violencia

El pasado miércoles 18 de julio el cadáver del chileno Jorge Edwin Faria Quintanilla, de 73 años, fue encontrado en avanzado estado de descomposición en la carretera vieja Caracas-La Guaira.

La víctima había desaparecido el pasado domingo 8 de julio cuando salió de su vivienda, situada en Naiguatá, estado Vargas, a bordo de su vehículo Toyota Autana, color marrón, para dejar a un amigo en el sector El Tigrillo de la entidad, luego se dirigió a encontrarse con un socio, pero nunca llegó.

Como Quintanilla no tenía familiares en Venezuela, sus conocidos comenzaron a buscarlo en las zonas que él frecuentaba y en hospitales de Vargas y Caracas. Hasta que lograron conocer del hallazgo de su cadáver en la carretera vieja Caracas -La Guaira.

El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que fue trasladado a la morgue de Bello Monte para realizarle la autopsia. El fallecido no presentaba heridas visibles y funcionarios del Consulado de Chile acudieron al recinto forense para legalizar la entrega del cuerpo.

La víctima tenía 50 años viviendo en Venezuela luego de que llegó al país proveniente de Providencia, Chile. No dejó hijos y era el menor de dos hermanos.

Quintanilla vivía sólo en Naiguatá y era abogado, comerciante y administrador por su cuenta. El vehículo de la víctima está desaparecido por lo que se presume que lo sorprendieron para robárselo.

El fallecido siempre llevaba consigo a su perrita «Mía» de raza Yorkshire que también se encuentra desaparecida.

@lysaurafuentes

EL FORO DEL MONITOR DE VÍCTIMAS LLAMADO “¿Qué derechos? Una aproximación a la violencia policial en Caracas” tuvo lugar la tarde de este jueves 19 de julio de 2018, en las instalaciones del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. de la UCAB (sede Montalbán). Todo en el marco de la inauguración de la exposición fotográfica “Código 62: Retratos contra la impunidad”, a cargo del fotoperiodista Gabriel Osorio.

Código 62 muestra los efectos “desgarradores e irreverentes de las políticas de mano dura sobre las familias venezolanas, en su mayoría de los sectores más vulnerables y excluidos. A través de retratos y relatos, esta exposición habla de una realidad que pretende ser ocultada por el mismo Estado responsable, pero también… es un homenaje a la valentía de Orfavideh –Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos-”.

La actividad, en consecuencia, responde a la iniciativa de Caracas Mi Convive, movimiento socio-cultural que busca generar y articular organización comunitaria para prevenir la violencia y construir una ciudad de convivencia. Todo bajo la dirección de Roberto Patiño —su cofundador, además miembro del partido Primero Justicia— en alianza con Orfavideh.

El evento contó con las intervenciones de Santiago García, coordinador de los proyectos “Vamos, Convive” y “Monitor de Víctimas”; Juan Francisco Mejías también de “Monitor de Víctimas”;  Verónica Zubillaga, socióloga experta en temas de violencia; y Lorena Meléndez, periodista de investigación de Runrunes.

La  profesora Zubillaga dio a conocer el estatus más reciente de los operativos militarizados en la era post Chávez; gracias a un trabajo de investigación que la ONG Reacin (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia), donde ella funge como principal vocera, ha estado llevando a cabo de la mano con Caracas Mi Convive.

Los cimientos de este sondeo, según la profesora Zubillaga, datan del año 2017, cuando la entonces Fiscal General de la República (Luisa Ortega Diaz) denunció la ruptura del hilo constitucional; alegando que solo en el 2016 alrededor de 21 752 personas murieron de manera violenta. Y, de esa cifra, 4 667 cayeron en manos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Lo que indica que este último, el Estado, fue responsable del 21% de las muertes, en un escenario donde los asesinatos se comenten, en 87% de los casos, con armas de fuego. Una de las proporciones más elevadas en América Latina, después de Puerto Rico.

Con relación a la actuación de la Policía Nacional Bolivariana, la especialista expresó que, en principio, con la Comisión Nacional de la Reforma Policial lo que se buscaba era crear un cuerpo de seguridad que respetase los derechos humanos y se abstuviese al uso progresivo de la fuerza.

Sin embargo, y así lo hizo saber la socióloga, lo que se observa hoy es un cambio si se quiere hasta simbólico; porque pasaron de tener un uniforme beige a una vestimenta gris, de camuflaje, que deja entrever un conjunto de acciones criminales, de guerra. Esto, de acuerdo a lo dicho por la experta, está relacionado con un desplazamiento de la seguridad ciudadana por la imposición de un paradigma de la seguridad militar; donde precisamente los militares tienen un papel fundamental.

La profesora Zubillaga aclaró, además, que para comprender la violencia que se vive hoy es necesario señalar al Estado como un actor protagónico causante, por supuesto, del proceso de militarización de la seguridad ciudadana que se exacerbó con la llegada al poder del actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

La militarización es pues un mecanismo que garantiza la soberanía estatal en un contexto donde la escasez, la hiperinflación, la baja de los precios petroleros y un sinfín de precariedades están a la orden del día; sin dejar por fuera las históricas redadas policiales en los barrios, sucesos que se pueden comprender mejor si se clasifican en dos fases.

La primera puede denominarse “Punitivismo carcelario”, que inicia a partir del año 2010 con una nueva ronda de operativos militarizados que le dieron pie a las operaciones “Madrugonazo al Hampa” y “Patria Segura”. Y la segunda se cataloga “Matanza Sistemática”, que junto a data dura e información compilada de discursos que han dado funcionarios, así como estadísticas arrojadas por el Ministerio público y visitas a las comunidades afectadas por los operativos policiales, ha permitido entender la dinámica que rige el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Lorena Meléndez, por su parte, presentó el estudio “OLP: La Máscara del Terror en Venezuela”, que se alzó con el premio del Concurso de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela; y así explicó cómo funcionaban los operativos que contaban con la participación de policías y militares, quienes poseían en su haber carros blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y “máscaras de la muerte”.

La investigación, en ese sentido, arrojó que los “colectivos” eran quienes ejecutaban a los presuntos delincuentes, para tomar el control de determinados territorios. Y de esta manera, según Santiago García, liberarlos. “Se trata de una lógica muy básica: si los criminales están armados, nosotros tenemos que amarnos. Si los criminales son violentos, nosotros tenemos que ser violentos… Es la típica frase ´plomo al hampa´”, agregó García en aras de contextualizar a la audiencia presente.

Meléndez mencionó que las OLP actuaban de madrugada, en medio de la oscuridad; ingresaban forzosamente a la propiedad privada; sometían y aterrorizaban a los habitantes, con tratos crueles y degradantes; maltrataban a los familiares de las víctimas; y hasta robaban y destruían propiedades e inmuebles.

¿Pero cuál eran los objetivos de las OLP que la propaganda gubernamental difundió? La periodista señaló que, para el Estado, estas operaciones no solo tenían el fin último de combatir la delincuencia, sino también las acciones de aquellas organizaciones paramilitares que ellos relacionan con la oposición y —por extensión— vincularon con delitos que iban desde la extorsión hasta el contrabando de extracción.

Mélendez, así mismo, indicó que —por ejemplo— en algunos de estos operativos realizados en las Misiones Vivienda se llegaron a incautar alimentos; porque se consideraba que si una familia tenía más de cierto número de productos, incurría en actos contrabandistas. Es decir, eran unos “bachaqueros”.

Por lo que “estas operaciones lo que buscaban eran sembrar el terror en los ciudadanos de las zonas más pobres, porque eran operativos que se daban dentro de las zonas populares… de cada Estado”, acotó Meléndez. Además afirmó que en dos años las consecuencias de estos hechos se pueden traducir en 44 masacres, de las cuales solo se han registrado 4 funcionarios fallecidos. Lo que ha abierto, a la fecha, 1 074 investigaciones contra oficiales de seguridad.

La exposición fotográfica, valga acotar, permanecerá en el piso 3 del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. hasta el 30 de septiembre de este año; y Caracas Mi Convive continuará organizando actividades que no buscan más que una denuncia clara a la impunidad y a la violencia.

Daryn Mata y su hermano Luis Felipe, regresaban de jugar un partido de futbolito en la iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Petare, como Daryn tenía hambre llamó por teléfono a su mamá y le pidió que le hiciera dos arepas, ella le dijo que comprara con qué rellenarlas, por lo que ambos hermanos se dirigieron a una bodega ubicada en el sector “La Redoma” del barrio 5 de julio de Petare, llegaron hasta ella porque es la única que aceptaba tarjetas de débito, allí compraron medio kilo de queso blanco.

Luego de comprar el queso se dirigieron a su casa, eran las 8 de la noche del martes 17 de julio, cuando de pronto cuatro hombres encapuchados les cortaron el paso, ante la presencia de los sujetos ambos hermanos corrieron en sentidos opuestos. Los sujetos le dispararon por la espalda a Daryn. Mientras corría Luis Felipe escuchó los disparos al voltearse a ver, vio a Daryn tirado en el piso. Muy nervioso sólo atinó a llamar a otro de sus hermanos por teléfono y decirle lo que había pasado.

«No se si es una prueba, o qué… Daryn era un muchacho sano, era mormón y estaba dedicado a su familia, su trabajo y su iglesia. No se metía con nadie, todo el mundo lo conocía, era buena persona, no se porqué le hacen esto a nuestra familia, a mi mamá…», dijo José Mata, otro hermano de la víctima. Fue José quien llegó en su moto hasta el lugar donde hirieron a Daryn y lo encontró agonizante. Como pudo lo montó en la moto y lo llevó al hospital Domingo Luciani, donde a pesar de la emergencia, no lo atendieron oportunamente.

«Se murió en la puerta del hospital, cuando llegamos estaba agonizando, pero pudieron haber hecho algo por él, quizá se habría salvado».

José Mata dice no saber bien lo que ocurrió, fue mi otro hermano el que presenció todo, pero está muy mal, muy nervioso, él presume que eran civiles. “No tenían pinta de funcionarios”.

La familia teme que se trate de alguna venganza, pero no saben porqué, «él no se metía con nadie, pero fueron a darle directamente, yo me salvé porque salí corriendo” agregó Luis Felipe.

A Daryn le quitaron el teléfono celular y su cartera.

Daryn tenía 24 años, era padre de una niña de 2. Trabajaba como mensajero en una empresa de extintores. No tenía antecedentes penales y estaba estudiando para terminar de sacar el bachillerato. Pertenecía a una familia de 14 hermanos.

«Quizá detrás de toda esta tragedia haya alguna enseñanza, no se cuál será, no entiendo porqué nos pasan estas cosas», dijo finalmente José Mata.

Petare: 332 asesinatos entre 2017 y 2018

De acuerdo con la data recopilada por el Monitor de Víctimas, la parroquia Petare ocupa el octavo lugar entre las más violentas de Caracas con una tasa de 77,63 homicidios por cada 100 mil habitantes. En esta parroquia entre mayo de 2017 y junio de 2018 fueron asesinadas 332 personas.

El principal móvil de los crímenes en Petare es el robo, 77 personas, 23%  del total de las víctimas fallecieron durante asaltos. En 75 de los casos, 22,59% del total, la causa del crimen no fue determinada por las autoridades ni por los familiares de las víctimas.

Vale destacar que si se suman los presuntos enfrentamientos con los organismos policiales más las denuncias sobre ejecuciones por parte de funcionarios policiales, la cifra varía notablemente, ya que el móvil llega a los 106 decesos, 31,92% de las muertes. 61 personas fallecieron en supuestos casos de resistencia a la autoridad mientras que 45 murieron en presuntas ejecuciones.

En esta parroquia los principales victimarios son los civiles, quienes fueron los autores de 175 asesinatos, seguidos por los organismos policiales con 106.  Los autores de 38 homicidios no fueron identificados  y en cuatro casos los principales implicados son funcionarios militares.

@franzambranor

Con la muerte de la adolescente Jhoanis Amaro, el pasado miércoles en horas de la mañana, se elevó a 19 el número de víctimas que dejó la Tragedia de Los Cotorros ocurrida la madrugada del pasado 16 de junio en el Club Social El Paraíso cuando un grupo de adolescentes tras una pelea arrojó una bomba lacrimógena en una fiesta prograduación que generó una avalancha humana que culminó con la muerte de un grupo de jóvenes.

La adolescente Jhoanis Mariela Amaro González de 16 años, quien se mantenía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Miguel Pérez Carreño debido a que presentaba encefalitis, o inflamación del cerebro, como consecuencia de haber permanecido privada de oxígeno durante un período prolongado de tiempo, además presentaba politraumatismos ocasionados al quedar atrapada por la avalancha humana.

Fuentes vinculadas al centro hospitalario señalaron que la joven se mantuvo en la Sala de Cuidados Intensivos durante un mes profundamente sedada y entubada para garantizar el flujo de oxígeno hacia su cerebro. Hace dos días comenzó a presentar signos de recuperación por lo que fue trasladada a las salas de hospitalización.

Sin embargo por razones que se investigan, el pasado miércoles en horas de la mañana la adolescente sufrió un paro respiratorio que le ocasionó la muerte, su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Bello Monte, donde le realizaron los exámenes patológicos para determinar la causa del deceso.

Lista de las víctimas

La lista actualizada de las víctimas de la Tragedia de Los Cotorros es la siguiente: Ariadna Franquiz (14) Arianni Amaro (14), Giannina Gómez Suárez (14), Adrianny Andreína Paz Paz (15), Jhoanis Mariela Amaro González (16), Adrián Blanco Morales (16); Cristóbal Altuve Valenzuela (16), Angie Castro Castellano (17) Kleyber Eloy Berrío Corona (17); Marcos Altuve Valenzuela (18); Félix Eduardo Contreras Rosales (19); Luis Roniel Guerra Alonso (19); Jorhgen Alexander Castro Hernández (19); Alejandro Durán Escobar (21); Lourdes Caterina Palacios (21); Keismel Tovar Ramírez (21); Lislie Alexandra Peñuela (32); Yennifer Bárcenas Márquez; Yois Yanine Betancourt Castro.

Seis acusados

Como se recordará el Ministerio Público acusó a cuatro adolescentes a quienes les imputaron los delitos de homicidio intencional calificado, homicidio calificado frustrado, ambos con alevosía y motivos fútiles, detentación de artefacto explosivo y agavillamiento, además fueron acusados a dos adultos, Jean Manolo Celestin (41) y Gilberto Alejandro Petit Quintero (19) como coautores en los delitos de homicidio intencional calificado y homicidio intencional frustrado ejecutados con alevosía y motivos fútiles.

Un mes de preguntas sin respuesta

A un mes de la tragedia hay una serie de preguntas que las autoridades no han respondido.

La primera sería la procedencia de la bomba lacrimógena utilizada, aun es bien sabido que en los organismos policiales y militares hay fallas de seguridad que han permitido a través de los años que armamento de guerra se encuentre a la venta en las calles, no es menos cierto que las armas tienen números de serial que permiten ubicarlos con exactitud en componentes y batallones, las preguntas son ¿cómo han llegado estas armas a las calles?, ¿cuántas hay?, ¿quiénes se han lucrado con su comercialización?, ¿Hay investigaciones para determinar responsabilidades en este sentido?

Otra de las preguntas es sobre la responsabilidad que tienen organismos como la alcaldía de Libertador y los Bomberos del Distrito Capital en el otorgamiento de permisología a locales que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias, ¿hay investigaciones en este sentido?, ¿quiénes otorgan los permisos?, de no tenerlo ¿porqué se ha permitido el funcionamiento de estos locales ilegales?.

En el mismo sentido de los permisos, toda actividad comercial debe ser autorizada por la alcaldía y cobrar los impuestos que genere, ¿la fiesta The Legacy estaba permisada?, ¿Quién la autorizó?, ¿son responsables penal y civilmente los organizadores y las autoridades que la permitieron?

En relación a la presencia de menores, pasado más de un mes de la tragedia ningún organismo vinculado con la atención de menores de edad emitió opiniones ni alertas, ni siquiera las alcaldías capitalinas hicieron nada. ¿porqué?

Otra pregunta está relacionada con el silencio que tuvieron las autoridades para identificar a las víctimas de la tragedia, salvo un balance policial parcial emitido por la policía el día de los hechos, el nombre de los muertos y los heridos nunca fue suministrado oficialmente, la identificación de las víctimas se logró gracias a las otras víctimas que informaron a familiares y al trabajo de los equipos periodísticos que cubrieron los hechos. No hubo información de el Ministerio de Interior Justicia y Paz, Protección Civil, o los Bomberos Metropolitanos. ¿Porqué no se suministraron esos datos?

LAS MUERTES DE ALEXIS ENRIQUE RODRÍGUEZ POLO, de 23 años, y de Álvaro José Vega Parra, de 18 años, ocurrieron en paralelo y en manos de la misma institución policial: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero eso no es lo único que sus casos tienen en común. Ambos también fueron, de acuerdo con los testimonios de familiares y allegados, víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por venganzas personales de funcionarios activos y retirados.

A las 4:00 pm del lunes 16 de julio de 2018, una decena de uniformados llegó a una vivienda de tres plantas del sector El Ciprés de Las Adjuntas, en el municipio Libertador del Distrito Capital. Allí residía Rodríguez Polo, un joven que durante cinco años y cuatro había estado en la cárcel por posesión de droga. Tenía cinco meses de haber salido en libertad plena.

Pero en ese período fuera de las rejas, Rodríguez Polo tuvo una discusión que le costó un balazo en el pie derecho. Según sus parientes, quien lo hirió fue un ex funcionario del Cicpc que es conocido por el apodo de «Pan con huevo». El altercado se produjo porque el otrora policía habría matado a un amigo de Rodríguez Polo y este le reclamó. La respuesta fue un disparo.

Rodríguez Polo, que estaba desempleado desde que había salido de la cárcel, se refugió en la vivienda de una tía en Las Adjuntas, que durante la tarde del lunes pasado fue rodeada por funcionarios que vestían de negro. Entre estos estaba «Pan con huevo». Pese a que ya no pertenecía al cuerpo de seguridad, había entrado con ropa oscura y una capucha. Suponen que lo que buscaba era deshacerse de la víctima antes de que este quisiera cobrar venganza por el tiro que le había dado hace un mes.

De acuerdo con el relato de los familiares, los uniformados desalojaron a todos los habitantes de la casa, incluyendo a un tío de Rodríguez Polo que estaba en el tercer nivel. «Le dijeron que si no se salía, iba a terminar como Alexis», contó un allegado en la morgue de Bello Monte.

La víctima se quedó sola en la casa con los policías. Lo llevaron hasta la sala, donde varias veces explicó que no estaba haciendo nada malo y que todavía se recuperaba de la herida. En ese momento, el supuesto victimario se quitó la capucha. «Tía, es ‘Pan con huevo’. Me va a matar», gritó Rodríguez Polo desde el interior de la casa. Poco después se escucharon varios disparos. El joven cayó con dos impactos en el pecho.

Familiares del muchacho aseguraron que él no estaba armado y que los Cicpc simularon un enfrentamiento al disparar hacia las paredes de la casa. «A él, después de muerto, le hicieron empuñar un arma con la mano derecha, a pesar de que no tenía dedo pulgar y de que tampoco podía mover el dedo del medio», comentó un pariente. El cuerpo, ya sin vida, fue trasladado por los policías hasta el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

Mientras esto sucedía en Las Adjuntas, otra comisión del Cicpc ingresaba a la fuerza en la casa de Álvaro José Vegas Parra, en la Primera Etapa de las Residencias Cacique Tiuna, ubicada en las adyacencias del Poliedro de Caracas, al oeste de la capital venezolana. La puerta la forzaron con una ‘pata de cabra’ (barra metálica). Cuando los habitantes lo advirtieron, ya los policías estaban adentro. A casi todos los sacaron de la vivienda.

A Vegas Parra lo acorralaron en su habitación. Allí estaba junto a su hermana, que es una joven con síndrome de Down, y un sobrino de 1 año. «Ella se aferró a Álvaro y, como no lo quería soltar, los policías comenzaron a apuñalarlo con un cuchillo que ellos mismos habían llevado», contó un familiar. A la muchacha, al final, la sacaron del cuarto al tomarla por el cabello. Tras esto, y a pesar de que ya estaba muerto, le dispararon al joven en el pecho. El bebé aún estaba adentro.

En este caso, los funcionarios también simularon un enfrentamiento. Dispararon a las paredes de la casa y tumbaron algunas a mandarriazos. «Los vecinos escuchaban unos martillazos y eran ellos que nos estaban destruyendo todo. Se llevaron teléfonos y cargadores», denunció un familiar, quien acotó que el cuerpo del muchacho fue llevado por los mismos policías hasta el Hospital Periférico de Coche y arribó con apenas una franelilla y boxers. «Él tenía unos zapatos nuevos y un bluejeans, pero todo eso se lo quitaron», afirmó.

Los parientes relacionan el hecho con un altercado que Vegas Parra había tenido con el sobrino de un Cicpc cerca de su casa en Carnaval. «Pelearon por una tángana. Se estaban lanzando spray y terminaron agarrándose a golpes. Álvaro, para defenderse, le rajó la cara con una chapa», relató un allegado.

La lesión le valió a Vegas Parra su detención y reclusión durante 45 días en los calabozos de la sede del Cicpc de Coche. Un día, cuando su madre fue a visitarlo, vio que allí estaba el joven que Álvaro había herido. «Él le dijo que mejor sacara a su hijo del país porque sino lo iba a matar. Y así pasó», dijo un familiar.

La víctima era estudiante de parasistema y cursaba 4to año de bachillerato, al tiempo que trabajaba en la Misión Chamba Juvenil.

Otro homicidio en Catia

Los parientes de Keiver Luis Ruiz arribaron la mañana de este miércoles, 18 de julio, a la morgue de Bello Monte para buscar su cadáver. Un día antes les habían avisado que su cuerpo estaba allí y que había sido llevado sin identificación luego de un enfrentamiento con el Cicpc en la avenida Sucre de Catia, al oeste de Caracas.

El homicidio de Ruiz sucedió una semana antes, el miércoles 11 de julio. Murió en un supuesto tiroteo con los funcionarios policiales. Sin embargo, los parientes aseguran que él no tenía antecedentes penales, sino que trabajaba como vendedor ambulante de café en el Hospital Militar.

La última vez que los familiares supieron de Ruiz fue la tarde del martes 10 de julio, cuando habló con su abuela. «Él andaba con una novia y por eso no lo habíamos buscado antes», comentó un allegado.

Cifras recolectadas por Monitor de Víctimas señalan que durante los primeros 6 meses de 2018, 306 personas han muerto en el Área Metropolitana de Caracas en manos de los cuerpos policiales. De estas, 114 (que representan 37 % del total) cayeron en operativos del Cicpc. Al menos 66 ejecuciones extrajudiciales han sido cometidas por funcionarios de esta institución en el primer semestre del año.

@loremelendez

El Gobierno de Nicaragua ejecutó el unes un nuevo ataque armado contra una población del país, esta vez en la ciudad de Masaya, feudo rebelde contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, pese al repudio local e internacional, con un saldo de al menos 3 fallecidos, que se suman a una lista de más de 350 personas muertas en una crisis que se alarga más de tres meses.

El Gobierno sandinista tomó el control de Masaya, a 29 kilómetros al sureste de Managua, tras un intenso bombardeo, de más de 7 horas, con énfasis en la comunidad indígena de Monimbó. “Cayó Masaya, todo está en silencio, los chavalos debieron abandonar las trincheras y huir, sus armas eran demasiado pesadas”, dijo una integrante del Movimiento 19 de Abril Masaya, al culminar el ataque.

En otro vídeo difundido por la emisora gubernamental se observa a un grupo de simpatizantes sandinistas en plena calle gritar “Viva los cachorros de Sandino”, seguido de disparos en ráfagas y morteros artesanales hacia el cielo. La emisora refirió que pobladores de Monimbó recibieron “entre llantos y alegría a la Caravana de la Paz que los liberó del asedio de terroristas y delincuentes en Masaya”.

Masaya se erigió como símbolo del levantamiento popular iniciado el pasado 18 de abril contra el Gobierno de Ortega, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. Y el barrio indígena de Monimbó se declaró el pasado 18 de junio territorio libre “del dictador”, en alusión al jefe del Estado.

Durante la intervención gubernamental, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, llamó a los habitantes de Masaya a resguardarse en lugares seguros, “ante el acoso armado” de las “fuerzas combinadas” del Gobierno.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) confirmó la muerte en el ataque de un policía, un menor de 15 años y una mujer que estaba en la acera de su casa. La ANPDH cree que el número de víctimas podría ser mayor, pero todavía no es posible ingresar a la ciudad porque permanece cercada por las “fuerzas combinadas” del Gobierno.

La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, llamó al Gobierno de Nicaragua a poner “fin inmediato a la violencia”, sin ser escuchada

Ortega tampoco atendió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le recordó que “ya existe un marco para detener la violencia y abrir canales de diálogo que eviten más pérdidas de vida”.

“Llorando por todos los muertos y rezando por sus familias, hago, con todas mis fuerzas humanas y espirituales, un llamado a las conciencias de todos, para lograr una tregua, y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional, para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis”, dijo en un emotivo mensaje de audio el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, sin éxito.

Tampoco causó efecto el llamado del secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica de Estados Unidos, Paco Palmieri, quien instó “enérgicamente al presidente Ortega a que no ataque a Masaya”.

Policías y simpatizantes sandinistas celebraron hoy con cantos y bailes la toma por la fuerza de las armas de la ciudad nicaragüense de Masaya, con cantos que decían “Aunque te duela, aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda”.

A juicio del disiente sandinista y exvicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, la crisis ha mostrado a Ortega como un “carnicero” y un “salvaje”.

Los congresos de Costa Rica y Uruguay, así como el canciller de Chile, Roberto Ampuero, y la Conferencia Episcopal de Colombia, rechazaron la violencia en Nicaragua, no así el Legislativo de Guatemala, que no se puso de acuerdo.

El Gobierno nicaragüense expresó su “más enérgica protesta” por las “declaraciones parcializadas” de la ONU, que denunció que la ley de terrorismo aprobada por el Parlamento el lunes, puede usarse para criminalizar las manifestaciones en el país.

Bajo esa nueva ley, el Gobierno de Nicaragua procesó hoy a los líderes rurales Medardo Mairena y Pedro Mena, a pesar de que fueron capturados antes de su aprobación, lo que mereció el repudio de la líder campesina Francisca Ramírez, una de las mujeres más influyentes del país.

El rechazo alcanzó al jefe de la bancada sandinista en el parlamento nicaragüense, Edwin Castro, quien fue expulsado de un supermercado por la incomodidad de los clientes, que le gritaron “asesino, degenerado, genocida”.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.

Masaya, y en especial Monimbó, fue clave en derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979, y Ortega atacó este pueblo indígena “por temor a que le ocurriera lo mismo en la misma fecha”, afirmó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

EN CUESTIÓN DE DÍAS MARÍA MAGDALENA NOVAIS perdió a sus dos hijos, Julio César, de 24 años de edad y Carlos Francisco Rangel Novais, de 27. El 10 de julio llegó una comisión de PNB al callejón Las Dos Torres de Gramoven, Catia, eran entre las 11:00 y las 12:00 de la noche. Los uniformados están adscritos a la Estación Policial de El Amparo.

A esa hora los hermanos Rangel Novais estaban en la calle y al ver a los policías corrieron. Julio César se refugió en casa de un vecino. “Los policías buscaban algo”, dijo Rebeca Novais, prima de las víctimas. Explicó que a Julio César lo sacaron muerto de la vivienda “el no se enfrentó”, agregó.

Indicó que además de recibir 2 tiros, uno en un glúteo y otro en una pierna, a Julio César le dieron una tremenda golpiza. “Tuvimos que velarlo con el ataúd cerrado porque le desfiguraron el rostro”. Los policías alegaron que se enfrentó.

La comisión policial además se llevó detenido a Carlos Francisco a quien dicen, le habrían sembrado una porción de droga y un arma de fuego. Lo llevaron a la estación Policial del barrio El Amparo, en Catia y ese mismo día lo presentaron ante un tribunal de control que le dictó privativa de libertad “por menor cuantía de droga”, luego se lo llevaron hasta la Estación Policial de San Agustín del Sur, antigua sede de la comisaría de la PM.

Novais visitó a su primo, el domingo pasado, y observó que estaba maltratado. Tenía marcas de esposas en las muñecas de ambas manos y signos de que intentaron estrangularlo con una cuerda.

Cuando el lunes volvió a la sede policial le informaron que Carlos Francisco «había muerto durante una riña con otros presos”. A Novaís le llama la atención que la única víctima en ese caso fue su primo. “Ni siquiera hubo heridos”. Al parecer unos 4 o 5 detenidos habrían participado en la presunta trifulca.

Los familiares presumen que a Carlos Francisco se lo llevaron detenido y fue asesinado porque fue testigo de lo ocurrido a su hermano Julio César quien era padre de un niño de 4 meses de nacido.

Julio César era bachiller, estudió hasta segundo semestre de Informática y se disponía a inscribirse en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Había hecho un curso en el Inces de asistente administrativo. Estaba desempleado y trabajaba bajo contrato en Barrio Tricolor.

Por su parte su hermano Carlos Francisco estudió hasta tercer año de bachillerato. También laboraba bajo contrato para Barrio Tricolor.

Ambos vivían en la casa de su mamá. Julio César lo hacía con su esposa y su bebé. Los hermanos Rangel Novaís eran quienes mantenían el hogar. “Su madre queda desamparada”, indicó la prima de las víctimas.

Los familiares de Carlos Francisco fueron a la dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público a denunciar el caso.

MAYO DE 2018 FUE EL MES con más reportes de casos de presuntas ejecuciones cometidas por organismos policiales. También fue el mes con más reportes de homicidios perpetrados con armas alargas y en más de un año de recolección de datos es el mes con mayor número de muertes por arma de fuego.

Monitor de Víctimas registró que durante este mes ocurrieron 39 presuntas ejecuciones, 61% de ellas fueron cometidos por la Policía Nacional Bolivariana, según denunciaron familiares de las víctimas.

Además, Monitor de Víctimas detectó que en 5, de los 150 de los casos de homicidios ocurridos durante mayo, los victimarios combinaron varios tipos de arma en el hecho: armas blancas, armas de fuego y armas de combustión, así como el uso de la fuerza física, patrón que no había estado presente durante el período de registro de datos.