Gregoria Ortiga, tía de las víctimas

@carlos_dhoy

“Yo tuve que cargar el cadáver de mi sobrino desde el lugar donde lo mataron hasta la furgoneta de la morgue. Su cuerpo estaba suavecito, blandito. Es mentira que los niños estaban desaparecidos, ese tipo los mató el mismo viernes, cuando se aprovechó de que mi hermana tuvo que salir y se valió de que los conocía para engañarlos y llevárselos para hacerles esa maldad”.

José Gregorio Graterol, tío de tres de los pequeños asesinados este viernes en la parte alta del barrio El 70, desvirtuó la versión policial que señalaba que los niños tenían cuatro días desaparecidos y acusó directamente a un vecino de los pequeños apodado “El Zapatero “ del asesinato de los cuatro niños.

Relató que los hechos ocurrieron en viernes en la tarde, luego de que su hermana Norelys Graterol, tuviera que salir de su casa para llevarle comida a su esposo, quien se encuentra detenido en la comisaría de Coche del Cicpc.

“Ella se fue con el niño de ocho años, y dejó a la mayor al cuidado de sus hermanitos, cerró la puerta y le dio a la niña las llaves, le dijo que no dejara entrar a nadie y se fue a llevar la comida”.

José Gregorio Graterol, tía de las víctmas

Agregó que el sujeto, quien fue identificado por las autoridades policiales como José Manuel Morgado Bello, tenía tiempo regalándole caramelos y chucherías a los niños y al parecer se valió del hecho de que los niños lo conocían para engañarlos y hacer que le abrieran la puerta de su casa, luego se los llevó al rancho donde vivía, allí abusó de los pequeños y luego los asesinó, al parecer mientras cometía el crimen, otro niño vio lo que pasaba y “El Zapatero” también o atrapó y asesinó.

“Ese tipo no puede ser llamado ser humano, es una bestia, yo no aguanto dolor que tengo, esos pobres niños no merecían morir de esa manera, no merecían sufrimiento, ese dolor, yo pido justicia, que ese sujeto sea detenido”, agregó Gregoria Ortiga, tía de los niños.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Roxana Alexandra Conde Graterol (10), Julianyerli Valeria Conde Graterol (4), Jonas Jonneiker Conde Graterol (1) y Humberto Ruiz (10).

Funcionarios policiales retuvieron por investigaciones a las madres de los pequeños, Norelys Graterol, ya  Lisbeth Marisol Maita Gómez.

Mientras los funcionarias realizaban las investigaciones para tratar de dar con el paradero de Morgado Bello, vecinos del sector quemaron la vivienda de “El Zapatero” y por su cuenta buscaban al hombre quien había huido del lugar de los hechos en horas de la tarde del viernes.

Se supo que grupos para policiales realizaron varias alcabalas para tratar de localizar a “El Zapatero”.

De acuerdo con datos recopilados por el Monitor de Víctimas entre mayo de 2017 y julio de 2018 un total de 20 niños fueron asesinados en Caracas.

Del total de víctimas el 50%, 10 niños, fueron asesinados por personas que conocían, los victimarios más comunes fueron, vecinos, padrastros, madres y abuelos.

Cicpc mató al presunto asesino de los niños

En horas de la tarde de este sábado resultó muerto en un supuesto enfrentamiento José Manuel Morgado Bello de 48 años de edad, presunto asesino de los cuatro niños.

Morgado Bello fue localizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector La Quebradita de la carretera Cúa San Casimiro, municipio Urdaneta del estado Miranda. Según la versión policial, el hombre se habría enconchado en el lugar, huyendo de las autoridades policiales que lo buscaban.

Relata la minuta que José Manuel Morgado Bello, portaba una escopeta con la que supuestamente se habría enfrentado a la comisión que le pisaba los pasos. Un disparo en la cabeza acabó con su vida.

Versiones extraoficiales señalan que Morgado Bello vivió anteriormente en el sector donde fue localizado y asesinado por los funcionarios policiales, de ese lugar huyó luego de haber sido señalado de haber abusado de otros niños, sin embargo esta versión no fue corroborada, ni por las autoridades policiales, ni por vecinos del sector.

UNA JOVEN DE 22 AÑOS, dueña de una charcutería, fue asesinada a puñaladas y su cadáver abandonado en el cuarto de refrigeración del local comercial.

Hace cuatro meses había comenzado con el emprendimiento en El Paraíso gracias a que su pareja quien reside en los Estados Unidos le había enviado el dinero para montar el comercio.

El autor del hecho presuntamente sería uno de sus empleados y el móvil, el robo de insumos del local.

El hecho se registró en una charcutería ubicada en la calle Las Fuentes, de El Paraíso, municipio Libertador en horas de la noche del miércoles 12 de septiembre; sin embargo, el cuerpo fue localizado la mañana del jueves 13 por un hombre que trabaja para una distribuidora de quesos y embutidos, a quien le pareció extraño que la santamaría del local estuviera a medio cerrar, por lo que entró al local y encontró el cuerpo.

La dama, quien fue identificada como Mariale Bastardo Herrera, presentaba múltiples heridas de arma blanca. El presunto asesino se encuentra fugado de las autoridades, y de acuerdo a vecinos de la calle Las Fuentes, era muy poco lo que se conocía de él. Fue descrito como un hombre moreno, delgado, que salía a la acera a fumarse un tabaco en horas de la tarde o la mañana.

Dueños de comercios cercanos a la charcutería, indicaron que desde hace unos años la zona se ha convertido en una zona donde la inseguridad impera. Manifiestaron que delincuentes de zonas aledañas convirtieron a El Paraíso una zona donde no paran los robos.

Mariale es hija de un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc). No dejó hijos, residía en la urbanización Bella Vista, era la mayor de dos hermanos y era oriunda de Maturín, estado Monagas; allí será su última morada, pues sus familiares realizaron los trámites para su traslado.

De acuerdo a la data de Monitor de Víctimas entre los meses de enero a julio de 2018 han sido asesinadas 59 mujeres en el área metropolitana; 37 de ellas en el municipio Libertador. En la parroquia El Paraíso han muerto 10 mujeres en lo que va de años, todas por el móvil de riña o pelea iniciada en el sitio, ya que fallecieron como consecuencia de la llamada tragedia de Los Cotorros, donde 19 jóvenes perdieron la vida luego de que fuese activada una bomba lacrimógena en un local nocturno en el que se celebraba una fiesta.

@DaiGalaivz

A EUDOMAR EUCLIDES QUIJADA UGAS lo aprehendió la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en el barrio Santa Cruz del Este, en el municipio Baruta del estado Miranda y posteriormente apareció como una de las víctimas de la masacre realizada por funcionarios de ese organismo en Fuerte Tiuna la madrugada del pasado sábado 8 de septiembre.

Así lo denunciaron familiares de Quijada Ugas en la morgue de Bello Monte.

Giancarlo Espinoza Ugas, dijo que a su hermano de Eudomar lo detuvieron en un operativo el viernes en Santa Cruz y luego de buscarlo por todas partes se enteraron que el cadáver estaba en Bello Monte.

Según Espinoza, Quijada Ugas de 24 años trabajaba en una charcutería de Petare. Era oriundo de Güiria, estado Sucre, y no tenía hijos. Estuvo preso en Carúpano dos años por robo de teléfono, “pero se había regenerado y tenía tenía cuatro en la capital laborando”, indicó.

“En el informe pusieron que la causa de la muerte fue enfrentamiento, cómo va a haber enfrentamiento, si lo detuvieron en Santa Cruz y apareció en Fuerte Tiuna”, cuestionó.

Integrantes de la familia sostienen que Quijada Ugas no tenía relación con ninguna de las ocho víctimas ni con 23 detenidos que arrojó el operativo del FAES en los edificios ubicados en la institución militar. “No sabemos cómo fue a parar allá”.

Quijada Ugas vivía con amigos en Santa Cruz del Este y formaba parte de una familia de seis hermanos.

Familiares ya hicieron la denuncia en el Cicpc y no descartan organizarse con el resto de los afectados por la masacre para introducir un reclamo en la Fiscalía General de la República.

@franzambranor | 

AL MENOS OCHO PERSONAS FUERON ASESINADAS  en una incursión del grupo táctico de la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que se llevó a cabo el sábado en horas de la madrugada en el urbanismo Ciudad Tiuna, ubicado en el principal fuerte militar del país, en el sur de la ciudad de Caracas.

Entre las víctimas del operativo se encuentra Jhonny Heriberto Blanco de 37 años de edad, y padre de nueve hijos, quien trabajaba como gruero. Familiares indicaron que aproximadamente a las 4:00 de la madrugada llegaron comisiones de las FAES de la PNB y sacaron del apartamento ubicado en el piso 13 del edificio 33, a la esposa de Blanco y a su hija de 13 años de edad, a quienes montaron en un vehículo y se las llevaron. Mientras madre e hija eran ruleteadas, los funcionarios mataron a Blanco.

Los familiares denunciaron que el apartamento fue desalojado por los funcionarios policiales, por lo que la esposa de Blanco, con dos meses de embarazo, y sus nuevre hijos quedaron en la calle, además los funcionarios policiales se habrían llevado el vehículo del gruero y dinero en efectivo que tenía guardado.

Señalan que el hombre fue muerto en su apartamento y arrastrado por las escaleras hasta la planta baja, “lo sabemos por el rastro de sangre que dejó”.

En la acción policial además resultaron muertos, MartínAlfonso Sulbarán Rengifo apodado “El Catire”, Eudomar Euclides Quijada (24), José Gregorio Pantoja, (Goyo), dos ciudadano indocumentados y otros dos hombres identificados bajo los alias de “Bachaco” y “El Viejo”.

A pesar de que el reporte policial señala que fueron ocho los fallecidos en la operación, otra minuta, esta de la Guardia Nacional Bolivariana, indica que serían nueve las personas muertas.

500 policías madrugaron a vecinos del urbanismo

Según el reporte policial en la operación participaron unos 500 funcionarios policiales, quienes luego de activar inhibidores de señal telefónica, tomaron el urbanismo y allanaron al menos 1.200 viviendas. Además fueron retenidas 240 personas que fueron verificadas a través del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) que contienen la data de las personas requeridas por tribunales y organismos de seguridad.

En la operación se habrían detenido a 23 personas por delitos vinculados con tráfico de drogas, porte de armas, formar parte de bandas, entre otros. También fueron recuperadas nueve armas de fuego, se colectaron dos artefactos explosivos de fabricación artesanal, se incautaron cinco kilogramos de drogas y se recuperaron siete vehículos que se encontraban solicitados, así como otros cuatro vehículos que estaban parcialmente desvalijados.

Las cifras rojas del FAES

La Fuerza de Acciones Especiales de la PNB es el organismo policial más letal del país, sólo en Caracas acumula al menos un total de 213 personas ultimadas entre mayo de 2017 y julio de 2018 de acuerdo con los datos recopilados por el Monitor de Víctimas.

Según estos datos la Policía Nacional Bolivariana habría participado en el homicidio de al menos 393 personas en el período señalado, de ellos 181 personas murieron en casos que fueron denunciados por familiares como ejecuciones policiales y 180 en presuntos enfrentamientos con los funcionarios del organismo.

En el año 2017 la PNB dejó 199 víctimas, mientras que a cuatro meses de finalizar 2018, el número de muertes vinculadas al cuerpo policial asciende a 194.

Vale destacar que en ese mismo período cuatro funcionarios del policiales murieron durante el servicio.

Durante el período analizado, el 56,5% de las personas muertas a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana tenían entre 16 y 29 años, lo que se traduce en 222 víctimas.

La mayoría de las víctimas de la violencia policial son de escasos recursos, tal como se observa al analizar el detalle de sus profesiones u oficios, 239 de ellas tenían oficios de bajo nivel de formación, 70 estaban desempleados o no se conocía su oficio, ocho eran estudiantes y solo dos eran profesionales.

Esto además se ve ratificado al observar que el 86% de las muertes se produjeron en las parroquias más pobres de Caracas: El Valle, Sucre, Petare, San Juan, Santa Rosalía, Antímano, El Paraíso, Caricuao, La Vega, Coche, Macarao y El Junquito, en total 336 jóvenes de escasos recursos murieron en esas zonas.

Al analizar el lugar donde ocurrieron los homicidios, se observa que 331 ocurrieron en el municipio Libertador, mientras que 62 sucedieron en el estado Miranda.

Un dato importante que arrojan las estadísticas de los homicidios perpetrados por la PNB, es que la mayoría de los casos fueron en horas de la mañana, específicamente 252 de las muertes, 64% sucedieron entre las 4 de la madrugada y las 11 de la mañana. El 43,5% de estas muertes se produjeron en un lapso de cuatro horas comprendidas entre las 4 y las 8 de la mañana.

@carlos_dhoy

Foto: Carlos Ramírez

INVESTIGACIÓN:

Cumple un año Monitor de Víctimas, un proyecto impulsado por Runrun.es y la Asociación Caracas Mi Convive que combina participación ciudadana con periodismo de datos, periodismo colaborativo e investigación. Tiene como objetivo recabar y analizar los datos sobre los homicidios que ocurren en los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas, en Venezuela. En su primer año, Monitor de Víctimas registró 1.589 casos de homicidios entre mayo de 2017 y abril de 2018, lo que permite calcular que los municipios que comprenden la capital de Venezuela tienen una tasa de 47,31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Coche es la parroquia mas violenta con una tasa de 114 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero Petare es la que mas casos de homicidios tiene. Se descubrió que el 87,5% de las personas que murieron por causas violentas nunca cursaron estudios superiores. Se comprueba que en la medida en que el adolescente se desvincula del hecho educativo, aumenta la posibilidad de que ingrese a cualquier círculo de violencia en su entorno. La delincuencia y la policía mataron a 1.331 personas incluyendo un cantante famoso, 569 padres de familia, 101 menores de edad y 62 adfultos mayores. 9 de cada 10 eran venezolanos; 1 de cada dos era negro, mulato o moreno; 95% eran hombres; el promedio de edad era 28 años; 97% de las víctimas eran civiles; 80% de las víctimas murió por arma de fuego corta; 1.013 asesinadas en municipio Libertador; 2 de cada 3 no tenía hijos menores de 18 años y 7 de cada 10 homicidios sucedieron en la vía pública. En 152 casos las víctimas fueron asesinadas por venganza o ajuste de cuentas. Otra causa fueron las riñas y los atrapados en línbea de fuego o balas pérdidas: 66 hombres y mujeres. La violencia de género dejó a 17 mujeres asesinadas. Los organismos de seguridad del Estado ocupan el segundo lugar como protagonistas de la violencia caraqueña. Están involucrados en 41% de los homicidios registrados por Monitor de Víctimas, es decir 543 personas perdieron la vida a manos de policías. Aquí el vínculo: https://runrun.es/rr-es-plus/358022/monitor-de-victimas-un-ano-de-homicidios-y-cifras-rojas-en-caracas.html

Las autoridades aseguran que las cifras de delitos están en declive

Autoridades anuncian un descenso en la cifras de homicidios en un país que vive un fuerte proceso migratorio que está impactando en toda la subregión. Millones de venezolanos han emigrado, lo que sumado al cambio de hábitos del venezolano, ha reducido  el número de víctimas potenciales que hay en las calles

@carlos_dhoy

EL MINISTRO DE INTERIOR JUSTICIA Y PAZ, Néstor Reverol, informó el pasado 30 de junio que la tasa de homicidios en Venezuela había disminuido 26% y los secuestros habían caído 54%. También anunció que los delitos, en general, se habían reducido 27%. Todo esto durante el primer semestre del año 2018 y en comparación con el año anterior.

El anuncio del titular de la cartera de Interior Justicia y Paz fue seguido, casi un mes más tarde, por el del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, quien el 25 de julio especificaba que en el primer semestre del año se habían registrado 6.561 homicidios, 25,9% menos que en el mismo período de 2017 cuando se registraron 7.784.

Los voceros oficiales, incluso, informaron sobre algunas de las supuestas causas del descenso de los delitos. Para el ministro Reverol, una de ellas es la activación del Frente Preventivo, instancia que a través de jornadas de formación, deporte y recreación en todo el territorio nacional habría contribuido al descenso de los índices de criminalidad. Para el director del Cicpc se debió al “trabajo en conjunto del Cicpc con otros organismos policiales”.

A pesar del júbilo de las autoridades, a juicio de especialistas la reducción de los delitos podría responder más a situaciones coyunturales, que a políticas oficiales. “Prácticamente no existe una política gubernamental dirigida a atender el tema de la inseguridad, más allá de la represión y la ‘mano dura’ que se ha venido implementando”, señala la sociólogo y especialista en violencia Verónica Zubillaga.

“Una reducción de las cifras de un delito en un período de tiempo debe tener una explicación, sobre todo cuando no hay una política oficial que justifique tal disminución”, agrega el penalista y criminólogo Luis Izquiel.

Keymer Ávila, también criminólogo, agrega que es necesario interpretar el fenómeno de esa reducción desde una perspectiva amplia. “Los delitos no caen porque sí. Si la sociedad cambia, los delincuentes se adaptan a esos cambios, y eso puede producir alteraciones en las faltas que se cometen”.

Más de 8 mil jóvenes venezolanos han muerto en los operativos policiales iniciados con las OLP

Una matanza sistemática

Zubillaga considera que la reducción de las cifras de homicidios y otros delitos puede ser una consecuencia de la “matanza sistemática” que ha venido ocurriendo en el país en los últimos tres años a manos de los cuerpos policiales.

“Desde que comenzaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en el año 2015, se ha aplicado una política vedada de mano dura bajo la cual las fuerzas policiales han ejecutado o asesinado a un número importante de jóvenes que son calificados como sospechosos para las autoridades”.

Explica que, de acuerdo con las cifras suministradas en el año 2016 por de la Fiscal General de la República exiliada en Colombia, Luisa Ortega Díaz, ese año 4.600 personas murieron a manos de fuerzas policiales.

En un mensaje emitido el 27 de diciembre de 2017, el ministro Néstor Reverol afirmó que ese año al menos 4.200 personas murieron bajo el concepto de enfrentamiento con las fuerzas policiales. recordó Ávila.

“Se trata de, al menos, 8.800 asesinatos de jóvenes residentes de barrios en supuestos enfrentamientos con la policía”, calculó Zubillaga.

“Tras años de matanza sistemática sería obvio concluir que las cifras de homicidios y otros delitos hayan tenido una disminución, al haber menos presuntos delincuentes”, asegura la investigadora.

Ávila señala que sería temerario adjudicar exclusivamente a las políticas de mano dura alguna reducción en los homicidios, y agrega que esas políticas podrían ser un instrumento de legitimación de futuras masacres y que continúe en marcha la tendencia general de los últimos años y el incremento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

«No se puede celebrar ni aupar que el Estado acabe con la vida con el argumento de defenderla», concluye Ávila.

Cinco integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos por autoridades peruanas cuando planificaban un asalto a un banco en Lima

La delincuencia que migró

De acuerdo con Zubillaga, hay un fenómeno que aún no ha podido ser cuantificado y que también podría tener incidencia en las cifras: la migración de criminales, bien sea individualmente o en bandas organizadas. “Lo que vimos con los cinco miembros del Tren de Aragua detenidos en Perú seguramente se repetirá. Tenemos una población que participaba en crimen organizado que ha emigrado, eso también puede tener un efecto”.

Izquiel se suma a la opinión de que entre las razones de la supuesta reducción de los delitos se encuentra la agudización de la crisis que ha multiplicado la diáspora venezolana.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, (Acnur) calcula que hay 1,5 millones de venezolanos refugiados en diversos países desde el año 2014, pero la falta de datos oficiales sobre el fenómeno migratorio nacional hace que solo se cuente con cifras variables obtenidas a través de organismos internacionales.

Para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), serían 2,3 millones de migrantes. Otros estudios y encuestas establecen que entre 4 millones y 6 millones de personas habrían cruzado las fronteras desde el año 1999, cuando el expresidente Hugo Chávez llegó al poder.

Izquiel calcula que si 4 millones de venezolanos emigraron, sería aproximadamente 15% de la población. “Se trata de una cantidad importante de venezolanos que no pueden ser objeto de delitos o cometerlos”.

Agrega que, aun cuando inicialmente la migración venezolana era casi exclusivamente de profesionales, el deterioro de las condiciones socioeconómicas hizo que pronto el éxodo se masificara. “Gente de todas las clases sociales comenzó a huir del país y, entre esa masa humana, también emigró una importante cantidad de delincuentes que no solo huyen de la crisis, sino que también escapan de la policía y buscan nuevos horizontes hacia donde expandir sus actividades criminales”.

Esta última migración es la que Izquiel considera ha tenido más impacto en las cifras nacionales de inseguridad, a la vez que ha afectado la seguridad en los países hacia donde migraron los delincuentes.

“Esto no quiere decir que el delito va a desaparecer. Puede caer durante un período pero si no se toman medidas para recuperar los espacios para la sociedad civil, si no se invierte en educación, en cultura, deportes, recreación, más temprano que tarde el espacio que dejaron libre los delincuentes serán llenados por otras bandas”, concluye Izquiel.

Cambio de hábitos

El criminólogo Keymer Ávila agrega que “la reducción de crímenes no ocurre de manera espontánea. Como todo fenómeno, tiene sus causas”.

Explica que en los últimos años el venezolano ha experimentado evidentes cambios en sus hábitos, alteraciones que han sido consecuencia de la dinámica económica del país que pueden haber afectado las cifras de inseguridad.

“En un período de menos de dos años hemos tenido las protestas ocurridas durante casi todo el año 2017, falta de efectivo, fallas eléctricas, escasez de alimentos y de combustible, crisis del transporte público, hiperinflación, desempleo, inseguridad y saqueos, entre otras calamidades. Eso cambió muchos nuestros hábitos, la gente prácticamente está encerrada en sus casas, solo sale para ir al trabajo, comprar comida y regresar», señala.

El venezolano no tiene vida nocturna y la vida social se reduce a las horas del día, lo que sumado a todos los cambios vividos en los últimos años «provocaron cambios en los hábitos que pueden haber generado una reducción de los delitos a unas horas y el incremento en otras”.

Agrega que a eso hay que sumarle el hecho de que el venezolano hoy en día es mucho más precavido que antes. “Es posible que haya menos delitos porque porque hay menos víctimas potenciales en las calles”, indica Izquiel.

ELIBETH PULIDO TIENE UN AÑO ESPERANDO que se haga justicia en la muerte de su hijo, José Daniel Bruzual Pulido, pero hasta ahora sus esperanzas parecen desvanecerse puesto que el expediente ni siquiera ha llegado a manos del fiscal 127º, Yendry Hernández designado en la investigación.

Pulido presume que no existe expediente relacionado con ese homicidio ocurrido la mañana del 22 de agosto de 2017.

Recuerda que ese día salió muy temprano a trabajar mientras que José Daniel, quien era electricista, se quedó en la vivienda con sus dos hijos, de 4 y 2 años de edad. Ambos quedaron a su cargo luego de la separación de la madre de los niños.

Desde que ocurrió el homicidio Pulido ha estado pendiente del avance de la investigación pero aparentemente ésta estaría como el primer día. En vista de que todo parece haber quedado en el olvido para las autoridades envió una comunicación al fiscal 127º pidiéndole que adelante la pesquisa y se practiquen las diligencias inherentes para determinar la identidad de los autores del homicidio cometido en su casa del callejón Rondón de Santa Rosalía, en La Bandera.

De acuerdo a lo que ella pudo observar cuando regresó a su domicilio una vez que los vecinos la llamaron porque en la vivienda se escuchaban disparos y el llanto de sus dos nietos, los autores de la muerte del segundo de sus tres hijos fueron funcionarios de las FAES de PNB, los hombres vestían de civil, llevaban chalecos antibalas color negro y llegaron en unidades policiales.

“A un año de ocurrido no han detenido a los responsables y el tiempo transcurrido juega en contra de la obtención de oportuna justicia”, señala un párrafo de la comunicación dirigida al fiscal.

Pulido además acudió a la Defensoría del Pueblo a plantear su situación y en ese despacho, le manifestaron que sin expediente no podían hacer nada. Por eso ella se pregunta “porqué no hay expediente a un año de lo ocurrido”.

Ahora recuerda que cuando ese día retornó a su casa los policías no le permitieron entrar. Ya el cadáver de su hijo, de 25 años de edad, se lo habían llevado envuelto en una sábana.

La esposa del coronel de la GNB

La muerte del hijo de Pulido ocurrió la mañana del 22 de agosto, en la madrugada de ese día las FAES habían ultimado, en supuestos enfrentamientos, a tres hombres y dos mujeres los presuntos responsables del secuestro de la esposa del coronel de la GNB, Alirio Cruz Ortega, que fue liberada a las 6:00 am. Había sido plagiada la noche anterior en su camioneta Ford Escape en El Cementerio.

Mediante rastreo telefónico la policía científica logró la ubicación de los presuntos implicados y hasta allá llegaron las comisiones de las FAES

Dos de los implicados fallecieron en un tiroteo en una casa del barrio Bruzual de El Valle y las mujeres murieron en una vivienda del barrio San Antonio de la misma parroquia.

Los vecinos le contaron a Pulido que cuando las Fuerzas Armadas Especiales de PNB llegaron al callejón Rondón, José Daniel estaba asomado al balcón y los policías le pidieron que bajara y él se negó por lo que los hombres entraron a la vivienda, lo sometieron y lo golpearon.

Al niño de 4 años lo interrogaron y le preguntaron donde guardaban la pistola de su papá. El pequeño subió con los policías al segundo piso y pensando que se referían al arma de fuego de la pareja de su abuela, que es escolta, les mostró la parte alta del escaparate.

A esa hora el guardaespaldas estaba trabajando y se había llevado el arma de fuego. Sin embargo a José Daniel lo obligaron a arrodillarse y le hicieron el disparo. Luego los policías simularon el enfrentamiento haciendo disparos en las paredes de la casa.

Pulido indicó que mientras eso ocurría a su nieto menor lo encerraron en un cuarto y le pusieron el televisor a todo volumen para que no escuchara lo que ocurría.

Al hijo mayor de José Daniel lo sacaron de la residencia y obligatoriamente tuvo que ver el cadáver de su papá lo cual lo afectó porque ahora se asusta y llora cuando oye ruidos o cuando ve policías.

Elibeth Pulido se pregunta porque a su hijo lo implicaron en ese secuestro cuando su vivienda está ubicada muy distante de los dos sectores de El Valle donde hubo los enfrentamientos con las cuatro personas que presuntamente  implicadas en el plagio.

Expresó que es difícil pensar que José Daniel hubiese dejado solos a sus dos hijos en la casa para participar en un plagio sin tomar en cuenta el riesgo que corrían los pequeños.

A todo lo ocurrido se agrega que los funcionarios policiales cargaron con comida, pertenencias y dinero en efectivo de la familia.

ESCASEZ DE ALIMENTOS, MEDICINAS E HIPERINFLACIÓN no son los únicos obstáculos que sortean los venezolanos en la peor crisis socioeconómica que ha atravesado el país en su historia: la criminalidad y la impunidad con que operan las bandas delictivas y los homicidas sigue siendo uno de los grandes problemas que las autoridades no han podido frenar. Solo entre marzo y junio de 2018, Monitor de Víctimas contabilizó 185 homicidios en Ciudad Guayana. La cifra confirma que la delincuencia sigue imponiendo sus reglas tanto en Puerto Ordaz como en San Félix.

El mes más violento fue junio con 53 asesinatos. Le siguió abril, con 47; mayo con 44 y por último marzo, con 41. Las horas más comunes de los homicidios fueron entre las 8:00 y las 10:00 de la noche (28% de los casos), y las víctimas más vulnerables: hombres morenos de 28 años de edad en promedio.

De las 11 parroquias del municipio Caroní, Unare resultó la más peligrosa al concentrar 49 de los 185 homicidios, el equivalente a 27%. En esta circunscripción, donde se encuentran el 90% de las comunidades informales de Puerto Ordaz, 2,5 de cada 10 víctimas de homicidio tienen “ajuste de cuentas o venganza” como móvil del crimen.

En Unare, específicamente en la invasión Villa Bendición de Dios, la violencia se tornó dantesca cuando, entre marzo y mayo, una banda delictiva que controla el barrio decapitó a tres vecinos como forma de resolver sus altercados y a la vez sembrar el miedo. Y lo lograron. El miedo reina en todas las invasiones vecinas, pese a que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) alegó haber desmantelado al “Tren de Margarita”, como se denominaba el grupo criminal responsable de las decapitaciones y de extorsionar a la comunidad.

En otro sector de Unare, la Policía del estado Bolívar (PEB) encontró el cadáver de una mujer desmembrada: su cuerpo fue encontrado en pedazos, guardados en bolsas plásticas en distintos lugares de un monte aledaño al urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) Villa La Paragua, ubicado en la avenida Atlántico. Marisol Del Valle Blanco, de 38 años, fue asesinada por su ex pareja y las autoridades tardaron casi dos meses en dar con su cuerpo.

Unare es una de las tres parroquias de Puerto Ordaz, la zona más planificada de Ciudad Guayana. Las parroquias mejor planificadas, Universidad y Cachamay, concentraron solo siete homicidios entre las dos en el periodo analizado.

San Félix violenta

Las siguientes dos parroquias más peligrosas de Guayana están ubicadas en San Félix, la otra mitad del municipio Caroní. El segundo lugar lo ocupa Chirica, donde ocurrieron 28 homicidios, que representan 15%. El tercer lugar es de la parroquia Simón Bolívar, con 24 asesinatos, equivalentes a 13%.

De los 185 crímenes, 129 sucedieron en San Félix y 59 en Puerto Ordaz, por lo que este lado de Ciudad Guayana sigue siendo el más peligroso. Sin embargo, una sola parroquia de Puerto Ordaz concentró casi el doble de homicidios que la parroquia más violenta de San Félix: Unare superó por 21 crímenes a la parroquia Chirica, que ocupó el segundo lugar con 28 homicidios.

No es nuevo. Según cifras de Correo del Caroní, Unare fue la más parroquia más violenta del municipio Caroní en 2016. Dos años después, las cifras de Monitor de Víctimas reflejan el fracaso de las políticas de seguridad del Estado en frenar la tasa de homicidios y la criminalidad en Guayana. 

Arma y móvil del crimen

68% de los homicidios fueron perpetrados con armas de fuego cortas; 16% con armas de fuego cortas y largas al mismo tiempo, y 7% con armas blancas. Las cifras reflejan, nuevamente, la facilidad que tienen las bandas criminales de hacerse con armamento pese a que su comercio legal está suspendido en Venezuela desde hace varios años.

El principal móvil en la data de homicidios, 39% de los crímenes contabilizados entre marzo y junio, es “ajuste de cuentas” o venganza. El otro móvil más recurrente en los homicidios registrados en Ciudad Guayana es el de “resistencia a la autoridad”, con 33%, equivalente a 59 casos. 51 de estos crímenes fueron perpetrados por funcionarios del Cicpc, cuatro por la PEB y tres por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La mayoría de estas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en marzo.

La tercera causa de homicidios en Ciudad Guayana es el robo, con 23 casos (13%).

De acuerdo con los datos, la mayoría de los victimarios fueron civiles, quienes perpetraron 95 de los crímenes (60%), seguidos de los funcionarios policiales, responsables de 59 homicidios. En 28 casos, Monitor de Víctimas no pudo precisar el victimario.

La edad promedio de las víctimas fue 28 años. 95 de estas eran menores de 30 años, 22 tenía entre 18 y 20 años, y otras siete víctimas fueron niños o adolescentes. En 53 homicidios las autoridades no suministraron la edad o la cédula de las víctimas. Por otra parte, del total de asesinatos, cinco víctimas fueron mujeres.

Huérfanos por la violencia

Durante el registro se comprobó que 23 de las víctimas dejaron hijos menores de edad, lo que totalizó 40 niños y adolescentes que quedaron huérfanos de padre o madre entre marzo y junio en Ciudad Guayana. Además, 27 de las víctimas eran el principal sustento de su hogar, lo que se tradujo en 71 familias desamparadas económicamente tras la pérdida repentina del padre o cabeza de familia en un homicidio.

158 asesinatos en cuatro meses, en una ciudad de poco menos de 1 millón de habitantes, son parte del retrato del municipio Caroní, la novena ciudad más violenta del mundo de acuerdo con la asociación civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que este año calculó una tasa de 80,2 muertes por cada 100 mil habitantes para Ciudad Guayana.