violencia

CINCO PERSONAS RESULTARON MUERTAS DURANTE una serie de operaciones emprendidas por la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en distintos sectores de la ciudad de Caracas durante la madrugada de este lunes 27 de agosto.

Las operaciones las llevó a cabo la división de Casos Especiales del organismo policial y se realizaron en los sectores Los Guayabitos del municipio Baruta, en Plan de Manzano, parroquia Sucre del municipio Libertador, en la calle Bruzual de la parroquia El Valle y en Mamera, parroquia Antímano del municipio Libertador.

En la primera operación se llevó a cabo en el sector Los Guayabitos, de la carretera Baruta, Cortada del Guayabo, lugar en el que se habría producido un enfrentamiento entre funcionarios policiales, y presuntos delincuentes.

En el enfrentamiento resultaron muertos dos hombres quienes no portaban documentos que permitiera identificarlos.

A pesar de ello, los funcionarios policiales lograron identificar a uno de los muertos como “Leíto cara e pizza”, mientras que el otro fallecido será identificado en la morgue de Bello Monte a través del procedimiento conocido como necrodactilia. Las autoridades policiales presumen que ambos hombres integren la banda de “El 70” de El Valle.

Otro operativo se llevó a cabo en la carretera vieja Caracas La Guaira, sector Plan de Manzano. Allí murió José Ramón Díaz Argotte, alias “Nariz”.

Según la versión policial, los funcionarios realizaban labores de búsqueda de los presuntos integrantes de la banda de “El Nariz”. cuando se encontraban en la calle La Línea, del sector La Ceiba, los uniformados observaron a una persona sospechosa a quien dieron la voz de alto, al parecer el hombre les hizo frente disparando contra la comisión En el tiroteo, el sospechoso recibió varios impactos de bala, fue trasladado hasta un hospital cercano, donde se registró su deceso.

Por otra parte en un operativo de saturación policial que se llevó a cabo en la parte alta del barrio Bruzual, calle 18, final callejón Padrón de la parroquia El Valle, funcionarios de la PNB se enfrentaron a un hombre identificado como Carlos José Echezuría Echezuría de 30 años de edad.

En el tiroteo, Echezuría Echezuría, resultó muerto, al verificar su identidad, los funcionarios detectaron que era conocido bajo el alias de “El Carlitos”, buscado por los delitos de homicidio y apropiación indebida.

Finalmente las acciones policiales concluyeron en la vereda 2, sectror 2 de Mamera, parroquia Antímano del municipio Libertador.

Allí murió Reiber Alberto Caraballo Rivero, alias “Reiber” quien había sido denunciado por vecinos de ser un azote.

Los funcionarios relatan en su informe que cuando llegaron al lugar, observaron a un ciudadano, quien intentó escapar de la comisión policial ingresando a una vivienda, desde la cual disparó a los uniformados, en respuesta los funcionarios se enfrentaron y a los pocos minutos lograron dominar la situación, hiriendo mortalmente a Caraballo Rivero, quien falleció cuando era trasladado a un centro de salud capitalino.

393 asesinatos en manos de la PNB en 15 meses

En el período comprendido entre mayo de 2017 y julio de 2018 un total de 393 personas resultaron muertas en operaciones policiales realizadas por la PNB, lo que representa el 19,7% del total de los registros del mismo período que ascendieron a 1.992 decesos.

Del total de muertes en las que la participaron funcionarios de Polinacional, en 361 de las muertes el deceso se produjo, según la versión policial por enfrentamiento, sin embargo la versión de familiares destaca que 50,1% de esos casos las muertes se produjeron bajo la figura de la ejecución, en total se trató de 181 muertes que fueron denunciadas como casos de presuntos asesinatos perpetrados por funcionarios policiales. En 180 casos las muertes se produjeron en supuestos enfrentamientos con uniformados, en la mayoría de los casos los funcionarios eran del cuerpo táctico de la PNB.

En 15 casos las circunstancias en las que se produjo el deceso de las víctimas no había sido determinado ni por las autoridades policiales, ni por familiares de las víctimas, en 7 casos, la muerte se produjo como consecuencia de que las víctimas quedaron atrapadas en la línea de fuego. Cuatro murieron en casos de ajustes de cuentas, tres en robos. Las tres muertes restantes se corresponden a un muerto como consecuencia de la violencia política del año 2017, una riña y un caso de enfrentamiento entre bandas.

EL CADÁVER DE UN JOVEN que salió de su casa a tumbar unos mangos para comer y no regresó a su casa fue localizado con un tiro en el costado en la zona boscosa de la carretera Petare – Santa Lucía.

La víctima fue identificada como Juan José Rojas Pantoja, de 20 años.

Juan José salió de su casa en el sector Matapalo, barrio La Dolorita, parroquia Petare la mañana del 13 de agosto junto a unos amigos a tumbar mangos “para vender y tener algo que merendar”, dijo su padrastro Manuel García.

Sin embargo ese lunes no llegó a dormir a su casa. Su madre se preocupó; pensó que se había quedado a dormir con alguno de sus compañeros. Al ver que el martes 14 no se había comunicado por ninguna vía con sus hermanos ni con su progenitora; la familia decidió buscarlo, infructuosamente, por comisarías y hospitales.

Tras cuatro días de búsqueda, el 17 de agosto los familiares del joven tuvieron noticias de su paradero: un amigo de la familia les informó que lo habían encontrado en una zona boscosa en la carretera Petare-Santa Lucía con un tiro en el costado. Su cadáver había sido trasladado a la medicatura forense de Bello Monte.

La víctima dejó en estado de orfandad a una niña de un año. Tenía tres meses viviendo en Petare, antes residía en Filas de Mariche donde se ganaba la vida ayudando a su padre en la siembra de verduras y en la venta de lo producido.

Según la data de Monitor de Víctimas, entre enero y julio de 2018 se han registrado 109 homicidios en el municipio Sucre; dos de esos crímenes se ocurrieron en la carretera Petare-Santa Lucía.

DESDE JUNIO PASADO, LIGIA ELENA CARVAJAL está luchando para que los dos implicados en la muerte de su hijo sean detenidos nuevamente y paguen lo que hicieron.

A Junior José Martínez Carvajal lo mataron a golpes y machetazos para robarle un celular que después vendieron. Lo sepultaron en un área boscosa del sector Alto Pino en Lomas de Baruta. El joven que laboraba en un restaurante de La Trinidad despareció el pasado 4 de marzo cuando salió a vender el teléfono.

Cuando las horas transcurrieron y no retornó a la casa de sus padres, se encendieron las alarmas y comenzó la búsqueda que resultó infructuosa. La denuncia fue formulada en la policía científica cuyos funcionarios comenzaron a hacer su labor hasta que lograron ubicar a la mujer quien compró el teléfono. Ella fue detenida aunque no estaba vinculada al homicidio y luego un tribunal ordenó su libertad para quedar a presentación ante esa instancia.

A finales del mes de junio Ligia Elena realizaba las tareas de su hogar y vecinos le dijeron que desde temprano una comisión del Cicpc estaba en la zona en labores de búsqueda pero por la mente de Ligia Elena no pasó la idea de que se tratara de su hijo mayor.

Pasaron las horas y cuando hallaron el cadáver de Junior José, los investigadores, que no se habían atrevido a manifestarles sus sospechas de que buscaban a su hijo, llegaron a su vivienda y le dieron la mala noticia.

Su hijo llevaba 3 meses desaparecido. Ella recuerda el día en que salió de su casa por última vez cuando le dijo que iba a vender el celular. Antes de irse besó a su hermanita, de 4 años de edad y ella le pidió la bendición.

El día en que hallaron el cadáver de Junior José, Ligia Elena se llevó una doble sorpresa. Primero que el cadáver estuviese cerca de su residencia y la otra era que uno de los implicados en el homicidio era Humberto Subero Martínez, primo de su hijo, por parte de su papá. El otro implicado era un adolescente de 17 años.

A pesar de que el Cicpc los aprehendió a ambos y los dos habrían confesado los hechos, la madre de la víctima se sorprendió cuando el tribunal 10 de Control en materia de Adolescentes, a cargo de la juez Mireira Velásquez, ordenó la libertad de los aprehendidos.

Ese día ella había tratado de asistir a la audiencia de presentación pero un fiscal se lo impidió diciéndole “que no haría nada en esa sala porque allí se iba a escuchar a los imputados”, así que estuvo esperando por tres horas con la esperanza de entrar a la audiencia.

Ahora espera que la fiscal 117º Daisy Jaime apele a la decisión de ese juzgado. “Pido que se haga justicia, que se cambie a la juez del caso”.

Se preguntó “cómo quedaron en libertad los dos implicados si ambos confesaron y llevaron a la policía hasta el lugar donde enterraron a Martínez Carvajal”.

Junior José estudió hasta 4º año de bachillerato en el liceo Pedro Emilio Coll de la parroquia Coche, pero tuvo que abandonar los estudios cuando su novia quedó embarazada por lo que optó por trabajar para darle a su hija lo que necesitara pero los padres de la muchacha rechazaron todo lo que él y su mamá le llevaban a la recién nacida. Y ahora tampoco han permitido que los familiares de la víctima visiten a la pequeña que ya cumplió un año de edad.

@franzambranor

DOS MECÁNICOS FUERON ASESINADOS en distintos sectores de Caracas en el inicio de la penúltima semana de agosto.

Yohan Alejandro Ruiz Valvuena de 21 años de edad murió en el callejón Ávila, cerca de la avenida Los Mangos en La Florida.

Su madre, Sonia Valvuena, dijo que en la madrugada del lunes 20 se escucharon unas detonaciones y transcurrido unos minutos le informaron que el cuerpo de un hombre que yacía en la vía pública.

Su hijo no había llegado a casa en el barrio Chapellín, aledaño a La Florida y se imaginó lo peor, por lo que salió a verificar lo que le habían dicho. Al llegar al sitio, efectivamente, se percató que era su hijo y procedió a llevarlo al Hospital Vargas, donde falleció como consecuencia de un paro respiratorio.

Dijo que desconocía los detalles del crimen y que el cuerpo de su hijo había recibido al menos tres impactos de bala. “Uno en la cabeza, uno en un brazo y otro en el pecho”

Ruiz Valvuena tenía antecedentes penales por robo y deja huérfano a un niño de 2 años y 3 meses. Trabajaba como mecánico en un taller de Chapellín. Los familiares ya hicieron la respectiva denuncia en el Cicpc.

Otro en Antímano

El martes 28 de agosto, Johan Canelón cumpliría 27 años. Canelón fue asesinado por una comisión del FAES en el barrio Germán Rodríguez de Antímano este martes 21 en horas de la madrugada, según expresaron familiares, quienes prefirieron no revelar sus identidades.

Un miembro de la familia señaló que hace diez años Canelón había tenido un altercado con uno de los ahora funcionarios del FAES. La pelea concluyó con saldo de un muerto y varios heridos. Un hermano de Canelón estuvo preso por el episodio. Según la familia, desde ese entonces el uniformado juró venganza.

A raíz de la situación, Canelón se había mudado a Río Chico en el estado Miranda, pero el pasado fin de semana viajó a Antímano a la casa de su mamá para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas.

Familiares afirmaron que a las 3 de la mañana del lunes los efectivos del FAES ingresaron por el techo del hogar y asesinaron a Canelón delante de sus niñas. Luego se quedaron en el lugar de donde sustrajeron celulares y hasta comida.

Canelón, quien estaba solicitado por las autoridades, se dedicaba a la mecánica, deja huérfanos a tres menores de edad de 9, 8 y 1 año, respectivamente.

Miembros de la familia anunciaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República lo que consideran como un ajusticiamiento.

UN CANTANTE FAMOSO, 569 PADRES DE FAMILIA, 101 menores de edad y 62 adultos mayores son ahora parte de las estadísticas rojas que deja la violencia en el Área Metropolitana de Caracas.

En su primer año de recolección de data sobre homicidios, Monitor de Víctimas contabilizó 1.589 casos de asesinatos en los cinco municipios que conforman la capital de Venezuela (Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo).

Monitor de Víctimas es un proyecto desarrollado por el medio digital Runrun.es y la organización Caracas Mi Convive, que busca registrar y caracterizar los homicidios que ocurren en Caracas. Para llevar adelante esta tarea combina periodismo de datos, periodismo de investigación, periodismo colaborativo y participación ciudadana.

En el primer año de recolección de datos, entre los meses de mayo de 2017 y abril de 2018, el equipo integrado por reporteros de distintos medios digitales e impresos registró 1.589 homicidios, de ellos 1.331 personas tuvieron uno de los dos principales victimarios: hampa común y policías.

Delincuencia común: El primer victimario

Según datos recopilados en las morgues por el equipo de Monitor de Víctimas, los civiles (presuntos delincuentes) son responsables de más de la mitad de los homicidios ocurridos en Caracas.

En 788 de homicidios los victimarios fueron identificados como civiles, cifra que representa el 57% del registro.

En uno de estos casos la víctima fue el cantautor Evio Di Marzo, fundador de la agrupación Adrenalina Caribe y hermano del también cantante Yordano Di Marzo. El músico fue asesinado el 28 de mayo en un intento de robo ocurrido en Quebrada Honda, parroquia San Bernardino del municipio Libertador.

Aun cuando autoridades policiales de la Policía Nacional Bolivariana, anunciaron la muerte de uno de los implicados en la muerte del cantautor, un presunto integrante de la banda de El Chato, que opera en la parroquia San Juan del municipio Libertador; sin embargo posteriormente esta versión fue desestimada por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien indicó que no había certeza en la participación del hombre asesinado por el FAES en el crimen de Di Marzo. El caso se mantiene abierto.

En la lista también figuran Shirley Rosa Osorio maestra de prescolar asesinada durante un robo a un colectivo, y José Daniel Hernández Sequera, periodista cuyo cadáver fue localizado en terrenos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), también para robarlo.

El robo es el principal móvil en los homicidios ocurridos en Caracas. Monitor de Víctimas registró 280 casos bajo esas causas.

Pero la inseguridad en Caracas no se limita al robo. En el período analizado hubo 152 casos en los que las víctimas fueron asesinadas por venganza o ajustes de cuentas. Otra causa de crímenes fueron las riñas, 73 personas murieron en peleas.

Las muertes provocadas como consecuencia de que las víctimas quedaran atrapadas en la línea de fuego o que fuesen heridas por balas perdidas también dejaron su rastro de muerte al contabilizar 66 hombres y mujeres muertos al quedar atrapados en la línea de fuego o muertos por balas perdidas.

La violencia de género también dejó víctimas en Caracas, una ciudad en la que 17 mujeres fueron asesinadas por razón de su sexo.

Otras 12 personas murieron en casos que fueron reportados por los familiares de las víctimas y por las autoridades como enfrentamientos entre bandas. 11 personas, perdieron la vida al ser linchadas por grupos que pretendieron hacer justicia por su propia mano.

Las protestas del año 2017 dejaron 11 víctimas.

El asesinato por encargo, o sicariato dejó nueve muertes y en dos casos se registró el deceso de personas que habían sido secuestradas.

Al respecto Javier Gorriño, criminólogo y ex funcionario del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (Ctpj) señala que los delitos han aumentado y se han adaptado a las nuevas realidades. Hoy las armas de fuego son las principales causas de muerte, porque los robos no se hacen con navajas, se usan pistolas, fusiles de asalto, granadas, lo que facilita el crimen, basta con apretar el gatillo para quitarle la vida a alguien. Delitos como el sicariato se consolidaron en el país,así mismo se puede observar el incremento de los casos de linchamientos ante la impunidad que impera. El delito al no ser contenido se multiplica”.

Monitor de Víctimas registró que 280 personas fueron asesinadas durante robos en Caracas

Policías letales

Los organismos de seguridad del Estado ocupan el segundo lugar como protagonistas de la violencia caraqueña. Están involucrados en 41% de los homicidios registrados por Monitor de Víctimas, lo que significa que 543 personas perdieron la vida a manos de policías.

De ese total 280 murieron en casos registrados como supuesta “resistencia a la autoridad” y en 263 casos, los familiares denunciaron que las víctimas fueron ejecutadas por los funcionarios.

El organismo con la cifra más alta de letalidad es la Policía Nacional Bolivariana, a través de su Fuerza de Acciones Especiales, (FAES) que acumula un total de 282 asesinatos; seguida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 241 víctimas y luego se ubica la Guardia Nacional Bolivariana con 14 casos.

Casos como los de los hermanos Néstor y Wilfredo Flores, padres de 11 hijos, quienes fueron asesinados el pasado 16 de abril en un operativo realizado por funcionarios del cuerpo detectivesco en la parroquia Coche son cada vez más comunes.

Los hermanos fueron asesinados en sus casas durante una operación del Cicpc, la familia denunció que fueron asesinados por los funcionarios policiales, luego de que fuesen detenidos durante el allanamiento a sus viviendas. El jefe del Cicpc, comisario Douglas Rico, por su parte señala que murieron durante un enfrentamiento, “al notar la presencia policial dispararon contra los funcionarios y se les hizo frente”.

Por otra parte, la corrupción policial es un mal que afecta cada vez más a los cuerpos policiales y lleva a los funcionarios a involucrarse en homicidios. Reporteros de Monitor de Víctimas recopilaron denuncias sobre este tipo de casos. Alexander Rafael David Delgado, de 24 años de edad, fue asesinado por funcionarios del Cicpc en el barrio La Dolorita de Petare, municipio Sucre del estado Miranda al no pagar una extorsión que le estaban cobrando.

Las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB, registró al menos 282 fallecidos en supuestos enfrentamientos

La sociólogo Verónica Zubillaga, señala que “cuando a las fuerzas policiales se les da carta blanca para asesinar impunemente, desarrollan comportamientos típicos de contextos de guerra. La vivienda de la víctima ha sido tomada y lo que haya en esa casa se convierte en un botín de guerra al cual los grupos comando que actuaron creen tener derecho”.

Esto explica porqué los excesos no se limitan al asesinato de supuestos sospechosos. Las denuncias de robos de comida, artículos electrónicos, perfumes y dinero por parte de los funcionarios policiales son una constante luego de operaciones policiales en las barriadas caraqueñas.

Otra irregularidad detectada, que los familiares denuncian es que las operaciones policiales se realizan sin órdenes de allanamiento, ni presencia de fiscales que garanticen los derechos de las víctimas, entre ellos el más importante: el derecho a la vida.

Esta situación se ha venido repitiendo desde el año 2015 cuando fueron implementadas las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP),  como una supuesta respuesta del gobierno a la creciente inseguridad que imperaba en distintos sectores del país.

Según las denuncias de los familiares, la estrategia utilizada por los funcionarios se repite bajo el mismo guión: Los grupos comando llegan a las viviendas en horas de la madrugada, derriban las puertas de las casas, ingresan, dominan a todo el grupo familiar, seleccionan a quienes buscan y los separan, una vez controlada la situación bajo cualquier excusa sacan del inmueble a los demás familiares y matan al detenido, luego simulan un enfrentamiento y se quedan en la vivienda por varias horas, tiempo en el que por lo general, alteran la escena del crimen y además terminan cargando con objetos de valor y toda la comida que encuentren en la casa.

Los huérfanos de la violencia

Uno de los objetivos de Monitor de Víctimas es visibilizar el elevado costo de la violencia en Caracas y sus consecuencias, de esta manera destaca el número de huérfanos que dejó la inseguridad.

En los 12 meses comprendidos entre mayo de 2017 y abril de 2018, se registró que al menos 1.084 niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de hechos relacionados con la violencia en Caracas.

“Uno de los grandes errores cometidos es que cuando se habla de las víctimas de la violencia muchas veces se limita a hacer el recuento de los fallecidos, pocas veces se estudia el impacto de esos crímenes en la vida de sus familias, de las comunidades y de la sociedad en general y es allí donde está uno de los vértices más críticos de la violencia, ya que miles de niños han perdido a sus padres, cientos de familias perdieron a quienes eran sus fuentes de sustento” señala Fernando Pereira, coordinador de Cecodap.

Al menos una de cada tres víctimas de la violencia dejó hijos menores, se trata de 569 personas que eran padres o madres de niños y adolescentes.

De los 1.084 menores huérfanos, 626 perdieron a padres a manos de la delincuencia común. Mientras que 349 quedaron sin uno de sus progenitores luego de acciones de los cuerpos de seguridad del Estado. De este subtotal, la PNB es responsable de 162 casos y el Cicpc de 152.

Uno de estos casos es el de Johan José Escorcia Pérez, asesinado por funcionarios del grupo FAES de la PNB el 4 de julio en el sector El Morro de Petare.

Su hija de tres años fue testigo del hecho “Mataron a mi papá, le hicieron así: po, po, po”,repite cada vez que pregunta por su papá.

Otro dato a destacar es que casi 5% de las víctimas eran de sexo femenino, en total 27 madres fueron asesinadas en Caracas durante el período.

Al analizar el impacto de la violencia en el núcleo familiar, se observa que 135 de las víctimas eran el principal sostén de sus hogares, luego de su muerte, al menos 275 personas quienes dependían directamente del sustento que ellos suministraban quedaron en una situación económica muy precaria.

Al respecto Zubillaga señala que la muerte violenta de una persona, en un país con unas cifras tan elevadas de impunidad, en ocasiones termina convirtiéndose en la causa de que se perpetúen ciclos de violencia, “los hijos o hermanos de las víctimas al ver que no encontrarán justicia quieren venganza”.

La violencia en Caracas dejó al menos 1.084 niños y adolescentes huérfanos

Niños y ancianos vulnerables

Durante el primer año de recopilación de datos, Monitor de Víctimas logró registrar los homicidios de 102 menores de edad, más de la mitad de los crímenes ocurrieron en el municipio Libertador, tal es el caso de Pablo José Tovar Márquez, de 14 años de edad, quien resultó muerto al ser herido por funcionarios de PNB mientras volaba papagayos en su casa en El Cementerio, parroquia Santa Rosalía.

28 menores fueron asesinados por funcionarios adscritos a los cuerpos de seguridad, 19 de ellos en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y 9 en presuntas resistencias a la autoridad.

15 de las muertes estuvieron vinculadas a supuestos ajustes de cuenta y venganzas y 13 niños y adolescentes perdieron la vida al quedar atrapados en la línea de fuego o al ser alcanzados por balas perdidas. En 7 casos se determinó que murieron en peleas, 4 al ser asaltados y uno mientras cometía un robo.

Se mantiene la tendencia que revela que hay una mayor cantidad de víctimas masculinas que femeninas, 94 niños y adolescentes fueron asesinados en el período en comparación con 8 casos de de niñas

En el otro extremo del rango de edades se encuentran los adultos mayores, otro sector de la población vulnerable ante la inseguridad. En el período analizado por Monitor de Víctimas se contabilizó el asesinato de 62 adultos mayores, que murieron principalmente durante robos en los que fueron víctimas, en total se contabilizaron 39 casos, 63%.

Luis Francisco Cabeza, director de la organización no gubernamental Convite AC, señala que el número de adultos mayores asesinados es una cifra que debe alertar a las autoridades. “ya que se observa una tendencia que tiende al aumento, cada vez son más los abuelos que quedan solos en sus hogares, producto de la migración de sus familiares y se convierten en víctimas fáciles para delincuentes”.

Un teatro lleno de muertos por armas de fuego

La cantidad de personas asesinadas utilizando armas de fuego en la ciudad capital casi llenaría las instalaciones del Teatro Municipal de Caracas, sala que tiene una capacidad de 1.200 personas.

En Caracas 1.071 personas murieron tras haber sido atacadas utilizando pistolas y revólveres, otras 26 murieron por heridas provocadas por armas largas y dos con chopos, o armas de fuego de fabricación casera. En total 1.099 personas cayeron muertas por balas.

En el Área Metropolitana de Caracas, los datos recabados por Monitor de Víctimas entre mayo de 2017 y 2018 indican que 9 de cada 10 homicidios se cometieron con armas de fuego, un número muy superior incluso al promedio del continente americano.

Para Zubillaga, la explicación de estos crímenes está en la cantidad de pistolas, revólveres, fusiles y escopetas que hay en circulación en el país. “Hay una elevada proporción de armas de fuego con respecto al resto de la región y esto hace que las peleas, que antes eran a puños, ahora sean letales”, indica.

Las afirmaciones de la sociólogo están argumentadas en cifras. El “Estudio mundial sobre homicidios 2011”, desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, señala que 42 % de las muertes de 2010 que se registraron en 108 países ocurrieron por el uso de balas o proyectiles. Sin embargo, según la misma investigación, ese porcentaje en América es mayor y alcanza 74 %, cuando en Europa apenas se ubica en 21%.

Al no haber control sobre las fuerzas policiales, estas generan comportamientos típicos de contextos de guerra

Tal frecuencia coincide con lo expuesto en el documento “Evolución de la criminalidad en Venezuela (1990-2015)”, elaborado por el experto en Ciencias Criminales y ex asesor de PoliHatillo, Ernesto Herrera Núñez, quien utilizó datos del anuario de mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) de donde se extrajo el número de homicidios o agresiones hechas con disparos de armas largas y cortas.

“Mediante este análisis se observó la tendencia creciente desde el año 1995 a la utilización de armas de fuego en los homicidios hasta alcanzar alrededor de 89% de los casos en 2006. A partir de ese año, pareciera experimentarse una estabilización de la tendencia al valor. Es decir, 9 de cada 10 homicidios son cometidos con armas de fuego”, apunta el estudio.

En este sentido especialistas y organizaciones no gubernamentales insisten en solicitar al gobierno nacional incrementar el control sobre las armas de fuego y municiones como una medida para reducir la letalidad de la delincuencia en el país.

En el documento Acción por la Vida, firmado por una treintena de ONG entre las que se encuentran Caracas Mi Convive, Cecodap, Centro Gumilla entre otras cosas se exige el control de armas y la disminución de la producción y el marcaje de balas por el principal fabricantes de municiones del país, la Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM).

El documento fue entregado a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Interior Justicia y Paz, sin embargo no han tenido respuestas.

@carlos_dhoy 

EN SU PRIMER AÑO, Monitor de Víctimas registró 1.589 casos de homicidios entre mayo de 2017 y abril de 2018, lo que permite calcular que los municipios que comprenden la capital de Venezuela tienen una tasa de 47,31 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El cálculo de la tasa de homicidios se hizo en base al número de población según el Instituto Nacional de Estadísticas, que indica que en Caracas se concentran aproximadamente 3 millones 200 mil habitantes. En el municipio Libertador se calcula una tasa de 48,70 homicidios, en Sucre 63,31, en Chacao 46,03,en Baruta 20,38 y en El Hatillo 20,09.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existen en Venezuela estadísticas demográficas recientes ya que el último censo se realizó en 2011 y desde entonces la emigración masiva de venezolanos ha ido incrementándose de forma considerable.

Monitor de Víctimas halló también que en más de la mitad de los homicidios las víctimas eran jóvenes menores de 30 años, 102 eran menores de edad. La violencia en Caracas deja 1.804 jóvenes y niños huérfanos, 4 de cada 10 víctimas tenían hijos menores de 18 años.

Aunque los casos de homicidio con objeto contundente han aumentado los primeros meses de 2018, las armas de fuego fueron utilizadas en 7 de cada 10 muertes violentas. 68% del total de víctimas que murieron en Caracas durante un año fue a causa de disparos.

Los homicidios reportados como ejecuciones extrajudiciales y resistencia a la autoridad figuran como en primer móvil, con 44% de los casos. La Policía Nacional Bolivariana es quien registra mayor cantidad de homicidios con 20%.

De los 42% de los familiares que llevaron a cabo los trámites en la morgue de Bello Monte, 1 de cada 10 eran hermanos. Según lo registrado por Monitor de Víctimas 177 familias han tenido otros casos de violencia en su entorno familiar.

Los datos utilizados para la elaboración de este informe fueron recolectados por periodistas que recorren las morgues de Caracas, hablan con los familiares y verifican los datos con las fuentes policiales, con la comunidad y la prensa. Esta información es cargada en un formulario móvil, realizado por expertos con base en parámetros internacionales, y registrada en una base de datos.

@fabicrisci17

LA POLICÍA MUNICIPAL DE EL HATILLO informó sobre la captura de un hombre y dos adolescentes implicados en varios robos perpetrados en la localidad.

En el primer caso los funcionarios policiales lograron la captura de un hombre quien estaría implicado en el robo perpetrado el pasado 20 de junio contra un reconocido periodista.

El individuo detenido además estaría implicado en robo, tráfico y comercio de material estratégico.

El aprehendido fue identificado por fuentes policiales como Sergio David León Ruiz, de 21 años de edad, quien al ser detenido le incautaron un bolso que contenía cuatro rollos de alambre de cobre calibre número 12, un reloj marca Seiko, 6 dólares 53.000 pesos colombianos en efectivo.

Cuando el detenido fue trasladado a la sede de Polihatillo verificaron en los archivos para ver si estaba solicitado y se percataron que León Ruiz guarda relación con el robo ocurrido en La Lagunita contra un reconocido periodista.

El boletín de prensa emitido por el organismo policial indica que el individuo fue identificado por varias de sus víctimas por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público que lo presentará ante un tribunal.

En otra operación funcionarios de Polihatillo practicaron la detención de dos muchachas, 16 y 17 años de edad quienes habían despojado de un celular a una vecina mientras viajaba en un transporte colectivo en esa jurisdicción.

La víctima informó a las autoridades que las asaltantes la ofendieron y amenazaron con agredirla para luego quitarle el teléfono móvil.

Una comisión inició las investigaciones, localizó y detuvo a las asaltantes. Las detenidas fueron puestas a las órdenes del Ministerio Público que las presentará ante un juzgado de control.

@franzambranor

UN AÑO, DOS MESES Y 26 DÍAS había pasado Kimber José Carrasquel González (29) recluido en la sede del Cicpc en El Hatillo. El martes 14 de agosto, Carrasquel amaneció muerto en el calabozo del cuerpo policial. Familiares informaron desde la morgue de Bello Monte que Carrasquel fue estrangulado presuntamente por otros compañeros de celda.

Según allegados, Carrasquel, quien era conocido bajo el alias de “El Kimber” estaba solicitado por se cómplice de secuestro y homicidio en Caracas y se mudó de su residencia en el El Cementerio a vivir en casa de una cuñada en Ocumare del Tuy. Hace poco más de un año funcionarios lo detuvieron y enviaron a la delegación de El Hatillo a la espera de condena.

“La noche antes que lo mataran nos llamó y nos dijo que le había llegado la comida, nunca nos dijo que estaba en peligro aunque ya había recibido amenazas”, contó una hermana de Carrasquel.

Familiares denunciaron que mientras estuvo recluido en El Hatillo, las visitas eran restringidas. “En un año cuando mucho lo pude ver dos veces y era cuando lo trasladaban a las audiencias en los tribunales”.

Antes de mudarse a Ocumare, Carrasquel trabajaba como almacenista en una fabrica de pantalones según familiares. Dejó cinco hijos, tres varones de 11, 9 y 2 años y dos hembras de 8 y 2 años.

Entre los más buscados

En la lista de los 10 más buscados elaborada por el Cicpc en marzo de 2017 aparecia Kimber José Carrasquel González, cédula de identidad 19.721.477.

Se maneja que Carrasquel era líder de una banda dedicada a la extorsión, secuestro, tráfico de drogas y homicidios que operaba entre el barrio 1 de Mayo y El Cementerio. Carrasquel era supuestamente el segundo al mando de la banda de Adrián de Jesús Linares, alias “El Koala”, asesinado en julio de 2016 en El Valle.

Tras la muerte de alias Koala, cuyo cadáver fue localizado en el sector Los Jardines de El Valle, Carrasquel quedó como líder absoluto de la banda, sin embargo tuvo que huir de El Cementerio ante la fuerte arremetida policial que tenía tras de sí, de esta manera fue como terminó viviendo en Ocumare del Tuy, donde fue capturado a mediados del año pasado.

Muertes en calabozos

Según datos recopilados por el Monitor de Víctimas entre el primero de mayo de 2017 y finales de julio de 2018 se registró la muerte de cinco personas en los calabozos policiales de Caracas.

Del total de homicidios perpetrados en los calabozos policiales, cuatro ocurrieron en comisarías ubicadas en el estado Miranda y una en el Distrito Capital. Al analizar los móviles de los asesinatos, se encontró que en su mayoría, cuatro de cinco casos, ocurrieron por riñas y venganzas. La principal arma utilizada para perpetrar los asesinatos fue la fuerza física, en tres casos las muertes fueron producto de golpes, y en dos fueron consecuencias del estrangulamiento de las víctimas.

La edad de los fallecidos era de menores de 27 años, sólo uno tenía 38 años.

Según la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL), en Venezuela hay 11.316 personas privadas de la libertad en calabozos policiales, denominados oficialmente Centro de Detención Preventiva, el hacinamiento se ubica en 271%.

UVL reportó la muerte de 163 personas durante el primer trimestre de 2018 en todo el país, un incremento del 184% en comparación con el mismo período en el año 2017 cuando se registraron 89 fallecidos.