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Podcast | Los asombrosos resultados del referendo, las lecciones que dejó y el repunte del dengue en Venezuela 
En el episodio 244  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

En El Pitazo destacan el trabajo: “De votos a votantes en el referendo: matemáticas no les cuadran a los analistas y estadísticos”. “De 15 millones de electores que quedan en el país, no pueden decir que 70 % tiene afinidad con el Gobierno porque eso es una mentira muy grande», precisó el profesor José Villa. Ni siquiera las matemáticas dan para anunciar que votaron más de 2 millones de personas, acotó el estadístico. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Revisión del PSUV y afinar coordinación opositora las lecciones que dejó el referendo». El referendo sobre el Esequibo sirvió de «globo de ensayo» al poder movilizador que puede lograr el oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024, afirma el asesor Mariano de Alba. El politólogo Piero Trepiccione resalta que la oposición debe trabajar «en una política diferente» ante este tipo de escenarios

“Repunte de dengue en Venezuela: ocho respuestas a las dudas más comunes”, es el #RRPlus que destacan en Runrun.es esta semana. Varias organizaciones de salud y sociedades científicas han venido alertando sobre el aumento de casos de dengue en Venezuela, y específicamente, en la región capital del país. Runrun.es consultó a la presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, así como en fuentes documentales de la Organización Panamericana de la Salud, para responder a las dudas  ciudadanas más comunes sobre el dengue

 

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Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

 

“Están inflando el número” y otras perlas con las que Jorge Rodríguez desconoce participación en primaria
Rodríguez aseguró que solicitará una reunión con la Comisión de verificación de los Acuerdos en Barbados para que evalúe el proceso de Primaria

 

Este martes, 24 de octubre, dos días después de las elecciones primarias de la oposición, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, soltó varias perlas en las que desconoció la participación ciudadana en el proceso donde resultó ganadora María Corina Machado con 2.25 millones de votos. 

El dirigente chavista catalogó el proceso como fraudulento y afirmó que máximo 598.350 personas votaron en las primarias, lo que a su juicio constituye un delito porque «ellos están inflando el número de votantes y están usurpando la identidad de las personas». 

Rodríguez aseguró que solicitará una reunión con la Comisión de verificación de los Acuerdos en Barbados para que evalúe el proceso de Primaria.

Aquí las perlas que lanzó Jorge Rodríguez,  presidente de la AN de la corte oficialista, sobre el proceso en el que, según el último boletín oficial participaron más de 2.300.000 ciudadanos.

«Lo que ocurrió el pasado domingo 22 de octubre, no fue una elección, fue una farsa».

«Es una estafa; no es verificable, ni justa, no se respetaron los lineamientos de un evento electoral formal»

«La Primaria opositora violó lo establecido en el cuarto punto de la negociación que se sostuvo con la Plataforma Unitaria».

«Pueden tener la foto de uno o dos centros de votación con personas votando, pero esa elección no duró más de cuatro horas».

«La capacidad real a dos minutos por voto desde las 6.00 a.m. hasta las 6.00 p.m. no llegaba al millón de votantes».

«No hay manera de sostener ese número (…) al día de hoy todavía no han podido contar los supuestos votos, no hayan cómo hacer. Los partidos dicen que es imposible sostener 2 millones de votos. Es una verdadera pillería lo que hicieron. (Jesús María) Casal le entregó a una organización político partidista llamada Súmate la elección primaria».

2.25 millones de votos 

Este martes, en horas de la noche, la Comisión Nacional de Primaria emitió el tercer y último boletín de resultados de la elección del pasado 22 de octubre, en donde María Corina Machado obtuvo 2,25 millones de venezolanos, el 92,35 % del total.

La CNP indicó que este tercer informe corresponde a «4.688 actas, lo que representa el 91,31 % del total», y 2.307.635 votos escrutados dentro de Venezuela.

Indicó incluye las 744 actas de la elección primaria en el exterior, lo cual representa un 92,65 % del total de estas y 132.780 votos escrutados.

 Jorge Rodríguez desconoce

Keiko Fujimori pide auditar recuento de votos de las elecciones presidenciales de Perú
La auditoría fue solicitada después de que la mayoría de los más de 800 recursos para anular 200.000 votos por presuntas irregularidades

 

La candidata de derecha Keiko Fujimori solicitó este lunes una auditoría al escrutinio de las elecciones peruanas que da como virtual ganador a su rival, el izquierdista Pedro Castillo, al tiempo que se presentó ante la Justicia una demanda de amparo para que se acepte revisar sus pedidos para anular sufragios que llegaron fuera de plazo.

A través de su partido Fuerza Popular (derecha), Fujimori pidió “una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales”, cuyo recuento pone a Castillo (izquierda) con una ventaja estrecha pero casi irreversible de 48.000 votos.

La razón esgrimida para reclamar esta auditoría es que “se ha detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos” entre el acta y el sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada del escrutinio oficial.

“Solo pedimos elecciones limpias y que se revisen todas las irregularidades. No nos vamos a rendir”, escribió este lunes en redes sociales Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que denuncia sin pruebas fehacientes haber sido víctima de un supuesto “fraude sistemático”.

La auditoría fue solicitada después de que la mayoría de los más de 800 recursos para anular 200.000 votos por presuntas irregularidades hayan sido rechazados por los jurados electorales por llegar fuera de plazo y por no presentar pruebas consistentes de que hubo un fraude en las mesas de votación.

Estos recursos se concentran en zonas andinas, rurales y pobres donde Castillo tuvo una votación aplastante, y el argumento en la mayoría de ellos era que alguna de las firmas de los miembros de mesa diferían de las rubricas de las mismas personas que figuran en el registro civil.

Aquellos jurados electorales que ya han resuelto recursos sobre esta presunta irregularidad están determinando que el hecho de que la firma no sea exactamente la misma a la del registro civil no confiere un motivo de peso para anular toda el acta, que contiene los votos de unos 300 electores cada una.

Tensión constante

Desde el partido izquierdista Perú Libre, del que es candidato Castillo, el abogado Aníbal Torres exhortó este lunes a Fujimori a respetar la democracia tal y como se había comprometido en campaña.

El letrado acusó a Fuerza Popular de querer dilatar la proclamación de los resultados de la elección, que apuntan a una tercera derrota consecutiva de Fujimori tras las sufridas en 2011 ante Ollanta Humala y en 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski.

Mientras, continúa el clima de tensión social con seguidores de ambos partidos manifestándose a diario en la capital Lima, unos para defender la legitimidad de los resultados y otros para insistir en las denuncias de supuesto fraude lanzadas por Fujimori.

Tanto las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) como la Asociación Civil Transparencia han descartado irregularidades graves en las elecciones peruanas y han destacado su transparencia y corrección del proceso electoral.

*Con información de EFE

AN crea comisión especial para lograr medidas humanitarias a favor de presos políticos
La diputada Adriana Pichardo aseguró que hay varios presos políticos con síntomas asociados al COVID-19

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron la creación de una Comisión Especial que trabaje junto a la Cruz Roja y la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para lograr medidas humanitarias a favor de los presos políticos, ante la pandemia de la COVID-19.

La diputada y presidenta del Observatorio de Derechos Humanos, Adriana Pichardo (VP-Aragua) presentó la propuesta ante la plenaria de la sesión virtual de la AN, con el propósito de materializar visitas e inspección del estado de salud de todos los presos políticos.

“Es el momento que los responsables den un paso adelante y evitemos una tragedia donde después salgan a lamentarse y a justificar lo injustificable”, recalcó.

Pichardo señaló que desde el pasado miércoles, 5 de agosto, han recibido denuncias por parte de los familiares de presos políticos, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde hay al menos 28 presos políticos, en Ramo Verde habría 98 y en el Helicoide un aproximado de 30 presos. 

Indicó que varios de ellos han presentado síntomas relacionados al COVID-19, como diarrea, fiebre, pérdida de gusto, del olfato e incapacidad respiratoria.

“En estas mismas condiciones se encuentran los diputados; Juan Requesen que tiene 2 años preso, Gilber Caro 7 meses secuestrado, Renzo Prieto 5 meses al igual que Tony Geara, Roberto Marrero que cumplió un año y cuatro meses secuestrado, así como el parlamentario Ismael León, quien tiene 6 meses preso en casa por cárcel, siendo un paciente con cardiopatía y problemas de tensión a quien obligan a tener a los funcionarios del SEBIN dentro de su casa, exponiéndolo al contagio del COVID-19”, explicó la parlamentaria.

La Comisión especial la presidirá la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) y la acompañarán Marialbert Barrios (PJ-Distrito Capital); Rafael Veloz (VP-Distrito Capital); Luis Barragán (Vente-Aragua); Arnoldo Benitez (Causa R-Aragua); William Barrientos (UNT-Zulia) y Freddy Valera (AD-Bolívar).

AN por los derechos indígenas

Los parlamentarios también rechazaron el nuevo reglamento especial para la elección de los diputados de representación indígena en la Asamblea Nacional. El presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó aseguró que el cambio hecho por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una «muestra de desprecio».

“No vamos a legitimar ningún tipo de fraude de la dictadura; por el contrario, vamos a luchar por las condiciones que nos permitan una solución real a la crisis y atender la emergencia humanitaria. La Unión Europea lo acaba de ratificar: no convalidar un fraude, porque no existen condiciones para un proceso electoral. Nosotros debemos seguir unificados en torno a una transición”, agregó.

Igualmente el diputado y presidente del Parlamento Amazónico de Venezuela, Romel Guzamana (VP-Representación indígena) señaló que el reglamento no fue consultado a los 44 pueblos indígenas del país y que además fue elaborado en tiempo récord, violando la Constitución, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y los derechos de uso y costumbre de las etnias.

“Este reglamento no fue presentado ante la AN para darle formalidad legislativa. La violación de los derechos humanos al proceso electoral desmejora y desvincula de las elecciones futuras a los pueblos indígenas. Por eso el TSJ usurpador no puede cederle la facultad al CNE para dar derechos sin consulta plasmada en la Constitución nacional “, agregó.

Guzamana rechazó unas elecciones a mano alzada y que los candidatos sean elegidos por una asamblea comunitaria, «que sea una votación indirecta y no directa, que sea una votación en segundo grado, en público para descalificar al oponente, la eliminación del voto uninominal y por mayoría calificada”.

WSJ: Cómo el Gobierno cambió los votos a su favor en el estado Bolívar

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Oficina electoral regional del estado de Bolívar, donde la oposición dice que los votos fraudulentos se registraron manualmente en el sistema.
FOTO: ANATOLY KURMANAEV / THE WALL STREET JOURNAL

 

Aires Pérez Rodríguez viajó en canoa durante tres horas para entregar los recibos en papel que muestran un total de 225 votos emitidos para el gobernador del estado en El Casabe. Luego se los pasó a su tía, quien los condujo otros 150 millas hasta la capital del estado de Bolívar.

Sin embargo, cuando el recuento oficial se publicó días después de las elecciones del 15 de octubre, hubo 471 votos adicionales para el candidato del gobierno. No fue solo el Sr. Pérez, el representante electoral de la oposición, quien lo notó. El propio supervisor electoral del Partido Socialista en El Casabe también se dio cuenta.

“Esto es ilegal”, dijo Luciano Mendoza, el supervisor del CNE, quien le mostró a The Wall Street Journal los comprobantes de las máquinas de votación que contaban apenas un tercio de los votos de la aldea según lo informado por las autoridades electorales más tarde. “Dicen que traen justicia, pero lo que hacen es cometer fraude”.

Las pruebas del Sr. Pérez llevaron a los funcionarios de la oposición en Ciudad Bolívar a hacer más comparaciones de los recibos de votación con una cuenta oficial en el sitio web del Consejo Nacional Electoral. En total, en los registros revisados  descubrieron que se agregaron más de 2.500 votos en todo el estado, cambiando el ganador de las elecciones estatales de Bolívar del candidato de la oposición -que figura brevemente como el ganador en el sitio web del Consejo Electoral- al candidato del Gobierno. El ganador declarado, Justo Noguera, un general de la Guardia Nacional que nunca ocupó un cargo político, asumió el cargo dos días después en una ceremonia sorpresa a medianoche.

 

 

“Aquí hay una manipulación clara”, dijo Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, un grupo no partidista en Caracas que sigue las elecciones después de examinar los comprobantes de las máquinas de votación que la alianza opositora publicó en línea. “Los resultados fueron alterados para permitir que el candidato perdedor sea declarado ganador”.

 

Bolívar fue uno de los 18 de los 23 estados venezolanos que el partido gobernante ganó en las elecciones del mes pasado y el único en el que ha surgido evidencia de fraude electoral. Una coalición de partidos de la oposición impugna algunos de esos resultados, alegando procedimientos de votación injustos.

La secuencia en El Casabe proporciona una mirada rara sobre cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro intenta garantizar su supervivencia política en medio de una crisis económica sin precedentes definida por la hiperinflación, la escasez de alimentos y el colapso de los servicios públicos, dicen grupos de derechos humanos y activistas de la oposición. Dicen que es un mal precedente para la  elección fijada para el mes de diciembre para elegir a 335 alcaldes en toda Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra su administración, dice que Maduro está desmantelando las instituciones democráticas y cediendo más poder a los militares.

Los funcionarios de la oficina del gobernador de Bolívar y el gobierno de Maduro no respondieron a las solicitudes de comentarios. Tampoco han comentado públicamente sobre el asunto. No han cuestionado la autenticidad de 13 comprobantes de las máquinas de votación del estado Bolívar que mostraron una discrepancia.

Aldrin Torres, vicepresidente del Partido Socialista del Congreso estatal de Bolívar, dijo en una entrevista que “si hubo fraude, tienen canales adecuados de apelación a los que recurrir”.

El lunes, el Consejo Electoral incumplió el plazo legal para responder a una denuncia del candidato de la oposición Bolívar, Andrés Velásquez, un activista sindical conocido a nivel nacional cuyo equipo descubrió la evidencia del fraude.

Daniel Prieto, el máximo funcionario del estado boliviano del Consejo Electoral, declinó hacer comentarios y remitió las preguntas a la sede del consejo en Caracas, que no hizo ningún comentario. El general Noguera no respondió a las solicitudes de comentarios.

El estado de Bolívar es una potencia económica donde los militares están tomando un papel principal. Es el hogar de las principales plantas de acero y aluminio del país, la energía hidroeléctrica y los grandes yacimientos de oro y diamantes, por lo que es una fuente vital de divisas para el gobierno con problemas de liquidez.

El general Noguera sucedió a un gobernador del Partido Socialista, otro general retirado. Velásquez amenazó la continuidad representada por la elección del general Noguera, dicen algunos críticos.

“Un candidato de oposición como Velásquez amenazó los intereses comerciales de los militares”, dijo el general retirado Cliver Alcalá, que dirigió el distrito militar de Bolívar hasta 2013, pero desde entonces ha roto con Maduro. “Es por eso que el fraude para mantener el status quo allí era tan obvio, tan desesperado”.

Pero la coalición opositora no se ha unido a la queja de Velásquez debido a divisiones internas, otros problemas nacionales apremiantes y el temor de darle demasiada atención antes de las elecciones presidenciales planificadas, según Luis Salamanca, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela.

El voto en El Casabe ilustra lo que la oposición dice que es un patrón de prácticas electorales sospechosas que comenzó con una votación nacional a principios de este año para elegir a los miembros de una poderosa Asamblea Constituyente. Las autoridades venezolanas manipularon los votos durante ese proceso, de acuerdo con la compañía con sede en Londres que proporcionó el software de votación y las máquinas electrónicas para ello. El gobierno negó la acusación.

La mayoría de los 800 votantes registrados de El Casabe trabajan en remotas minas de oro ilegales, dejando solo una fracción de los posibles votantes diseminados en unas pocas docenas de chozas de madera el día de las elecciones el mes pasado, dijeron docenas de residentes en entrevistas. Eso hizo que los 667 votos que obtuvo Noguera en una participación récord del 85% fuera poco probable.

La mañana después de que los votantes emitieran sus votos, los resultados preliminares estatales publicados por el Consejo Electoral dieron a Velásquez una ventaja de casi 1 punto porcentual con el 97% de las encuestas contadas. Horas después, los resultados del estado de Bolívar desaparecieron del sitio web del CNE sin explicación.

Luego, los militares se movieron para rodear la oficina electoral en Ciudad Bolívar, mientras los soldados cargaban lo que parecían ser las boletas manuales y tarjetas de memoria de las 53 máquinas de votación de las 1.500 que no podían transmitir automáticamente, dijeron testigos, entre ellos Gustavo Lainette, representante de Velásquez ante el Consejo Electoral.

Dijo que los soldados le prohibieron entrar en el edificio, ya que los funcionarios electorales regionales registraron manualmente los resultados restantes en el sistema nacional sin la presencia de sus colegas, como lo exige la ley.

“Los soldados me dijeron ‘este es un evento privado del PSUV’ cuando traté de ingresar”, dijo Lainette.

En El Casabe, los funcionarios electorales le dieron a Noguera nuevos votos ficticios, mientras que en algunas otras ciudades le quitaron los votos a Velásquez, según una comparación de los recibos de votación con los resultados oficiales.

Un residente de El Casabe, José García, dijo que emitió un voto nulo en protesta contra todos los candidatos; sin embargo, el CNE muestra boletas con cero votos nulos para la aldea.

El partido Causa R dijo que las pruebas de fraude han debilitado la confianza en el sistema electoral y se ha unido a otros grupos de la oposición para pedir el boicot de la próxima votación para elegir alcaldes. “Hoy ya no se trata de la gobernación de Bolívar”, dijo José Prat, legislador de Causa Radical para el centro industrial de Puerto Ordaz.

El residente de El Casabe Braulio Méndez, un minero, dijo que votó a regañadientes por el partido gobernante para recibir una bolsa prometida de alimentos subsidiados, pero luego lo lamentó después de enterarse de los resultados. “Todos aquí están descontentos”, dijo.

Traducción de La Patilla

15 de octubre: verdades y mentiras, por Ángel Oropeza

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Los resultados del pasado 15 de octubre han generado una amplia gama de interpretaciones y creencias que intentan satisfacer la necesidad de las personas de darles alguna explicación. Y esto es así porque mientras en la mayoría de los países las elecciones culminan arrojando certezas y aclarando dudas, en Venezuela el 15-O terminó generando más incertidumbre y oscuridad. Lo cierto es que un adecuado diagnóstico de lo ocurrido arroja tanto verdades como mitos.

La primera verdad es que ese día se materializó un proceso fraudulento sin precedentes en los últimos 60 años en el país. Además de las violaciones previas de la ley, la jornada del 15-O estuvo plagada de una larga lista de fechorías, que incluyen casi la totalidad de las modalidades delictivas electorales que se pueden llevar a cabo. Así, por ejemplo, más de 1 millón de electores vieron impedido u obstaculizado su derecho al voto por máquinas dañadas o por mesas que no abrieron; más de 700.000 fueron reubicados de manera ilegal, y casi 400.000 fueron víctimas de amedrentamiento o violencia por parte de miembros del oficialismo.

Todo esto sin contar la todavía incalculable cantidad de votos múltiples (facilitado, además, por la eliminación intencional de la tinta indeleble), el chantaje a empleados públicos y beneficiarios de programas sociales obligándolos a votar con el “acompañamiento” de dirigentes del PSUV, o la violencia contra testigos de la Mesa de la Unidad Democrática, muchos de los cuales fueron forzados a abandonar sus centros, centros donde “misteriosamente” el oficialismo terminaba la jornada con las votaciones más altas de su historia. Un cálculo preliminar ubica en casi tres millones y medio el universo de electores potencialmente afectados por este rosario de delitos.

Frente a esto, la Mesa de la Unidad Democrática ha exigido la realización de una auditoría total del proceso, pero hecha por organismos internacionales reconocidos, para poder responsablemente reconocer lo que haya que reconocer y exigir las repeticiones donde haya que realizarlas. Es una auditoría que no puede limitarse, como plantea cínicamente el gobierno, a comparar el contenido de las cajas con las actas. Porque en algunos casos, como el del estado Bolívar, el problema sí es de adulteración de actas. Pero en otros, la modalidad delictiva fue diferente. El voto supervisado, el amedrentamiento y la violencia, o los votos chantaje con el carnet de la patria, no aparecen en las actas.

El problema es el proceso fraudulento. En ningún juzgado del mundo se acepta como válida una confesión realizada bajo coacción o tortura, y no se discute si la firma de la confesión pertenece en verdad o no a la persona. El problema no es la firma de la confesión, sino cómo se obtuvo. Aquí nuestro problema no es de actas, sino de la violación de las garantías y del respeto a la ley.

Así como es verdad la naturaleza fraudulenta del proceso, no lo es la explicación simplista de que el supuesto triunfo del gobierno se deba a la abstención de la población opositora. La abstención del 15-O, más que causa, es la consecuencia de un proceso diseñado para que la gente no votara. Así, por ejemplo, de los 230.000 movilizados de manera ilegal en el estado Miranda, solo pudo votar 20%. Asumir que el resto simplemente “se abstuvo”, es hacer una abstracción indebida de la cantidad de obstáculos que antes y durante el proceso se diseñaron, precisamente, para torpedear la participación de los electores.

Otra de las mentiras tiene que ver con la presumible “ingenuidad” al participar en el proceso. Desde el principio, la Mesa de la Unidad denunció cada una de las violaciones de la ley que caracterizaban la elección. Pero, sabiendo que el objetivo del gobierno era “lavarse la cara” a fin de intentar disminuir la presión internacional en su contra, asistimos al proceso convencidos de que no podíamos permitir que el régimen se legitimara de esa manera. Decidimos entonces enfrentarlo en un terreno electoral, que sabíamos por supuesto difícil, buscando lograr dos cosas: o bien erosionarlo y quitarle poder al poder a través de la obtención de nuevos espacios para la lucha democrática o, en caso contrario, obligarlo a deslegitimarse aún más ante el mundo al desnudar su acción electoral delictiva.

Como consecuencia de lo segundo, el régimen no pudo salirse con la suya, y hoy la comunidad internacional a la cual quería impactar con su supuesta cara democrática, desconoce los resultados de su amañado proceso y se apresta, subsiguientemente, a reforzar las presiones sobre él. Hay que recordar que develar el verdadero rostro del opresor para deslegitimarlo es uno de los objetivos de la lucha no violenta.

La gran tragedia del 15-O es que el gobierno dinamitó la salida electoral. Y nuestra lucha principal ahora es restablecerla. Pero para que haya una salida electoral, tiene que haber un cambio en las condiciones que garanticen que se cumpla la ley. Y esto es urgente y crucial, porque la crisis económica no hará otra cosa que agudizarse, haciendo cada vez más grave e insoportable la presión social. El nuestro es un país que sufre, que pasa hambre y que grita cambio desde todos sus rincones. Nuestro reto es que esa demanda de cambio se realice por la vía electoral, que es la única que garantiza una transición pacífica y viable. Si esa vía se tranca como lo logró el régimen el 15-O, si se obstaculiza definitivamente la salida electoral, la presión de cambio –que no va a cesar– puede verse tentada a tomar otros rumbos, no siempre deseables ni efectivos.

Nos esperan tiempos duros. A falta de pueblo, el régimen seguirá apostando por la represión y la violencia, en todas sus formas. Maduro y sus demás violadores de la Constitución van a tratar de hacer lo que sea para vengarse de un pueblo que los aborrece. Con lo cual no harán otra cosa que darnos más razones y fuerza para alimentar nuestra lucha. Porque por más trampas y violencia que ejerza, el régimen sabe que es inútil. Intentar detener a un pueblo cuando se decide a cambiar es como detener un tsunami con la mano. Simplemente no se puede.

 

@AngelOropeza182

El Nacional

Oct 03, 2017 | Actualizado hace 7 años
Orfandad opositora (II), por Armando Durán

opositores

 

A días del 15 de octubre, los venezolanos debaten si votar o abstenerse, una disyuntiva que, a pesar del tono y la agresividad que ha venido adquiriendo el tema, no pasa de ser un falso dilema. El dramático efecto que tuvo la histórica derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 lo demuestra de manera irrefutable. Ni siquiera ganar sirvió de algo.

La MUD tardó mucho en aceptar esta realidad. En un principio creyó que a punta de votos había conquistado el cielo, aunque el desconocimiento absoluto y sistemático de los resultados por parte del régimen terminaron por arrastrar a los dirigentes de la alianza opositora a adoptar posiciones cada día más radicales, que de ningún modo ellos querían ni estaban dispuestos a asumir. Idéntica situación a la que habían enfrentado en 2005, cuando la indignación popular provocada por el descubrimiento de la trampa electrónica que encerraban las máquinas captahuellas los obligó a retirar de las elecciones parlamentarias de aquellos días a todos sus candidatos para poco después arrepentirse, pues, si bien la abstención se anotó un gran éxito político al poner de relieve el masivo rechazo popular al régimen, pensaron haberse equivocado porque se quedaron sin ningún “espacio” en la Asamblea Nacional. Este sí, pero no tanto, ha marcado desde entonces un rumbo incierto, de múltiples incoherencias y pasos en falso.

Estas experiencias nos hacen ver que el problema de la oposición desde hace muchos años es su falta de objetivos claros. Y la incapacidad para fijar con precisión y persistencia el camino a seguir para hacerlos realidad, aunque sea a medias. De ahí la trascendencia que siempre ha tenido la necesidad de determinar si el régimen es hasta cierto punto democrático, sin la menor duda distinto de lo que entendemos por democrático pero, aunque sea a su manera, democrático, o si en cambio vivimos bajo un régimen dictatorial, con varias capas de barniz democrático que ha servido para confundir a los más ingenuos que aceptan que en Venezuela, digan lo que digan sus enemigos internos y externos, reina una situación que a todos nos conviene “percibir” como de aceptable normalidad democrática.

Esta es la premisa necesaria para entender la importancia de caracterizar el sistema político que se puso en marcha con la ascensión de Hugo Chávez a la cima del poder político, no por la vía de las armas, como él hubiera deseado, sino emprendiendo una tediosa e interminable circunvalación electoral. Tras lo que ha ocurrido estos meses, ahora es más imperioso que nunca esclarecer, sin eufemismos ni tremendismos verbales, la naturaleza del régimen. Aunque solo sea porque ya no es factible salir airosos de la rocambolesca tarea de tomar el rábano por las hojas con el pretexto de evitar males mayores.

Pero no nos engañemos. Las circunstancias generadas por las parlamentarias de 2015 hicieron inevitable que, frente a un régimen que primero se vio forzado a desconocer por completo su derrota electoral y después fue forzado a eludir sus consecuencias a sangre y fuego, los dirigentes de la MUD no tuvieran otro remedio que coincidir al fin con lo que pensaba la inmensa mayoría de la población: el régimen es una dictadura, ha roto definitivamente el hilo constitucional y los artículos 330 y 350 de la Constitución Nacional obliga a los ciudadanos a hacer lo que sea necesario para restituir el Estado de Derecho.

Este tardío y esperanzador reencuentro de la clase política con los venezolanos de a pie no duró mucho. Y cuando se produjo la burla del CNE a Venezuela y el mundo con la farsa electoral del 31 de julio, pasaron por alto el mandato popular del 16 de julio y, en lugar de bloquear cívicamente la elección ilegal de la asamblea nacional constituyente, como se habían comprometido a hacer, tan pronto se les presentó la oportunidad, rindieron calladamente las armas y salieron corriendo a inscribir a sus candidatos a gobernador. Sin explicar por qué, se abandonó entonces la calle como escenario efectivo de la lucha del pueblo por restaurar la democracia. A no ser, cabe preguntarse en este momento crucial del proceso, que recuperar el hilo constitucional y el Estado de Derecho no sea el verdadero objetivo de la dirigencia política de la oposición.

@aduran111

El Nacional 

Eddie A. Ramírez S. Sep 05, 2017 | Actualizado hace 1 semana
Armas, protesta, voto y negociación

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La historia narra que frecuentemente los pleitos entre grupos afines son más encarnizados que entre los  disímiles. Así, los cristianos seguidores del papado  se enfrentaron con otros cristianos considerados “herejes”. Judíos y musulmanes tienen raíces comunes y sin embargo no logran convivir. Sunitas y chiitas se matan  entre ellos. En Venezuela, para salir de la dictadura de Maduro, los demócratas estamos encasillados en cuatro grupos que parecieran aferrados a dogmas religiosos : los  partidarios de la intervención armada, los promotores de las protestas cívicas, los  defensores a ultranza del voto y los que insisten en la negociación.

 

Por principio pensamos que una intervención de nuestra Fuerza Armada no es lo más deseable, pero se justificaría ante una dictadura con apoyo de Cuba, Rusia, China, de la izquierda del Foro de Sao Paulo e infiltrada por el narcotráfico y favorecedora del terrorismo internacional. Sin embargo, esta opción tiene rechazo en la esfera política que  teme se cambie una dictadura por otra, lo cual pensamos no sería probable También por cierto prurito de que el problema lo debemos resolver los civiles. Este rechazo quizá impidió una deseable unión cívico-militar y explica la poca solidaridad con los militares presos. Hoy, con un alto mando servil es poco probable una intervención militar exitosa y aspirar que sea una fuerza foránea no solo es poco realista, sino ser ciegos ante sus indeseables consecuencias.                                                             

 

En el grupo de promotores de las protestas cívicas incluimos no solo a los que predican las  manifestaciones de calle, sino también a quienes promovieron paros y una actitud más frontal desde los inicios del régimen. Se logró desnudar a la dictadura. Lamentablemente, no conseguimos el cambio y, por ahora, la represión ha obligado a suspender las acciones de calle. Quienes critican esta salida han llegado al colmo de afirmar que la dictadura se impuso como reacción defensiva ante estos hechos e incluso que Maduro aprobó la constituyente cubana porque algunos dirigentes democráticos se opusieron al diálogo con Rodríguez Zapatero de intermediario.

 

Los electoralistas están convencidos de que el voto es la única vía válida para salir del régimen. Algunos llegan a sostener la necedad de que la lucha democrática y efectiva solo se inició en el 2006. Desde luego que votando hemos logrado importantes  resultados, al  evidenciar que somos mayoría y despertar la atención y apoyo internacional. Sí debemos reclamar a nuestra dirigencia que tardó mucho en calificar de dictadura al régimen actual, que durante los primeros años  prefirió la vía del apaciguamiento y que no actuó unida.

 

Sin embargo, es injusto criticar a la MUD por no lograr lo que aprobamos en el referendo del 16 de julio, así como aseverar que por aceptar ir a la elección de gobernadores esa organización se apartó del mandato del pueblo.  La MUD rechazó y desconoció   la constituyente cubana y gracias a su trabajo los principales países democráticos también lo hicieron. Ha demandado reiteradamente a la Fuerza Armada y a los funcionarios públicos que deben obedecer y defender la Constitución de 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. En cumplimiento de lo exigido, procedió a designar nuevos magistrados del TSJ. ¿Qué hizo la dictadura? Puso presos a quienes capturó y obligó al resto a auto exiliarse. Aprobamos la realización de elecciones libres y transparentes y la MUD lo ha estado requiriendo.

 

Cuando ninguna de las partes tiene la fuerza para imponerse, la negociación no es una entrega, sino una necesidad. El objetivo no puede ser una rendición incondicional de alguna de las partes. Ambas tienen que ceder algo. La Constitución de 1999 tiene que ser el punto de referencia. La presión nacional e internacional son imprescindibles y tiene que ser conducida por expertos en el tema, con avances graduales y sin micrófonos¿Es difícil una salida negociada? Claro que lo es.

 

La dirigencia democrática ha intentado salir del régimen por las vías mencionadas. Si no se ha logrado es porque estamos ante gente sin escrúpulos, con un proyecto político perverso gestado durante años, apoyado en las armas y en jueces corruptos.  De nuestro lado ha faltado cohesión. Los dirigentes de los cuatro grupos mencionados, los articulistas y usuarios de las redes sociales tenemos que cesar las descalificarnos mutuas, muchas de ellas sin fundamento. La votación para gobernadores es un escenario más de lucha, enfatizando las necesidades de la población y las promesas gubernamentales incumplidas. Ojalá elijamos nuevas caras. Claro que harán trampas, inhabilitarán a algunos y les quitarán atribuciones, pero no podemos doblegarnos.

 

Como (había) en botica: Gente el Petróleo no apoyará  ningún candidato en las primarias, pero sí a quienes sean designados abanderados de la unidad. Atención médica y libertad para los estudiantes Kevi Rojas, Alex González y José Dávila, presos políticos en la ergástula de El Dorado. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!