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#MonitorDeVíctimasLara | Cuatro homicidios el primer día del año
Lara registra cuatro crímenes el primero de enero. Todos ocurrieron en el municipio Iribarren

Desde temprano, el día sábado primero de enero se tornó violento en el estado Lara, pues se registraron cuatro homicidios en diferentes zonas del municipio Iribarren. Tres personas fueron asesinadas con arma de fuego y una con arma blanca.

A la 1:00 a. m., Anthony Carrasco, de 37 años de edad, estaba compartiendo con su familia la llegada de un año nuevo, en el sector Nueva Paz del oeste de Barquisimeto.

Justo en ese momento llegó un hombre (no identificado) y accionó un arma de fuego contra los presentes. Carrasco fue alcanzado por una bala a la altura de la cervical; el agresor huyó del sitio y los familiares del joven corrieron a auxiliarlo.

Pidieron ayuda a un vecino para que lo trasladaran hasta la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Luego de ser ingresado a la emergencia, los médicos informaron que Carrasco debía ser intervenido.

Carrasco no resistió a la operación y cuatro horas después murió como consecuencias del tiro que recibió.

Disparo en el abdomen

En otro hecho, Yoheser Lucena Lucena, de 28 años de edad, fue asesinado de un balazo en el abdomen.

Eran las 5:00 a. m. y Lucena iba camino a su casa, cuando por la calle 7 con avenida 4 de La Carucieña, sin mediar palabras, le dispararon y lo dejaron malherido en el sitio.

En el momento del hecho, en los alrededores se encontraban conocidos del joven, quienes de inmediato le prestaron ayuda y lo trasladaron hasta el Seguro Social Pastor Oropeza, porque era el centro de salud más cercano.

Conocidos de Yoheser contaron que el joven fue ingresado a la emergencia sin signos vitales.

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc del estado Lara investigan la muerte, pero hasta el momento no han detenido a los responsables.

También el primero de enero a mediodía asesinaron a Rafael Junior Hernández, de 20 años de edad. El joven, quien era obrero, recibió un impacto de bala cerca del pómulo.

El hecho ocurrió en el sector 5 del barrio La Batalla, justo en la quebrada Mosquera. El cuerpo de Hernández quedó bocarriba; vestía un jean y una franela color naranja.

Una fuente oficial contó a Monitor de Víctimas que fueron sus familiares quienes hallaron el cuerpo de Hernández y de inmediato llamaron al Cicpc para que hicieran el levantamiento del cadáver.

Puñalada en el corazón

A Jeferson Medina, de 20 años, lo mató un hombre de una puñalada en una riña, ocurrida en el barrio Jacinto Lara, el sábado a las 7:30 p. m.

El joven estaba compartiendo entre amigos y familiares en una casa de la zona, pero una discusión entre varias personas, que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, se tornó violenta y se fueron a los golpes.

En medio de la riña, uno de los agresores sacó un arma blanca y apuñaló a Medina justo en el corazón.

Las personas que estaban en el sitio comenzaron a gritar pidiendo auxilio y fue un conocido de la familia el que lo trasladó hasta el Seguro Pastor Oropeza de Barquisimeto, pero fue ingresado a la emergencia sin signos vitales.

Los familiares de Medina no quisieron aportar mayores detalles sobre lo ocurrido, pero sí contaron que el presunto homicida fue detenido por funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc.

Hasta los momentos se sabe que en el Cicpc solo tienen una persona detenida y se encuentran tras la identificación y captura de los demás implicados en los crímenes.

OVV reporta aumento de mujeres jóvenes, niñas y adolescentes víctimas de femicidios y violaciones
Según el OVV, las víctimas de estos delitos resultaron ser, en su mayoría, niñas y mujeres entre los 10 y los 24 años, siendo las jóvenes entre 11 y 15 años el grupo más vulnerable a una violación sexual

El boletín de Delitos Cometidos por la Sociedad del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el primer semestre de 2021, registró un aumento del número de mujeres jóvenes, niñas y adolescentes víctimas tanto de femicidios como de violaciones sexuales y otro tipo de agresiones dentro del ámbito doméstico.

Según cifras del estudio realizado por el OVV, las víctimas de estos delitos resultaron ser, en su mayoría, niñas y mujeres entre los 10 y los 24 años, siendo las jóvenes entre 11 y 15 años el grupo más vulnerable a una violación sexual. 

«Casi 80 víctimas presentaron agresiones sexuales. En 20 casos, fueron víctimas de homicidio intencional y agresión», señala el boletín.

Un aspecto que estima el Observatorio Venezolano de Violencia que podría estar influyendo en el aumento de la violencia está asociado a las medidas de confinamiento, en particular, la agudización de los conflictos familiares en un entorno signado por fallas y deterioro de servicios básicos y escasez de alimentos, entre otras privaciones.

El OVV señala que la mayoría de los victimarios en estos casos de abuso sexual, femicidios y violencia de género han sido hombres que son pareja, padrastros, padres, abuelos, tíos que actúan al amparo de la impunidad, la exigencia de silencio y complicidad.

El boletín de la ONG afirma que hay razones para pensar que también los victimarios propiciaron el maltrato, agresiones sexuales, lesiones, filicidios, femicidios y otros delitos de violencia de género hacia los hijos.

Niños y adolescentes no escapan de la violencia

El OVV afirma que los niños y adolescentes no escapan de la violencia. Según el estudio, hay reportes de víctimas de violación sexual, tentativa de homicidio, secuestro y otras agresiones sexuales.

De acuerdo con el boletín del OVV, con esto se confirma la debilidad en los distintos grupos de edades también en el sexo masculino. Queda claro que las víctimas de homicidio intencional y agresión se evidencia en mayor cantidad en los grupos de otras edades superiores, pero los más pequeños son víctimas de violaciones y otras agresiones sexuales, lo que imprime un comportamiento sesgado de los delitos de acuerdo con el sexo.

EL OVV afirma en los datos reportados que las características de los victimarios de los niños, niñas y adolescentes que aparecen como responsables de estos delitos son personas adultas conocidas, mayoritariamente, parientes consanguíneos de sus víctimas, con acciones que la legislación tipifica como trato cruel, maltrato, abuso sexual y violaciones a la integridad personal.

«Cuando de la relación con el victimario se trata, se registra mucha más diversidad en el caso del sexo femenino, quienes además de resultar víctimas de otro miembro del hogar, también los son de agresores conocidos, vecinos y parejas o exparejas de sus progenitores. En tanto que, para el sexo masculino, en la cobertura mediática tienden a prevalecer los casos victimizados por otro agresor conocido, un vecino, y pocos casos por otro miembro del hogar o amigo», se lee en el informe.

*Lea el informe completo AQUÍ

Crimen y violencia: los tumores sociales que han hecho metástasis en Venezuela
A juicio del abogado y criminalista, Fermín Mármol, Venezuela tiene lo peor de los dos mundos: el crimen y la violencia
«La falta de independencia del poder judicial es la causa principal de que en Venezuela no haya Estado de derecho ni justicia, tenemos jueces arrodillados ante el poder político», dijo Luis Izquiel.

La crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela desde hace varios años la han convertido en una de las naciones más violentas del mundo. Asesinatos, secuestros, violencia en zonas populares, bandas organizadas, falta de políticas públicas y las fallas de los cuerpos de seguridad, son algunas de las causas que hoy permiten afirmar que el sistema de seguridad ciudadana en Venezuela está muy lejos de cumplir sus funciones. 

Durante el foro Inseguridad ciudadana como problema, presentado por el portal Analítica.com, el cual contó con la participación de reconocidos expertos en materia de criminalística y violencia como Humberto Prado, Fermín Mármol, Yajaira Forero, Roberto Patiño, Luis Alberto Buttó y Luis Izquiel; se expusieron las fallas del sistema de justicia y su repercusión en los altos índices de violencia en el país. 

Sobre el índice de violencia, el ingeniero y experto en políticas públicas, Roberto Patiño, indicó que la tasa de homicidios en la ciudad de Caracas se estima en 120 por cada 100 mil habitantes. «Estamos hablando de una tasa de homicidios 6 veces mayor a la de México», dijo.

El también militante del partido Primero Justicia aseguró que en el país ha fracasado la política pública de la mano dura, debido a que constituye una violación a los derechos humanos, se militariza la seguridad ciudadana y se utilizan cuerpos de seguridad que, lejos de cumplir con sus funciones, atropellan y arremeten en contra de los ciudadanos. 

Patiño explicó que en Venezuela el crimen y la violencia tienen dos expresiones. «Está el crimen organizado que tiene como característica fundamental la búsqueda de resultados económicos (narcotráfico, extorsión, secuestro), también está el crimen expresivo o la violencia social, que es lo que está ocurriendo en las zonas populares, jóvenes que no han tenido mecanismos de inclusión y superación por lo que recurren al crimen como forma de obtener poder y ganar respeto».

La policía, parte del problema 

La abogada y defensora de derechos humanos, Yajaira Forero durante su intervención, afirmó que el tema de la inseguridad ciudadana es «preocupante» y que el aumento de la misma se está dando por varias razones, una de ellas es la actuación de los cuerpos policiales. 

«Hoy en día tenemos policías ineficaces, que no controlan el crimen ni los delitos que ocurren a diario. Tenemos policías violadores de derechos humanos y corruptas», dijo Forero.

La abogada aseguró que 97% de la población no confía en los cuerpos policiales porque no garantizan la integridad física de los ciudadanos. 

Sobre los 26 planes de seguridad que ha implementado el Estado venezolano para proteger a los ciudadanos, Forero comentó que todos han fallado. «Se han creado grupos especiales como las FAES que se han convertido en grupos de exterminio, en jueces y también en verdugos».

Yajaira Forero exhortó a que todos los cuerpos policiales sean reinstitucionalizados y despolitizados. «Hay que rescatar el verdadero espíritu y propósito de la función policial».

Tumores sociales 

A juicio del abogado y criminalista, Fermín Mármol, Venezuela tiene lo peor de los dos mundos: el crimen y la violencia.

«Tenemos una mezcla de dos tumores sociales que han hecho metástasis en el país, lo que ocasionó una trilogía primitivista de corte criminal, de corte social y de corte institucional, lo que ha generado la delincuencia organizada»

Mármol explicó que la tasa de embarazo precoz, la paternidad irresponsable, la deserción escolar y la ausencia de un sistema educativo robusto son temas que no ayudan a espantar el crimen y la violencia.

«La criminalidad en Venezuela ha llegado a un nivel superior que ha sido la delincuencia organizada tanto violenta como de astucia, tanto urbana como rural, tanto nacional como extranjera y trasnacional que demuestra el gran retroceso abismal en Latinoamérica», afirmó Mármol.

El abogado señaló que el gran problema que tenemos ante esta realidad es que las políticas públicas que se tienen que implementar para que la delincuencia retroceda serán muy costosas para la sociedad, tanto económico como en lo social y emocional. 

Independencia del poder judicial

Según el último análisis del sistema de justicia realizado por la Organización Proyecto Mundial de Justicia, Venezuela quedó en el foso, por detrás inclusive de países como Afganistán. 

En dicho estudio se evaluó la actuación de jueces y fiscales y la independencia del poder judicial, y sobre esto, el abogado Luis Izquiel afirmó que unos jueces designados a dedo no son eficaces para impartir justicia porque se han violado todas las normativas establecidas en la Constitución. 

«La falta de independencia del poder judicial es la causa principal de que en Venezuela no haya Estado de Derecho ni justicia, tenemos jueces arrodillados ante el poder político», dijo Izquiel.

Como soluciones a este problema, Izquiel señaló que la designación a dedos de jueces y magistrados tiene que cambiar, estos deben ser seleccionados de acuerdo a lo que indica la Carta Magna. Hacer una inversión en la infraestructura en las sedes del poder de justicia, por último, parar con la destrucción de las leyes como el Código Orgánico Procesal Penal que ha sido reformado siete veces. 

Mala operación del sistema militar

Otro de los actores que tiene responsabilidad directa en la incidencia del crimen y la violencia es el factor militar. Sobre el tema, Luis Alberto Buttó, profesor e investigador y magíster en conflictos armados,  afirmó que este elemento tiene responsabilidad directa en la existencia de grupos irregulares. 

«Históricamente, hemos tenido una mala operación del sistema militar, en Venezuela no hemos tenido una fuerza armada nacional profesional, pues el profesionalismo militar se da cuando el personal se dedica únicamente al operativo de la defensa y no participa en otra actividad que no sea esta», explicó Buttó.

El investigador en conflictos armados señaló que la Fuerza Armada ha perdido prestigio y credibilidad, pues los militares deben responder exclusivamente a las actividades operativas al sector defensa, pero que la estrategia tiene que estar en manos del sector civil.

Especializaciones del crimen

La responsabilidad del Estado en materia carcelaria es un problema que tiene más de 60 años que se ha venido deteriorando significativamente, según señala Humberto Prado, abogado y director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 

A juicio de Prado, el Estado se excusa en que no tiene presupuesto ni el personal adecuado para ellos impulsar cambios en esa materia carcelaria, pero nunca asumen su responsabilidad. 

«El Estado no tiene la capacidad para crear un sistema de sistema de prisiones que preste la atención para reinsertar a una persona que cometió un delito. El hombre que entró a la cárcel por robarse una cartera, sale peor porque el gobierno le ha patrocinado un postgrado en delincuencia», dijo Prado.

Humberto Prado afirmó que en Venezuela no va a haber un sistema penitenciario digno hasta que no haya un cambio de gobierno.

«Si no hay un cambio de gobierno no puede haber un Poder judicial digno, un Ministerio Público digno, una policía digna y un sistema penitenciario que respete las condiciones de todos los privados de libertad», aseguró Prado.

Sobre la situación del sistema penitenciario el director del OVP señaló que hay altos niveles de hacinamiento, hambre y enfermedades como tuberculosis y sida. 

Prado finalizó su intervención exhortando a la descentralización del sistema penitenciario.

Denuncian ante la CIDH las fallas del Estado venezolano en la protección de DDHH de las mujeres
La crisis venezolana, agravada por la pandemia del COVID-19, ha puesto en jaque los derechos humanos de las mujeres en Venezuela
La violencia contra las mujeres se acentúa más especialmente en aquellas que viven en los sectores más vulnerables 

 

La mañana de este jueves, por primera vez, diversas organizaciones de la sociedad civil sostuvieron una audiencia pública virtual  con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer el retroceso y las fallas del Estado venezolano en la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Las organizaciones feministas Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Caleidoscopio Humano, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), 100% Estrógeno, Uquira, Fundamujer, Fundación Vida Jurídica, y la organización internacional Women’s Link Worldwide explicaron los temas que resumen el contexto actual de los derechos de las mujeres en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, la COVID-19, la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y la crisis institucional en cuanto al acceso a la justicia.

Venus Fadul, directora de la ONG 100% Estrógeno, afirmó que en Venezuela las víctimas de la violencia de género rápidamente transforman en victimarias. «No hay garantías para ls mujeres que sufren de violencia».

La coordinadora de género de Cepaz, Carolina Godoy, indicó que la falta de datos oficiales en torno a los femicidios ocurridos del país y la eventual impunidad de este delito constituyen un grave fallo en materia de derechos humanos, pues desde el año 2016, el Estado venezolano no presenta datos oficiales de este delito.

«Desde el 1 enero hasta el 30 de septiembre en Venezuela han ocurrido 207 femicidios consumados y 41 en grado de frustración, lo que explica que ocurre una acción femicida cada 27 horas», dijo Godoy.

La presidenta de la Fundación Vida Jurídica, Diyuly Chourio, afirmó que las mujeres venezolanas se enfrentan a una grave desprotección e invisivilización al momento de solicitar medidas cautelares hacia las víctimas de violencia. 

«La revictimización que sufren las mujeres es un desaliento para solicitar justicia. 7 de cada 10 mujeres no se atreven a denunciar por la no credibilidad de la justicia en Venezuela. Las más afectadas son aquellas que se encuentran en pobreza extrema», aseveró Courio.

Por su parte, Melanie Agrinsones, activista de Uquira, denunció que en Venezuela no hay ley para garantizar los derechos de las personas transgénero y que el Estado niega de manera sistemática los derechos de la población LGBTI+.

La activista indicó que el derecho a la identidad de las personas trans no existe, tampoco una legislación que proteja a las trabajadoras sexuales. 

«El estado al no reconocer la diversidad y al no legislar políticas direccionadas a la comunidad trans, es responsable de la marginalización, discriminación, transfeminicidios y vulneración de los derechos», señaló. 

Por otra parte, la directora de Avesa, Magdymar León, resaltó el tema de las muertes maternas en Venezuela. «Hay un problema muy grave de transparencia de datos en ese ámbito, hay datos dudosos y contrarios a los evidenciados por las organizaciones de la sociedad civil», dijo.

La Cidh se pronuncia

Flavia Piovesan, relatora para los Derechos Humanos de las personas LGBTI de la CIDH, manifestó su preocupación por la situación de las personas trans en Venezuela. «Me preocupa el tema del poder judicial y la perspectiva de género, y la composición del poder judicial y de su independencia de los demás poderes», aseguró.

Mientras que esmeralda Arosemena, relatora para los Derechos de la Niñez y para Venezuela, se mostró solidaria ante la angustia que tienen las mujeres al no conseguir respuestas del Estado por la crisis extrema que enfrenta el país.

Sobre la situación de los niños del Hospital J.M de Los Ríos, Arosemena indicó que espera respuestas por parte del Estado por la muerte de los adolescentes que estaban a la espera de trasplantes. «Tengo una gran preocupación de cómo la comunidad internacional puede levantar esta bandera y exigir respuestas» expresó. 

La audiencia finalizó con una serie de peticiones orientadas al urgente fortalecimiento de todos los mecanismos internacionales para instar al Estado venezolano a garantizar el derecho de todas las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela a vivir una vida libre de violencia y discriminación.

 

Envejecer en Venezuela es una sentencia de muerte
Informes de la ONG Convite y los resultados de la Encovi reflejan que envejecer en Venezuela es una situación dramática para todos los adultos mayores
El Estado ofrece muy poca protección a los ancianos, que cada vez más sobreviven con más penurias y gracias a las remesas de descendientes y otros familiares

 

@yeannalyfermin

 

Maritza Fernández es una adulta mayor, tiene 68 años y vive en Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Durante su juventud trabajó para grandes empresas dedicadas a la confección de ropa. Comenta que con su trabajo le fue bien hasta que llegó “el peor año para todos los venezolanos”: el 2017. 

Fernández narra que la crisis económica obligó a su único hijo a tomar la decisión de emigrar a Chile para trabajar y ayudarla con los gastos de las dos enfermedades que padece: hipertensión y diabetes. Desde entonces, ha tenido que estar sola porque no tiene familiares cerca. Ella insiste en que de no ser por su hijo que la ayuda mensualmente, su situación sería totalmente distinta y muy complicada. 

Matilde Berrios es otra adulta mayor, tiene 76 años, vive con sus dos hijas y sus tres nietos en Filas de Mariches, municipio Sucre, estado Miranda. La abuela, como todos le dicen, padece de asma y no puede costear su tratamiento. Sus hijas no trabajan y su esposo falleció hace ocho años, por lo que solo cuenta mensualmente para sostenerse con la pensión, la caja del Clap y los bonos del gobierno.

Por otra parte, Antonio Rosas, de 71 años, usa un bastón para caminar porque en su pierna derecha tiene una várice que se le inflama y le produce dolor. Antonio pasa el día buscando qué hacer para mantenerse. A pesar de que es jubilado del Ministerio de Educación, afirma que el dinero no le alcanza para comprar las medicinas que debe tomar a diario. 

Las historias de Maritza, Matilde y Antonio, son una pequeña muestra de la realidad que viven los adultos mayores en Venezuela, país que según la ONG Help Age International, en 2015 se ubicó en el segundo lugar con las peores condiciones para envejecer en América Latina. 

Un estudio de la organización Convite realizado en el mes de agosto, que evaluó las condiciones de vida y de salud de las personas mayores en Venezuela, arrojó que a 94% de los consultados sus ingresos no cubren todas sus necesidades médicas, alimenticias y de traslado. 

Varios informes de la ONG Convite y los resultados más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), reflejan que envejecer en Venezuela es una situación dramática para todos los adultos mayores y en muchos casos una sentencia de muerte.

La buhonería como esperanza

Según el estudio de Encovi del año 2021, la pobreza total por ingresos alcanzó 94,5%, mientras que la pobreza extrema se ubicó en 76,7%, un aumento del 10% en comparación con la medición anterior. 

Para el mes de abril de 2021, Convite señaló que para ese momento, 72% de los adultos mayores encuestados no trabajaba y que aquellos que aún lo hacen, por lo general se dedican a oficios de la economía informal, especialmente servicios técnicos a domicilio y la buhonería. 

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la pobreza extrema se define por ingreso diario de 1.90 dólares. En Venezuela el valor de la pensión es equivalente al salario mínimo mensual, lo cual es mucho menor a ese indicador, pues con la nueva reconversión, ahora se ubica en 1.5 dólares aproximadamente. 

Sin proteínas no hay paraíso 

Sobre el acceso a la alimentación, Convite señaló en su informe que 56 % de los adultos mayores encuestados comen tres veces al día, 31.6% dos veces al día y 2.7% una sola comida. Solo un 8.8% de los que comen sus tres comidas pueden incluir las meriendas. 

49% de los encuestados también indicaron que consumen proteína animal de dos a tres veces por semana y no diariamente como desearían; 20% solo come carne una vez cada 15 días.

La Encuesta de Condiciones de Vida reportó que el porcentaje de hogares sin inseguridad alimentaria (situación en la que las personas carecen de acceso seguro a una cantidad de alimentos suficientes para su desarrollo y para poder llevar una vida activa y sana) se redujo de 6,6% a 5,8%. Otro dato alarmante es que la inseguridad alimentaria leve en 2021 se ubicó en 34,5%.

El estudio subraya que, aunque todos los estratos redujeron su gasto en alimentos, el más afectado ha sido el más humilde, pues este ha desmejorado su consumo de alimentos en 13.3%.

Los altos precios de los alimentos afectan de manera importante a los adultos mayores, pues la mayoría de ellos ya no pueden trabajar y dependen directamente de familiares. 

Según la última actualización que presentó el Centro de Documentación y análisis para los Trabajadores (Cendas), la canasta alimentaria para un grupo familiar de cinco personas en el mes de agosto tuvo un costo de $232,80. Un incremento de 17.8% con respecto al mes anterior. 

Según las estimaciones que se hacen a través de la  «Cesta Petare»,  (que realiza semanalmente la Asamblea Nacional electa en 2015 para medir la inflación en el aumento de los precios de ocho alimentos: huevos, harina de maíz, queso blanco, carne, aceite, azúcar, arroz y café) precisa que para la semana del 10 al 16 de octubre, se necesitaron 28.88 dólares para adquirir los productos antes mencionados. 

El lujo de estar sano

El alto precio de las medicinas es otro problema frecuente entre los adultos mayores, pues estos se debaten entre comprar el tratamiento médico o comprar la comida. En el estudio de Convite, 78% de los adultos mayores encuestados usa algún tipo de medicamento, pero solo el 5% dice que puede adquirirlos con facilidad. 48% los compra con dificultad y 17% adquiere solo algunos de los medicamentos recetados. 

Sobre el precio de las medicinas, Antonio Rosas asegura que el tratamiento para la enfermedad de su pierna, más la hipertensión que padece, tiene un valor aproximado de 15 dólares mensuales, dinero que rara vez tiene. 

 Los olvidados del Estado

Los adultos mayores son quienes más dependen del Estado, principalmente porque ya no pueden trabajar. El informe de Convite señala que 48.05% de los encuestados reciben la caja del Clap. Un 59% de los encuestados indicó que los productos le duran menos de 15 días, mientras que 28% afirmó que le alcanza para 15 días y otro 13% un mes. 

La Encovi afirma que 86% de los encuestados señalaron que el promedio de recepción de la caja o bolsa es de cada seis semanas. Estas cajas o bolsas cuenta menos de un dólar al mes pero, con suerte, traen poco más de nueve productos de alimentación. 

Desde hace varios años, las pensiones de vejez dejaron de ser una ayuda para todos los adultos mayores. El servicio que ofrecía el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en materia de salud ya no es ni la sombra de lo que era hace 20 años. Según las mediciones de Convite, 31% de los consultados tienen acceso a los CDI, 30% a los hospitales, solo 13% a los Barrio Adentro y otro 26% a ambulatorios. 

Sobre la entrega de los bonos del gobierno, la Encovi señaló que 2 de cada 3 mayores de 18 años dicen haber recibido al menos un bono temporal durante el último año, siendo 5 dólares, el valor promedio de los bonos por hogar.

La migración venezolana ha afectado directamente a los adultos mayores, pues estos han quedado solos luego de que sus familiares tomarán la decisión de salir del país en busca de mejores condiciones de vida.

Según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 5 millones 667 mil 835 personas han huido de la grave crisis económica que afecta a Venezuela.

Convite señala que 79% de los encuestados no vive solo, mientras que 10% afirmó que se encuentra en soledad. 17% señalaron que viven solos porque sus familiares se fueron del país.

A merced de la violencia

El pasado 14 de octubre, la ONG Convite presentó su más reciente informe “victimización: vejez en riesgo”, el cual registra las muertes violentas de las personas mayores en Venezuela desde enero hasta junio de 2021. 

El informe contabilizó 102 decesos de personas de la tercera edad en circunstancias violentas, de ellos, 24 fueron asesinados para robarles sus pertenencias, 12 murieron en medio de una riña, 7 fueron asesinados por ajuste de cuentas, 1 fue por sicariato y otro por venganza. 

De las muertes violentas registradas, 3 fueron perpetradas por los propios hijos, 4 por los nietos, 3 por hermanos, sobrinos u otros familiares, 9 por vecinos o amigos y 1 por la pareja.

Convite señaló que el 26.5% del total de las muertes violentas se concentraron en el Área Metropolitana de Caracas (17), y en los estados Aragua (15) y Lara (10). Los victimarios mayormente son familiares directos, vecinos o amigos que conocen el estado de vulnerabilidad en el que viven las víctimas.

Utopix contabiliza 157 femicidios en Venezuela de enero a agosto de 2021
De un total de 29 femicidas, 14 están presos y 5 están fugados, señala el monitoreo de Utopix

Utopix, comunidad de trabajo colaborativo para la producción y difusión de una comunicación alternativa, contabilizó 157 femicidios en Venezuela entre enero y agosto de 2021.

De acuerdo con una publicación de Utopix, durante el 2020, los femicidios se incrementaron a uno cada 34 horas, en comparación al año 2016 en el que ocurría uno cada 72 horas.

En el caso de agosto de 2021, la media es de un femicidio cada 37 horas, según Utopix.

Solo en el mes de agosto, se contabilizaron 26 femicidios, además, se registraron la mayor cantidad de transfemicidios y de feminicidios obstétricos del 2021.

En cuanto a la distribución geográfica, el estado Miranda tuvo la mayor cantidad de femicidios registrados en agosto con 5. Le siguen Bolívar, Carabobo y Lara con 3 casos cada uno; Aragua, Trujillo y Táchira con 2 cada uno; y 1 caso en los estados Anzoátegui, Guárico, Distrito Capital, Falcón, Mérida y Cojedes, respectivamente.

Tipos de muerte

De acuerdo con el monitoreo, 5 de los femicidios se ejecutaron con armas de fuego.

Asimismo, 6 se perpetraron con armas blancas, 5 casos fueron por asfixia mecánica; hubo 4 casos en los que las víctimas fueron golpeadas hasta la muerte, 3 casos en los que la causa fue la violencia obstétrica, 1 caso en el que la víctima fue lanzada de un vehículo en movimiento y 2 casos en los que el tipo de muerte no se especificó.

Agravantes en torno al femicidio

Del total de 26 casos, Utopix reportó que en 9 de ellos abandonaron el cuerpo de las víctimas en la vía pública. En otros 3 casos las mujeres estaban desaparecidas y en 8 casos las víctimas sufrieron torturas.

Estatus de los femicidas

De un total de 29 femicidas, 14 están presos y 5 están fugados de acuerdo con el monitoreo de Utopix.

Características de las víctimas

Un total de 13 víctimas eran madres, 19 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos; y 10 mujeres sufrían maltratos según familiares.

Tipos de femicidios

Según el conteo, 13 femicidios fueron íntimos, 5 ocurrieron a manos de bandas, 2 fueron transfemicidios, 3 feminicidios obstétricos, 2 femicidios sexuales y 1 femicidio indeterminado.

Advierten sobre instalación de nuevos ciclos de violencia en comunidades víctimas de este flagelo
El psicólogo Manuel Llorens afirmó que en las comunidades donde se han vivido episodios de violencia crónica las personas comenzaron a mostrarse profundamente afectadas y reportan miedo, hiperactividad, depresión y malestar general
«Cuando el Estado no es capaz de generar los mecanismos defensivos que posibiliten el logro de la justicia y reparen el daño causado en las víctimas y sus familiares, la impunidad genera en las mismas un estado de inseguridad y pérdida de confianza en los organismos», afirmó Claudia Carrillo, psicóloga de Cofavic

 

@yeannalyfermin | Foto: EFE

 

Ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos de seres queridos, desplazamientos por miedo y persecución política son prácticas que dejan huellas en todas las personas que han sido víctimas de la violencia.

Los traumas psicosociales en personas y comunidades que han estado expuestas a largos períodos de violencia, fueron objeto de análisis en el III Congreso de Psicología que se realizó este 29, 30 y 31 de julio vía Zoom, evento que contó con el apoyo de 22 universidades del país y la participación de más de 100 profesionales destacados en el campo de la Psicología en Venezuela y de otros países.

Roger Castro vive en la parroquia El Cementerio, en Caracas, una zona popular que ha estado en zozobra desde hace varios años por la gobernanza criminal de alias «El Koki» y su banda.

Castro comenta que cuando «los de negro» suben para el barrio, se llena de miedo y esconde a sus tres hijos debajo de la cama por el temor de que una bala perdida los alcance.

«Una vez los policías se metieron a mi casa con la excusa de que yo estaba escondiendo algo, me golpearon y se llevaron mi celular. Cuando vienen, a todos en el barrio como que se nos paraliza la vida«, dijo. 

Ciclos violentos que se repiten

Desde el año 2016, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha venido alertando sobre el aumento sostenido de la letalidad policial, situación que según la organización, se ha extendido por varios estados del país, como la única política de seguridad que se ha estado implementando. 

A juicio del psicólogo Manuel Llorens, en las comunidades donde se han vivido episodios de violencia crónica como en Los Valles del Tuy, la Cota 905, y Los Ruíces; donde se vivió una cadena de linchamientos en 2015, las personas comenzaron a mostrarse profundamente afectadas, con miedo, hiperactividad, depresión y malestar general.

«Hemos encontrado personas que bajan la voz para hablar de manera susurrada, lugares donde la cultura del silencio impera, donde la gente dejó de ocupar espacios públicos por miedo, donde hay desconfianza total en los cuerpos de seguridad y donde finalmente se termina naturalizando la violencia», dijo Llorens. 

El psicólogo afirma que en las comunidades que han vivido violencia sostenida y no han tenido apoyo de la justicia, se comienzan a ver soluciones fragmentadas donde se instalan nuevos ciclos violentos y la cultura del más fuerte es la que impera.

«Un ejemplo de esto es lo que sucedió hace algunos años donde una mamá disfrazó a su hijo de Faes, el comando que más ha matado personas», dijo. 

Llorens explicó que vivir en un contexto de violencia hace que las personas pierdan de vista el sufrimiento del otro y se encierren en sí mismos para tratar de protegerse.

«En esa deshumanización se instaura también el crecimiento sostenido de la violencia, porque hemos visto casos donde personas dicen que ‘si los operativos son para matar a los malandros nadie debería molestarse’,  ‘que si lo mataron por ser malandro está bien’, sin conocer si la persona era inocente», explicó Llorens. 

Las huellas de la impunidad 

Giorgina Ramírez no puede ver una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) cerca de su barrio porque inmediatamente comienza a temblar y a revivir lo que ella describe como «el peor día de su vida».

La mañana del 25 de julio de 2017, varios hombres vestidos de negro, con pasamontañas y portando armas largas, irrumpieron en su vivienda, la maltrataron física y psicológicamente, la mantuvieron secuestrada durante al menos dos horas donde una vecina para que no presenciara el asesinato de su hijo menor y, además, le desvalijaron la casa.

«Cuando los veo, revivo la película del asesinato de mi hijo, y aunque ya han pasado cuatro años no olvido ningún momento ni la última mirada que mi hijo me dio. Me aterra el hecho de pensar que puedan volver. Vivo con miedo a pesar de que no les debo nada», dijo Ramírez. 

Para Claudia Carrillo, coordinadora del área psicosocial del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), las violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas dejan profundas huellas tanto en las víctimas como en sus familiares. 

«Las afectaciones van desde varias áreas, el área física que compromete la salud de las personas afectadas, cambios a nivel cognitivo, dificultades en la atención, memoria, concentración y orientación, cuadros depresivos, ansiosos y conductuales. El temor a hablar de la situación, miedo a nos ser comprendidos, confusión y miedo a no poder enfrentar la situación son algunas de las consecuencias que dejan las violaciones y abusos a los derechos humanos», dijo Carrillo. 

La coordinadora psicosocial de Cofavic aseguró que cuando el Estado no es capaz de generar los mecanismos defensivos que posibiliten el logro de la justicia y reparen el daño causado en las víctima y sus familiares, la impunidad genera en las mismas un estado de inseguridad, de perdida de confianza en los organismos y también manda una negativa señal en materia de convivencia y paz social.

Acompañamiento en los procesos de justicia 

En la actualidad, hay muchas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que se ocupan de defender los derechos de las víctimas de la violencia, tal es el caso de Cofavic y Provea, ambas con una basta trayectoria en la documentación de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Venezuela desde el año 1988. 

Para la psicóloga Claudia Carrillo, el acompañamiento psicojuridico constituye un trabajo integral que le permite a las personas afectadas fortalecer sus recursos personales para enfrentar las frustraciones inherentes a los procesos judiciales y les garantiza condiciones mínimas para que el proceso de litigio tenga ese efecto sanador. 

Carrillo también explicó que un buen acompañamiento a las víctimas debe ir desde antes, durante y después de los procesos jurídicos porque permite ubicar a la persona en el momento en el que está, brindándole orientación para que puedan presentar su testimonio, reconstruir nuevas experiencias y no se queden anclados en el lugar de víctimas. 

Sobre este punto, el psicólogo Manuel Llorens afirmó que a las víctimas de violencia por parte del Estado se le debe facilitar la atención que requiera sin quitarle su protagonismo ni minimizarle su situación. 

«Escuchar las historias sin juzgar, la compañía, el silencio y la humanización tienen un efecto sanador y contribuyen a la recuperación de quienes han sido afectados por la violación a los derechos humanos o han sido víctimas de eventos violentos», dijo Llorens. 

Alicia Neuburger, psicóloga, Universidad de Buenos Aires y ponente en el Congreso de Psicología, destacó que los sistemas de justicia en la mayoría de los países de America Latina lo que hace es agravar la condición de las víctimas de la violencia. 

Por su parte, el abogado Carlos Ayala Corao enfatiza que la búsqueda de la justicia es importante en todas aquellas personas que han sido víctimas de la violencia para que ocurra el proceso de sanación.

«Hay una obligación de los estados de proveer protección a las víctimas, a los familiares de la víctimas y cualquier persona que funcione como defensor de derechos humanos», afirmó Corao.

El jurista destacó que no hay que ver las etapas de frutración que puede sufrir una víctima de la violencia en Venezuela. «Hay que saber que hay justicia más allá de las instancias que conocemos», refiriéndose a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos. 

ONU preocupada por estallido de violencia en Cali
En dos días de protestas en Cali, 14 personas murieron y 98 personas resultaron heridas, mientras que 30 han sido detenidas 

 

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó hoy su gran preocupación por el reciente estallido de violencia en la ciudad colombiana de Cali, de donde su oficina ha recibido informes de que 14 personas murieron y 98 resultaron heridas -54 por disparos- en los enfrentamientos que tuvieron lugar en los dos últimos días en el contexto de protestas ciudadanas, en las que se detectó la presencia de civiles armados.

Una declaración emitida por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige Bachelet, señala que se ha recibido información de que esos individuos -entre quienes figuraría un miembro de la policía judicial que oficialmente estaba de descanso- abrieron fuego contra los manifestantes, periodistas que cumplían su misión e incluso transeúntes que pasaban por allí.

«El funcionario policial fue golpeado hasta morir por la muchedumbre», señaló Bachelet , quien agregó que en otras partes de la ciudad otros individuos sin identificar dispararon contra manifestantes en presencia de policías.

«Estos hechos son muy preocupantes tras el progreso que se estaba haciendo para resolver la revuelta social a través del diálogo», dijo la alta comisionada, quien reclamó que se investigue a todos aquellos que causaron muertes o heridas, lo que incluye a funcionarios del Estado, y se les sancione de acuerdo a su responsabilidad.

Bachelet pidió que se detengan todas las formas de violencia, lo que incluye los actos de vandalismo, a lo que agregó que confía en el compromiso que han asumido varias entidades y personalidades de Cali, así como a nivel nacional, para encontrar una solución negociada a este ciclo de violencia, que empezó hace un mes con una huelga general en rechazo a distintas políticas sociales y económicas del gobierno.

Al menos 30 personas han sido detenidas en Cali desde el día 28 y se pidió para ellos un proceso con todas las garantías legales.

*Con información de EFE