Las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia
La última Encuesta sobre Seguridad Alimentaria realizada en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, demuestra que el programa CLAP es inviable: la comida subsidiada no cubre las necesidades nutricionales de las familias ni está llegando a los hogares con la periodicidad que anuncia el gobierno
@nelapalaciosr
La Comisión para Derechos Humanos del Estado Zulia ( Codhez ) advierte que la Defensoría del Pueblo, los tribunales y el Ministerio Público son instituciones anuladas en Venezuela, porque ni están protegiendo a los venezolanos de violaciones de derechos humanos ni están defendiéndolos de los abusos de poder ni están sancionando a sus responsables, de manera efectiva.
El abogado Juan Berríos Ortigoza, coordinador general de Codhez y doctor en derecho, resalta también que la calidad de vida del pueblo zuliano ha empeorado aún más tras la pandemia del coronavirus, especialmente por la inseguridad alimentaria y el colapso de los principales servicios públicos estatales: agua potable, electricidad, salud y educación, entre otros.
Además, las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019.
¿Cuántos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas ha registrado Codhez en el estado Zulia hasta el momento?
Destacamos los casos registrados a partir de 2017, cuando documentamos, en el contexto de las manifestaciones de ese año, la detención de al menos 635 personas, entre quienes 245 fueron presentadas ante un tribunal: 160 de ellas ante un tribunal penal ordinario, y 85 ante un tribunal militar. En ese mismo contexto reportamos la muerte de 14 personas, que aún se encuentran impunes, incluyendo la de Adrián Duque, un caso que hemos acompañado. También resaltamos la situación de tortura sexual a la que fue sometida una persona detenida ese año luego de haber sido detenida por manifestar. Este caso aún espera justicia.
Entre enero y febrero de 2019 también se desarrollaron protestas que conllevaron a detenciones arbitrarias. En específico, el 23 de enero registramos la detención de 57 personas. En este caso, a pesar de que los detenidos habían sido aprehendidos en lugares distintos, horas distintas, y no se conocían entre sí, fueron presentados ante los tribunales en lotes, en procedimientos masivos.
Con respecto a las muertes como consecuencia de la violencia policial en presuntos enfrentamientos, en 2018 monitoreamos 279 casos, mientras que el año pasado este número escaló hasta 657: 250 en el primer semestre y 407 en el segundo semestre. En contraste, en esos presuntos enfrentamientos, murieron dos funcionarios policiales en 2018 y tres en 2019. Detalles de estos y otros temas han sido publicados en nuestro informe anual 2019 sobre la Situación general de los derechos humanos en el Zulia:
También publicaron un informe anual sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo. Precísenos las principales conclusiones de esa encuesta, por favor
Este informe contiene el estudio que hemos realizado en 2019 para diagnosticar el contexto del derecho a la alimentación en la segunda ciudad más poblada de Venezuela. En general, los resultados de nuestra segunda Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo demuestran que se ha mantenido la tendencia negativa de los datos arrojados en el 2018 y, en particular, la mayor vulnerabilidad de las poblaciones de los estratos socioeconómicos D y E, y de los wayuu y afrodescendientes.
Con esta encuesta quedó demostrado que el programa CLAP es inviable porque ningún hogar recibió esa caja o bolsa de comida cada mes, y mucho menos cada quincena.
Si bien el quebrantamiento del orden constitucional y democrático ha conllevado a una emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis responden a problemas estructurales. Tememos que no hay conciencia de este carácter estructural de la crisis y, por ende, que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.
Es preocupante, además, que el Estado esté siendo gestionado por grupos que anteponen la lucha por la conservación del poder político al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin discriminación alguna.
La encuesta que se realizó revela que 84,9% de los hogares reportó preocupación porque los alimentos se acabaran. 8 de cada 10 hogares se quedó sin alimentos. En 8 de cada 10, los adultos dejaron de tener una alimentación saludable, tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos y comieron menos de lo que debían. También en 8 de cada 10, los adultos sintieron hambre pero no comieron; en 3 de cada 4, los adultos dejaron de desayunar, almorzar o cenar. Y en 2 de cada 10, los adultos comieron solo una vez al día o dejaron de comer durante todo un día.
La situación alimentaria de los menores de edad también es muy preocupante: en 7 de cada 10 hogares, niños y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable. En 5 de cada 10, dejaron de desayunar, almorzar o cenar. En 6 de cada 10, sintieron hambre, pero no comieron. Y también encontramos hogares donde los niños y adolescentes comieron una sola vez al día o no comieron nada durante todo un día. El ingreso de las familias es insuficiente para comprar alimentos.
La mitad de hogares encuestados declaró ingresos de 200.000 bolívares (Bs) o menos (equivalentes a USD 13,03 para la fecha de la encuesta) y gastos para alimentarse entre 200.001 y 500.000 Bs (USD 13,03 a USD 32,56 en agosto de 2019). Esta incapacidad de las familias para valerse por sí mismas demuestra los problemas que experimenta la mayoría de hogares para acceder a alimentos, en particular, los proteicos como las carnes. El informe completo está al alcance de todos en nuestro portal:
Violación sistemática de derechos humanos
¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21 para Venezuela?
Las últimas dos décadas han conllevado a mayor pobreza, y por tanto, a una violación sistemática de derechos humanos. Hemos observado cómo el desconocimiento de las libertades ha supuesto el quebrantamiento de las estructuras económicas y sociales, y por tanto, la precarización de las condiciones para un nivel de vida adecuado, mientras se han debilitado, y luego anulado, las instituciones que debían contener y sancionar los abusos en el ejercicio del poder político: tribunales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo.
¿Cómo evalúa Codhez la actuación del TSJ, Ministerio Público y órganos del Poder Moral en Venezuela?
Se trata de instituciones que no han cumplido con su propósito constitucional: proteger y garantizar los derechos humanos, investigar las violaciones a éstos y sancionar a los responsables. La evidencia de que no han cumplido con ese propósito es la emergencia humanitaria compleja que padecemos.
Transición y democratización
Si llega a abrirse un proceso de transición y democratización en Venezuela, ¿cuáles serían las tres principales recomendaciones que daría a los líderes de ese proceso para garantizar el respeto de los derechos humanos en territorio nacional y corregir las fallas del sistema actual?
La primera, considerar la preeminencia de los derechos humanos como premisa fundamental e ineludible que debe orientar todas las decisiones que se tomen. Este es un valor previsto en la Constitución no por casualidad sino porque es el desiderátum de la sociedad venezolana: el respeto, la protección y la garantía de la dignidad humana deben preponderar. En consecuencia, deben atenderse con urgencia, desde ya incluso, las necesidades de la gente: desconocer los problemas sociales incentiva el desinterés general por la participación política.
Asimismo, la transición no debe ser entendida solo como un arreglo político-partidista o de élites. Reclama, para su legitimidad y viabilidad, ser entendida como un proceso que conlleve a la justicia, la recuperación de la confianza, la integración social y, por tanto, la restauración democrática, que no se logrará si no se reconoce la diversidad política, cultural y social propia de cualquier sociedad.
El desafío será apreciar la cuestión nacional de la transición no como una coyuntura, sino como una problemática estructural que exige conversaciones, difíciles pero necesarias, para revisar de forma consciente las causas de esta emergencia histórica. En estas conversaciones debe darse lugar a la participación de la sociedad civil.
¿Cómo describiría usted la situación de los derechos humanos de los zulianos actualmente? Tomando en cuenta los informes anuales que publica Codhez y que evalúan a profundidad temas tan sensibles como el de la situación del sector salud, la crisis eléctrica, el hambre, la desnutrición y la falta de servicios públicos tan básicos como el del suministro de agua potable, ¿cuáles serían los principales problemas que enfrenta el Zulia hoy y cómo podríamos empezar a solucionarlos?
Para solucionarlos es necesario que se reconozcan. Esto no ha ocurrido. Los zulianos sentimos que estos problemas son ignorados. Y de hecho, entendemos que es un sentimiento compartido por el resto del país. Priorizar, aunque es una tarea necesaria, es difícil en una circunstancia tan compleja. En todo caso, pudiéramos apuntar a un plan de recuperación económica como una fórmula necesaria para incentivar la mejora de las condiciones básicas de vida.
En el Zulia ha habido iniciativas recientes en este sentido en el ámbito académico. El restablecimiento de la prestación de los servicios de electricidad y agua potable con calidad para todos es, de seguro, una reivindicación que la mayoría de los zulianos identificaría como primordial. También, el de los servicios de salud y educación, que han sido muy afectados en los últimos años. La deficiencia en estos ámbitos está comprometiendo nuestro presente y futuro. En todo caso, esto debe ocurrir en un escenario que propicie seguridad, respeto, protección y garantía a las libertades, con instituciones de justicia y defensa de los derechos humanos que cumplan con su rol constitucional.
5 años y contando…
¿Cómo y cuándo nace esta organización?
Codhez fue fundada en junio de 2015 por iniciativa de cinco abogados que convergimos en la documentación y defensa de situaciones violatorias de derechos humanos durante las manifestaciones contra el gobierno nacional en 2014. En esa época se conformó una coalición de profesores y estudiantes de derecho de las universidades del Zulia y Rafael Urdaneta, el Colegio de Abogados del Estado Zulia, y abogados voluntarios, para registrar lo que estaba ocurriendo, y además, prestar asistencia legal gratuita a quienes fueran detenidos de forma arbitraria. El registro quedó asentado en un par de informes que dieron cuenta, con detalle, de lo que había ocurrido en el Zulia.
¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?
En la época en que convenimos fundar Codhez, a mediados de 2015, el contexto era de persecución y violencia política, aunque ya eran evidentes los síntomas de lo que luego evolucionó a una emergencia humanitaria compleja. Desde entonces, la situación, en relación con el respeto, la garantía y la protección a los derechos humanos solo ha empeorado. No obstante, a pesar de las dificultades, diversas iniciativas sociales y comunitarias se han desarrollado, en procura de la reivindicación de los derechos de todos, propiciando el espacio cívico necesario para lograr la restauración del orden democrático en el país.
¿En qué áreas se desempeña la organización?
Nuestro propósito es observar la situación general de los derechos humanos en el Zulia, hemos atendido casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, también, hemos hecho seguimiento de la situación de inseguridad alimentaria a través de una encuesta basada en el cuestionario tipo de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Elcsa), y del monitoreo quincenal de la oferta y el precio de los alimentos desde octubre de 2018 en el municipio Maracaibo.
En los últimos meses hemos proseguido nuestro estudio sobre inseguridad alimentaria mediante un sondeo aplicado mediante un formulario electrónico con el objetivo de conocer la situación en otros municipios del Zulia, indagando sobre el consumo diario y semanal de alimentos, así como las estrategias que afrontan los hogares para lograr alimentarse.
¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta Codhez?
Unos eran abogados litigantes, otros recién estaban comenzando sus carreras profesionales en el área del derecho, y en mi caso, aún me dedico a la docencia y la investigación jurídica en el área universitaria. En cierta forma ya estábamos involucrados, aunque desde nuestros espacios, en la promoción y defensa de los derechos.
¿Qué servicios ofrece?
Promovemos y defendemos derechos humanos a través de la documentación de situaciones violatorias, prestando asistencia legal y acompañamiento psicológico en caso de ser necesario. También, hemos realizado talleres de formación para activistas, abogados y periodistas, en tanto actores claves para la reivindicación de los derechos humanos.
¿Cuántas personas trabajan en la organización?
En este momento en Codhez hay 10 personas activas en nuestra organización en las áreas de documentación, empoderamiento (asistencia psicológica y trabajo comunitario), defensa (asistencia legal) y comunicaciones.
Alianzas estratégicas
¿Con quién tienen alianzas estratégicas?
En 2017 tuvimos como iniciativa la conformación de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), que agrupa un conjunto de 15 organizaciones y activistas de derechos humanos en diversas áreas: derechos de las mujeres, ambientales, pueblos indígenas, salud sexual y reproductiva, salud mental, movilidad urbana, y anticorrupción, y que al día de hoy es una referencia de trabajo colectivo por los derechos humanos en la región zuliana y el país.
De hecho, desde 2018 organizamos un Encuentro por los Derechos Humanos, como estrategia para incentivar el espacio cívico en nuestra región, con el objetivo de reunir y propiciar alianzas entre diversidad de actores de la sociedad civil zuliana (activistas y organizaciones de derechos humanos, fundaciones, gremios, universidades).
También, hacemos parte de la red nacional de defensores de derechos humanos, y en concreto, hemos sido apoyados por Civilis, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el ámbito internacional, hemos promovido actividades en conjunto con Asuntos del Sur, una organización argentina que promueve la innovación política.
¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?
El Zulia es una región muy empobrecida. La vulnerabilidad de las personas que hemos atendido viene dada por cuestiones estructurales, entre otras, situaciones de precariedad económica, abandono, violencia, inseguridad, amenazas y abusos de funcionarios civiles y militares, que empeoran por la falta de respuesta de las instituciones que tienen el mandato constitucional de resolver esas situaciones.
¿En qué zonas operan?
En la actualidad Codhez opera en Maracaibo, aunque hacemos un monitoreo sobre la situación general en toda la región: Guajira, Perijá, Sur del Lago y Costa Oriental del Lago.
¿Cuentan con voluntariado?
Sí, contamos con una red de voluntarios que nos apoyan, en particular, para nuestras tareas de documentación y promoción de nuestros eventos, sobre todo para el Encuentro por los Derechos Humanos y la Feria de Derechos Humanos.
¿Cómo pueden ayudar a esta organización las personas que estén interesadas en hacerlo?
En la documentación, reportando sus denuncias de situaciones violatorias a derechos humanos en toda la región a través de los canales que tenemos a disposición: nuestras redes sociales (@Codhez en Facebook, Instagram y Twitter), nuestra web o nuestra dirección de correo electrónico codhez@gmail.com. Asimismo, cada año Codhez convoca un encuentro para voluntarios, de modo que cualquier persona interesada puede asistir y manifestar su disposición a apoyarnos en cualquier otra área.
Retos y desafíos
¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?
En este momento, el desafío de Codhez es mantener nuestros estándares de trabajo ante los riesgos de salud por la pandemia, y las dificultades asociadas a la emergencia humanitaria compleja, entre otras, la precarización de las condiciones de vida que solo se intensifican con el paso del tiempo.
Las amenazas vienen dadas por la hostilidad propia del contexto político. Nadie está exento de aquellos riesgos ni de estas amenazas. El compromiso por reivindicar un hogar mejor para todos los zulianos es nuestro sostén.
¿Podría detallarnos algunos casos emblemáticos o testimonios del trabajo realizado por Codhez de los que se sienta especialmente orgulloso?
En general, lograr la libertad de personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas es uno de nuestros primeros méritos. En tiempos más recientes, sumar a la discusión pública la situación de inseguridad alimentaria en la región zuliana, es también una importante contribución de Codhez.
Quizás la Feria de Derechos Humanos como espacio de encuentro es nuestra contribución a la esperanza por una vida buena. Un espacio que, desde hace cuatro años, convoca a involucrarse en el activismo por la reivindicación de nuestros derechos, demostrando que en nuestra diversidad podemos reunirnos para conversar sobre lo humano.
En la Feria activistas y organizaciones de derechos humanos del Zulia, Venezuela y América, convergen para presentar su trabajo al público. Además de los ciclos de conferencia, en la agenda se incluyen obras de teatro, danza, música, exposiciones de arte, conciertos en vivo, entre otras expresiones culturales, para masificar la cultura en derechos humanos.
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