El Grupo de Lima manifestó hoy su “profunda preocupación” por informes de una movilización militar venezolana a la frontera con Colombia y reiteró su “alarma y consternación” por las violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden democrático en Venezuela.
Los países del Grupo de Lima “expresan su profunda preocupación por informaciones recientes sobre movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia, acciones que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la CELAC”, señalaron en una declaración difundida hoy en Santiago por la Cancillería chilena.
La nota, suscrita por los Gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, planteó además atención a las “graves violaciones a los derechos humanos” en Venezuela.
Violaciones “denunciadas en los informes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y registradas en el reciente Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, consignaron.
Precisaron que tales actos “incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la Justicia, así como la erosión de los controles y equilibrios institucionales y de la democracia en ese país”.
En la nota, los países condenaron la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en Venezuela, “reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos”.
En ese contexto, reiteran su desconocimiento de “la legitimidad y credibilidad del proceso electoral” que concluyó el pasado 20 de mayo, “por no cumplir con los estándares internacionales, no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”.
Sobre la base de lo anterior, llaman a la instalación de “un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia”.
En el texto de ocho puntos, también insistieron en un “llamado urgente” al Gobierno de Venezuela “para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición”.
Asimismo, reconocieron la reciente resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que busca “apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela, en el marco de la Carta Democrática Interamericana”.
El Grupo de Lima expresó por último su disposición a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el derecho internacional aplicable, “medidas a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.
La denuncia telefónica que una mujer hizo a la División Contra Extorsión y Secuestro de la policía judicial, le dio pistas a los pesquisas para dar con la vivienda de uno de los involucrados en el delito de secuestro en la barriada que desde el primer trimestre de 2015 es conocida como “zona de paz” en Caracas
Otro caso de secuestro y de ataque a funcionarios policiales involucra a delincuentes que operan en la Cota 905, uno de los sectores populares que, al igual que El Cementerio y El Valle es conocido como “zona de paz” en Caracas desde el primer trimestre de 2015.
La novedad policial más reciente es del miércoles 30 de marzo. Ese día, a las 9:50 pm, una comisión de la División Contra Extorsión y Secuestro del Cicpc fue atacada a tiros cuando se desplazaba en unidades policiales y en vehículos particulares por el sector Las Quintas de la Cota 905.
Los pesquisas llegaron al lugar para investigar una denuncia telefónica que una mujer hizo a esa división para advertirles que en el sector Las Quintas de la Cota 905 opera una banda que posee armas largas y granadas y que se dedica a extorsionar y secuestrar a comerciantes de la zona.
En el momento en que la comisión del Cicpc fue atacada por los delincuentes, dos de éstos se dieron a la fuga por una zona boscosa y otro se escondió en una vivienda. Los funcionarios lograron ingresar. De acuerdo con el reporte policial, cuando penetraron en la residencia se originó un enfrentamiento con el presunto delincuente, quien resultó herido y, después de ser trasladado a un hospital, falleció. Fue identificado como Jean José Pérez Flores.
Una fuente consultada por Runrun.es explicó que Pérez estaba solicitado desde el 25 de junio de 2013 por el delito de secuestro. En la vivienda donde resultó herido el delincuente estaban dos mujeres que fueron detenidas para averiguaciones.
Cuando los funcionarios buscaban evidencias de interés criminalístico en la residencia, encontraron un papel con un número telefónico de una persona que fue secuestrada. Los agentes contactaron a la víctima, que es gerente de una empresa que produce harina de trigo, y que declaró que el 29 de marzo permaneció unas horas cautiva en la Cota 905 hasta que sus familiares cancelaron su rescate.
Hasta el 30 de marzo 98 secuestros fueron denunciados a la policía científica en todo el país, de acuerdo con datos extraoficiales. Un informe policial detalla que hasta esa fecha hubo al menos 130 víctimas y otras siete permanecían cautivas.
Cuatro empleados del Metro de Caracas que tripulaban una Vitara plateada y se dirigían al antiguo club de la Policía Metropolitana, fueron secuestrados ayer por un grupo delictivo en la Cota 905, reseñó El Nacional.
Uno de los plagiados es sobrino de un gerente de la compañía. Del celular de uno de los retenidos, los antisociales llamaron para exigir una alta suma de dinero y dólares, así como prendas de oro u objetos de valor.
La última llamada la hicieron a las 2:30 pm y dieron una hora de plazo para cancelar lo solicitado. El pago se hizo en el sector El Peaje, frente a la entrada a la Cota 905.
Los delincuentes aceptaron una suma menor a la exigida en dólares y cuatro botellas de whisky.
Los cuatro plagiados fueron liberados en un sector de la avenida libertador.
Bandas de la Cota 905, El Cementerio, El Valle y La Vega estarían relacionadas con 25% de los secuestros denunciados este año en Caracas. El plagio de Bárbara Espinoza, hijastra del director de Interpol Venezuela, dejó al descubierto el modus operandi de grupos que utilizan las denominadas zonas de paz de la capital del país para «enfriar» a los secuestrados y negociar los pagos de rescates. Los comerciantes figuran entre las víctimas más atractivas para los captores. Expertos aseguran que en las últimas tres semanas se disparó este delito por la cercanía de diciembre y el cobro de utilidades
EN UNA VIVIENDA UBICADA en el barrio Los Sin Techo de El Cementerio estuvieron cautivos por más de 12 horas los tres jóvenes. Sus rostros fueron cubiertos con sábanas. Recibieron golpes y fueron maltratados psicológicamente por los 18 “cuidadores” que los vigilaron. Este es el resumen del mediodía de secuestro que vivió Bárbara Espinoza, hijastra del director de Interpol Venezuela, comisario general Ramón Silva Torcat, una amiga de 18 años y un adolescente de 16 años de edad.
El secuestro de la hijastra del comisario Silva Torcat puso en evidencia un modus operandi que comienza a ganar terreno entre algunas bandas dedicadas a este delito. Se trata de grupos organizados que operan en las denominadas zonas de paz y utilizan estos sectores para mantener cautivas o liberar a sus víctimas.
Desde agosto funcionarios de la División Contra Extorsión y Secuestro del Cicpc investigan a bandas de plagiarios que operan en El Cementerio, la Cota 905 y zonas aledañas, como El Paraíso, La Vega y El Valle. La pesquisa comenzó luego de que se percataron de que en el reporte de plagios denunciados durante los primeros meses del segundo semestre de 2015 se repite el patrón de liberación de víctimas en zonas de paz de Caracas.
Hasta el 8 de noviembre de este año, 14 de los 57 secuestros que fueron denunciados al Cicpc en la capital, tuvieron relación con grupos criminales que operan en la Cota 905, El Cementerio, La Vega y El Paraíso. Esto quiere decir que bandas de estas zonas estarían asociadas a 25% de los plagios ocurridos este año en la ciudad. La cantidad de hombres (más de 20) que participaron en el plagio de Bárbara Espinoza, Astrid Torres y el menor de 16 años, se corresponde con el amplio número de integrantes que, se sabe, tienen estas organizaciones dedicadas también al tráfico de drogas.
Dos víctimas de secuestros en Caracas en 2015 contaron sus historias a Runrunes
Aunque los perfiles de las víctimas son distintos, el modus operandi de los delincuentes es similar. Los secuestradores, jóvenes y con armas de fuego, interceptan a sus víctimas y las someten. Igual que en los casos del video, la hijastra del director de Interpol fue secuestrada en el municipio Baruta.
A las 3:30 am, los secuestradores de Bárbara Espinoza establecieron el primer contacto con los familiares de los tres jóvenes para solicitar entre 70.000 y 50.000 dólares por el rescate, minutos después la División Contra Extorsión y Secuestro de la policía judicial activó un operativo para dar con los plagiarios y rescatar a los jóvenes. Patrullas policiales de diferentes cuerpos de seguridad bloquearon las entradas y salidas de la capital. El rastreo telefónico fue clave para determinar que las tres personas estaban cautivas en el barrio Los Sin Techo, de El Cementerio que forma parte de las zonas de paz en Caracas. Ya no había duda.
“Aquí en El Cementerio no hay nada oculto. Los vecinos estamos presos en nuestras casas porque el poder lo tienen los delincuentes. Antes cuando mataban o resultaba herido un policía, uno al menos tenía tranquilidad porque sabía que los cuerpos de seguridad iban a penetrar en la zona, pero desde que esto es territorio de paz, los delincuentes ya no les permiten el ingreso a los funcionarios. En las últimas semanas hemos sabido de varios secuestros en el barrio Primero de Mayo, pero como no se denuncian o las víctimas no son personas conocidas, los medios de comunicación no los reseñan”, manifestó un vecino de la zona, que al igual que otros habitantes del sector, tiene conocimiento de los movimientos que los delincuentes hacen, pues escuchan sus actividades a través de la frecuencia 21 de un radio portátil.
Lea también: Zonas de Paz: Corredores para el libre comercio de la droga
Pasadas las 3:00 pm de ese 8 de noviembre la hijastra del director de Interpol Venezuela, fue liberada en Los Sin Techo, el mismo barrio donde permaneció 12 horas en cautiverio, juntos a sus amigos. De acuerdo con un reporte policial, la liberación se dio luego que sus parientes cancelaron el rescate con 270.000 bolívares, 5.000 dólares, 1.000 euros, 4 televisores pantalla plana, 2 equipos Blu-Ray y productos de belleza Avon. Sin embargo, un allegado de una de las víctimas aseguró que nunca se concretó el pago y que los tres estudiantes fueron liberados por presión policial.
Hasta el 16 de noviembre en todo el país fueron denunciados 243 secuestros. Distrito Capital, con 64 plagios, es la segunda entidad con más secuestros, superada por Miranda con 87 reportes de este delito. Desde agosto hasta la fecha se han reportado 12 casos de liberaciones o víctimas que han permanecido en cautiverio en las zonas de paz del municipio Libertador.
Lea también: Hijastra del director de Interpol fue secuestrada por banda de El Cementerio y la Cota 905
En el caso de la hijastra del director de Interpol, “fueron interceptados por 5 delincuentes cuando salían de un local nocturno en Las Mercedes, pero luego en la vivienda donde se desarrolló el cautiverio 18 jóvenes, que no superan los 26 años de edad y que son miembros de la banda liderada por un delincuente conocido como “Buñuelo”, se turnaban el cuido de las secuestrados. Mientras presionaban a sus parientes para concretar el pago del rescate, les ofrecieron galletas y agua”, reveló un funcionario que participó en las investigaciones.
El 8 de noviembre otro secuestro que no fue denunciado a la policía científica y que pasó desapercibido en la opinión pública, también se registró en El Cementerio. Ese domingo dos comerciantes peruanos, que trabajan en el mercado popular de la zona, estuvieron cautivos por más de cinco horas en el barrio Primero de Mayo, que limita con el barrio Los Sin Techo. Fuentes de ese sector popular informaron que las dos víctimas fueron liberadas luego que sus familiares cancelaron el rescate que los delincuentes solicitaron.
“Neveras” para negociar los rescates
El ex director del Cicpc, comisario general Miguel Dao, explicó que las bandas dedicadas al secuestro exprés en Caracas han improvisado “neveras” desde principios de 2015, para “enfriar” a sus víctimas, mientras negocian el pago del rescate con sus familiares.
“Cuando hay un retardo en la negociación las víctimas pueden estar cautivas hasta el día siguiente en maleteros, estacionamientos, viviendas ubicadas en sectores populares o espacios de algunos locales de la ciudad, en los que pueden estar en el mismo lugar con dos personas más que fueron secuestradas en otro hecho. Estos espacios, en la jerga criminal, son denominados neveras”, explicó el comisario general.
Fuentes policiales revelaron que una de las “neveras” que han utilizado algunos secuestradores este 2015, mientras intentan concretar la negociación del pago del rescate de sus cautivos, han sido algunos hoteles “de paso”.
Pasticho de cifras y “estadísticas negras”
Especialistas en materia de secuestros como Dao y el criminólogo Fermín Mármol García consideran que los secuestros se han disparado en el país este 2015. Ambos advierten que las denuncias reportadas al Cicpc no son reflejo de la realidad, pues las personas que sienten temor de denunciar no lo hacen, por lo que se alimentan las “cifras negras” de este delito.
“Año tras año la percepción es de aumento con el secuestro exprés o secuestro breve. En este 2015 la percepción supera el 60%. Pero cada vez es más común ver cómo disminuye la denuncia ciudadana de secuestros. Mientras que en 2013 fueron denunciados ante el Cicpc 359 plagios, en 2014 solo se reportaron 263 casos”, dijo Mármol García.
“Hace tres semanas repuntó el secuestro por la cercanía con el mes de diciembre y con el cobro de las utilidades. Los secuestradores se están llevando a quien sea. No están respetando”, precisó Dao.
A toda hora y en cualquier momento
Mármol García advirtió que algunas bandas de secuestradores en la actualidad prefieren cometer los plagios en el día: “Las bandas criminales conocidas como “los mañaneros operan entre las 4:00 y 6:00 am para secuestrar a los madrugadores que salen a trabajar, pasear sus mascotas o trotar”.
El comisario Miguel Dao destacó que desde hace tres semanas los grupos criminales dedicados al secuestro han retomado sus actividades los fines de semana: “Hace dos o tres semanas los plagiarios actuaban generalmente entre lunes y jueves. Actualmente lo hacen a cualquier hora y cualquier día”.
“Todo lo malo del secuestro aumentó. Los delincuentes están consumiendo más droga. Año tras año han aumentado las muertes en cautiverio, las bandas criminales han ejecutado a sus secuestrados cuando en el pasado el secuestrador era intocable. También han aumentado las lesiones leves”, explicó Mármol García.
¿Cómo evitar ser parte de la estadística?
♦Limite sus riesgos. “Los ciudadanos deben entender que no le pueden dar la oportunidad a los delincuentes. No es el momento para pararse en un mirador o salir de una discoteca a las 4:00 am. Es preferible salir cuando amanezca y evaluar el entorno”, recomienda el comisario general Miguel Dao.
♦No transite por caminos verdes. Prefiera las vías principales.
♦ Si maneja, esté pendiente de los vehículos que tiene a su alrededor.
♦No siga rutinas, ni de pistas de sus actividades. Modifique las rutas que utiliza para llegar y salir a su lugar de residencia.
♦ No contribuya con las cifras negras. Denuncie. “El que lo familiares de una víctima paguen por su rescate significa que estarán financiando los siguientes secuestros de su entorno”, advierte el comisario general Miguel Dao.
♦ Dialogue con sus familiares y allegados sobre los posibles escenarios si son víctimas de un secuestro.
EL CICPC INVESTIGA A UNA ORGANIZACIÓN delictiva que opera en El Cementerio y la Cota 905, por estar presuntamente involucrada en el secuestro de Bárbara Espinoza, de 19 años de edad, hijastra del director de Interpol Venezuela, comisario general Ramón Silva Torcat, y de su amiga Astrid Torres, de 18 años de edad, y de otra adolescente de 16 años de edad.
La organización que lidera un delincuente, conocido como “Buñuelo”, opera en estos sectores, que junto con El Valle, fueron denominados “zona de paz” desde el primer trimestre de 2015.
Lea también: Dos víctimas de secuestros en Caracas en 2015 contaron sus historias a Runrunes
La joven de 19 años de edad fue secuestrada junto con sus dos amigas el domingo a las 3:30 am cuando salía de la discoteca Holic en Las Mercedes en un vehículo Toyota, modelo Corolla, color verde.
Las jóvenes, que habrían estado cautivas en El Cementerio, fueron liberadas el domingo pasadas las 12:00 del mediodía en El Paraíso, cuando los delincuentes tuvieron conocimiento que una de las víctimas era familia del comisario general Silva Torcat, reveló una fuente extraoficial.
Funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc investigan para dar con los implicados en el plagio y en otros secuestros que habrían sido cometidos por esta banda delictiva este año.
El peligro de las “zonas de paz”
Desde el primer trimestre de 2015, las bandas delictivas de la Cota 905, El Valle y El Cementerio se han fortalecido gracias a una alianza que hicieron para concretar un pacto de no agresión, que les permite recorrer los territorios de estos sectores populares, e impedir el paso de funcionarios policiales por esas zonas.
El 5 de junio una comisión de funcionarios de Policaracas fue atacada a tiros cuando se desplazaba por el sector La Invasión de la Cota 905. Posteriormente llegaron 21 agentes de ese cuerpo de seguridad y luego se presentaron en el lugar comisiones de la Policía Nacional Bolivariana y del Sebin para repeler a los delincuentes, pero éstos arrojaron dos granadas, exhibieron sus armas largas y amenazaron con disparar contra el helicóptero de El Sebin.
Lea también: Zonas de paz: Corredores para el libre comercio de la droga
Los agentes se retiraron de la zona luego de la advertencia. En el hecho siete funcionarios de Policaracas resultaron heridos y nueve motos fueron quemadas.
El 19 de junio delincuentes dispararon contra la caravana del ministro de Deporte, Pedro infante, cuando se desplazaba entre los barrios Las Quintas y El Naranjal de la Cota 905.
El 1 de julio Lisbeth Brea, de 24 años de edad, y Dailyn Guárato, de 23 años de edad, ambas procedentes de Valencia, estado Carabobo, fueron asesinadas en la madrugada por cinco miembros de una banda delictiva que ingresó a una casa en el callejón Las Marías del barrio El 70, en El Valle, para despojarlas de 800.000 bolívares. Las mujeres, y una tercera que sobrevivió al ataque, viajaron a la capital para comprar ropa para vender.
Ese doble homicidio, según trascendió, debido a una reunión de miembros de la banda que rechazaron el crimen cometido en un barrio que los mismos delincuentes declararon “zona de paz”. En ese encuentro los líderes ordenaron matar a los autores del doble homicidio. Ultimaron a cuatro de los cinco implicados y luego abandonaron los cadáveres en el sector La Vuelta del Beso. El de 13 de julio el gobierno estrenó el Operativo Liberación del Pueblo en la Cota 905. En el procedimiento 16 personas fueron ultimadas, en un presunto enfrentamiento con las autoridades, luego del despliegue que funcionarios del Cicpc, Sebin, PNB y Guardia Nacional Bolivariana realizaron para desmantelar bandas delictivas y dar con Carlos Luis Revete, alias “Coki”, el líder de una organización implicada en homicidios, secuestros, extorsión, venta de droga, y robo y hurto de vehículos. Sin embargo, el delincuente huyó de la zona antes del procedimiento y sigue prófugo.
En horas de la mañana de este viernes, más de 15 familias acudieron a la sede del Ministerio Público (MP), para denunciar los presuntos abusos de los que fueron víctimas el lunes, cuando efectivos de los cuerpos policiales llevaron a cabo la Operación Liberación del Pueblo (OLP), en la comunidad de la Cota 905.
Con pancartas en mano y coreando “exigimos justicia”, las personas que se presentaron en el organismo, señalaron que los efectivos policiales que participaron en el operativo, agredieron a inocentes, allanaron de forma ilegal viviendas y robaron tanto dinero en efectivo, como teléfonos celulares, electrodomésticos, ropa y comida.
“Mientras dormíamos, la policía entró a mi casa de forma violenta y tumbó la puerta, agarraron a mi tío, Luís Fernando Paternina (35), quien se encontraba en su cama y apuntándole con pistolas, le preguntaron en dónde estaban los malandros”, comentó Andrea Guerra.
“Se llevaron a mi tío con la cara cubierta como si fuese un delincuente, lo que representa un abuso porque él es cocinero, no tiene nada que ver con la banda delictiva que allí opera y menos está ligado con el paramilitarismo”.
Guerra afirmó que su pariente es nacido en Colombia y lleva más de 10 años residenciado en el país.
Agregó que los funcionarios cuando ingresaron en su vivienda, se llevaron 1.000 bolívares en efectivo, dos teléfonos táctiles y varios metros de manguera, los cuales usaban para surtirse de agua, debido a que tienen problemas de escasez en la comunidad.
«Me sembraron un arma»
José Vegas (35), quien fue agredido físicamente por funcionarios de la policía, declaró que mientras los uniformados realizaban el allanamiento en su vivienda, lo sentaron en un silla y le obligaron a agarrar una pistola, con la intención de adjudicársela.
“Querían sembrarme un arma si no decía donde se encontraban los delincuentes, cosa que desconozco porque no tengo nada que ver con los que buscaban; de no responder sería el muerto número 20”, comentó la víctima.
Abusaron de mis hijos
Carmen López, madre de Juan Carlos Mendoza (23) y Joinder Mendoza (24), declaró que mientras los funcionaros realizaban la requisa de los detenidos, a sus dos hijos los pusieron de espaldas y les tocaron sus partes íntimas, para provocarlos y lograr así aprehenderlos con un motivo legal.
La denunciante indicó que los policías le robaron 2000 bolívares, con los cuales pretendía comprar ese mismo día en Mercal, le sacaron la comida de la nevera y le rompieron el televisor.
Lineth Bastardo añadió que los uniformados le robaron cadenas, prendas de vestir, microondas, un escaparate, y las mangueras que usan para suministrar el agua.
No están solos
El Coordinador de Investigación de Provea, Inti Rodríguez, acompañó a los afectados hasta el MP, allí comentó que entregarán un documento donde los familiares de las 134 personas detenidas, quienes luego fueron liberados (aún 19 siguen presos), denuncia abusos por parte de la policía, allanamientos ilegales y agresiones tanto físicas como verbales, además de robos, y violaciones de los derechos humanos.
La grabación de un presunto diálogo por radio de frecuencia entre un policía y un delincuente de la Cota 905 revela que algunos de los buscados por la justicia lograron escaparse del Operativo Liberación y Protección al Pueblo, que desplegaron en conjunto distintos cuerpos de seguridad en la zonas de paz de la Cota 905, Valles del Tuy, Ciudad Tiuna y Aragua.
En el caso particular de la Cota 905, fuentes policiales aseguran que líderes como «El Coqui» no fueron capturados. Fueron alertados y salieron del lugar uno o dos días antes del procedimiento denominado OLP. De igual forma, sacaron las armas y la droga.
Una investigación realizada por Runrunes reveló que los miembros de bandas de la Cota 905 utilizan radios de frecuencia para comunicarse entre ellos. El equipo de Runrunes pudo constatar que cada integrante de estos grupos delictivos tiene un radio, que no suelta bajo ninguna circunstancia.
Este miércoles 15 de julio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público presentará en las próximas horas ante los tribunales de control del área metropolitana de Caracas a 19 personas que fueron detenidas durante el operativo realizado por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en la Cota 905, parroquia La Vega de Caracas.
Ortega Díaz precisó que las detenciones se sustentan en la presunta comisión de varios delitos, entre los que destacan homicidios, robo y hurto de vehículos, y el tráfico ilícito de drogas.
“Hay un equipo técnico de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales que constata el estado de salud de los detenidos en este operativo e igualmente hará el reconocimiento post mortem de los fallecidos”, puntualizó.
Indicó que 18 fiscales de la institución fueron desplegados para el mencionado operativo, en el cual se recuperaron 30 vehículos solicitados, siete de los cuales ya se entregaron a sus propietarios. En las próximas horas, serán devueltos los otros vehículos.
Ortega Díaz también dijo que se habían recolectado evidencias de interés criminalístico como armas de fuego y municiones.
Comprobarán autenticidad de la firma de la jueza Afiuni
En relación con la denuncia realizada por la ciudadana María Lourdes Afiuni, la máxima autoridad del Ministerio Público adelantó que en la audiencia de juicio de este miércoles 15 de julio, se solicitará una experticia grafotécnica para determinar la veracidad o no de su firma.
