Provea exhortó este jueves al Gobierno a promover el diálogo con los sectores involucrados para resolver la crisis en el sector salud.
“No basta con reconocer la crisis, se requieren medidas urgentes y sostenibles para revertir la situación de vergüenza de nuestro actual servicio público de salud y evitar que se continúen perdiendo vidas por ausencia de atención adecuada y oportuna”, indicó la ONG a través de un comunicado.
Precisó que en marzo de este año el presidente Maduro aprobó 81 millones de bolívares para ser destinados a 24 centros de salud públicos, pero que la mayoría de ellos aún atraviesa deficiencias en cuanto a su infraestructura y dotación de equipos e insumos médicos.
La organización indica que, según cifras de la Federación Farmacéutica Venezolana y la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, Laboratorios y Afines, la escasez en los centros médicos alcanza un índice de 60% en el caso de las medicinas y 85% en el caso de los insumos.
El ministro para la Salud, Francisco Armada, reconoció el 18 de este mes que existen fallas en la distribución de medicamentos y en la asignación de divisas al sector.
“El Estado reconoce la existencia de la crisis, pero no avanza en su solución”, reitera Provea.
La ONG destaca que, al igual que en 2013, en abril de este año pacientes y organizaciones sociales consignaron un documento ante la Defensoría del Pueblo para solicitar su intervención “ante la grave crisis en el sistema público de salud y la indolencia del gobierno para dar respuesta”.
El despacho se habría comprometido a realizar visitas a hospitales y coordinar el diálogo con los involucrados para abordar el problema, pero Provea indica que el proceso de acercamiento fue interrumpido por la propia institución.
“Lamentamos aún más que en una reciente declaración, la defensora Gabriela Ramírez haya desestimado las solicitudes formuladas por diversos sectores en torno a la necesidad de declarar en emergencia a la salud en el país, y que esta institución siga incumpliendo su deber constitucional dándole la espalda a los sectores más pobres de la población que son los usuarios frecuentes de los servicios públicos de salud”, agrega el comunicado.
La organización indica que los funcionarios del Estado tienen la obligación de dar respuesta a la crisis.
“Los retrocesos y estancamientos en materia de disponibilidad, accesibilidad, gratuidad y calidad de la atención prestada, afectan el derecho a la salud y el derecho a la vida de las y los venezolanos”, denuncia.
Agrega que la crisis económica y las dificultades en materia de asignación de divisas que atraviesa el país no eximen al Estado de su obligación de adoptar medidas que garanticen el disfrute del derecho a la salud: “La crisis económica no puede traducirse en una crisis de derechos humanos”.
En 2013
La ONG precisó que en febrero de 2013 el presidente Nicolás Maduro reconoció la crisis que atraviesa el servicio nacional público de salud y ordenó la intervención del Hospital de Coche y de otros centros hospitalarios del país. Diez meses después, el 12 de diciembre, volvió a mencionar la situación al afirmar que los hospitales del país eran una “vergüenza”.
Ese año Provea registró un incremento de 84%, con respecto al período anterior, en el número de situaciones de impedimentos para la prestación servicios de salud pública al recibir 1.976 denuncias.
