LA FISCALÍA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) dijo hoy que el examen preliminar sobre el “gobierno bolivariano” por supuestos crímenes de lesa humanidad “se está realizando con el objetivo de formular conclusiones en un período de tiempo razonable”.

Estas declaraciones se producen después de que la fiscal general, Fatou Bensouda, haya recibido críticas de sectores de la oposición venezolana por no haber iniciado una investigación plena sobre Venezuela, paso posterior al examen preliminar que ya abrió en febrero.

La oficina de la fiscal jefe, Fatou Bensouda, dio a conocer hoy el informe sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, publicado tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada hoy en La Haya.

En el apartado de Venezuela, el documento explica que, desde el pasado febrero, ha seguido recibiendo información por diferentes fuentes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad.

El informe constata que “se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” en el marco de las manifestaciones de abril de 2017 contra el Gobierno.

La CPI aclara que, dada la naturaleza abierta de la situación, continuará registrando las denuncias de delitos cometidos en Venezuela e incluirá en su análisis cualquier presunto delito cometido desde el 12 de febrero de 2014, fecha en que iniciaron una serie de protestas ciudadanas contra el gobierno de Maduro en las que murieron más de 40 personas.

Asimismo, el documento añade que, supuestamente, “se ha detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales fueron presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención”.

Según la información recibida por la Fiscalía, “fuerzas de seguridad del Estado” y “altos funcionarios” fueron responsables de “crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra opositores” como “asesinato, encarcelación, tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos”.

Otro punto que trata el informe es la supuesta “fuerza excesiva” empleada por las autoridades en “operaciones de seguridad y redadas realizadas fuera del contexto de las manifestaciones contra el Gobierno”.

Por otro lado, el documento especifica que la Fiscalía ha recibido información sobre “algunos grupos de manifestantes” que “recurrieron a medios violentos, provocando que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”.

La Fiscalía señaló que también tiene bajo su lupa la colaboración entre autoridades y “civiles armados favorables al Gobierno, incluidos los grupos denominados ‘colectivos’, que también habrían presuntamente perpetrado una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición -reales o percibidos como tales- y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes”.

 

*Con información de EFE

La Asamblea Nacional aseguró hoy que el informe que presentó la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) sobre el país implica un «reconocimiento» a la «violación sistemática» de las libertades civiles en la nación suramericana.

«Es un reconocimiento de como la situación de violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela se ha agravado exponencialmente (…), este informe es de suma gravedad», dijo este viernes a Efe el presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Francisco Sucre.

«Demuestra lo que hemos venido denunciando (…) que parece que en Venezuela es política de Estado la violación permanente de los derechos humanos», añadió.

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) presentó hoy un informe que sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en el país, por los graves y sistemáticos abusos cometidos y la impunidad generalizada en la nación petrolera.

En tal sentido, Sucre dijo que los venezolanos han sido sometidos «a las peores violaciones de derechos humanos», por lo que se hace imprescindible «una investigación urgente» para que cesen estos hechos.

En tanto que la parlamentaria Delsa Solórzano, jefa del despacho de Política Interior de la AN, señaló que es «imprescindible» que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, haga una inspección presencial a Venezuela y compruebe las graves denuncias del informe.

«Ese informe de la ONU es fundamental, porque en efecto demuestra que no hay posibilidad alguna de hacer justicia en Venezuela», aseveró.

El Estado venezolano, que dirige el presidente chavista Nicolás Maduro, ya rechazó el documento, que tachó de «arbitrario».

El presentado hoy es el segundo informe a distancia sobre la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, pues las autoridades venezolanas han negado el acceso al país a los representantes del organismo.

En este informe son denunciados cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad venezolanas.

ESTE 12 DE FEBRERO, fecha que conmemoramos como Día de la Juventud, es ocasión propicia para enfatizar que en Venezuela, la mayoría de las muertes violentas tienen como a adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años de edad.

Esta triste realidad se acepta como una sentencia inexorable, y no se generan políticas o programas destinados a prevenir la violencia, enfrentar sus causas o a garantizar la protección y resguardo de esta población vulnerable.

En 2017, 15.890 adolescentes y jóvenes fallecieron en muertes violentas, cifra que corresponde al 60% del total de muertes violentas que ocurrieron en todo el país.

Muertes violentas en jóvenes para el 2017 en Venezuela

Grupo de edad                         %                Número de víctimas Adolescentes

12 a 17 años                                  6,2               1.650

18 a 24 años                                 34                9.050

25 a 29 años                                19,5              5.190

Total de 12 a 29 años          59,7             15.890

En 2017, de los 15.890 jóvenes de 12 a 29 años muertos por asesinatos, 12.553 fueron por homicidios y 3.337 por actuaciones de las fuerzas públicas, que son documentadas en los registros oficiales como “resistencia a la autoridad”.

De esta manera, se hace evidente que ser joven hoy en Venezuela significa afrontar el alto riesgo de morir en circunstancias violentas, porque la situación de inseguridad y violencia impacta con mayor fuerza en la juventud. Están matando a los jóvenes, principalmente a los hombres, mayoritariamente a los pobres.

Los mata la delincuencia, o los mata la actuación de funcionarios de un Estado que, enfocado en políticas belicistas y violatorias de derechos humanos, parece haber renunciado a la prevención del delito y a la contención delictiva.

Cada año se confirma esta tendencia, y no se emprenden políticas, programas o decisiones públicas destinadas a detener este maleficio. Por el contrario, se incrementa el abandono, la desatención pública de esta población y todos los indicadores sociales advierten como, en lugar de protección y oportunidades de desarrollo, los adolescentes y jóvenes enfrentan hoy difíciles situaciones de desabastecimiento y carestía de alimentos, pobreza, precariedad de servicios básicos (agua, transporte, luz) y, por primera vez en la historia, nos enfrentamos a la lamentable realidad de adolescentes y jóvenes buscando comida en la basura, prostituyéndose para llevar comida a sus casas.

También hay que notar que no son pocos los adolescentes y jóvenes que dejan de comer para que sus hermanos puedan alimentarse, o salen a buscar algún ingreso para ayudar en el hogar y hasta los que se privan de gastos, preocupados porque su madre come cada vez menos para que le alcance a sus hijos. Muchos de ellos están dejando de estudiar para salir a la calle a trabajar o a mendigar en procura de un alivio a la pobreza de las familias. Otros entienden que la mejor solución es irse del país y buscar un trabajo afuera con el que puedan colaborar económicamente con sus familias, o queriendo dejar de ser una carga para los padres.

En este caso es el país que muere, con jóvenes capaces y dispuestos al bien común que abandonan nuestra tierra forjando sueños, trabajo y riqueza en otro lugar.

En contextos de pobreza y violación de derechos humanos, la vida del joven ha estado sometida a situaciones de injusticia y uso abusivo del poder. Para miles de jóvenes que han salido a las calles en protesta pública, la respuesta del Estado ha sido la represión, el amedrentamiento, el encarcelamiento y hasta la muerte.

Pero los jóvenes, además de ser el sector más vulnerable a ser víctima de la violencia, también pueden convertirse en potenciales victimarios, siendo instrumentos útiles de la delincuencia organizada. Según nuestros registros, un 60,7% de los victimarios tiene menos de 30 años; un 34,5 % de este grupo tiene entre 20 y 24 años.

En la mayoría de las comunidades, impera la ley que imponen grupos criminales, que someten y controlan a la población ante la ausencia de la institucionalidad del Estado. Las bandas armadas crecen y se fortalecen incorporando a adolescentes en sus actividades, con amenazas, extorsión y engaño, pero también brindándoles la comida, el dinero y las oportunidades que las familias no pueden garantizar.

El aparente éxito y poder de los jóvenes armados atrae a adolescentes que ven en el delito un camino accesible a la riqueza fácil, o a ingresos que no son percibidos por quien vive honestamente de su trabajo diario.

Los equipos de investigación de las universidades que integran el OVV -UCV, ULA, UDO, UCAB, UCAT, UCLA, LUZ- expresaron su preocupación por la violencia que padece la juventud venezolana y reiteramos nuestra convicción ética por la defensa de los derechos a la vida y a la libertad.

Es hora de parar la fábrica de la incursión de adolescentes y jóvenes en la criminalidad, garantizándoles las oportunidades de alimentación, salud y educación, y atendiendo la emergencia humanitaria que hoy coloca a la mayoría de la población en situaciones de pobreza.

El Estado es responsable de garantizar sin más demora, políticas y programas públicos que reconozcan a los jóvenes como sujetos de derechos y personas corresponsables del desarrollo social. Reiteramos nuestra esperanza en una juventud cuya vida no esté sometida a la violencia, sino aferrada a sus sueños de un futuro de paz, trabajo y conocimiento.

 

Antes de proceder con mi análisis y opinión sobre el final trágico, mediático e inhumano de el ex piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, doy mis condolencias a sus familiares y amigos de López; así como a los deudos de quienes cayeron junto a él.

El 15 de enero de 2018 será recordado en Venezuela y el mundo, como el día de la demostración de la violación de Derechos Humanos más flagrante que ha ejecutado el régimen de Nicolás Maduro. Tras un intenso combate, que incluyó todo tipo de armas, artefactos y vehículos de guerra, que logró la neutralización y rendición de Pérez y sus compañeros según lo que pudimos ver en los videos; estos fueron asesinados.

Desde el primer día, aquel 27 de junio de 2017 Día del Periodista, que vimos las imágenes del helicóptero, los videos de la pancarta pidiendo la activación del artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las supuestas detonaciones en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); en un país donde el Gobierno controla todo, aeropuertos, inteligencia, contrainteligencia, infiltrados, sapos, culebras y afines, dudamos de la acción de Oscar Pérez, se llegó a pensar que se trataba de un montaje, y cómo no dudarlo si algo que también sabe el modelo cubano venezolano es de montar show y vivir de show en show.

Ante aquella película y guiado por mi incredulidad, usé un comodín para saber de qué se trataba toda esa acción con un toque hollywoodense; llamé a un colega periodista que goza de mi respeto profesional y personal, quien me dio su impresión y hoja de vida de Oscar Pérez, por lo que de inmediato y descarté la hipótesis de “montaje mediático”, o “trapo rojo”.

Pero en la opinión pública no fue así, faltó quizás un mejor manejo por parte del llamado movimiento nacional “Soldados de franela” para la venta de su proyecto.

Esa hazaña sin opinión pública favorable tendía a morir en corto tiempo, la segunda razón es que los proyectos individuales también se estancan, pues no forman parte de un colectivo.

Hugo Chávez en 1998 usó las armas del Estado, se reveló contra el sistema, manejó todo desde el Museo militar, dispararon, hubo bajas, pero se le permitió entregarse y hablar a los medios de comunicación para dirigirse al país y al mundo para decir el famoso “por ahora” que le permitió llegar al poder seis años más tarde. Sin duda alguna hizo un buen manejo público de su intento fallido de Golpe de Estado, logró ese determinante apoyo colectivo que necesita cualquier movimiento para hacerse del Poder.

Óscar Pérez pudo hablarle a una reducida opinión pública por tener saldo en el teléfono, usar las redes sociales para suplicar que detuvieran el ataque porque estaban dispuestos a entregarse no le valió de nada, no corrió con la misma suerte que Hugo en su momento; pues el régimen de Nicolás decidió no concederle un “por ahora” al ex piloto del Cicpc y sus compañeros; sino que prefirió darles un hasta nunca.

Estas líneas las escribo para que queden sentadas y para la historia, seguro ya mañana es periódico de ayer lo de Óscar, pero no para sus tres hijos, su madre y su familia.

En 18 años de asesoría cubana el gobierno ha aprendido a jugar con los tiempos, a esperar hasta el último minuto, contar hasta 100, ejecutar y esperar reacciones para contraatacar.

La clandestinidad dura muy poco, Óscar y su grupo lograron mantenerse seis meses en ella, comunicándose con el exterior a través de las RRSS que fácilmente son detectables, un error que pareciera no calcularon muy bien.

Ahora bien, todas las formas de lucha tienen consecuencias. La de Chávez tuvo la suya: un golpe fallido, prisión, indulto, elección y triunfo electoral. La de las FARC, más de 50 años en la confrontación, violando derechos humanos, asesinando, secuestrando y dedicadas al narcotráfico terminaron en una negociación y hoy aspirando a cargos políticos.

Mandela, también tuvo su propia historia: lucha, prisión y negociación con sus opresores. Cada quien decide cuál es su forma de lucha.

@edwardr74

La violencia en cualquiera de sus formas y expresiones es siempre un fracaso de las sociedades que la viven, y debe ser castigada; ya que la finalidad del castigo es asegurar que el culpable no reincida en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo.

Aquellas sociedades que no logran lo anterior, están enviándoles un mensaje de impunidad, pues premian al violento y castigan al pacífico impulsándolo a la violencia. ¡Misericordia sin justicia es una gran crueldad hacia la víctima!

Una mezcla de la situación económica, influencia mediática para que la violencia sea un tema común en casi todas las películas, y la falta de principios y valores en el hogar; son algunos de los ingredientes que llevan a las sociedades, sobre todo en  Latinoamérica, a tener la violencia a flor de piel, y donde la vida de un ser humano termina valiendo muy poco o casi nada.

Una persona que le quita la vida a otra, por un par de zapatos, por robarle un celular, e inclusive en algunas ocasiones sin motivo alguno, simplemente por el  placer de hacerlo; ¿Merece vivir?, ¿Qué castigo debería aplicársele? Muchos son los activistas, pacifistas y organizaciones que apelan a los derechos humanos del que mata. ¿Pero quién le devuelve los derechos humanos que tenía la víctima? ¿Quién le devuelve su vida? ¿Quién paga los sufrimientos de sus seres queridos?

Todo esto viene a colación, porque me impresionó y me hizo reflexionar una carta que le escribió una madre a otra madre, y que dice lo siguiente:

“Vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de televisión. Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu hijo, y de lo que supone económicamente para ti el ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia.

Vi también, toda la cobertura mediática que le dedicaron a dicha manifestación, así como el soporte que tuviste de otras madres en la misma situación, y de otras personas que querían ser solidarias contigo; y que contabas con el apoyo de otras organizaciones y sindicatos populistas, comisiones pastorales, entidades en defensa de los derechos humanos, ONGs, etc.

Yo también soy madre y puedo comprender tu  protesta e indignación.

Enorme es la distancia que me separa de mi hijo. Trabajando mucho y ganando poco, e idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para visitarlo. Con mucho sacrificio sólo puedo visitarlo los domingos. Porque trabajo inclusive los sábados, para el sustento y educación del resto de la familia.

Felizmente también cuento con el apoyo de amigos, familia, etc. Si aún no me reconoces, yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo, con cuyo salario me ayudaba a criar y mandar a la escuela a sus hermanos menores, y que fue asaltado y herido mortalmente a balazos disparados por tu hijo.

En la próxima visita cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel, yo estaré visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba, en el cementerio.

¡Ah! Se me olvidaba: ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa, a través de los impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O dicho de otro modo: seguiré manteniendo a tu hijo malhechor.

Ni a mi casa, ni al cementerio, vino nunca ningún representante de esas entidades (ONGs) que son tan solidarias contigo para darme apoyo, o dedicarme unas palabras de aliento. Ni siquiera para decirme cuáles son mis derechos”

¡Los derechos humanos deberían ser para los humanos derechos!

cdoradof@hotmail.com

Abogados defensores y dirigentes políticos de oposición acusan a las instituciones del Estado por irrespetar a la Constitución al permitir la sistemática violación de los derechos humanos de los presos políticos. Señalan que los casos se han manejado sin el debido procedimiento legal y que las pruebas han sido falsificadas. Advierten sobre el deterioro de salud de los detenidos debido a las condiciones de insalubridad.

La abogada del diputado suplente Gilber Caro, Theresly Malavé, ha sido la única persona que ha tenido contacto con el dirigente de Voluntad Popular. Han sido dos encuentros desde su detención: el primero, el pasado 23 de enero, y el segundo, el 31 de enero en la cárcel 26 de Julio, de Guárico.

“Al diputado Gilber Caro lo mantienen asilado en una celda insalubre. Cuando hablé con él lo noté golpeado anímicamente por todo lo ocurrido en todo este tiempo, pero no ha perdido su espíritu de lucha. Me dijo que se siente secuestrado”, señaló Malavé.

Sigue leyendo esta nota de Ayatola Núñez en El Nacional

Con la publicación de Perdigones en la cédula, la ONG Funpaz busca reivindicar el derecho a la protesta garantizado en la Constitución venezolana y visibilizar la represión que sufrieron cientos de venezolanos durante las manifestaciones de 2013 y 2014 en el estado Lara

 

“No es fácil hablar, el miedo es tan real como las torturas que sufrimos”, confiesa Andrés Colmenárez, miembro fundador de Funpaz, una ONG con base en Barquisimeto, estado Lara, que desde hace 3 años y medio trabaja en pro de visibilizar y combatir la impunidad generada a raíz de la represión que sufrieron los ciudadanos que manifestaron entre 2013 y 2014 en esa entidad.

Colmenárez habla en nombre de la Fundación pero también lo hace a partir de su propia experiencia: él mismo fue detenido y torturado en el Destacamento 47 -Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana-, cuando salió a protestar en 2014. Su testimonio se titula “Bajo la Bota”: “Hicieron que se arrodillara, que metiera la cabeza entre las piernas y empezaron a patearlo, una y otra vez. Me cayeron a patadas, patadas por las piernas. Lo hacían entre tres o cuatro militares”, describe el texto.

El título Perdigones en la cédula surge a raíz de una crónica homónima de Leonardo Padrón y alude a los golpes a nuestra identidad como venezolanos, como ciudadanos, explica Colmenárez. “Nuestro objetivo es pasar de víctimas a activistas, queremos empoderar a los ciudadanos, que sepan que protestar es un derecho consagrado en el artículo 68 de la Constitución”, agrega.

La lectura de estos 24 testimonios deja claro que cualquiera puede ser víctima de la represión: un ama de casa que retuiteó un mensaje y luego recibió la visita del Sebin; un padre de familia que salió de su casa a manifestar; una madre y su hija -menor de edad-, que salieron a hacer diligencias y se encontraron en medio de las protestas; jóvenes que no lograron correr lo suficientemente rápido y recibieron disparos de perdigones y de bala; médicos que brindaron primeros auxilios a algunos de los más de 400 manifestantes heridos.

“Con este libro queremos visibilizar la persecución y criminalización de la sociedad civil; hacer contrapeso a la versión oficial que nos tildó de guarimberos y terroristas. Queremos, además, darle un reconocimiento a todos los presos políticos; a quienes perdieron su vida por protestar; y también a las ONG que nos apoyaron y asesoraron”, explica Colmenárez.

 

“Nos organizamos, no nos quedamos callados”

 

A Ehisler Vásquez, otro de los miembros fundadores de Funpaz, un disparo de perdigón le marcó la cara para siempre. Su testimonio, titulado “A quemarropa en el rostro”, comienza así: “Todos los que estén en la calle son delincuentes, decían los militares desde las tanquetas”.  

“Recibimos muchas amenazas porque éramos víctimas invisibles. Denunciar, salir a la calle y suscribir este libro nos permite ser más visibles y eso ha hecho que baje el nivel de amenazas; este libro ha hecho incluso que muchas víctimas tomen confianza para denunciar”, dice Vásquez.

Otro de los 24 testimonios incluye esta descripción: “Cuatro guardias arrastraban a Daniel hasta la tanqueta más cercana”. Se trata del relato de Daniel Graterol, también miembro fundador de la organización. A tres años de ese día, aún debe presentarse cada mes ante un tribunal. Está libre y preso a la vez. 

“La vida nos cambió completamente después de ser detenidos y torturados física y psicológicamente; también luego de pasar por un procedimiento legal en el que eres tratado como un delincuente. Muchos de quienes salimos a protestar éramos universitarios; muchos tuvimos que recibir terapia psicológica. Ninguno de los miembros fundadores de Funpaz nos conocíamos antes de 2013; entre todos nos hemos apoyado y tomado fuerza; el libro es un gran logro que nos hace sentir orgullosos porque no nos quedamos callados; nos organizamos y ahora tenemos mucha más fuerza que antes”, afirma Graterol.

El libro contó con la redacción de tres periodistas barquisimetanos: William Croes; Lorena Quintanilla y Edy Pérez Alvarado. Croes cubrió las protestas en 2013 y 2014 y esa experiencia le sirvió de base para la redacción de algunos de los 24 testimonios.

“Fue un trabajo muy fuerte; cuando Funpaz me propuso afrontar este reto tuve que revivir casos de hace 3 años y entendí cómo esos hechos marcaron la vida de cada una de esas personas. Este libro es una forma muy valiente de levantar la voz, de denunciar y reaccionar contra el miedo”, afirma Croes. Agrega que el libro se consigue a través de las redes sociales de la fundación: @Funpaz2013

 

Las cifras de la represión en Lara

 

De acuerdo con cifras extraoficiales, en 2013 se registraron 177 detenidos y más de 400 heridos; en 2014, Funpaz documentó 1.650 casos entre febrero y septiembre. En 2015 bajó la conflictividad en virtud de razones políticas y se registraron menos de 40 casos.

 

ONG venezolanas no están solas en su denuncia

 

El 1ero de noviembre de 2016, en el marco del segundo Examen Periódico Universal de derechos Humanos presentado ante la Organización de las Naciones Unidas, 21 países le exigieron a Venezuela que garantizara el acceso a la justicia a todos los ciudadanos y que liberara a todos los presos políticos; ocho países se pronunciaron a favor de que Venezuela ratificara el Protocolo Facultativo del Tratado Contra la Tortuta; y cuatro naciones le pidieron al Estado que pusiera fin a las detenciones arbitrarias.

«Ese resultado que se generó en el EPU, incluso la noticia de la degradación a categoría B de la Defensoría del Pueblo, es una muestra de lo que pueden lograr los miembros organizados de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes; esas denuncias se conocen en el mundo gracias al trabajo de ONG como Cofavic y Provea y también de muchas ONG más paqueñas que aportan los insumos para que se realicen los informes que contrastan la versión oficial. Ese balance del EPU demuestra que hay una esperanza real y que se entiende lo que pasa en Venezuela», argumenta Colmenárez.

 

Foto: Unidad Venezuela

Este martes fue instalada la Comisión Especial que investigará las violaciones de los derechos humanos por parte de los Clap, organización creada por el régimen nacional para distribuir los alimentos en las comunidades, y que de acuerdo con los parlamentarios representan un elemento político para discriminar a los que piensen distinto.

“Los Clap, como nueva organización ilegítima e irregular, excluye a los voceros principales de las comunidades”, precisó la legisladora Mariela Magallanes, al tiempo que señaló: “Los Clap amenazan ahora con llevarse la comida para, supuestamente, distrubuirla a través del Psuv”.

“No hay la capacidad para distribuir. Este Gobierno, con los Clap, lo que hace es pisotear la dignidad del venezolano”, dijo, por su parte, la diputada Gaby Arellano.

Aseguró que los representantes de la comisión se dirigirpán a las colas y a la supuesta distribución, para demostrar la discriminación a través de los Clap.

“Desde que el Gobierno anunció los este grupo, han aumentado las protestas por falta de comida”, remató el diputado Carlos Valero.

Prensa Unidad Venezuela.