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Por unanimidad, Edmundo González Urrutia es el candidato a las presidenciales de la oposición

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ratificó este viernes, por unanimidad, a Edmundo González Urrutia como su candidato a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en sustitución de María Corina Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular.

«Venezuela y a los demócratas del mundo, quiero darles una muy buena noticia al pueblo de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática por unanimidad acaba de aprobar la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia como el candidato de unidad, apoyado por todos los factores», señaló el secretario ejecutivo de la PUD, Omar Barboza, en declaraciones a los medios.

González Urrutia había sido postulado por la PUD como un candidato provisional, luego de denunciar la imposibilidad de inscribir a la historiadora Corina Yoris, quien fue nombrada como la sustituta de Machado.

Ante esta decisión de la PUD, Barboza anunció que el gobernador del estado Zulia (oeste), Manuel Rosales, declinará su postulación por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que forma parte de la alianza mayoritaria, para apoyar a González Urrutia.

«Queremos hacer un reconocimiento al gobernador Rosales, un hombre que cumple con su palabra, que luego de oír la exposición de todos los miembros de la Plataforma decidió declinar su candidatura para sumarse a la de Edmundo González Urrutia», señaló.

Por lo tanto, prosiguió, el partido liderado por Rosales modificará la postulación para apoyar al exembajador, cuyo plazo vente este sábado.

El pasado 26 de marzo, la PUD inscribió a González Urrutia como su candidato provisional ante la «clara imposibilidad» de postular a Corina Yoris, la elegida de María Corina Machado por estar inhabilitada.

La coalición explicó entonces que tomó esta decisión con el fin de mantenerse «dentro de la ruta electoral» y «seguir luchando» para «garantizar la inscripción» de la «candidatura elegida por los factores democráticos».

¿Quién es Edmundo González Urrutia?

Según reportó el portal web El Pitazo, Edmundo González se graduó en la Universidad Central de Venezuela (UCV) como internacionalista y tiene un magíster en relaciones internacionales por la American University ubicada en Washington, Estados Unidos, en 1981. 

González es un diplomático de carrera y ha ocupado cargos como la dirección general de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) durante cuatro años, entre 1994 y 1998. También dirigió el comité Análisis y Planificación Estratégica dentro del organismo. 

Entre 1998 y el año 2002 fue embajador de Venezuela en Argentina y previamente, entre 1991 y 1993, ocupó el cargo de embajador de Venezuela en Argelia. Además, es miembro del Consejo Editorial Internacional del diario El Nacional.

*Con información de Efe 

DDHH Olvidados | Carlos Julio Rojas: el periodista de la puerta giratoria 

Tres veces ha estado preso el periodista Carlos Julio Rojas y esta vez parece ser la más grave. 

La noche del pasado lunes 15 de abril mientras caminaba cerca de su casa por La Candelaria, el miembro de la asociación de vecinos Frente Norte de Caracas fue detenido por hombres encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y montado en una camioneta plateada.

Al día siguiente, el fiscal designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó a Rojas de formar parte de una red de conspiración para atentar contra la vida de Nicolás Maduro. 

De acuerdo a Saab, Rojas en concordancia con el partido Vente Venezuela y la ganadora de la primaria opositora, María Corina Machado, estaban planeando un ataque el pasado 25 de marzo en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, con el fin de impedir la inscripción de Maduro como candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

A Rojas le imputaron los cargos de asociación e instigacion para delinquir, terrorismo, conspiracion y magnicidio en grado de tentativa.

Como ya es costumbre entre los presos que captura el gobierno venezolano y les acusa de conspiradores, Rojas no ha tenido derecho a la defensa privada y apenas este jueves 18 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas informó que su sitio de reclusión es la sede del Sebin en El Helicoide

Rojas había advertido que por su activismo social, apoyo a los problemas de la comunidad y acompañamiento a los pensionados recibió amenazas de parte de funcionarios y civiles pertenecientes a fuerzas de choque del chavismo.

Alfonso Medina Roa, abogado defensor de Rojas, indicó que todo lo señalado por el fiscal es contrario a las normas procesales.

“Todas estas actuaciones son irregulares y carecen de veracidad en cuanto al hecho, es decir, hay una imposibilidad real que esto haya ocurrido como lo refiere el fiscal general”, dijo Medina Roa a los medios de comunicación.

Como también ya es costumbre, el periodista fue presentado la noche de este 17 de abril ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo.

“Se hizo una especie de audiencia oculta para limitar el ejercicio de la defensa. Quien pidió la audiencia de presentación fue un defensor público por la limitación real en la designación de su defensa”, agregó Medina Roa. 

El abogado indicó que una situación como la que actualmente atraviesa Rojas era temida y por tal razón solicitaron una medida de protección cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Él venía denunciando este acoso que se desarrollaba. Había una intención de vincularlo en algún hecho”, sentenció Medina Roa. 

Rojas: una historia de persecución y encarcelamiento 

En septiembre del año pasado, el propio Rojas denunció un plan de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para detenerlo por supuestas actividades irregulares.

Rojas dijo que querían vincularlo con el estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Alvarez, detenido por aparentes actividades desestabilizadoras vinculadas a miembros de la actividad sindical.

El periodista tuvo un papel protagónico en la detención de Alvarez y denunció las irregularidades a las que fue sometido el estudiante liberado en diciembre como parte del cambio que significó la salida a la calle del empresario colombiano, Alex Saab.

La primera vez que Rojas estuvo preso por el gobierno fue en julio de 2017, año de protestas contra Maduro.

El periodista iba saliendo de un mercado cuando fue interceptado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Su abogada dijo en ese momento que lo mantuvieron en desaparición forzada por 60 horas y que le sembraron al menos cinco granadas. 

En vez de presentarlo ante un tribunal civil como corresponde, a Rojos lo llevaron a uno militar y lo remitieron a la cárcel de Ramo Verde, donde tuvo como compañeros de celda a Leopoldo López, Daniel Ceballos, Renzo Prieto y el hoy fallecido teniente Ronald Ojeda.

Le acusaron de traición a la patria, contra la integridad, independencia y libertad de la nación, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada.

Durante su permanencia en Ramo Verde por más de un mes, Rojas dijo que fue sometido a torturas psicológicas y vejaciones de todo tipo. “No me golpearon, pero psicológicamente fue fuerte”, dijo. 

Posteriormente fue aprehendido en 2020 en el centro de Caracas durante una protesta de pensionados en la que estuvo menos de un día detenido, pero amenazado por colectivos y uniformados. “Ser periodista y líder social no es un delito”, dijo Rojas en ese entonces.

 

 

Tribunales en materia de terrorismo son usados para reprimir y castigar a la disidencia

A partir del año 2021, con la reforma del Código de Justicia Militar, se prohibió expresamente el juzgamiento de civiles en tribunales militares, lo que llevó a esa jurisdicción a declinar los casos a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, un informe realizado por la Coalición por los DDHH y la Democracia, evidencia como los tribunales en materia de terrorismo son usados como arma política para reprimir y castigar a la disidencia.

El informe señala que con dicha reforma no cesó la persecución sino que se utilizaron los tribunales con competencia en terrorismo para encarcelar las voces disidentes tanto de civiles como de militares.

Durante el primer trimestre del 2023, se reportó que el 61% de los presos políticos eran militares, mientras que el 39% restante eran civiles. Esta proporción se mantuvo constante en el segundo trimestre, pero en el tercer trimestre, la cifra de militares disminuyó ligeramente a 58%, aumentando la de civiles a 42%, cerrando el año con 62% de presos político militares y 38% pertenecientes al sector de la sociedad civil.

En términos numéricos, en el primer semestre del año 2023 se contabilizaron 293 presos políticos, divididos en 178 militares y 115 civiles. Para el segundo semestre, la cifra total de detenidos políticos disminuyó a 266, con 164 militares y 102 civiles.

La distribución de los casos en los tribunales refleja una realidad alarmante. En el 2023, 50% de los casos se llevaron a tribunales con materia en terrorismo, 25% a tribunales militares y 25% a tribunales penales ordinarios. Sin embargo, en el tercer trimestre, los casos en tribunales de terrorismo aumentaron al 58%.

 

Traición a la patria es el «delito» más común

La traición a la patria es el delito que encabeza las imputaciones contra civiles y militares, seguidos de conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, luego la rebelión militar, instigación a la rebelión, sin duda, hay una clara predominancia de los delitos relacionados con el terrorismo.

La coalición señala que las violaciones al debido proceso han sido una constante en las últimas dos décadas, en el 2023, el 94% de los casos tuvieron retardo procesal y una ausencia probatoria y de igualdad procesal del 100%, algunos personas se encuentran detenidas de manera preventiva, sin ser llevados a juicio desde hace 5 años.

Entre otras violaciones destacan que las pruebas presentadas en los juicios se limitan a funcionarios actuantes durante la detención y a informes de inteligencia sin valor probatorio. También, los detenidos son llevados a juicios sin contar con abogados de su confianza, lo que impide su derecho a la defensa.

«Preocupa enormemente, la persecución y la utilización de sistema de justicia contra dirigentes políticos, periodistas y defensores de DDHH, así como los patrones continuados de ilegalidad como desapariciones forzadas al momento de las detenciones y detenciones arbitrarías», señala la ONG y además hace un llamado a la urgente necesidad de reformar el sistema de justicia en Venezuela para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente, de su posición militar, civil y política.

El Mañanero del 19 de abril: Consulta popular en las comunas y otras noticias sobre Venezuela

En El Mañanero del 19 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: el gobierno de Nicolás Maduro promueve una consulta popular en las comunas que se realizará el próximo domingo, 21 de abril, en todo el territorio nacional. El evento contará con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), a diferencia de la primaria opositora, que no tuvo el apoyo técnico del Poder Electoral.

Por otra parte, voceros del oficialismo se pronunciaron sobre el levantamiento del alivio de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos al de Venezuela por el irrespeto al Acuerdo de Barbados firmado en octubre del año pasado y el cual promovía elecciones presidenciales libres y transparentes en julio de este año.

También, como si se tratara de un guion repetido con cada preso político, la ONG Espacio Público denunció este jueves que al periodista Carlos Julio Rojas no le han permitido nombrar una defensa privada.

Vuelven las comunas y van a consulta popular

PERFIL | Marino Lugo, tercer detenido de la trama Pdvsa-Cripto fallecido en custodia

Al igual que a Rocío San Miguel, a Carlos Julio Rojas no se le permite defensa privada

Chavismo condenó regreso de sanciones y aseguró que el país “saldrá adelante”

Ley contra el fascismo y el odio se dan la mano

Consorven pide al CNE brindar accesibilidad a personas con discapacidad en elecciones

La educación sexual integral es una herramienta contra la violencia de género

«Nos preocupa a todos los venezolanos que haya una indefinición en el proceso político. Preocupa esos factores no han permitido que ese sector importante de la población (la oposición) pueda canalizar su voluntad política de participación». Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), durante una entrevista con el Circuito Éxitos de Unión Radio este #18Jul.

La educación sexual integral es una herramienta contra la violencia de género

La feminista y psicóloga Magdymar León, coordinadora general de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), advirtió que la educación sexual integral en el país está en riesgo por la acción de grupos conservadores que apuestan por eliminar del currículo educativo «lo que ha sido un logro, el hecho de alcanzar la educación sexual integral como un derecho reproductivo y humano».

«Negar ese derecho humano le resta la posibilidad a niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a toda la población del ejercicio de una sexualidad responsable. Si no conozco la realidad de la sexualidad y las decisiones y riesgos que enfrentamos, como las infecciones de transmisión sexual, no podemos protegernos y no se pueden construir las bases para que una persona respete a la otra en condiciones de igualdad. La educación sexual integral es una necesidad en la Venezuela de hoy en día, donde tenemos altos índices de violencia contra las mujeres, violaciones y abuso sexual infantil, además de  embarazos muy tempranos en adolescentes», explicó en declaraciones a Runrun.es, y en el marco de una actividad celebrada el pasado 10 de abril para celebrar los 40 años de Avesa. 

León acotó que aunque en el país existe el marco normativo jurídico favorable para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pero en la práctica, no hay programas ni políticas públicas que acompañen este proceso. 

Respecto a la violencia contra la mujer, recordó que ocurre porque la sociedad las sigue mirando como ocupantes de un espacio subordinado.

«Se sigue viendo a la mujer como que se le puede dominar y controlar a través de la violencia. Entender que somos sujetas de derecho, que valemos, que merecemos un trato igualitario con respecto a los hombres es algo básico. Necesitamos aprender a identificar la violencia contra las mujeres en sus primeras manifestaciones, y es algo que se puede lograr gracias a la educación sexual integral. La violencia contra las mujeres no es solamente cuando recibo un golpe o una amenaza de muerte, esas son las formas extremas,  hay otros indicios que se pueden detectar antes y la educación sexual integral es una herramienta para detectar temprano la violencia y corregirla, pero también para educar a los hombres sobre conductas violentas que deben ser transformadas. Entonces, la educación sexual integral tiene un componente de prevenir no solo víctimas, sino también agresores», explicó León. 

Una educación sexual patriarcal y machista

La educación sexual la reciben a diario los niños y adolescentes en distintos entornos. Y a pesar de que se incluye dentro de los derechos sexuales y reproductivos concebidos como derechos humanos,  su enfoque tradicional ha sido «machista, patriarcal y moralista», lo que dificulta que las personas tomen sus propias decisiones conscientemente a través de la reflexión de lo aprendido y no automáticamente. 

Así lo comentó Mercedes Muñoz, presidenta de la Junta Directiva de de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) en el conversatorio organizado el pasado 10 de abril por el aniversario de la asociación. 

«Hay que sacarse de la cabeza que la educación sexual es un tema frívolo, porque es un tema trascendental. Acá no hay tendencia política, derecha o izquierda, que no haya sacrificado lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y los derechos de la mujer por sus necesidades políticas», amplió. 

Magdymar León, por su parte, insistió en que la educación sexual inicia en los primeros años de vida con el reconocimiento de los órganos del cuerpo.

«La educación sexual integral no se circunscribe al coito o relaciones sexuales, tiene que ver con la emocionalidad, con la forma en la que nos relacionamos en pareja, si queremos tener una familia y reproducirnos. De manera que estamos hablando de emociones, cuerpo, aspectos biológicos, derechos, dignidad, respeto, estamos hablando de muchos temas cuando hablamos de educación sexual integral. Eso es lo que se tiene que entender. Se tiene la idea de que hablar de educación sexual es solo hablar de relaciones sexuales y métodos anticonceptivos, eso es solo una pequeña parte de todo», amplió. 

Las iniciativas chocan con la realidad del sistema educativo

Fernando Pereira, cofundador de Cecodap, también tomó la palabra en el conversatorio sobre las  perspectivas, riesgos y desafíos de la educación sexual integral y destacó como uno de los rectos actuales en la materia el cuestionamiento de algunos sectores que plantean que la educación sexual es un tema exclusivamente familiar y que le compete a la madre y padre.

«En la práctica se ha instaurado la matriz de la ideología de género y eso ha ido en detrimento de paralizar muchas de las experiencias y retos del acompañamiento crítico que se debería seguir desarrollando», opinó.

Insistió en que, en general, las condiciones actuales del sistema educativo educación no favorecen la promoción de una educación sexual alternativa. 

«No solo este tema, sino cualquier otro que sea alternativo, humanista, formativo o complementario como la formación en derechos humanos, ciudadanía, derechos de niños y prevención de violencia está chocando con la realidad del sistema educativo y de las escuelas que se encuentran en modo supervivencia, con horarios escalonados, actividades restringidas, con maestras y maestros que apenas les alcanza para poder llegar a su trabajo, incluso poniendo de su bolsillo para el desarrollo de las actividades”, especificó. 

 

Pereira destacó que es necesario hacer un esfuerzo pedagógico para comunicarse con las comunidades y la familia desde la perspectivas de que los problemas como la violencia de género, violencia en las relaciones y abuso sexual los afectan cotidianamente. 

A propósito de este punto Magaly Huggins, una de las fundadoras de Avesa, magíster en Criminología y doctora en Estudios del Desarrollo, intervino para comentar que entre 2022 y 2023 entre las primeras causas de detención en los 300 centros de detención preventiva -calabozos- figuraban casos de violencia de género y abuso sexual infantil. 

«Eso pone los pelos de punta, porque lo que llega a los calabozos es un porcentaje del total. Esta es una lucha de hombres y mujeres por el tema de la equidad, que nos involucra a todos. Las personas que padecen a sus hijas embarazándose a los 13 ó 14 años, o que tienen el riesgo de que sus hijos sean abusados, cuando uno les habla de educación sexual desde otra perspectiva, se olvidan de lo político», acotó. 

40 años promoviendo la educación sexual alternativa

En 1984, un grupo de mujeres valientes, lideradas por Elisa Jiménez, oficializaron el registro de una de las organizaciones no gubernamentales pioneras de Venezuela. La coordinadora de Comunicaciones de Avesa, Belkis Lugo, aseguró que cumplir 40 años significa plantearse y replantearse sobre lo útil del camino hecho y lo que se presenta como oportunidad.

“Dicen que tamaño y tiempo no son causa de crecimiento ni envejecimiento. Organizaciones con larga tradición no son necesariamente viejas y organizaciones sin mucho trayecto no son necesariamente jóvenes. Si una empresa que cumple 40 años demuestra capacidad para cambiar, de hacer adaptaciones, reconocer su trayectoria, revisar su misión, no es vieja ni joven: es una empresa madura y se dice que está en plenitud y sigue apostando al futuro”, recalcó.

Mientras que Magdymar León, coordinadora general de Avesa, narró los hitos, desafíos y logros de la organización en estas cuatro décadas, como el hecho de ser la primera organización que en Venezuela fundó un servicio de atención psicológica a víctimas de violencia sexual.

Asimismo, afirmó que la prestación de servicios en Avesa es una herramienta para lograr un objetivo mayor junto con la investigación, formación, capacitación y creación de conocimiento: la transformación sociocultural para una sociedad más justa, equitativa y democrática.

“Porque sin la participación de las mujeres, sin respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, no podemos hablar de democracia. Entonces Avesa tiene un fin político, que no es político-partidista sino político-femenista”, remató.

PERFIL | Marino Lugo, tercer detenido de la trama Pdvsa-Cripto fallecido en custodia

El nombre de Marino Lugo Aguilar, tercer fallecido en custodia del Estado por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, poco resonó en la opinión pública, aunque siempre estuvo muy cerca de Hugo Chávez y también de varias figuras importantes en la administración de Nicolás Maduro. 

Según reseña el portal web Infobae, el coronel Lugo Aguilar fue, en orden de mérito, el número 103 de la promoción del Ejército “Coronel Miguel Antonio Vásquez Delgado” en el año 1999. El padrino de dicha promoción, catalogada como la primera «promo graduada en revolución,» fue el entonces presidente Hugo Chávez, quien para ese entonces tenía poco tiempo en el poder. 

De acuerdo con una investigación realizada por el portal Armando.Info, Lugo Aguilar fue integrante de la Guardia de Honor de Chávez desde 1999 hasta 2013. 

Su paso por Pdvsa

La carrera militar de Marino Lugo avanzó sin ningún contratiempo. En julio de 2007 ascendió a capitán Efectivo del Ejército. Nombramiento que quedó plasmado en la Gaceta Oficial N° 5843. En julio de 2012, Lugo Aguilar alcanzó el grado de Mayor del Ejército. Posteriormente, fue designado en  Gaceta Oficial N° 41.162, como miembro de la Comisión de Contrataciones del Banco del Tesoro, institución financiera del Estado.

Ya siendo coronel, Marino Lugo formó parte de una filial de la Corporación Socialista de Cemento cuando era presidida por Antonio Pérez Suárez, también detenido por la trama de corrupción. 

Según reseña el portal Armando.Info, sus primeros acercamientos con la Pdvsa fueron en el 2011, pero en 2020 alcanzó su cargo más alto dentro de la estatal.

Lugo fue designado director gerente de Mercado Nacional de Pdvsa, cargo que ocupó desde 2020 hasta 2023. En el 2022, un ciudadano venezolano denunció en Twitter, ahora X, que en la estación de servicio Blandín, ubicada en La Castellana, en Caracas, no aceptaban el pago de gasolina con bolívares en efectivo. 

La denuncia se hizo viral, y para ese entonces, el ministro Tareck El Aissami, también procesado por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, respondió a la denuncia afirmando que “la participación del pueblo en la lucha contra las mafias y las irregularidades en la distribución y comercialización del combustible, son determinantes para derrotar estas desviaciones”.

Inmediatamente, El Aissami publicó un video en donde aparece Marino Lugo identificándose como director gerente del Mercado Nacional de Petróleos de Venezuela, para informar que dicha estación había sido intervenida “por el cobro irregular de combustible”. 

Armando.Info señala que Lugo en su rol de gerente de Mercado Nacional de Pdvsa, fue quien comandó el proceso paulatino de la dolarización del precio de gasolina y la militarización de las estaciones de servicios.

Los vínculos de Marino Lugo con Pérez Suárez y El Aissami 

En marzo de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la detención del coronel Antonio Pérez Suárez por ser el “jefe principal de la estructura de corrupción” en Pdvsa, según el fiscal designado por la Constituyente chavista. 

Para ese momento, fungía como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela desde 2020, y era hombre de confianza de Tarek El Aissami. De los 18 cargos que ostentó, tres fueron firmados por el propio El Aissami.

Pérez Suárez y Marino Lugo egresaron de la misma promoción en el año 1999 y según reseña Infobae, ambos mantenían un estrecho vínculo de amistad, que impulsó a Lugo a llegar a la Corporación Socialista del Cemento y también a Pdvsa. 

En marzo de 2023, la detención de Lugo no se dio a conocer por los canales regulares del Ministerio Público. Nada se sabía sobre él, ni siquiera que estaba bajo investigación, mientras que Antonio Pérez Suárez fue uno de los primeros en ser detenido. 

Primero interrogado, luego muerto en custodia

El primero en mencionar al coronel Marino Lugo Aguilar estaba siendo interrogado fue el periodista de Últimas Noticias Eligio Rojas, quien a través de su cuenta en X, informó que estaba detenido y siendo interrogado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

 

Dos horas más tarde, el Ministerio Público, a través de su cuenta en X (antes Twitter), informó el deceso de Lugo y agregó que funcionarios especializados en patología, medicina forense y criminalística confirmaron la muerte «por ahorcamiento».

Según el Ministerio Público, a Marino Lugo se le imputarían los delitos de «apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, evasión de procedimientos, controles o restricciones en licitaciones; legitimación de capitales, traición a la patria y asociación».

 

Lugo no es el primer fallecido en custodia involucrado en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. El primero fue el presidente de Cartones de Venezuela, Leoner Azuaje, quien supuestamente se suicidó, también por ahorcamiento, el 21 de abril de 2023.

El 16 de mayo del mismo año, falleció Juan Almeida Morgado mientras se encontraba en su residencia luego de que un tribunal le otorgara arresto domiciliario por padecer cirrosis hepática.

La supuesta confesión antes de morir

Este jueves, 18 de abril, el diario oficialista Últimas Noticias publicó parte de la supuesta confesión que hizo el coronel Marino Lugo antes de “suicidarse”. 

En la nota, Lugo afirma haber entregado a Joselip Ramírez (detenido) quien para ese momento era el jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la cantidad de 300 millones de dólares que iban a ser convertidos en monedas digitales y así evitar que dichos dividendos ingresaran a la República.

Según el medio oficialista, Marino Lugo explicó cómo funcionaba el esquema paralelo para desviar las divisas obtenidas por el grupo de Tarek El Aissami en las ventas del crudo mediante operaciones ejecutadas por privados y funcionarios públicos.

Al igual que Rocío San Miguel a Carlos Julio Rojas no se le permite defensa privada

Como si se tratara de un guion repetido con cada preso político, la ONG Espacio Público denunció este jueves que al periodista Carlos Julio Rojas no le han permitido nombrar una defensa privada. 

Rojas, quien fue acusado por el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab, de conspirar para atentar contra Nicolás Maduro, no ha podido designar una defensa privada al igual que la defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel. 

«El periodista, activista comunitario y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo en horas de la noche del 17 de abril, en violación del debido proceso, sin permitirle una defensa de su confianza», señaló la organización en nota de prensa.

La organización recalcó que a Rojas tampoco le han permitido la comunicación con sus familiares.

La ONG informó que hasta el momento se desconoce si a Rojas se le imputaron los cargos que el fiscal mencionó el día que compareció en televisión para anunciar su detención: asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

«La prohibición de comunicarse con sus familiares y abogados por parte de fuerzas públicas de seguridad, implican una violación al debido proceso», añadió la ONG.

De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas, Rojas se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide. Abogados y familiares de Rojas sostuvieron que en un principio desconocian su sitio de reclusión.  

Según Saab, Rojas, detenido desde el lunes pasado, está vinculado al partido político Vente Venezuela y a la líder Maria Corina Machado en un supuesto complot para atentar contra Maduro.

De acuerdo con Saab, el periodista tenía dos investigaciones previas, de los años 2015 y 2022, y se encontraba con orden de aprehensión acordada en diciembre de 2017.

 

 

Consorven pide al CNE brindar accesibilidad a personas con discapacidad en elecciones

La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que dé información sobre los procesos de inscripción de personas con discapacidad, para conocer cuáles son los mecanismos de registro para la mesa uno.

A través de una nota de prensa, Consorven recordó que en procesos electorales pasados, en los centros de votación se habilitaba la mesa uno (01) para personas con discapacidad. Sin embargo, notaron «debilidades para brindar apoyo» a estas personas en su momento.

En ese sentido y para estas elecciones Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló que solicitó con tres meses de antelación al ente electoral que tome las previsiones «para que se hagan los ajustes razonablse y los votantes con discapacidad puedan contar con la accesibilidad requerida y ejercer su voto de manera autónoma e independiente dentro de las posibilidades de cada quien”.

Asimismo, solicitó se efectúe la difusión del cronograma electoral, así como de cada una de sus fases en formatos accesibles, considerando las adecuaciones necesarias según cada discapacidad empleando textos de lectura fácil, pictogramas, impresiones en braille, videos en lengua de señas venezolana, subtítulos y voz en off que faciliten la comprensión de los mensajes.

También, De Gouveia consideró que la adaptación de estos mensajes se ha debido elaborar y difundir desde la fase de registro y actualización de datos a fin de que las personas con discapacidad pudieran conocer el mecanismo y los puntos dispuestos para ello a nivel nacional.

Acotó que la petición que hizo ante el CNE está prevista en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009) que establece en su Artículo 187 (Título XVI), así como también en los artículos 9 y 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los cuales aseguran el acceso de las personas con discapacidad a la información y comunicación y garantiza que los procedimientos electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender.

“Con base a estos argumentos donde se expresan claramente el derecho ciudadano a elegir al próximo Presidente de la República, y en pro de unas elecciones transparentes donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, es que insistimos en que se tome en cuenta la accesibilidad para una verdadera inclusión de las personas con discapacidad”, concluyó De Gouveia.