En La Guaira, Caracas y Maracaibo, tres mujeres esperan cada mes la misma señal: una notificación en el teléfono que les indica que su familiar envió dinero desde el exterior. No se conocen, pero sus vidas funcionan bajo la misma lógica: comer, comprar medicinas o llegar a fin de mes depende de un ingreso que no controlan.
Esta dependencia no es una excepción. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Efecto de las remesas sobre la seguridad alimentaria en los hogares venezolanos”, ya había señalado en 2021 que los hogares que reciben remesas presentan mejores condiciones alimentarias —más consumo de calorías, mayor diversidad en la dieta y menos restricciones para acceder a alimentos— que aquellos que no las reciben.
Ese hallazgo anticipaba la expansión del fenómeno, que se confirma cinco años después: la economista María Díaz, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), advierte que la remesa es dinero que nace de la migración y reemplaza ingresos que no se generan dentro de economías con inflación alta. Así, la capacidad de compra se traslada al exterior y regresa a los hogares en forma de transferencias, algo que el Banco Mundial ha documentado al señalar que estos flujos son una de las principales fuentes de financiamiento externo en países como El Salvador, Honduras, Filipinas y Venezuela.
Sin embargo, esa fuente de ingresos no es permanente en todos los casos. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2022 registró una reducción en el envío de ayudas a los hogares venezolanos: la proporción de migrantes que enviaban remesas cayó a 49 %, diez puntos menos que en 2021, y también disminuyó la frecuencia de los envíos hasta la actualidad.
La emergencia que se paga desde lejos
“Ten paciencia, quédate ahí por seguridad”, le pidió Natalia Paredes a su hermana Graciela después del doblete sísmico del 24 de junio. La llamada llegaba desde La Coruña, España, mientras Graciela intentaba procesar que el lugar donde había construido su vida podía dejar de ser habitable.
—Yo no sé si voy a poder volver, Natalia. Ese edificio quedó muy mal —le dijo Graciela después de salir de Los Corales, en La Guaira.
Graciela vivía en los edificios Breña Mar. Su apartamento no se derrumbó, pero quedó afectado: las paredes resultaron agrietadas y algunos electrodomésticos, como la cocina y la lavadora, dejaron de funcionar. Para ella, el temor no era solo perder objetos, sino quedarse sin el único lugar que reconocía como propio. Mientras los vecinos esperaban las inspecciones para conocer las condiciones de la estructura, tuvo que evacuar.
No tenía un destino preparado. Consiguió una cola hacia Caracas y salió de La Guaira con lo necesario. Una conocida le ofreció alojamiento temporal en su casa mientras esperaba respuestas sobre el edificio. La persona no le pidió que pagara alquiler. Solo le dijo que cubriera algunos gastos básicos, como el internet y otros “fallitos” de la vivienda, para que guardara la mayor cantidad de dinero posible y lo destinara a la recuperación de su apartamento cuando pudiera regresar.
Antes del sismo, Graciela ya sostenía su vida con una economía limitada. Tiene 58 años, recibe una pensión del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) de 130 bolívares, equivalente a 0,17 dólares, un monto que no ha sido aumentado desde 2022.
Para compensar esa pérdida de poder adquisitivo, recibe la bonificación denominada Ingreso Integral Pensionados, de 70 dólares mensuales, una asignación discrecional del Ejecutivo que no forma parte de la pensión ni modifica su monto. También complementa sus ingresos trabajando como repostera. No tiene hijos. Su apoyo más cercano era Sergio Andrade, su pareja, un albañil de la misma edad que, aunque no vivían juntos, colaboraba con algunos gastos.
La ayuda más constante llegaba desde España. Natalia le enviaba 300 dólares mensuales que, sumados a la pensión, alcanzaban unos 370 dólares para cubrir alimentación, servicios, medicamentos y los gastos cotidianos.
Natalia vive con una amiga en La Coruña. Tiene conocimientos de enfermería, trabaja cuidando personas de la tercera edad y también cubre algunas horas como mesera en un restaurante; aun así asumió parte de la carga económica de su hermana.
Después del doblete sísmico, esa ayuda cambió de propósito. Ya no se trata únicamente de completar el mes. Natalia le comunicó que aumentaría el envío a 400 dólares para ayudarla a enfrentar los gastos de recuperación; sin embargo, todavía busca una alternativa para transferir el dinero a Venezuela sin perder una parte importante en comisiones y tasas de cambio.
—Aguanta ahí, quédate tranquila mientras sabemos qué va a pasar con el edificio —le ha insistido Natalia desde España.
Graciela calcula que necesitará alrededor de 2000 dólares para reparar su apartamento, recuperar los electrodomésticos perdidos y volver a acondicionar el espacio. No tiene todavía un diagnóstico definitivo de la estructura ni sabe cuándo podrá regresar, pero, mientras espera, cada decisión económica está orientada a una sola meta: volver a su casa.
—Yo lo que quiero es volver a mi casa. Uno nunca piensa que va a perder la tranquilidad así, de un momento para otro. Estoy desesperada —lamenta Graciela.
Para la gerontóloga Lorena Zamorano, trabajadora del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), en México, esta experiencia refleja una deuda en la atención hacia una población que también requiere respuestas específicas durante las crisis:
“Las personas mayores deben ser consideradas una población prioritaria en situaciones de emergencia, no solo por su vulnerabilidad, sino porque tienen necesidades particulares que requieren atención y apoyo específicos. Muchas veces quedan desplazadas de los diagnósticos porque las respuestas de emergencia no contemplan sus necesidades: enfermedades crónicas, dificultades para desplazarse, problemas de visión o audición, dependencia de medicamentos o la falta de redes de apoyo cuando viven solas. En una emergencia no solo se debe identificar cuántas personas fueron afectadas, sino quiénes pueden quedar invisibilizados y qué apoyos necesitan para recibir una atención adecuada”.
El mes que depende de una llamada
—¿Ya te llegó lo de este mes, mamá?
Carlos Núñez, el hijo de Nidia González, llama desde Estados Unidos casi siempre a principios de mes. Tiene 39 años, es contador y desde 2019 trabaja limpiando oficinas. Emigró después de que su familia materna lo ayudara con los gastos de ida. No había ahorro posible: era salir o quedarse sin opciones. No quería que su mamá tuviera carencias porque considera que hizo mucho como madre soltera, pues su padre no se hizo cargo.
Nidia tiene 66 años y vive en una zona donde los servicios funcionan de manera intermitente. El agua llega por tuberías de forma irregular, el gas doméstico no siempre está disponible y la electricidad falla por horas. En ese contexto, cualquier gasto básico requiere planificación diaria.
Nunca cotizó en el IVSS. No tiene pensión —que el Gobierno convirtió en un bono de setenta dólares— porque durante treinta años se sostuvo con una escuelita que funcionaba en su casa, donde enseñaba a niños del barrio. Ese ingreso informal le permitió vivir, criar a su hijo, pero no dejó derechos laborales ni protección para la vejez.
Esa trayectoria no es excepcional en el país. Está atravesada por un sistema de seguridad social que, en la práctica, deja vacíos importantes para quienes trabajaron en la informalidad. El abogado independiente Carlos Méndez lo resume así:
“En Venezuela la Constitución es muy clara: el artículo 86 establece el derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que debe garantizar protección ante la vejez, la enfermedad y la incapacidad, independientemente de la capacidad contributiva de la persona. No debería depender exclusivamente de si cotizaste o no, pero la realidad es otra. Lo que existe es un sistema altamente contributivo que deja por fuera a quienes trabajaron en la informalidad, que en Venezuela no es un grupo pequeño, sino mayoritario en muchos sectores. Esa gente trabajó toda su vida sin facturación formal, sin empresa, sin registro, y cuando llega la vejez no tiene acceso real a protección”.
Méndez reitera que el Estado no ha desarrollado mecanismos suficientes para subsanar esa brecha, debido a que las pensiones de la seguridad social no alcanzan para costear ni siquiera la canasta alimentaria. Esta realidad genera una vulneración acumulada de derechos básicos, como la seguridad social, la alimentación, la salud y un nivel de vida digno.
No obstante, la devaluación de la pensión del IVSS no comenzó con la crisis actual, porque en 2010 ya se empezaba a notar la precariedad: en mayo de ese año, una pensión de 1223,89 bolívares equivalía a unos 284 dólares, mientras que la canasta alimentaria familiar alcanzaba los 2484,73, bolívares, es decir, alrededor de 577 dólares.
Y ese mismo año, se creó el Decreto 7401, un programa excepcional para incorporar a personas en edad de jubilación que no habían completado las cotizaciones exigidas. La medida se presentó como una forma de cerrar la brecha de exclusión del sistema, pero contenía una ironía: el Estado buscaba garantizar el ingreso de más adultos mayores al IVSS mientras la propia pensión ya comenzaba a perder capacidad de compra. Además, de acuerdo con señalamientos críticos, la iniciativa terminó facilitando la incorporación a la nómina de presuntos beneficiarios que no cumplían con todos los requisitos exigidos.
Ante ese vacío institucional, Nidia depende exclusivamente del dinero que envía su hijo: 300 dólares mensuales. Después de la comisión del cambio por Zelle, le quedan unos 290.
El dinero tiene una estructura fija que no cambia: 30 dólares van para el pago del internet, el único servicio estable para comunicarse con su hijo. Entre 40 y 50 dólares se destinan a medicamentos para ella y su esposo, quien vive con alzheimer —diagnosticado hace algunos años y cuya atención se limita a cuidados en casa y medicación básica por la imposibilidad de costear consultas y tratamiento especializado—.
El resto del dinero se divide entre servicios básicos. Cuando el agua falla —algo frecuente en su zona— deben pagar camiones cisterna que cuestan alrededor de 15 dólares por llenado de los 2 tanques de la casa. La electricidad y otros gastos domésticos absorben lo restante.
No tiene nevera. La que tenía dejó de funcionar hace años y nunca fue reemplazada. Aunque cuenta con una bombona de gas, el suministro es inestable, por lo que en ocasiones debe preparar comida con una cocina eléctrica.
Con lo que queda, Nidia lo gasta en supermercados. Compra arroz, pasta, harina, aceite, pollo, carne y productos básicos de limpieza. Prefiere ese tipo de compra porque siente que le rinde más que adquirir alimentos por partes. Aun así, la comida no alcanza todo el mes. En la práctica, comen una vez al día. Tampoco invierte en ropa, arreglos personales ni en mejoras del hogar. Cada dólar está destinado a lo esencial.
Luego del sismo, se sumó una preocupación a esa relación de dependencia: Carlos comenzó a insistir en la necesidad de preparar a su madre para una eventual emergencia. Le anunció que le enviará una caja con insumos de primeros auxilios y empezó a mover contactos para gestionar el pasaporte de Nidia, quien debe renovarlo.
La idea no es inmediata, pero sí persistente: en algún momento quiere llevarla a vivir con él. “Caracas me parece un lugar más inseguro y no quiero que siga sola allá”, comenta. A diferencia de cuando emigró buscando una oportunidad económica, ahora su preocupación pasa también por garantizar la seguridad física de su madre.
El vacío de la protección en la vejez
Mientras, a más de 700 kilómetros, vive Catalina Soler. Esta mujer de 74 años habita en una zona del oeste de Maracaibo, donde los precios son inestables y los servicios también funcionan de forma irregular.
Su hijo, José Pernia, tiene 36 años, también emigró a Estados Unidos y trabaja como delivery. Envía 220 dólares mensuales. Un amigo suyo le cambia el dinero sin cobrar comisión.
Catalina sí cotizó al Seguro Social durante una parte de su vida laboral: trabajó algunos años como obrera en un colegio y el resto del tiempo fue ama de casa. Por eso recibe la pensión del IVSS.
Catalina divide el dinero en cuatro bloques con montos relativamente estables. El primero es para alimentación: 110 dólares al mes. Con eso compra arroz, pasta, harina, huevos, algo de queso o pollo cuando aparece en oferta, y productos básicos. La carne es ocasional. Si el mes es difícil, reduce proteínas y prioriza carbohidratos.
El segundo bloque es el de los nietos —un niño de 8 años y una niña de 9, en segundo y tercer grado de educación primaria, respectivamente— que viven con ella porque sus padres están ausentes de forma prolongada. 30 dólares mensuales se van en útiles escolares, uniformes, fotocopias, transporte y alimentación en la escuela pública.
El tercer bloque es salud: 20 dólares. Incluye medicamentos básicos para ella y cualquier gasto menor de los niños. Si hay una enfermedad más seria, ese presupuesto se desborda y obliga a recortar comida.
El cuarto bloque es servicios y comunicación: 30 dólares. Aquí entran recargas de teléfono y gastos menores de conectividad, porque no tiene internet fijo.
El resto del dinero lo absorben imprevistos: fallas eléctricas, transporte, algún gasto escolar adicional o comida que no alcanzó. El ahorro no existe.
Catalina no paga alquiler porque vive como cuidadora de una vivienda, lo que le permite sostenerse sin ese gasto fijo. Aun así, cada mes el dinero se reorganiza. Si aumentan los gastos de los nietos, recorta su alimentación. Si hay un gasto médico, ajusta todo lo demás.
En las llamadas, su hijo insiste en que esa carga no debería recaer sobre ella.
—Mamá, eso no es tu responsabilidad —le dice.
Ella no discute.
—Pero ellos no tienen a nadie más —responde.
José también decidió hacer ajustes después de los sismos, aunque Maracaibo no haya sido afectada. Le comunicó a su madre que le aumentará su remesa a 300 dólares.
Sin embargo, no puede llevársela consigo. Aún no cuenta con una vivienda propia y permanece alojado en la casa de un amigo, por lo que prefiere enviarle dinero mientras no pueda independizarse.
Con ese tipo de acciones, la responsabilidad deja de ser solo económica y se convierte en una forma de sostener la vida cotidiana aunque sea “cuesta arriba”.
“No es solo una dependencia económica. Es también una carga emocional profunda. Muchos adultos mayores sienten que no deberían estar recibiendo dinero de sus hijos, aunque sin eso no podrían sobrevivir. Eso les genera culpa, autoexigencia y silencios: dejan de pedir lo que necesitan y aprenden a aceptar cualquier cosa. Y cuando asumen otras responsabilidades como atender a familiares, sienten que cualquier gasto personal es injustificable”, subraya Gabriela Durán, psicóloga y profesora de la Universidad Rafael Urdaneta (URU).
Lo que sostienen los ingresos de afuera
De acuerdo con el politólogo Wilson Sánchez, trabajador de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo (AMCBO), la sustitución de la protección estatal por el apoyo económico de los familiares migrantes constituye una de las paradojas más complejas de la crisis venezolana: “La migración se produjo por el colapso económico e institucional de Venezuela. Así, cientos de miles de venezolanos que cruzaron las fronteras y encontraron estabilidad en sus países de destino han ayudado activamente a sus familiares que permanecen en el país, siendo especialmente favorecida la población de tercera edad, en muchos casos abuelos que asumieron el cuidado de sus niños”.
Sánchez explica que esta situación significa un alivio económico para esta población vulnerable, pero también advierte que se ha reducido la presión sobre el Gobierno para avanzar en reformas de seguridad social. Al mismo tiempo, señala que el alto costo de la vida en el país hace que, en muchos casos, las remesas recibidas sean utilizadas para gastos básicos de alimentación, medicinas y subsistencia, por lo que la necesidad del adulto mayor no está del todo cubierta.
Aunque Graciela disponga de 470 dólares, Nidia reciba 290 dólares y Catalina obtenga 370 dólares, el dinero no alcanza. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reportó que en mayo de 2026 una canasta alimentaria para una familia de 5 personas costó 772 dólares.
Para sobrevivir, se necesitan once pensiones al mes para cubrir la alimentación, sin contar otros gastos. Aunque este sector sea el que menos “hale plata”, el Estado se justifica con el argumento de que la nomina —activos, jubilados y pensionados—, es “insostenible”.
Envejecer en Venezuela dejó de ser una etapa protegida. Para miles de adultos mayores, las remesas terminaron por resolver lo que el Gobierno les negó a través de la pensión del IVSS.
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