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Iván Duque ordenó despliegue de militares tras noche de disturbios en Cali
A través de su cuenta de Twitter, el presidente anunció el despliegue de fuerzas militares como «asistencia» a la Policía Nacional de Cali

Iván Duque, presidente de Colombia, ordenó este viernes, 28 de mayo, el «máximo despliegue» de la fuerza militar para el departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, tras una nueva oleada de violencia durante el sexto «paro nacional» en el que murieron al menos tres personas.

A través de su cuenta de Twitter, Duque aseguró que empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en Cali. 

 

Un muerto y dos heridos  en Cali

La noche del viernes, 28 de mayo, se registraron disturbios en el sector Meléndez, al sur de Cali, (ciudad del departamento colombiano de Valle de Cauca) . En el hecho  que registró sobre la calle quinta con carrera 94, zona donde se habían apostado un grupo de manifestantes en medio de las protestas por el paro nacional,  falleció un joven indígena y otras dos personas resultaron heridas, reportó Blu Radio.

Según el medio colombiano, se escucharon disparos en el lugar de los  hechos, aunque no se pudo determinar de donde provenían. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, identificó a la víctima como Sebastián Jacanamejoy del pueblo Inga.

De acuerdo con Blu Radio, al lugar de los hechos llegaron socorristas del del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali trataron de salvarle la vida al joven fallecido. Según este organismo, precisó que durante los disturbios una mujer recibió una impacto de bala en el glúteo y otro hombre en el pecho. Este último fue identificado por el senador caucano Feliciano Valencia como Isan Imbachi, indígena del pueblo Yanacona.

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DDHH olvidados | Desmentir la versión oficial y buscar justicia
Alex Yohan fue víctima de una ejecución extrajudicial en un operativo de la OLP en El Valle

@ValeriaPedicini

A Alex Vegas se le sigue quebrando la voz cada vez que menciona el nombre de su hijo. Las emociones lo invaden cuando recuerda cómo lo sacaron de su cama, le dieron dos disparos en el corazón y pretendieron mostrarlo a la opinión pública como un delincuente muerto en un enfrentamiento. 

La injusticia de la ejecución extrajudicial de su hijo, Alex Yohan Vegas de 16 años se repite y profundiza cada vez que tiene que desmentir la versión oficial. Cuando tiene que recalcar que el crimen ocurrió en condiciones ilegales y que los responsables aún no cumplen pena por el delito cometido. 

“Esa gente estaba como loca ese día. Querían matar, y de hecho en casa de un vecino asesinaron a cinco muchachos. La cantidad de funcionarios era impresionante, y a Alex Yohan lo trataron como si fuera un delincuente, un pran. Lo hicieron con mucha saña. En mi casa no encontraron drogas, ni armas, ni nada, al contrario, me robaron. Igual yo les hubiese dado todo, pero no que me hubiesen quitado a mi muchacho”. 

Eran alrededor de las 6:30 de la mañana del 10 de marzo de 2017 y Alex Vegas estaba preparando el desayuno para toda su familia, la rutina antes de ir a sus trabajos y llevar a la menor de sus hijas al colegio. 

Todavía estaba en ropa interior y en cholas, sin imaginar que un comando mixto de fuerzas de seguridad del Estado llevaba rato allanando casas en su zona, en Cerro Grande, El Valle. 

A mandarriazos

No tocaron la puerta, sino que la tumbaron a mandarriazos.  El único que seguía durmiendo era Alex Yohan en el piso superior, a quien los policías despertaron a golpes. Al resto de la familia la mantuvieron abajo, custodiada. “Yo traté de subir varias veces, pero no me dejaban, hasta que uno de los funcionarios se cansó, buscó una cabilla y le dijo a otro ʻsi este se pone cómico le das con esto”. 

Los mantuvieron fuera de la vivienda un rato y luego le consiguieron un pantalón. Habían decidido sacarlos de ahí y mientras les conminaban a bajar las escaleras del sector, sus familiares de las casas vecinas salieron a enterarse sobre qué estaba sucediendo. Alex padre apenas alcanzó a gritarles: “Ahí tienen a Alex Yohan, vayan a ver”. Les obligaron a subir a la camioneta policial y les trasladaron a la División Antidrogas de la Policía Nacional, en el sector de San Bernardino. Luego los llevaron de vuelta a la jefatura de El Valle. 

Durante las cinco horas que mantuvieron a la familia Vegas retenida, sin noticias del adolescente y sin poder comunicarse con alguien, la desesperación y la incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo con Alex Yohan se volvieron insoportables. 

La autopsia que le hicieron al muchacho reveló que, a los pocos minutos de subirles al transporte, un funcionario arrastró al joven a la sala y le dio dos tiros en el pecho. “Si hubiese habido un enfrentamiento no habríamos permanecido media hora ahí sentados en piyama, afuera en las escaleras, sin saber lo que estaba pasando. Y habría huecos de disparos por toda la casa, pero no”. 

La letalidad de esa incursión de la OLP en El Valle fue de tal magnitud que se organizó una protesta vecinal en las calles del sector. Fue ahí que los integrantes de la organización Orfavideh recabaron datos de los familiares de los jóvenes asesinados. Para Alex, es importante que se sepa lo que ocurrió. “Hay que estar buscando a los medios, en la calle, recordando lo que pasó porque si no todo se queda en el aire. Hay que sacarlo a la luz pública, porque si no la gente se olvida o cree que esas cosas no están pasando”.

El caso de Alex Vegas es de los pocos que ha logrado avances. El Ministerio Público actuó con celeridad el día de los acontecimientos, estuvo horas en su casa (y en la de las otras víctimas), hizo la planimetría, estableció que no hubo enfrentamiento. 

“El caso mío avanzó rápido dentro de todo porque hubo mucha prensa. Ya los once funcionarios involucrados tienen orden de detención y alerta roja con la Interpol. Está preso el que le disparó a mi hijo, pero cuando bajó toda la atención se empezaron a diferir las audiencias. Pero uno solo no cometió ese delito, cada uno tuvo responsabilidad y tienen que responder”.

N de R: El testimonio forma parte del informe «Víctima a víctima», disponible en el portal de Cofavic

AN de Guaidó hará seguimiento a denuncias de violencia contra la mujer
La diputada Nora Bracho aseguró que en medio de la pandemia de la COVID-19 han aumentado los casos de maltrato contra la mujer y los femicidios

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por el presidente Juan Guaidó, aprobó un proyecto de acuerdo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que se comprometen a hacer seguimiento, acompañamiento y denuncia de los casos de femicidio y cualquier tipo de violencia contra la mujer.

La aprobación se dio en la sesión virtual de este martes, 9 de marzo, donde se estableció además la necesidad de sumarse a iniciativas organizadas por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) por esta fecha.

Otro punto aprobado por los legisladores es la de promover en los partidos políticos, la inclusión paritaria de las mujeres en los órganos de tomas de decisión y generar propuestas de políticas públicas en materia legislativa que incentiven la igualdad de género y que permitan cerrar las brechas salariales, laborales y de otras índoles.

En el debate, la diputada Nora Bracho aseguró que con la pandemia por la COVID-19, han aumentado los casos de maltrato contra la mujer y los femicidios.

AN denuncia desprotección

“Venezuela adolece de casas de abrigo para cobijar a las víctimas de violencia junto a sus hijos. El principal machista de nuestro país es este régimen, esta dictadura. Aquí han fracasado más de 30 planes de seguridad y no existe un solo plan específicamente diseñado para erradicar la violencia contra las mujeres, además de ofrecer a diario un discurso violento y lleno de estigmatizaciones, los usurpadores nos agreden constantemente, con lo cual, no sólo omiten estos casos, sino que los promueven”, argumentó la diputada de la AN. 

En la sesión también participó la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, quien exhortó a que se realice una labor conjunta para el rescate de los valores fundacionales de la República, el respeto de la dignidad del ser humano y el reconocimiento efectivo de la igualdad de la mujer. 

Igualmente la diputada Ana Salas expresó que la mujer debe participar plenamente en la formulación de decisiones que afectan el bienestar de las personas y el planeta para las próximas generaciones.

“Es preciso derribar barreras históricas, culturales y socioeconómicas que impiden que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde, en la toma de decisiones que garanticen una distribución más equitativa de los recursos y el poder… Una representación más inclusiva da píe a democracias más fuertes, una mejor gobernación y sociedades más pacíficas”, añadió.

#Monitordevictimas – Matan a puñaladas a un operario del Metro de Caracas
Al parecer al joven, de 18 años de edad, lo asesinaron para robarle. El cadáver fue hallado en las cercanías del subterráneo, en Caricuao

Sandra Guerrero

Jhosdeiber Enrique Gervazzi Narváez, quien laboraba en el Metro de Caracas, fue hallado muerto cerca de las instalaciones de ese sistema de transporte al amanecer del pasado 26 de diciembre, en el sector Los Telares, zona industrial de Ruiz Pineda, parroquia Caricuao, en Caracas.

El hallazgo del cadáver lo hicieron usuarios del subterráneo entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana del día en cuestión. Al encontrarlo, notificaron el hecho de inmediato a personal del Metro.

Gervazzi Narváez, de 18 años de edad, era operador de ese sistema. El joven fue asesinado a puñaladas y presumen que fue víctima de un robo.

De acuerdo con las cifras de Monitor de Víctimas, al menos 11 personas han sido asesinadas este año en Caricuao.

 

 

#MonitorDeVíctimas | Homicidios en Táchira no disminuyen y se intensifica la ley del oeste

Fotos: Cortesía Johnny Parra

 

Los homicidios se han reducido entre 30 % y 45 % en casi toda Venezuela, pero en Táchira la disminución es de apenas 2,2 %. Lanzar los cadáveres al lado colombiano es una de las prácticas para ocultar los números rojos. La violencia en este estado fronterizo se mantiene intacta e incluso podría estar aumentando. La acción de una multiplicidad de grupos armados que operan en la región sería una de las causas 

 

@anggyp

 

Las noticias sobre la aparición de cadáveres en las trochas (pasos fronterizos ilegales) que conectan a Venezuela y Colombia ya son parte de la cotidianidad en el estado Táchira. El diario La Opinión de Cúcuta difunde cada hallazgo, y aunque queda claro que las víctimas son personas relacionadas con la actividad fronteriza, en la mayoría de los casos los cuerpos no son identificados. Esta violenta dinámica se ha exacerbado por las continuas restricciones impuestas por los gobiernos a los pasos legales y por la presencia de más de una veintena de grupos armados no estatales.

En 2017, Táchira ocupaba el lugar número 13 en la clasificación de los estados con más homicidios en Venezuela, en 2018 estaba en la posición 14. Pero en 2019 la violencia se incrementó, principalmente en los municipios fronterizos, y la entidad saltó sin ningún obstáculo al puesto 9 en el ranking de los estados con la tasa más alta de crímenes contra la vida, según datos del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, obtenidos de manera extraoficial por Monitor de Víctimas, mediante una filtración. 

 

Táchira limita con el Departamento Norte de Santander, Colombia, y ha sido permeado por diversas organizaciones criminales, como las disidencias las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pero además, varias de sus localidades se convirtieron en refugio de algunos grupos residuales de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también identificadas como paramilitares, entre los que destaca Los Rastrojos. 

A esto se suma la llegada de los colectivos (grupos de civiles armados) venezolanos, como el Colectivo de Seguridad Fronteriza, y la presencia de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional. “Hoy por hoy, los grupos armados irregulares tienen presencia en el 85% de los municipios del estado Táchira”, asegura un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) sobre Grupos Armados Irregulares en la Frontera de Táchira.

La crisis económica y el paso masivo de migrantes que huyen desesperados de sus lugares de origen en Venezuela, ha sido aprovechado por los diversos actores criminales que operan la mayoría de los 29 municipios del Táchira. Se multiplicó la actividad del contrabando, el tráfico y la trata de personas en los que participan funcionarios gubernamentales, grupos criminales y civiles, disparando las cifras de muertes violentas en sus diversos móviles: ajuste de cuentas, sicariato y ejecuciones extrajudiciales.

“La vinculación de los grupos armados irregulares en el estado Táchira ha ido en aumento, y así lo demuestran los datos que revelan que, en el primer semestre de 2019, los hechos violentos causados por éstos representan el 8%; mientras que, en el primer semestre del año en curso (2020), aumenta exponencialmente a 29%, siendo superado únicamente por las muertes por resistencia a la autoridad”, dice el documento del OVV, publicado en septiembre de 2020.

La respuesta gubernamental ha sido “el silencio” y “la ley del oeste”, expresiones muy conocidas en la entidad. No hay acciones de seguridad orientadas a controlar a la mayoría de estos grupos, solo Los Rastrojos (paramilitares) han sido prácticamente desaparecidos del territorio venezolanos. Pero ese espacio ha sido tomado por las exguerrillas del ELN, disidencias de las FARC y el Colectivo de Seguridad Fronteriza. 

Mientras, el Estado venezolano ha respondido con controles para el suministro de gasolina, venta de productos de la cesta básica, y criminalización de todos los pobladores fronterizos, lo que ha generado más muertes y rentas criminales en la región.

2017: Boom de la migración pendular

Para el 2017, ocurrieron 357 homicidios con una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes en Táchira, mientras que la tasa nacional fue de 47 (según la misma fuente oficial). Los municipios fronterizos con más movilidad de personas, como Bolívar y García de Hevia, comenzaron a registrar más hechos de sangre debido a la profundización de la guerra entre grupos criminales que buscaban tomar poder de ciertas zonas y economías ilegales generadas por el paso de migrantes pendulares y migrantes internos que se comenzaban a concentrar en estas poblaciones.

Comparando los homicidios entre los datos de 2016 y 2017 se registró un aumento de los casos en más de 12 municipios. Entre ellos: Antonio Rómulo Costa con 50 % de los casos, Bolívar 138,9 %, Cárdenas 31,3 %, Fernández Feo 15,8 %, García de Hevia 6,3 %, Guasimos 150 %, Jáuregui del 100 %, José María Vargas 200 %, Municipio Libertad 200 %, Lobatera 500%, Michelena 75%, Panamericano 23,5% en comparación el año anterior.

 En 60 % de los casos se manejó como hipótesis de los homicidios el ajuste de cuentas, 20 % de los homicidios quedó “por determinar” la causa, 10% fue registrado como sicariato y el 10 % restante se atribuye al robo el móvil del crimen.

 En 2017 los homicidios ocurrieron con mayor frecuencia los días sábados, domingos y miércoles.  90 % fue perpetrado con armas de fuego.

 En el municipio Independencia se registró un aumento de 100 % en los casos de resistencia a la autoridad, que son los homicidios cometidos por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. El incremento en este delito fue similar en el municipio Antonio Rómulo Costa 100 %, mientras que Ayacucho reportó el aumento más drástico con 350 %.

 2018: Aumento de violencia en municipios de  frontera

 Para el 2018, las cifras oficiales indican que se registraron 277 los homicidios, y la región ocupó la posición 14 de la escala nacional, con una tasa de 22 homicidios por 100.000 habitantes, mientras que la tasa nacional fue de 33. Sin embargo, se evidencia un cambio en los sitios donde ocurrieron las muertes. Cuatro de los municipios fronterizos (García de Hevia, Ayacucho, Lobatera, Pedro María Ureña, Bolívar y Rafael Urdanet) pasaron a ocupar los primeros cinco lugares con más homicidios, junto a la capital tachirense.

El municipio con mayor número de homicidios para el 2018 fue Ayacucho con 46 casos, 16,9 %. El segundo lugar lo ocupó el municipio García de Hevia con 42 homicidios, 16,2 %; San Cristóbal tuvo 33 casos, 12,7 %; Pedro María Ureña 32 homicidios, lo que representó 10%; y Bolívar con 22 casos, representado en 8,5 %.

Para este año 100 % de los hechos fueron perpetrados utilizando armas de fuego. Las hipótesis que se manejaron fueron sicariato con 22, 2%, por determinar 22,2%, ajustes de cuenta 22,22%, crimen de género 22,2, robo 11,1 %. Además los hechos ocurrieron con más frecuencia en más días de la semana: jueves, viernes, domingo, lunes y martes.

Además se originaron asesinatos en importantes porcentajes los siete días de la semana, pero en mayor medida los días miércoles con el 18,8 % de los crímenes sucedidos en estos días. Incluso en el rango horario se nota un incremento de los hechos horas diurnas durante las 12 del mediodía a las 5:00 de la tarde en un 25,3 % y de 6:00 am a 12 del mediodía con el 23,2 %.

La frontera se ha visto colmada de miles de personas en condiciones de vulnerabilidad provenientes del centro del país, decenas encontraron oportunidad en el paso de mercancías de un país a otro, mientras que muchos otros han sido captados por las bandas criminales, que se aprovechan de su desesperación económica. 

Para el profesor e investigador de la Especialidad de Estudios Fronterizos de la Universidad de Los Andes, Francisco Sánchez, el incremento de la violencia y homicidios en el margen fronterizo en cierta medida se debe al desplazamiento de personas provenientes de otras regiones hacia los municipios del Táchira. Algunas de estas personas ingresan a este ecosistema criminal sin control, en busca de mecanismos de supervivencia. 

También la crisis económica del país ha generado una especie de migración de grupos delictivos de las zonas urbanas hacia las zonas fronterizas donde se desarrollan actividades de crimen organizado más rentables, como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas.

Adicionalmente se conformaron nuevos grupos binacionales, como la organización La Línea que surgió en el 2018. Esto ha ido empeorando la guerra por el control de los pasos informales que son utilizados incluso por estas organizaciones para el tráfico y trata de personas, el contrabando de todo tipo de mercancía y para el narcotráfico.

Se ampliaron las oportunidades para delinquir y las trochas se han convertido en los principales enclaves para el desarrollo de las actividades ilegales.

El salto a la posición 9

En 2019 se reportaron 271 homicidios en Táchira. Aunque hubo una disminución respecto a 2018, la reducción fue de apenas 2,2 %, muy baja si se compara con entidades como Carabobo, Miranda y Distrito Capital donde los homicidios se han reducido entre 30 % y 45 %. Además no hay certeza de que estas cifras realmente registren todos los crímenes ocurridos dentro del territorio tachirense.

La tasa en Táchira fue de 21 homicidios por 100.000 habitantes, con un detalle llamativo, por primera vez en los últimos cinco años era similar a la tasa nacional que también fue de 21, según la data del observatorio del Ministerio de Relaciones Interiores. 

Cinco municipios concentran más de 50 % de los homicidios. Tres de ellos son fronterizos: Pedro María Ureña pasó a ser la jurisdicción más violenta con 61 homicidios, lo que representa 22,5 % de los asesinatos; el municipio Ayacucho con 31 asesinatos, que representan 11, 4 %; y García de Hevia con 30 homicidios, 11,1 % de los casos. Los otros dos municipios son San Cristóbal, que concentró 34 hechos de sangre, para 12,5 % y Fernández Feo.

Para Anna María Rondón, criminóloga y representante del Observatorio Venezolano de Violencia Capítulo Táchira, lo primero que hay que tener en cuenta es que la región está en frontera con Colombia y esa característica la diferencia del resto de los estados del país. Explica que en los últimos años la criminalidad relacionada con homicidios está caracterizada por lo que ocurre en los pasos fronterizos ilegales.

 De acuerdo al seguimiento de la experta, las muertes en las trochas son los móviles que vienen ocurriendo con mayor frecuencia y es lo que se viene observando del 2016 al 2019 con la escalada de los hechos de sangre en las jurisdicciones más cercana al margen fronterizo.

Para 2020 se comienzan a ver muertes al estilo de los carteles mexicanos como decapitaciones en áreas limítrofes por ende aumentaron las diversas formas de ejecución de homicidios. La información oficial indica que en 77 % de los casos de las muertes se usaron armas de fuego y en 11,9 utilizaron armas blancas. 

La experta señala que es una región donde ocurre una cantidad importante de sicariatos, pero en 2019 se notó una disminución con los homicidios relacionados a unos delitos más comunes como robo o por motivos pasionales. El móvil que se manejó en el 70 % de los casos fue ajuste de cuentas, mientras que 9,5 % de los casos quedó en el estatus “por determinar”. El 6,5 % de las muertes se produjo por robo y 5,6 por riña. Un 4,4 % de los homicidios fue por causa de robo de vehículo, 2,4% fue violencia de género, 0,8 % por sicariato y 0,4 % por robo frustrado.

Entre 2019 y 2020 decenas de cadáveres de personas asesinadas en municipios del estado Táchira (Venezuela) han sido arrojados a territorio colombiano. La acción, que ha desconcertado a las autoridades de Colombia, ha motivado incluso la elaboración de algunos reportajes e investigaciones por parte de organización de la sociedad civil y medios colombianos sobre las masacres en las trochas

“Las trochas entre Venezuela y Colombia se han convertido en el escenario de muchas muertes violentas, en su mayoría de venezolanos que se encuentran con alguno de los grupos armados que controlan esa zona. Muchas veces estas personas son asesinadas en Venezuela y sus cuerpos arrastrados a territorio colombiano para que alguien los recoja. Pueden pasar varias horas en el suelo antes de que la policía llegue”, dice una publicación que reproduce Frontera Viva

Se estima que gran parte de los victimarios  son hombres entre 17 años y 28 años. Y las víctimas son en su mayoría hombres, añade Rondón, por lo general son personas que utilizan los pasos fronterizos. 

Se suma la resistencia a la autoridad

Desde 2017 se evidenció un incremento importante de los homicidios por “resistencia a la autoridad”, detalla Anna María Rondón, aunque las cifras oficiales muestran los contrario.

 “Difícilmente pasa un mes en el estado Táchira sin que ocurran homicidios de esta índole. La aparición de las FAES (Fuerza de Acciones Especiales) también tuvo un significado importante en este sentido”, expuso la experta.

La llegada de la FAES a comienzos de 2018 estuvo acompañada de la designación de Freddy Bernal como protector de Táchira, quien ha liderado muchos procedimientos de este cuerpo de seguridad, en particular la persecución a Los Rastrojos.

Rondón refiere que el Táchira está frente a un Estado arbitrario, que poco guarda la integridad física ni respeta los convenios internacionales de derechos humanos. En el primer semestre de 2020, el monitoreo de prensa arroja que se han registrado 41 casos de homicidios a manos de policías y militares, la misma cifra que reportaba el observatorio del Ministerio de Relaciones Interiores para octubre de 2019, lo supone un aumento en estos casos de “resistencia a la autoridad”.

La experta también considera que en el fondo hay cierto grado de indefensión de los cuerpos policiales frente a las grupos criminales que se mueven en la región. “Hay estructuras criminales que tienen mejores armas que los funcionarios. Entonces enfrentarlos es algo prácticamente inútil y matarlos representa beneficios más inmediatos, es el razonamiento de las autoridades. El Estado no cree en su propia capacidad para resocializar, en su propia capacidad para hacer justicia”, argumentó.

Ante este escenario no se observan posibles mejoras en la situación de violencia homicida en Táchira. Mientras más se incrementan los controles en los municipios fronterizos más aumentan las oportunidades para grupos armados que controlan las zonas, aumentan los ingresos en los pasos informales, surgen nuevas estructuras delincuenciales, las existentes se fortalecen y se diversifican las rentas criminales.

#MonitordeVíctimas | Wilexis estuvo cinco meses en José Félix Ribas antes de un nuevo operativo policial
Wilexis Acevedo, líder de la megabanda que opera en la parroquia Petare, regresó al barrio aproximadamente dos meses después del operativo del 8 de mayo, en el que no lo capturaron.  Estuvo bajo perfil, según los vecinos. Siete meses después las FAES ingresaron al barrio y lo hirieron en un enfrentamiento, el viernes 6 de noviembre

 

El barrio no cambió: los vecinos mantienen su apoyo al Wilexis y el rechazo a la policía. Cada vez que hay un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el sector José Félix Ribas, de Petare, la gente cierra sus puertas por temor a que los funcionarios los asesinen, o en el mejor de los casos, los golpeen y les roben objetos de valor de sus casas. Pero no les tiembla la voz cuando aseguran que gracias al líder de la megabanda no hay robos en la parte alta de la comunidad.

Entre la zona 6 y la zona 10 de José Félix los vecinos salen con sus celulares en la mano, porque quien se atreva a cometer un delito será castigado. Caminan por las calles hasta tarde y viven su cotidianidad sin contratiempos porque dicen que este grupo delictivo les brinda seguridad.

Wilexis Alexander Acevedo Monasterios estuvo en el barrio bajo perfil. Evitaba transitar por la zona baja y así mantuvo el control del sector hasta el viernes 6 de noviembre, cuando las FAES entraron al barrio y lo hirieron de bala, pero huyó.

Se conoció extraoficialmente que cuatro integrantes de la megabanda fueron asesinados durante un enfrentamiento, en la zona 8 de José Félix Ribas. Presuntamente, entre los fallecidos está el segundo al mando del grupo, conocido como el Chino, quien se enfrentó a los funcionarios con una AR15 y detonó una granada.

Sin embargo, la versión de los familiares es otra. Uno de los fallecidos es José Hermes Avendaño Gómez, de 37 años, quien vendía café cuando inició la balacera. Sus allegados estaban este lunes 9 de noviembre en la morgue de Bello Monte y aseguraron que era testigo de Jehová; recibió un tiro en la cabeza y otro en el pecho. Dejó a dos hijos huérfanos, de ocho y 14 años.

También fue identificado Edgar Alexander Borges, de 26 años, quien recibió dos disparos por la espalda y uno en la cabeza. Según sus parientes, Borges trabajaba como obrero. Y Eduard Sanz, de 24 años; recibió un impacto de bala en la cabeza. Sus allegados contaron que estaba desempleado.

Pasaron siete meses desde la última vez que el gobierno de Nicolás Maduro trató de capturar a Wilexis y no lo logró. El 8 de mayo de 2020 comisiones mixtas ejecutaron un operativo tras su pista. El ministro de Interior, Justicia y Paz para el momento, Néstor Reverol, dijo que habían desplegado a los cuerpos de seguridad para acabar con las bandas armadas. 

En aquella ocasión Wilexis huyó del barrio y regresó aproximadamente dos meses después. Los vecinos aseguraron a Crónica.Uno que lo vieron en fiestas, como antes, aunque un poco más bajo perfil. Incluso presumen que se disfrazaba.

El despliegue policial ocurrió luego de seis días de enfrentamientos entre bandas, en José Félix Ribas. Los vecinos vivieron una pesadilla, tirados en el piso o escondidos en cuartos para evitar que una bala perdida los hiriera, mientras Wilexis defendía el control de su territorio de un hombre conocido como El Gusano.

Las balaceras, que iniciaron el 30 de abril, retumbaron hasta zonas aledañas como La Urbina, Palo Verde y Terrazas del Ávila y disminuyeron el 4 de mayo.

Nicolás Maduro aseguró que los enfrentamientos fueron organizados por la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, junto con Wilexis, para distraer la atención y facilitar la entrada de mercenarios al país durante la Operación Gedeón, el 3 de mayo, para derrocar al mandatario.

Los voceros de Maduro no confirmaron a cuántas personas detuvieron en ese operativo y si tenían nexos con la megabanda, al igual que el viernes 6 de noviembre, donde tampoco hubo parte oficial.

Solo fue pública la aprehensión arbitraria de Junior Pantoja, exconcejal de Petare y líder vecinal. Le imputaron el delito de tráfico ilícito de municiones, pretendían involucrarlo con las bandas delictivas. Fue excarcelado el 24 de junio y falleció el 23 de agosto, de un paro respiratorio. 

Las autoridades tampoco informaron cuántos fallecidos hubo tras la incursión al barrio. Zair Mundarín, exfiscal de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, publicó en su Twitter que 13 personas fueron asesinadas, sin embargo, no se conocieron sus identidades. Carlos Palacios y Brian Cedeño fueron víctimas de ejecución extrajudicial, según la denuncia de sus parientes.

Como hallazgo forense, todos disparos a distancia en tórax anterior (de frente) doble tap (técnica de disparar dos veces seguidas sobre el mismo blanco). Esto es imposible que ocurra 13 veces seguidas, escribió en un hilo de Twitter. 

El 13 de mayo, cinco días después del operativo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó de la muerte de Leonardo José Pimentel, conocido como Loco Leo, quien era lugarteniente de Wilexis. De acuerdo con la publicación, el hombre se enfrentó a la policía científica en Los Teques, a donde huyó tras el operativo en Petare.

El gran despliegue del Gobierno no tuvo éxito. Luis Izquiel, abogado y criminólogo, explicó a Crónica.Uno que los operativos que realizan los cuerpos de seguridad no tienen suficiente contundencia sobre los líderes de las megabandas de Caracas.

En 2015, cuando se ejecutó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para capturar al Coqui, cabecilla de la megabanda de la Cota 905, tampoco se logró. Cinco años después el Coqui sigue prófugo.

En ambos operativos abatieron a otras personas que no eran las que ellos buscaban, hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otros atropellos a los derechos humanos. Estos operativos además de demostrar que no son efectivos para capturar a los líderes de las megabandas, dejan una larga estela de violaciones a los DD. HH.”.

Según Izquiel, la falla de estas operaciones podría deberse a la fuga de información o al respaldo que tienen los delincuentes en la comunidad, que facilita la huida. La penetración de las cabecillas puede llegar hasta los cuerpos policiales.

Los gariteros, parte de la estructura de la megabanda, pueden facilitar la fuga de los líderes al momento de los enfrentamientos. Izquiel dijo que estas personas no solo están ubicadas al inicio o al final del barrio, también en zonas aledañas y divisan cuando van en camino los policías.

En el informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, presentado en septiembre, se refiere que el Coqui, presuntamente, sobornó a los policías y le avisaron antes de la OLP de 2015, por eso logró huir antes.

Parte baja de José Félix sin control de Wilexis 

Siete meses después de que las comisiones mixtas tomaran el barrio, la megabanda de Wilexis mantuvo su fortaleza entre la zona 6 y 10 de José Félix Ribas, pero no ha podido recuperar el control en la parte baja.

Los vecinos contaron que el líder del grupo delictivo huyó del barrio tras el operativo de mayo y regresó aproximadamente dos meses después, en este tiempo las bandas que operan entre la zona uno y la zona cinco se unieron para intentar acabar con Wilexis.

Los habitantes de este sector sienten pavor ante la propuesta de hablar de Wilexis. Y los que se atreven lo hacen extraoficialmente, por miedo a que tomen venganza. Nadie va a decir nada malo de él, soltó una vecina a Crónica.Uno. Otra agregó: “Aquí en el barrio estamos más seguros con Wilexis, esos muchachos (la megabanda) cuidan a todo el mundo. Y si sube la policía, cerramos todo, porque esos sí hacen daño”. 

Días posteriores a la incursión policial en el barrio, los habitantes organizaron cacerolazos y oraciones, en las calles, en apoyo al Wilexis y a la paz del barrio.

Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, explicó a Crónica.Uno que la actitud de apoyo de la comunidad al Wilexis podría entenderse porque la policía es el principal factor de violencia.  

Si la policía actuara en favor de la comunidad evidentemente la posición de ellos ante Wilexis fuese distinta. Pero como no es así, la comunidad se ve obligada a buscar en él un apoyo que no tiene de los funcionarios.

Wilexis trabaja para recuperar el control en la parte baja del barrio, donde operaba su contrincante el Gusano, quien fue asesinado el 14 de mayo de 2020, en un operativo del Cicpc. Esas pequeñas bandas se unieron para tratar de “tumbar” a Wilexis, pero no lo habían logrado porque este tiene mejor armamento. 

“En la parte baja volvieron a cometer robos las banditas y eso antes no pasaba. De hecho se están registrando robos en el Metro de Petare que ya habían mermado. Desde que mataron al Gusano hay varias banditas, ellos se han querido unir para ‘tumbar’ a Wilexis pero no han podido porque Wilexis está más armado y tiene más poder, contó un vecino, bajo condición de anonimato, por miedo a ser víctima de venganzas de los miembros de estas bandas.

El director del Centro de Investigaciones Populares añadió que no se han repetido enfrentamientos tan prolongados como los que ocurrieron entre abril y mayo, y es porque Wilexis actúa bajo perfil. Pero en la parte baja de la comunidad ahora operan otras bandas.

“Wilexis se replegó y ahora las bandas que él controlaba están tomando otra vez posición en la comunidad. Este era el principal motivo por el que la gente lo apoyó en ese momento”, dijo Campos.

Presuntamente, Christian René Tovar Uribe, conocido como el Gusano, estaba preso en la cárcel de Tocorón y fue liberado para hacerle frente a Wilexis. Al parecer el gobierno de Maduro lo hizo con la intención de quitarle el poder, porque apoyó las protestas de la oposición. Sin embargo, no es una información corroborada por los voceros del mandatario.

El 23 de enero de 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela (artículos 233 y 333 de la Constitución), hubo una manifestación que fue disuelta por las FAES y la Policía del municipio Sucre, y esa noche asesinaron a Yoendry Fernández y a Jhonny Marcano, presuntamente miembros de la megabanda de Wilexis.

Ese mismo año, entre junio y octubre, se registraron varias manifestaciones de los vecinos en contra de las FAES. Rechazaban los operativos en la comunidad y las ejecuciones extrajudiciales. Presuntamente los habitantes fueron enviados por Wilexis bajo amenaza. 

Antes de la pandemia, se conoció que Wilexis además de controlar la distribución de las cajas del Clap, brinda ayuda sociales, organiza actividades para los niños y funge como “juez de paz”, una figura que no tiene registros oficiales, pero que presuntamente resuelve problemas a los vecinos.

Los jueces de paz eran nombrados por defensores de los derechos humanos y los mismos vecinos, pero en el primer mandato de José Vicente Rangel Ávalos (2000) supuestamente esa figura se distorsionó.

La tarde del miércoles 4 de noviembre un hombre fue asesinado, presuntamente por miembros de la megabanda de Wilexis. La versión de los vecinos es que supuestamente esta persona cometió un delito en la invasión, que está en la zona uno del barrio, y lo arrastraron hasta la zona cinco, donde le dispararon y lo quemaron. 

“Esos son los mismos de la banda del Wilexis, lo hacen para retomar el control. Toman la justicia por sus manos”, indicó una vecina a Crónica.Uno

Petare la parroquia más violenta de Caracas 

De acuerdo con datos del Monitor de Víctimas —un proyecto periodístico de data— entre enero y septiembre de 2020 se registraron 105 homicidios en la parroquia Petare. Solo en mayo hubo 25 muertes violentas en la zona y hasta el momento es el mes con más registros.

La data del Monitor de Víctimas también revela que solo en José Félix Ribas han ocurrido 23 homicidios, entre enero y septiembre.

Investigaciones del Observatorio Venezolano de Prisiones revelaron que la parroquia Petare, del municipio Sucre, fue la más violenta del Área Metropolitana de Caracas en 2019. Al menos 16 % de los sucesos ocurridos en ese año fueron en Petare. Para el observatorio era previsible porque José Félix Ribas, uno de los barrios más grandes e inseguros de latinoamérica, forma parte de esta parroquia.

Los datos también arrojaron que en 2019 el municipio más violento fue Libertador, 60 % de los sucesos tuvieron lugar ahí. El segundo con más homicidios fue Sucre, con 26 % de los registros.

 
#MonitorDeVíctimas | Mataron a un sexagenario en Petare de un golpe en la cabeza
El hecho ocurió en medio de una riña en el barrio Nazareno de Petare el pasado domingo 25 de octubre. Ese mismo dia fue arrollado un hombre de 85 años en Caricuao. Ambos fallecieron el lunes

Francisco Zambrano – @franzambranor Foto Carlos Ramírez 

De un golpe en la cabeza falleció Luis León de 66 años el pasado domingo 25 de octubre alrededor de la 1 de la tarde en el barrio Nazareno de Petare.

En medio de una riña, un sujeto impactó a León con un objeto contundente y le causó un traumatismo craneoencefálico.

León fue llevado al Hospital Domingo Luciani de El Llanito, donde murió al día siguiente.   

Familiares aseguraron que el victimario está identificado por los cuerpos de seguridad, pero aún no han dado con su paradero. 

El sexagenario era cerrajero y padre de cuatro hijos mayores de edad. 

Entre el 1 y el 21 de octubre de este año un total de 21 personas habían sido asesinadas en Petare. A esta cifra se suma el caso de León, ocurrido 4 días después.  

Arrollaron a octogenario

También el domingo en horas del mediodía, Carmelo Gerdez de 85 años de edad fue atropellado por un motorizado en las adyacencias de la estación de Metro en Ruiz Pineda, Caricuao. 

Familiares de Gerdez denunciaron que el conductor se dio a la fuga y presumen que se trata de un funcionario policial, de acuerdo a la versión de algunos testigos en la zona.

Gerdez fue trasladado al Hospital Perez Carreño, donde fue operado de emergencia y falleció el lunes 26 de octubre a las 4 de la mañana. Era obrero, tenía dos hijos y siete nietos. 

 

OVV: Presencia y actuación de grupos armados en Táchira aumentó en 2020
Testimonios afirman que el ELN es muy violento en su proceder y que gestionan la distribución de las cajas Clap, el suministro de combustible y gas doméstico

 

Los datos obtenidos mediante el observatorio de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira) revelan que la vinculación de los grupos armados irregulares en el estado con hechos violentos ha ido en un aumento sostenido, pues, en el primer semestre de 2019, sus acciones representaron el 8%, mientras que, en el mismo período del año en curso, aumentaron exponencialmente a 29%, siendo superado, únicamente, por las muertes por resistencia a la autoridad.

En cuanto a las víctimas fatales a manos de los grupos armados irregulares, en los primeros 6 meses de 2020, ascienden a 21, de las cuales el 90% de ellas son de sexo masculino, entre 19 y 25 años; es decir, jóvenes en edad de formación académica y profesional que, lejos de ello, se dedican a actividades anti sociales.

“El pronóstico de la situación no es alentador, si se toma en cuenta que el Coronavirus agravará aún más la crisis económica que ya existía en el país, y que cada día pueden ser más los jóvenes interesados en integrar algún grupo armado irregular, para poder hacer frente a la crisis”, expone la criminóloga Anna María Rondón Trejo, coordinadora del OVV Táchira.

Testimonios de algunos habitantes del municipio Pedro María Ureña, señalan que los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) son especialmente violentos en su proceder para resolver sus asuntos con todo aquel que tenga una posición contraria a sus intereses; y se les distingue en la gestión y control de servicios básicos como la distribución de las cajas CLAP, la coordinación para el suministro de combustible y gas doméstico, y otros asuntos comunales.

En el ejercicio de la justicia, tienen también un papel preponderante, pues son llamados y consultados en caso de victimización por un delito común, como robos, hurtos, y lesiones, desplazando a las instituciones y desdibujando la autoridad.

Expone Rondón que “es inexplicable que esto ocurra en un territorio que fue declarado en estado de excepción hace cinco años -específicamente los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Ayacucho, Panamericano y García de Hevia, entre otros- y es justamente allí donde existen más muertes a causa de sicariatos, ajustes de cuenta o venganza.

Por otra parte, la presencia militar y policial ha aumentado desde el cierre de frontera a causa del Coronavirus, incluso, se puso en marcha la operación Escudo Bolivariano 2020, que supone mayor vigilancia y control en los pasos fronterizos; no obstante, se han tenido resultados contrarios, pues el ELN ha ido ocupando más espacios, como ocurrió hace pocas semanas en el municipio Seboruco, donde se instalaron, abierta y públicamente”.  

OVV