@Saracosco
«EN VENEZUELA NICOLÁS MADURO DIO UN GOLPE DE ESTADO», fueron las palabras que dijo Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, el 30 de marzo de 2017, antes de romper la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde asumió las competencias del Poder Legislativo.
12 meses después de ese gesto teatral en los jardines del Palacio Federal Legislativo, Borges está en el exilio. Vive en Colombia junto con su familia. Salió del país, en principio para hacer una gira para buscar más apoyo internacional, pero luego el gobierno emitió una orden de captura en su contra por los hechos del 4 de agosto, cuando explotaron unos drones en un acto presidencial en la avenida Bolívar. Su historia es hoy la de varios de sus colegas y parecer ser la fase final de un proceso de persecución que comenzó hace cuatro años.
Desde que la oposición ganara sorpresivamente la mayoría en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015, el régimen de Nicolás Maduro ha intentando por distintas vías, reducir el Parlamento al punto de emitir sentencias a través del TSJ para allanar la inmunidad de los diputados.
Uno de los momentos más convulsos fue durante ese mismo año 2017, cuando posterior a la sentencia se iniciaron una serie de protestas en distintas ciudades del país – especialmente en Caracas – donde Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional y coordinador de Primero Justicia, cobraron mayor importancia.
Primero Justicia fue el partido que obtuvo mayor cantidad de curules dentro del Hemiciclo en las elecciones legislativas, lo que les permitió tener la presidencia de la Comisión de Finanzas, con José Guerra – ese mismo año 2017- Medios de Comunicación con Jony Rahal y Desarrollo Social, primero con Juan Requesens y luego con Miguel Pizarro.
Pero al mismo tiempo de ser la mayoría dentro de la oposición – conformada en ese momento en la Mesa de la Unidad Democrática- también ha llevado a que sea el partido político con mayor cantidad de perseguidos por el régimen de Maduro.
En una base de datos hecha por el equipo de Runrun.es se determinó que un 34% de los parlamentarios de la tolda de Primero Justicia – que son 32 en total- están en el exilio, clandestinidad o presos, como es el caso de Juan Requesens.
En este caso el quórum sigue garantizado gracias a los suplentes, que son en su mayoría de Voluntad Popular, que también ha sufrido bajas por las sentencias del TSJ. Del total de diputados de la tolda naranja – 16 parlamentarios en total – un 31% ha tenido que salir del Palacio Federal Legislativo para irse a otro país como exiliado o igualmente esconderse dentro del país. Lo que se traduce en que es el segundo partido político con mayor cantidad de persecuciones.
Primero Justicia es el que se ha visto más afectado en este caso y la correlación de fuerza partidista ha sufrido cambios. Ahora la mayoría de diputados – según el partido político – lo tiene Acción Democrática que cuenta con 24 parlamentarios actualmente en las sesiones.
Pero el partido blanco no ha escapado de las sentencias del TSJ y actualmente cuenta con 3 diputados menos, entre ellos el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien se encuentra en la cárcel – en Fuerte Tiuna – desde el 8 de mayo, acusado de traición a la patria luego de participar en los hechos del 30 de abril.
Igualmente a Henry Ramos Allup, expresidente del Parlamento, le allanaron la inmunidad parlamentaria y aunque no se encuentra en situación de clandestinidad, exilio o en alguna embajada, ha decidido no asistir a las sesiones por seguridad.
El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó – quien pertenece a Voluntad Popular – también tiene su inmunidad allanada desde principios de abril de este año. A pesar de eso sigue en el ejercicio de sus funciones y asiste a las sesiones del Parlamento, además de recorrer cada fin de semana alguna ciudad de Venezuela.
Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 5 de enero – como lo indica la Constitución – y luego asumió la presidencia encargada del país el 23 de enero, apalancado en la legitimidad de la Asamblea Nacional que actualmente es el único poder de Venezuela con reconocimiento a nivel internacional, con el apoyo de al menos 60 países.
Vaciando curules
En esta nueva estrategia del régimen de Maduro de allanar la inmunidad parlamentaria sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional- como lo establece el artículo 200 de la Constitución- los suplentes también se han visto afectados. En este caso la mayoría son de Voluntad Popular.
De las tres curules vacías que hay actualmente dos están conformadas por diputados de la tolda naranja.
Sergio Vergara y Freddy Guevara pertenecen a Voluntad Popular – Vergara en clandestinidad y Guevara en la embajada de Chile. Sus suplentes, Rosmit Mantilla – preso político desde 2014 hasta 2016- y Juan Andrés Mejía también son de VP y actualmente se encuentran en Francia y Argentina, respectivamente.
La tercera curul vacía se divide entre AD con el caso de Henry Ramos Allup y Primero Justicia con el suplente Ramón López, que – como indica el Informe sobre la Situación de los Diputados de la AN- salió del país luego de recibir amenazas por parte de Diosdado Cabello en la ANC, por denunciar ante distintos organismos el caso del parlamentario Juan Requesens.
Aunque por el momento el TSJ no ha publicado alguna nueva sentencia sobre los diputados de la Asamblea Nacional, otras dos curules corren el riesgo de quedarse vacías ante la mención del presidente de la ANC, Diosdado Cabello y de Freddy Bernal, actual protector del estado Táchira.
El suplente Renzo Prieto ha tenido que asumir la curul de su principal, Gaby Arellano, quien se encuentra en el exilio desde el año pasado luego de que el TSJ emitiera una orden de captura en su contra.
Prieto denunció en julio de este año haber recibido amenazas de muerte y además Cabello presentó un video, en su programa Con El Mazo Dando, donde se le acusa de haber contratado a una persona para asesinar a Freddy Bernal y Valentín Santana.
Igualmente el diputado Franklyn Duarte – suplente de Laidy Gómez, actual gobernadora del Táchira- ha sido acusado por Freddy Bernal de promover la persecución de venezolanos en el exterior e incitar a la xenofobia.
El llamado protector del Táchira solicitó al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, iniciar una investigación en contra del parlamentario. Hasta el momento no ha habido decisión al respecto, pero de decidir allanar su inmunidad podría ser otra curul vacía dentro del Parlamento.
Jugando en unidad
Aunque la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional ha cambiado por la persecución del TSJ, el presidente encargado, Juan Guaidó ha buscado apoyo de los parlamentarios que han tenido que salir del país para afianzar su gabinete de Gobierno.
Tal es el caso de Julio Borges – coordinador de Primero Justicia- nombrado en un principio como representante diplomático ante el Grupo de Lima y ahora como Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores.
Del mismo partido, están dentro del Gabinete de Guaidó, Miguel Pizarro y José Guerra – ambos en el exilio – como presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ayuda Humanitaria y vicepresidente de la Comisión Especial del Plan País.
Igualmente el partido Acción Democrática con Henry Ramos Allup lideró un acto en Maracay el pasado fin de semana, donde también estuvo el presidente del Parlamento, Juan Guaidó.
En el mitin, Ramos Allup aseguró que la “artillería adeca debe organizarse para llevar con éxito las políticas anunciadas por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó”.
Mientras que Guaidó elogió la labor partidista de AD y que “el respeto que se deber tener a las instituciones es la fortaleza de los contrapeso al poder para preservar la democracia, y si alguien lo enseñó sin duda es un partido histórico como Acción Democrática”.
También una parte de lo partidos minoritarios dentro de la Asamblea Nacional decidieron darle respaldo a la presidencia de Juan Guaidó para que continúe en el cargo hasta que logre el cese de la usurpación. En 2015 los partidos políticos que conformaban la MUD, habían firmado un acuerdo en el que se establecía qué partido tomaría la presidencia año tras año.
En 2020 – último año legislativo antes de las elecciones – el turno le corresponde a estos partidos, pero el viernes 6 de septiembre, ofrecieron una rueda de prensa en la sede del partido Voluntad Popular en la que dejaron claro que “nuestro país merece que todos pongamos a Venezuela por encima de cualquier aspiración personal. Éste es el momento en el que debemos dejar nuestros proyectos particulares a un lado para poner por delante el interés nacional”.
