La defensora de derechos humanos Martha Tineo, abogada cofundadora y coordinadora general de la organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón, señala al respecto que «el gobierno nacional, a través de su poderoso aparato comunicacional, quiere convencernos a los venezolanos y a la comunidad internacional que el país ha venido superando la profunda crisis en la se encuentra sumido desde hace varios años, cuando en realidad es todo lo contrario».

«Esto lo afirmo con absoluta responsabilidad porque somos una organización de víctimas, una organización donde estamos en permanente comunicación con ellas y por ello tenemos información de primera mano. A partir de ese conocimiento digo con responsabilidad que lejos de superarse la crisis o de avanzar en la superación de la crisis, la situación en nuestro país se agrava cada vez más, y eso se hace sobre todo evidente en el caso de los presos políticos», continúa.

«Hoy en día, los presos políticos están en una situación peor de desamparo y nos preocupa que en el marco que va, entre los 200 y 300 presos políticos, ya pareciera que es un tema que se ha normalizado en el país. Hablamos de presos políticos en Venezuela, como hablamos de presos políticos en Cuba y en Nicaragua, casi como un lugar común”, agrega.

Cifras de presos políticos en Venezuela

Justicia Encuentro y Perdón estima que en las cárceles venezolanas se encuentran 314 presos políticos actualmente privados de libertad. De ellos, 23 (8.1 %) son mujeres y 291 (91.9 %) hombres. Casi la mitad, 141 (48 %), son miembros de las Fuerza Armada Nacional, 125 (43 %) proceden de la sociedad civil, 15 (4.7 %) son miembros de cuerpos policiales, siete de partidos políticos (2,2 %) y uno es periodista (0.3 %). Según Tineo, «estas son unas cifras referenciales, debido a la total opacidad que existe en cuanto a información sobre esta materia por parte del Estado venezolano. Por otro lado, existen familias de detenidos políticos que no denuncian por temor a represalias, por hostigamiento, por amenaza, porque creen que si no se visibiliza su caso tal vez puedan ser liberados en un momento determinado. Por ello hablamos de una cifra de al menos 314 detenidos políticos, pero cada día nos enteramos de otra”.

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La iniciativa fue lanzada luego de dos masacres ocurridas en mayo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este sábado 25 de junio una la ley destinada a establecer la regulación de armas de fuego.

Luego de firmar el documento Biden expresó que esto ayudará a que se salven muchas vidas. Aprovechó para dirigirle unas palabras para las familias de las víctimas de violencia con armas de fuego, a quienes reconoció haber guiado el camino para llegar hasta la fecha de hoy.

«Si bien esta ley no abarca todo lo que quiero, sí incluye medidas que he pedido durante mucho tiempo y que salvarán vidas».

La norma introduce nuevas restricciones al porte de armas y destina miles de millones de dólares a salud mental y seguridad escolar.

La iniciativa parlamentaria fue lanzada luego de dos masacres ocurridas en mayo, la de una escuela primaria de Uvalde, Texas, en la que murieron 21 personas, incluidos 19 niños, y la de un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, en el que 10 personas fueron asesinadas.

En redes sociales la muerte se transmite en directo

El texto tiene como objetivo fortalecer la verificación de antecedentes penales y psicológicos de los compradores de armas de 18 a 21 años y establecer un mejor control de la venta ilegal de armas y el financiamiento de programas dedicados a la salud mental.

I just signed into law the Bipartisan Safer Communities Act. While this bill doesn't do everything I want it to, it does include actions that I've long called for that will save lives.

Today, we acted for the families that have lost their souls to an epidemic of gun violence. pic.twitter.com/QWg3orWuS1

— President Biden (@POTUS) June 25, 2022

Una mayor presencia militar rusa en Venezuela es improbable, pero Caracas es desde tiempos de Hugo Chávez un gran comprador de armas del Kremlin. El poderío militar venezolano preocupa sobre todo a la vecina Colombia

¿Armas rusas en América Latina? La presencia de fuerzas de Rusia en Venezuela, así como recientes declaraciones desde Moscú y Caracas sobre una renovada «cooperación militar», han llamado la atención en momentos de tensiones globales debido a la crisis en Ucrania.

La última declaración la ha hecho el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que recibió esta semana al viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov. «Hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, de la integridad territorial», aseguró Maduro en el Palacio de Miraflores. «Vamos a incrementar todos los planes de preparación, entrenamiento y cooperación con una potencia militar del mundo como es Rusia», agregó.

«Venezuela es un socio estratégico para Rusia en América Latina», dijo por su parte Borisov en Caracas. Pero mayor revuelo causó, semanas atrás, otro alto funcionario del Kremlin, el viceministro de Exteriores Serguei Riabkov, al sugerir como posible –»no confirmo ni desmiento», dijo en una entrevista– una ampliación de la presencia militar rusa en Cuba y Venezuela.

Lo cierto es que la cooperación rusa con este último país, y la presencia de personal y equipos militares en territorio venezolano, no es una novedad desde hace años. «Las relaciones cercanas de Rusia y Venezuela empezaron con Hugo Chávez», recuerda a DW Phil Gunson, analista con base en Caracas de la ONG International Crisis Group, especializada en el monitoreo de conflictos.

Un viejo proveedor de armas

Después de la ruptura de Chávez con Estados Unidos y la prohibición de Washington para la venta de armamento a Venezuela en 2007, Caracas encontró en Rusia un nuevo proveedor. Y las necesidades eran grandes, debido a un discurso político que sigue viendo a Estados Unidos como potencial agresor, a la vecina Colombia como escudera de Washington y a la oposición interna como enemigo.

Según cifras de Crisis Group, el Gobierno venezolano ha comprado desde entonces armas rusas por un valor de más de 4.000 millones de dólares. La asociación civil venezolana Control Ciudadano, que intenta recopilar datos sobre gastos militares en medio de la opacidad del Estado venezolano, dice que Rusia y China son en tanto los únicos proveedores de armamento para el Gobierno de Maduro.

Y la cooperación con Rusia, pese al colapso económico venezolano, ha continuado desde entonces. «Últimamente, hemos visto unos drones rusos, en la zona de conflicto en la frontera con Colombia», señala Gunson.

Lo cierto es que Venezuela acumuló un importante poderío militar en los años del auge petrolero y se afianzó como la cuarta potencia militar en la región, por detrás de Brasil, Colombia y México, y por delante de países más poblados como Argentina y Perú.

Cazas de combate y la defensa antiaérea más moderna de América Latina

«En Venezuela se compró de todo porque, en ese momento, la idea era complementar y también reemplazar sistemas occidentales. Se compraron aviones de combate como los Sukhoi, más de 50 helicópteros de combate y de transporte pesado. Se compraron tanques, vehículos de combate de infantería sobre orugas, vehículos de combate de infantería sobre ruedas, artillería de tubo autopropulsada, artillería de cohetes de diferentes tipos», enumera Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).

Además, Moscú y Caracas firmaron un contrato para la construcción de una fábrica de fusiles kaláshnikov en Maracay, que no consigue operar hasta hoy por diversos escándalos de corrupción. «Y se compró un muy completo sistema de defensa antiaéreo que incluía los famosos (misiles) S-300», agrega Serbin Pont, desde Buenos Aires. «A día de hoy, no hay un sistema de largo alcance tan avanzando en el hemisferio americano, con excepción de lo que tiene Estados Unidos», considera el analista.

El poderío militar venezolano preocupa sobre todo en su principal país vecino, Colombia, dadas las tensiones bilaterales y la actual falta de mecanismos bilaterales de cooperación. En enero, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, aludió directamente a las actividades del Kremlin en Venezuela. «Información de inteligencia señala que Rusia tiene acciones militares de cooperación con las fuerzas militares bolivarianas», dijo.

El Gobierno de Bogotá acusa desde hace tiempo a Caracas de dar apoyo a grupos armados como los disidentes de la antigua guerrilla de las FARC. Maduro, en contrapartida, asegura que desde el país vecino se infiltran grupos armados para desestabilizar Venezuela.

Pese a las tensiones, una carrera armamentística parece improbable ahora. Algunos analistas consideran que el discurso alarmista del Gobierno de Iván Duque se debe también a la cercanía de las elecciones presidenciales de mayo, en las que un candidato de izquierda, Gustavo Petro, es uno de los favoritos.

También la crisis económica derivada de la pandemia, así como cierto equilibrio militar por la mayor fuerza numérica de Colombia, hablan en contra de un pulso por los gastos militares. «La preparación de las Fuerzas Armadas colombianas es mayor, así como su capacidad de combate, su experiencia y su entrenamiento», cree Phil Gunson.

Sin efectos de la crisis ucraniana

Y pese a la grandilocuencia de Maduro, tampoco parece plausible que la crisis geopolítica por Ucrania lleve al aumento de la infraestructura rusa en Venezuela, un país castigado por una severa crisis económica e interesado en que se eliminen las sanciones impulsadas por Washington. «Yo creo que Maduro no tiene interés en aumentar la tensión con Estados Unidos en este momento», señala Gunson, el experto de Crisis Group.

Serbin Pont, el director de CRIES, tampoco ve ahora una mayor presencia militar de Rusia en Sudamérica, más allá de la previsible por la llegada los técnicos e instructores que prestan servicio en territorio venezolano. «La presencia se explica, en primera instancia, porque estas grandes compras de armamento ruso son acompañadas del soporte técnico por el proveedor», dice. «Es normal que, con cualquier proveedor de armas, se firmen contratos para la manutención del equipo», valora.

Más improbable considera Pont, como Gunson, un mayor despliegue de infraestructura e incluso de tropas rusas en Venezuela: «Yo no creo que vayamos a ver una instancia mucho más profunda de cooperación, sobre todo vinculada con el conflicto de Ucrania».

En su primer día como presidente, también dispuso el cese de la construcción del muro con México y la solicitud de ciudadanía para los indocumentados

El Gobierno de Joe Biden anunció la noche del miércoles una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

«Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada», detalló el secretario interino, David Pekoske, recién nombrado por Biden, según publicó Deutsche Welle. 

La razón, dijo Pekoske, es «garantizar» que Estados Unidos tenga «un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública», por lo que ordenó «revisar y reiniciar» los protocolos.

El DHS no aportó en el comunicado detalles sobre las personas que quedan excluidas de la medida de los 100 días.

Nueva ley de inmigración al Congreso

Inaugurando la que se anticipa como una nueva era en la Casa Blanca,  Biden cumplió esta misma noche su  promesa electoral de presentar en su primer día de mandato un amplio proyecto de ley de inmigración que incluye una vía a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados en el país.

Cuatro años después de la mano dura contra los inmigrantes del saliente mandatario, Donald Trump, el equipo de transición de Joe Biden anunció este miércoles los detalles del proyecto de ley que el demócrata envía  hoy mismo al Congreso como parte de su compromiso de «modernizar» el sistema de inmigración, denominado «Ley de Ciudadanía de los EEUU de 2021».

La iniciativa, que deberá recibir al visto bueno de ambas cámaras legislativas, dominadas por los demócratas, pretende administrar y proteger de «manera responsable» la frontera, mantener a «familias y comunidades seguras y administrar mejor la migración en todo el hemisferio», señaló un comunicado.

La mayor reforma migratoria

De ser aprobado, el proyecto legislativo de Joe Biden supondría la mayor reforma migratoria desde el Gobierno del republicano Ronald Reagan (1981-1989), que legalizó a tres millones de indocumentados en 1986.

No en vano, y como su nombre indica, su punto clave es ofrecer una vía a la ciudadanía en ocho años a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en EE.UU.

Pero un importante grupo de ellos, los menores que llegaron al país siendo niños de la mano de sus padres, también indocumentados y conocidos como «soñadores», así como los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), en su mayoría centroamericanos, y los trabajadores agrícolas inmigrantes, podrá aspirar a una residencia legal de «inmediato» y tres años más tarde a la ciudadanía, destacó la nota.

Para evitar una avalancha de inmigrantes, el proyecto de ley establece que esta medida afectaría a los inmigrantes que estén «físicamente presentes en los Estados Unidos el 1 de enero de 2021 o antes».

Los deportados durante la presidencia de Trump, desde el 20 de enero de 2017, y que estuvieron físicamente presentes durante al menos tres años antes de la expulsión pueden solicitar el mismo beneficio por «unidad familiar y otros fines humanitarios», pero ya ese proceso dependerá del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para el que Biden ha nominado al cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas.

Reunificación familiar incluye a grupos LGBTQ+

Otra de las aspiraciones de la ley será la reunificación familiar, dando especial importancia a los grupos familiares LGBTQ+ y permitiendo igualmente a los inmigrantes con peticiones aprobadas de patrocinio familiar reunirse con sus seres queridos en EE.UU. de forma temporal mientras esperan por las tarjetas de residencia.

Entre otras de sus polémicas decisiones, Trump instauró nada más llegar a la Casa Blanca un veto migratorio a los nacionales de once países con una significativa población musulmana (Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y el Yemen) y que incluye restricciones para Venezuela y Corea del Norte. 

Muro fronterizo sin financiamiento

Para intentar lograr el necesario apoyo republicano en el Senado, Joe Biden incluyó además nuevos recursos en la frontera, su decisión de dejar de lado la construcción del muro en la frontera con México -la promesa electoral cumplida a medias por Trump- y apostar sobre todo por la «tecnología» para acelerar la detección del cruce ilegal de mercancías y estupefacientes.

La nueva propuesta pretende de igual forma destinar fondos para mejorar el «profesionalismo» de los agentes fronterizos y crear un comité para investigar posibles «malas conductas», y busca mejorar la atención de individuos, familias y menores bajo la custodia de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Clase media, emprendedores venezolanos que han montado negocios, fortunas tradicionales y nuevos ricos o «bolichicos» surgidos a la sombra del chavismo invirtieron en inmuebles en Madrid, España

Madrid es una de las caras del éxodo venezolano. Según datos del último padrón municipal, actualizado el 1 de julio de 2020, en la capital de España residen 42.240 venezolanos. Por detrás de la rumana, la venezolana es la segunda nacionalidad extranjera en una ciudad en la que viven más de medio millón de foráneos.

«Aparte de hablar el mismo idioma, Madrid se parece un poco al estilo de vida y al movimiento cultural y la oferta gastronómica de Caracas en su momento de esplendor, en la década de los 80 y tal vez parte de los 90, la mejor versión de Caracas. En Madrid hay tiendas de lujo, restaurantes con estrellas Michelin, y la posibilidad de caminar por la calle, a diferencia de Miami, la otra meca de los latinoamericanos con dinero, donde siempre hay que tomar el auto», dijo a la Deutsche Welle David Placer, periodista y escritor venezolano afincado en Madrid.

Impacto en el mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario de la capital también percibe la mayor presencia venezolana. Un estudio de la inmobiliaria Redpiso, publicado en 2018, señalaba que los venezolanos encabezaban la adquisición extranjera de viviendas en Madrid, por encima de rusos y chinos, quienes más compraban hasta entonces. El precio medio que pagaban era de 565.000 euros por un departamento de 120 metros cuadrados en los distritos acomodados de la capital.

No muchas familias españolas pueden permitirse pagar medio millón de euros por una vivienda y la mayoría se ven obligadas a endeudarse fuertemente para poder pagarlas o mudarse a lugares más asequibles para vivir. El centro de la capital se ha visto vaciado en los últimos años de familias con niños.

La clase media: emprender o invertir

¿Quiénes son los venezolanos que pueden permitirse comprar vivienda en Madrid? «Por un lado, está la clase media venezolana, profesionales con estudios, que han hecho carrera en las finanzas, la banca, los servicios, la industria… Es gente que tiene dinero para comprar un piso en barrios modestos de Madrid. Además, el venezolano es muy emprendedor. Es una clase pujante, que monta negocios, sobre todo en la restauración, y les suele ir bien», dice Placer, y enumera algunos de estos emprendimientos, como la cadena de restaurantes Goiko, las cafeterías Mamá Framboise, o la empresa Antojos Araguaney, que acaba de montar una fábrica de quesos y exporta productos venezolanos.

Gracias a la Ley de Apoyo a los Emprendedores de 2013, que permite obtener la residencia casi inmediata en el país con la llamada «Golden Visa», muchos venezolanos se decidieron por la opción empresarial. Otra manera de obtener la «Golden Visa» es invertir en el sector inmobiliario, ya que también la reciben quienes adquieran inmuebles por valor igual o superior a 500.000 euros, por lo que incluso hubo quien se organizó para realizar compras colectivas de viviendas.

Las grandes fortunas de siempre y los «bolichicos» o «boliburgueses»

«Millonarios venezolanos de toda la vida, como el banquero Juan Carlos Escotet, las hijas de Carolina Herrera, Víctor Vargas, apodado el banquero rojo, cuya hija Margarita está casada con Luis Alfonso de Borbón», enumera Placer, son algunas de las fortunas tradicionales de Venezuela afincadas en inmuebles de lujo en Madrid.

Y después están los nuevos burgueses bolivarianos, conocidos como «bolichicos» o «boliburgueses», términos acuñados por un periodista venezolano para designar a quienes amasaron grandes fortunas durante el chavismo o que ocuparon altos cargos políticos del régimen.

Placer menciona unos cuantos ubicados en el país ibérico, donde realizan millonarias inversiones inmobiliarias y cultivan relaciones al más alto nivel. «La Audiencia Nacional investiga una red de lavado de dinero en España procedente de Pdvsa, todos antiguos cargos del chavismo, excepto Raúl Gorrín, que sigue ligado a él, y está señalado como testaferro de Nicolás Maduro», prosigue Placer.

«También está el exviceministro de Energía Eléctrica con Chávez, Nervis Villalobos, que adquirió en España más de 100 inmuebles, sobre todo en Madrid y Marbella», dice el escritor. «Y el ‘bolichico’ mayor, Alejandro Betancourt, que adquirió la exitosa empresa de gafas de sol Hawkers».

El artículo «Empresas, mansiones y contactos para mezclarse con la élite», publicado por la página Chavismo INC , impulsada por Transparencia Venezuela, rama local de Transparencia Internacional, da detalles de los millonarios tejemanejes de la nueva elite surgida al socaire chavista.

La Catedral de Notre Dame se queda este año sin la tradicional misa de Navidad, algo que no ocurría desde 1803, a causa del incendio del pasado abril que devastó la catedral de París, y la celebración a cargo del deán, Patrick Chauvet, se ha desplazado a la iglesia de Saint Germain l’Auxerrois.

Esa iglesia se encuentra a un kilómetro de distancia y se ha convertido desde el siniestro en «catedral por sustitución» y así acoge cada domingo la misa que preside el arzobispo de la ciudad, Michel Aupetit.

«Los andamios siguen amenazando», explicó Chauvet este martes (24.12.2019) en una entrevista a la emisora RTL. El deán añadió que harán falta «varios meses» para desmontarlos con cuidado para que no se desestabilice el conjunto de la catedral.

Son 500 toneladas de tubos metálicos que hay que retirar uno a uno y una vez que se termine habrá que verificar el estado de las bóvedas que estuvieron sometidas a temperaturas de entre 900 y 1.000 grados durante el incendio, precisó Aupetit, en otra entrevista este martes a Le Parisien.

Eso significa que habrá que esperar a la primavera para poder plantearse un calendario de las obras, que no podrán comenzar hasta comienzos de 2021, advirtió Aupetit, que por su parte oficiará la misa de Nochebuena en un circo.

Gonzalo Blumel, ministro de Interior, hizo el anuncio tras un encuentro con Piñera y los líderes políticos de Chile Vamos

El gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, anunció este domingo 10 de noviembre que iniciará el proceso para establecer un Congreso Constituyente que redacte una nueva Carta Magna en ese país.

Gonzalo Blumel, ministro de Interior de Chile, manifestó que el Congreso Constituyente tendrá una amplia participación de los distintos sectores y que los cambios deberán ratificarse en un plebiscito.

«Creemos que el mejor camino es trabajar sobre la base de un Congreso Constituyente”, manifestó el ministro Blumel.

En cuanto al tiempo en que dará inicio a todo ese proceso dijo: «Los plazos los tenemos que abordar responsablemente, queremos hacerlo con prontitud”.

Con información de DW

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AGRÓNOMO, PROFESOR Y ESCRITOR, EL BRASILEÑO JOSÉ GRAZIANO DA SILVA dejará la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 31 de julio, después de siete años en el cargo. En entrevista con DW, habla sobre los desafíos de su período y sobre la crisis venezolana.

De acuerdo con el último informe de la FAO, América Latina presentó el mayor retroceso en la lucha contra el hambre a nivel mundial. ¿Cómo ve la situación de inseguridad alimentaria en Venezuela?

Venezuela es el mejor ejemplo de ese retroceso. Es un país que siempre dependió de la importación de alimentos, pero a comienzos de la década del 2000, Venezuela hizo grandes avances en la reducción del hambre. Venezuela entró en la lista de los países que cumplían los objetivos de desarrollo del milenio de reducir el hambre a la mitad, y nosotros entregamos un reconocimiento al país por el trabajo realizado. En el año 2000, 16,3 millones de personas pasaban hambre en Venezuela. En 2010, ese número pasó a 3,1 millones. El nivel del hambre disminuyó cinco veces en diez años. Es un cambio fuertísimo, similar al que registró Brasil en la reducción del hambre.

Hubo críticas al premio, dado que Nicolás Maduro recibió el reconocimiento en 2014, cuando la crisis socioeconómica y política ya se había instalado en el país. ¿Por qué se otorgó ese reconocimiento en aquel momento?

Entregamos el premio porque habían reducido el hambre a la mitad, y no por la coyuntura que vivían. Era un premio para los países que lograran el objetivo del milenio, que era reducir los índices de hambre a la mitad hasta 2015, en comparación con el año 2000. No fue solo Venezuela. Fueron 72 países del mundo los que cumplieron esa meta. El premio fue dado en 2014 y se refería a los datos registrados hasta 2012. En aquel año, Venezuela tenía 3,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Hoy, nuestra estimación es que 21,2 millones de personas pasan hambre en Venezuela. Es un aumento vertiginoso. Venezuela siempre dependió de la importación de alimentos y ahora, con la crisis económica y la hiperinflación, prácticamente perdió su moneda. El bloqueo estadounidense acentuó las dificultades para importar bienes básicos, incluyendo alimentos, y disparó el hambre en el país.

Entonces, una cosa es el contexto en que Venezuela fue premiada por lo que había hecho y no por lo que estaba haciendo. Otra cosa es mirar atrás y decir: «No deberíamos haberle otorgado el premio”. Nadie podía prever que se produciría un deterioro tan fuerte de la moneda de Venezuela y, por consiguiente, del poder adquisitivo de la población, ni los índices de hambre que estamos viendo hoy. Venezuela es el peor caso que tenemos hoy en América Latina.

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