Permitir al Ejército reprimir las manifestaciones con armas es insensato y antidemocrático
La decisión del Gobierno venezolano de autorizar al Ejército el uso de armamento letal para el mantenimiento del orden en manifestaciones y protestas supone un peligroso salto cualitativo en la merma del ejercicio de libertades ciudadanas del país sudamericano. Y abre la puerta a situaciones que es fácil que desemboquen en la pérdida de vidas humanas.
El presidente, Nicolás Maduro, debe ser consciente de que la utilización del Ejército, con su armamento reglamentario, para controlar a la población civil evoca las peores páginas de la historia latinoamericana, porque las Fuerzas Armadas de varios países jugaron en el pasado un papel fundamental en la represión de sus respectivas sociedades. Además, la disposición va contra los tratados internacionales firmados por Caracas y contra la misma Constitución venezolana —inspirada e impulsada por el mentor político de Maduro, el expresidente Hugo Chávez—, que establece claramente que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Un ejército no es una fuerza policial y en cualquier democracia su utilización en el interior del territorio nacional está limitada a unas pocas circunstancias excepcionales. Y por supuesto con el objetivo de proteger a la población, no con el ánimo de amedrentarla.
Maduro se equivoca si considera que en Venezuela hay democracia únicamente porque se convoquen elecciones cada determinado número de años. El derecho de reunión y manifestación es tan fundamental como el de votar. No pueden ser considerados un fastidio, y muchísimo menos una amenaza contra la que se puede emplear la fuerza más mortífera en manos de un Estado: su Ejército.
Venezuela se desliza poco a poco hacia un modelo de Gobierno muy lejano de las prácticas democráticas habituales. Y lo hace además con una población sumida en una penuria inconcebible hasta hace pocos años en la que los ciudadanos se ven obligados a esperar horas para conseguir lo más básico. Como explicaba ayer en las páginas de este periódico Miguel Otero, director de El Nacional de Caracas, “en Venezuela las colas afectan a todos por igual; a pobres y a ricos”.
El decreto presidencial constituye un ataque muy grave a las garantías democráticas en Venezuela. Maduro debería reconsiderar su decisión y retirarlo.
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