Los ataques del gobierno al sector privado buscan evadir responsabilidades en la crisis económica del país, la cual tiene efectos sociales y políticos. Analistas consideran que con medidas efectistas, como el ataque al contrabando o la bandera de la guerra económica, el Ejecutivo pretende ocultar su fracaso y postergar decisiones que implicarían un cambio en el modelo del Estado.

El analista estratégico Bernardo Horande destacó que el presidente Nicolás Maduro ha perdido la oportunidad de revertir las políticas que han destruido el aparato productivo y ha adoptado medidas que conducen “al precipicio económico”, mientras se agota el tiempo.

Añadió que esa línea gubernamental agravará el cierre de empresas, el crecimiento del desempleo y traerá más reducción del poder adquisitivo, escasez y desabastecimiento. “Aunque el gobierno ha cuidado el abastecimiento en los sectores populares, vivimos la descomposición total de la economía”.

Horande, quien cree que la situación es insostenible, es partidario de retomar urgentemente el diálogo para negociar salidas al país y que no se imponga el deseo de preservar el poder.

“Estamos en una transición, la muerte de Hugo Chávez marcó un hito clave. Este proyecto se sustentaba sobre su figura, aunada con un volumen de dinero enorme; desaparecido Chávez, el gobierno hizo crisis”, argumentó.

El sociólogo Trino Márquez sostuvo que “el gobierno, en su política de confrontación al empresariado, ha violado el Estado de Derecho y busca fortalecer el mito de la guerra económica para liberarse de la responsabilidad que tiene; se ha malbaratado el dinero del petróleo y llegado a los laberintos de la corrupción”.

Añadió que Maduro ha estado influenciado por las criticas del sector radical de la izquierda, mientras Venezuela es el único país que ha decrecido en la región, incluso por debajo de los países del Alba, y cerrará 2014 con la inflación más alta del continente.

Márquez, quien destacó que se ha profundizado la dependencia del petróleo, advirtió que el país todavía puede tocar más fondo. Cuestionó que el gobierno insista en un modelo que ya no tiene cabida en el mundo, con excepción de Cuba, Corea del Norte y algún país africano, centrado en la tesis de la lucha de clases y el ataque a la propiedad privada.

Con medidas efectistas como el “dakazo”, el plan de lucha contra el contrabando o la bandera de la guerra económica, el gobierno también busca desviar su responsabilidad en la crisis económica.

“El gobierno no ha logrado validar algunos cambios racionales en su modelo económico y ha tenido que buscar mecanismos para explicar la crisis, de forma que la gente considere que la escasez no es problema de un modelo de gobierno no adecuado, sino del contrabando. El contrabando o el acaparamiento son consecuencias, no causas del problema. Son consecuencias del control de cambio”, explicó el director de Datanálisis, Luis Vicente León.

Advirtió que la popularidad de esos mecanismos efectistas se agota rápido, pues crece el número de personas que responsabilizan directamente al gobierno por los problemas del país.

“Aunque el ‘dakazo’ le dio 10 puntos al gobierno en época electoral, hoy menos de 30% de la población lo cree y cada vez se culpa más al gobierno por la crisis”, señaló.

León añadió que el plan de lucha contra el contrabando no comenzó bien. “Esto del contrabando no funciona porque no toca directamente a la gente. Los mecanismos efectistas son útiles si representan algo para ti, una mejora en la vida directa, no indirecta. Lo del contrabando es indirecto”, dijo.

Se trata, según el politólogo e historiador Freddy Rincón, de “enemigos externos que se inventa” el Ejecutivo para no asumir la culpa por la situación económica.

“El problema es el modelo que fracasó. Lo único que les queda, además de la represión, es el control mediático”, señaló.

Rincón considera que, más allá de ofrecer soluciones reales, con esas medidas el gobierno solo se preocupa por su imagen, aunque no haya elecciones este año.

“Les interesa mantener su imagen para mantenerse en el poder. Ya se está mirando hacia las elecciones parlamentarias y el gobierno es consciente de la merma en su popularidad. Saben que si hay unas elecciones en este momento las perderían”, expresó.

Opinó que el discurso se basa en mentiras: “La lucha contra el contrabando no soluciona la escasez; para eso se debe aumentar la producción. La subida en los precios no responde solo a la especulación. Hacen cualquier maniobra publicitaria para levantar su imagen”, agregó.

Miedo al barrio

El plan nacional de desarme voluntario que comenzó el lunes también es, según analistas consultados, una medida efectista que no podrá solucionar la crisis de la inseguridad.

“Se trata de evadir la responsabilidad, de culpar a la gente de la inseguridad. No se ataca el problema porque el gobierno no quiere lucir como un agresor. La inseguridad es mayor en los barrios más pobres y no es una medida popular para el gobierno atacarlos”, señaló el director de Datanálisis, Luis Vicente León.

El politólogo e historiador Freddy Rincón coincide en que el desarme voluntario no reducirá la violencia. Considera que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ha demostrado su incompetencia.

“Solo se ha preocupado por colocar la mano al poder y defenderlo. ¿Cómo va a negociar con bandas criminales mientras es enemigo acérrimo del diálogo entre el gobierno y la oposición?”, expresó.
El Nacional