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Informe de la Unimet denuncia violación sistemática de DDHH en Venezuela
La falta de conectividad y los bajos sueldos de los educadores ponen en riesgo el logro de los objetivos académicos planteados en todos los niveles

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH – Unimet) denunció la violación sistemática a los DDHH en Venezuela.

De acuerdo con el «Informe Sobre el Contexto y Patrones de Violación de Derechos Humanos en Venezuela», durante el 2021, el contexto venezolano presentó patrones de violación sistemática de los DDHH desde varios frentes. 

«Las condiciones de vida continúan lo que parece un imparable declive, hecho que afecta a todos los grupos que conforman la sociedad civil», añade el texto.

Asimismo, advierten que el gobierno continúa con sus políticas de control, utilizando la violencia y la persecución como herramientas principales y ahora enfocando sus esfuerzos en las ONG como principal objetivo.

También, recordaron que 2021 inició con una oleada de violencia por parte de los grupos irregulares que hacen vida vida en el país.

Al respecto, el CDH de la Unimet señaló que esta situación, tanto en Caracas, como en Apure y en Monagas, «demuestra una importante pérdida de control del territorio nacional por parte del Estado».

 

Por otra parte, se generó un contexto de vulnerabilidad exacerbado que ha obligado a miles de personas «a dejar todo atrás y buscar resguardo en otras localidades».

Según la institución, el disfrute de los derechos de los venezolanos también «ha estado comprometido por otras acciones gubernamentales».

A continuación, los hallazgos más resaltantes del informe. 

Acceso a vacunas

El CDH Unimet denunció que el acceso universal y gratuito a las vacunas contra el COVID-19, pandemia que ha cobrado la vida de más de 5.000 personas, según reportes oficiales, ha estado ligado a intereses políticos.

Según la institución, esa situación ha privado sobre el acceso a la salud de todos los venezolanos.

Como ejemplo, destacaron el uso del carnet de la patria para acceso a la vacuna, y supuestos casos de soborno presentados durante el proceso.

Educación y conectividad

De acuerdo con el informe, el acceso a la educación y la libertad académica también se vio afectado por el empeoramiento de los servicios básicos en un contexto de educación a distancia.

También, la falta de conectividad y los bajos sueldos de los educadores ponen en riesgo el logro de los objetivos académicos planteados en todos los niveles.

Lo anterior además evidencia, según el informe de la Unimet, «el nulo interés del Estado por garantizar una educación de calidad a su población».

Defensores de DDHH

El CDH Unimet advirtió que la de la Providencia Administrativa No. 001-2021 asienta en un instrumento jurídico la persecución sistemática a los miembros de las ONG que defienden derechos humanos. 

A juicio de la institución, esa providencia pone en riesgo no solo el derecho a la libertad de expresión de los defensores de derechos humanos, sino también el acceso a recursos para realizar sus operaciones.

«Al analizar el estatus del disfrute de los derechos humanos de los venezolanos, algunos casos resaltan como prueba del desmejoramiento continuo de las condiciones en este ámbito», agrega el texto.

CPI recibió a familiares de tres emblemáticos casos de violación de DDHH en Venezuela
Durante el encuentro con la CPI, las víctimas comunicaron la necesidad de que la institución incluya el delito de asesinato como parte de las investigaciones que realiza

Familiares de tres emblemáticos casos de violación a los Derechos Humanos en Venezuela comparecieron este lunes, 23 de mayo, ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Entre los recibidos por la CPI se encuentran el papá de David Vallenilla, asesinado frente a la Base Aérea La Carlota en 2017; la mamá de Neomar Lander, asesinado en Chacao en las protestas de ese mismo año y el hermano de Óscar Pérez, ejecutado en la denominada Masacre de El Junquito.

La información fue publicada en Twitter por Wilmer Azuaje, expreso político venezolano, quien también estuvo presente en el organismo con sede en La Haya.

Este es el primer encuentro en el que víctimas son recibidas directamente por las instituciones de la CPI, por lo que «representa un gran avance en la búsqueda de la justicia», según dijo Azuaje.

 

«Las víctimas de persecución, tortura, desaparición forzada y privación ilegítima de libertad tenemos derecho a conseguir justicia. Los crímenes no pueden quedar impunes», añadió Azuaje en su publicación.

Durante el encuentro con la CPI, los familiares y las víctimas comunicaron la necesidad de que la institución incluya el delito de asesinato como parte de las investigaciones que realiza.

«Seguiremos buscando justicia y apoyando las denuncias legítimas de quienes han sido víctimas de actos atroces que no se pueden repetir más nunca», apuntó Azuaje.

*También puede leer: Colombia cerrará sus fronteras con Venezuela entre el 28 y 30 de mayo por elecciones

Lacava demanda a activistas Alfredo Infante y Marino Alvarado por acusación de violación de DDHH
El abogado Joel García, especialista en derecho penal, explicó a Runrunes que no se comete el delito de difamación por pedir que se investigue a alguien

 

Los activistas Alfredo Infante y Marino Alvarado recibieron este 16 de mayo la notificación de una demanda por difamación del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, tras la solicitud de ambos de que se investigue su presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

«Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, demanda por ‘difamación’ al coordinador legal de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Marino Alvarado, y al padre Alfredo Infante (coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla), tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales», informó la ONG Provea en su cuenta en Twitter.

La organización aseguró que la demanda tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe Lupa por la Vida, durante la cual se aseveró que «la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava».

El mensaje fue acompañado de un video en el que Alvarado indicó que la notificación fue recibida el día de hoy por parte de un tribunal penal de Carabobo.

«Supuestamente, lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo», señaló Alvarado.

Apuntó que esta demanda es «la consecuencia» de ser exigentes en materia de derechos humanos y de alzar la voz por las víctimas de estos hechos.

Al respecto, insistió en que «pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad» en hechos de violación a garantías fundamentales y rechazó que estén acusando a Lacava de algún hecho.

«No estamos diciendo que el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad y esa es la labor del Ministerio Público», añadió.

Finalmente, Alvarado hizo un llamado a que sean investigadas no solo las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Carabobo sino los 1.414 hechos de este tipo que tuvieron lugar en 2021 en todo el país y los 3.034 contabilizados en 2020, según afirmó.

No hay tal difamación

En Runrunes consultamos al abogado Joel García, especialista en derecho penal, profesor universitario y defensor de derechos humanos, sobre la demanda a Infante y Alvarado.

El jurista indicó que no se comete el delito de difamación por pedir que se investigue a un funcionario público:

«Una cosa es hacer una imputación pública (decir que se investigue a alguien, como lo que están haciendo Alvarado e Infante) y otra cosa es hacer una denuncia. La denuncia la puede realizar cualquier persona cuando está en conocimiento de un hecho punible; si esa denuncia es maliciosa, es mentira, ahí sí es responsable [quien denuncia]. Pero en el caso de Alvarado él lo que está pidiendo es que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y se investigue al gobernador Lacava por la responsabilidad de los mandos que tiene. Pero en sí no hay difamación alguna».

Añade García que cuando Infante y Alvarado se refieren a Lacava dicen ‘exhortamos al Ministerio Público y al defensor del pueblo a que contribuyan con estas investigaciones’. No están difamando, están pidiendo que se investiguen«.

Con información de EFE

Gabriel Boric: En Venezuela ha habido un retroceso brutal de las condiciones democráticas
Gabriel Boric opinó, en entrevista a BBC Mundo, que el gobierno de izquierda en Venezuela es una experiencia que ha «fracasado»

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, aseguró que en Venezuela ha habido un retroceso brutal en las condiciones democráticas. «El éxodo de seis millones de venezolanos a lo largo del continente es la prueba más fehaciente de aquello», indicó el político chileno durante una entrevista con M24 Radio.

Boric afirmó que ese no es el camino de Chile. «Nosotros aspiramos a construir una izquierda profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sea capaz de ser crítica de sí misma”, expresó.

Durante el programa radial, Boric reiteró que quisiera establecer el principio irreductible de la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno. 

«No podemos tener doble estándar, no nos podemos perder. El alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar, incluso, justificando sus desviaciones o conductas que no son apropiadas, como limitaciones a libertad de expresión», dijo Boric.

El presidente electo indicó que la izquierda latinoamericana es un gran río del cual beber y del cual aprender permanentemente, tanto de sus fracasos como sus aciertos. 

«No hay que justificar los errores en adjetivos, algunas izquierdas latinoamericanas llenan sus discursos de adjetivos y no ven, en la práctica, el sufrimiento que están teniendo sus pueblos”, reiteró Boric.

La experiencia de Venezuela ha fracasado

Gabriel Boric opinó hace un par de semanas, en entrevista a BBC Mundo, que el gobierno de izquierda en Venezuela es una experiencia que ha «fracasado».

A pesar de que en declaraciones públicas, Boric expresó solidaridad con la «revolución bolivariana» al conocerse la muerte de Hugo Chávez, en 2019 denunció que el gobierno de Nicolás Maduro violaba los derechos humanos.

En julio de 2019, señaló que el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet sobre Venezuela es categórico.

«El gobierno de Nicolás Maduro está violando gravemente los derechos humanos. Desde la izquierda debemos condenarlo sin empates ni matices», aseguró Boric.

Anulan sobreseimiento a 50 policías acusados por violación de DDHH durante protestas de 2017 y 2018
La medida se conoce pocos días que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunciara una investigación sobre el país por las denuncias de violación de DDHH durante las manifestaciones ocurridas en 2017 y malos tratos a opositores en algunas cárceles

Foto: Reuters

La ONG Una Ventana a la Libertad denunció este lunes, 8 de noviembre, que un tribunal anuló un sobreseimiento solicitado por la Fiscalía para un grupo de 50 funcionarios policiales acusados por violación de DDHH s durante las protestas de 2017 y 2018.

A través de una nota de prensa, la ONG señaló que la medida afecta «a alrededor de 50 funcionarios policiales» del estado Barinas, quienes «aparecen incursos en actuaciones violatorias de los derechos humanos durante las protestas convocadas por factores opositores al oficialismo, durante los años 2017 y 2018».

De acuerdo con el juez Humberto José Zambrano, entre los acusados por estos hechos está «el comisionado Luis Ramón Valor, el supervisor Lundomar Angarita, el oficial jefe Carlos Alfonso Rivas y el oficial agregado Yurumay del Carmen Crespo».

Ante esto, la ONG agregó que el juez dijo que las averiguaciones contra los funcionarios policiales continuarán.

Investigación de la CPI

Esta medida se conoce pocos días después que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitara Venezuela y anunciara una investigación sobre el país por las denuncias de violación de DDHH durante las manifestaciones ocurridas en 2017 y malos tratos a opositores en algunas cárceles.

De acuerdo con Khan, si bien en el examen preliminar «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo», la «investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».

«La investigación, que ya se ha abierto, no es un camino de dirección única: es solo el punto de partida de un proceso», reza parte del comunicado de la CPI sobre el inicio de la investigación.

Advertencia del Foro Penal

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, advirtió en días pasados que el Estatuto de Roma, en su artículo 53, numeral cuatro, prevé que el Fiscal ante la CPI pueda reconsiderar su decisión de iniciar la investigación «si nuevos hechos o informaciones le demuestran que su intervención ya no es necesaria».

«Evidentemente, los perpetradores buscarán demostrar la existencia (real o no) de cambios para evadir la justicia internacional. En todo caso, no cualquier cambio circunstancial, político o social es determinante. La voluntad y la posibilidad de investigar los crímenes competencia de la CPI deben ser genuinas y exhaustivas y abarcar a todos los posibles responsables de los hechos a todo nivel», expresó Himiob.

 

Sin embargo, aclaró que cualquier eventual “capitulación” de la justicia penal internacional a favor de una propuesta de justicia local debería contar con la aprobación y el “visto bueno” de las víctimas.

Gobierno sigue sin acatar orientaciones de la Alta Comisionada sobre DDHH
Expertos en derechos humanos consideran que la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis política y judicial que vive Venezuela sigue siendo insuficiente

 

«Los jueces en Venezuela toman decisiones sobre la base de influencias personales o jueces y cortes de mayor rango», aseguró Carolina Villadiego, asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, en el foro web «Venezuela no coopera ni cumple con las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos».

Villadiego se refirió en su ponencia al sistema judicial en Venezuela y reiteró que no existe independencia judicial en este país, a pesar de que «el derecho al acceso a la justicia está protegido por el Tratado de derechos civiles y políticos de la ONU».

«Un elemento clave de la independencia judicial es que no tenga influencia política. Eso no sucede en Venezuela», añadió Villadiego, para quien «el TSJ ha tomado decisiones a favor del ejecutivo, arremetiendo contra los derechos humanos y cortes de menor rango».

En este sentido, añadió que al menos 81 jueces en 2019 «fueron nominados de manera discrecional por el TSJ», y este «es uno de los factores que arremeten contra la independencia judicial».

Además, Villadiego afirmó que en Venezuela «son frecuentes prácticas de corrupción por parte de personas de poder y dinero que influencian el proceso».

«Recomendamos al Estado a promover la independencia del proceso judicial y apegarse a las leyes que promueven el debido proceso y el estado de derecho», destacó.

Una respuesta insuficiente

Otra de las panelistas presentes en el foro fue María Daniela Rivero, abogada del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), quien consideró que, ante «la crisis humanitaria compleja» que se vive en Venezuela, «la respuesta de la comunidad internacional sigue siendo insuficiente, ya que no existen medidas internas que puedan resolver esta situación, la comunidad internacional debe actuar ante la falta de independencia judicial».

A juicio de Rivero, «la capacidad del Estado no está dando recurso legales a las víctimas», razón por la cual «la comunidad internacional debe promover mecanismos para remediar, sin proteger al Estado que no desea cumplir con sus obligaciones».

«Los mecanismos internacionales deben entender que el principio de complementariedad no puede ser un obstáculo para proteger los derechos humanos. Los cuerpos de derechos humanos deben ir más allá de las limitaciones impuestas. Venezuela necesita una respuesta de múltiples niveles porque el Estado venezolano no está cumpliendo con su deber de proteger los derechos humanos», sumó.

La directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Andrea Santacruz, también intervino en la conferencia para recordar que la Alta Comisionada Michelle Bachelet formuló una serie de recomendaciones urgentes, en materia de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, «que no se han aplicado».

Violaciones sistemáticas a los DDHH

«La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) indicó que fuerzas policiales debían cesar inmediatamente las ejecuciones extrajudiciales y debían desmantelarse las FAES. Como indica la FFM, las violaciones de derechos humanos en Venezuela se hacen de manera sistemática, lo que comporta crimen de lesa humanidad», afirmó.

Santacruz se refirió a julio 2019, cuando «el Estado Venezolano indica la Misión de Liberación del Pueblo, que se traduce en un enorme numero de casos de ejecuciones extrajudiciales. Entre 2016 y 209 hubo mas de 18.000 casos».

De igual manera, sostuvo que el gobierno «creó planes civiles y militares para reprimir manifestaciones en contra del gobierno. El Estado no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones hechas en este tema realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos».

«La tortura es una práctica sistemática en Venezuela. Hay una enorme taza de impunidad en estos casos. La Fiscalía solo presenta acusaciones en un porcentaje muy bajo de los casos», precisó.

El foro web «Venezuela no coopera ni cumple con las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos» fue organizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Justicia y Verdad Venezuela, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Provea, Alerta Venezuela, el Centro Global de la Responsabilidad de Proteger y la Comisión Internacional de Juristas.

Informe-Actualizacion-Alta-Comisionada-Versión-Final by Andrea González Parra on Scribd

Los que no se rinden | Codhez: Defensoría, Fiscalía y tribunales son instituciones anuladas
Las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia
La última Encuesta sobre Seguridad Alimentaria realizada en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, demuestra que el programa CLAP es inviable: la comida subsidiada no cubre las necesidades nutricionales de las familias ni está llegando a los hogares con la periodicidad que anuncia el gobierno

@nelapalaciosr

 

La Comisión para Derechos Humanos del Estado Zulia ( Codhez ) advierte que la Defensoría del Pueblo, los tribunales y el Ministerio Público son instituciones anuladas en Venezuela, porque ni están protegiendo a los venezolanos de violaciones de derechos humanos ni están defendiéndolos de los abusos de poder ni están sancionando a sus responsables, de manera efectiva.
El abogado Juan Berríos Ortigoza, coordinador general de Codhez y doctor en derecho, resalta también  que la calidad de vida del pueblo zuliano ha empeorado aún más tras la pandemia del coronavirus, especialmente por la inseguridad alimentaria y el colapso de los principales servicios públicos estatales: agua potable, electricidad, salud y educación, entre otros.
Además, las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019.

¿Cuántos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas ha registrado Codhez en el estado Zulia hasta el momento?

Destacamos los casos registrados a partir de 2017, cuando documentamos, en el contexto de las manifestaciones de ese año, la detención de al menos 635 personas, entre quienes 245 fueron presentadas ante un tribunal: 160 de ellas ante un tribunal penal ordinario, y 85 ante un tribunal militar. En ese mismo contexto reportamos la muerte de 14 personas, que aún se encuentran impunes, incluyendo la de Adrián Duque, un caso que hemos acompañado. También resaltamos la situación de tortura sexual a la que fue sometida una persona detenida ese año luego de haber sido detenida por manifestar. Este caso aún espera justicia.
Entre enero y febrero de 2019 también se desarrollaron protestas que conllevaron a detenciones arbitrarias. En específico, el 23 de enero registramos la detención de 57 personas. En este caso, a pesar de que los detenidos habían sido aprehendidos en lugares distintos, horas distintas, y no se conocían entre sí, fueron presentados ante los tribunales en lotes, en procedimientos masivos.

Con respecto a las muertes como consecuencia de la violencia policial en presuntos enfrentamientos, en 2018 monitoreamos 279 casos, mientras que el año pasado este número escaló hasta 657: 250 en el primer semestre y 407 en el segundo semestre. En contraste, en esos presuntos enfrentamientos, murieron dos funcionarios policiales en 2018 y tres en 2019. Detalles de estos y otros temas han sido publicados en nuestro informe anual 2019 sobre la Situación general de los derechos humanos en el Zulia: 


También publicaron un informe anual sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo. Precísenos las principales conclusiones de esa encuesta, por favor

Este informe contiene el estudio que hemos realizado en 2019 para diagnosticar el contexto del derecho a la alimentación en la segunda ciudad más poblada de Venezuela. En general, los resultados de nuestra segunda Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo demuestran que se ha mantenido la tendencia negativa de los datos arrojados en el 2018 y, en particular, la mayor vulnerabilidad de las poblaciones de los estratos socioeconómicos D y E, y de los wayuu y afrodescendientes.

Con esta encuesta quedó demostrado que el programa CLAP es inviable porque ningún hogar recibió esa caja o bolsa de comida cada mes, y mucho menos cada quincena.

Si bien el quebrantamiento del orden constitucional y democrático ha conllevado a una emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis responden a problemas estructurales. Tememos que no hay conciencia de este carácter estructural de la crisis y, por ende, que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.

Es preocupante, además, que el Estado esté siendo gestionado por grupos que anteponen la lucha por la conservación del poder político al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin discriminación alguna.


La encuesta que se realizó revela que 84,9% de los hogares reportó preocupación porque los alimentos se acabaran. 8 de cada 10 hogares se quedó sin alimentos. En 8 de cada 10, los adultos dejaron de tener una alimentación saludable, tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos y comieron menos de lo que debían. También en 8 de cada 10, los adultos sintieron hambre pero no comieron; en 3 de cada 4, los adultos dejaron de desayunar, almorzar o cenar.  Y en 2 de cada 10, los adultos comieron solo una vez al día o dejaron de comer durante todo un día.

La situación alimentaria de los menores de edad también es muy preocupante: en 7 de cada 10 hogares, niños y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable. En 5 de cada 10, dejaron de desayunar, almorzar o cenar. En 6 de cada 10, sintieron hambre, pero no comieron. Y también encontramos hogares donde los niños y adolescentes comieron una sola vez al día o no comieron nada durante todo un día. El ingreso de las familias es insuficiente para comprar alimentos.

La mitad de hogares encuestados declaró ingresos de 200.000 bolívares (Bs) o menos (equivalentes a USD 13,03 para la fecha de la encuesta) y gastos para alimentarse entre 200.001 y 500.000 Bs (USD 13,03 a USD 32,56 en agosto de 2019). Esta incapacidad de las familias para valerse por sí mismas demuestra los problemas que experimenta la mayoría de hogares para acceder a alimentos, en particular, los proteicos como las carnes. El informe completo está al alcance de todos en nuestro portal: 


Violación sistemática de derechos humanos


¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21 para Venezuela?

Las últimas dos décadas han conllevado a mayor pobreza, y por tanto, a una violación sistemática de derechos humanos. Hemos observado cómo el desconocimiento de las libertades ha supuesto el quebrantamiento de las estructuras económicas y sociales, y por tanto, la precarización de las condiciones para un nivel de vida adecuado, mientras se han debilitado, y luego anulado, las instituciones que debían contener y sancionar los abusos en el ejercicio del poder político: tribunales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo.

¿Cómo evalúa Codhez la actuación del TSJ, Ministerio Público y órganos del Poder Moral en Venezuela?

Se trata de instituciones que no han cumplido con su propósito constitucional: proteger y garantizar los derechos humanos, investigar las violaciones a éstos y sancionar a los responsables. La evidencia de que no han cumplido con ese propósito es la emergencia humanitaria compleja que padecemos.

Transición y democratización

Si llega a abrirse un proceso de transición y democratización en Venezuela, ¿cuáles serían las tres principales recomendaciones que daría a los líderes de ese proceso para garantizar el respeto de los derechos humanos en territorio nacional y corregir las fallas del sistema actual?

La primera, considerar la preeminencia de los derechos humanos como premisa fundamental e ineludible que debe orientar todas las decisiones que se tomen. Este es un valor previsto en la Constitución no por casualidad sino porque es el desiderátum de la sociedad venezolana: el respeto, la protección y la garantía de la dignidad humana deben preponderar. En consecuencia, deben atenderse con urgencia, desde ya incluso, las necesidades de la gente: desconocer los problemas sociales incentiva el desinterés general por la participación política.

Asimismo, la transición no debe ser entendida solo como un arreglo político-partidista o de élites. Reclama, para su legitimidad y viabilidad, ser entendida como un proceso que conlleve a la justicia, la recuperación de la confianza, la integración social y, por tanto, la restauración democrática, que no se logrará si no se reconoce la diversidad política, cultural y social propia de cualquier sociedad.

El desafío será apreciar la cuestión nacional de la transición no como una coyuntura, sino como una problemática estructural que exige conversaciones, difíciles pero necesarias, para revisar de forma consciente las causas de esta emergencia histórica. En estas conversaciones debe darse lugar a la participación de la sociedad civil.

¿Cómo describiría usted la situación de los derechos humanos de los zulianos actualmente? Tomando en cuenta los informes anuales que publica Codhez y que evalúan a profundidad temas tan sensibles como el de la situación del sector salud, la crisis eléctrica, el hambre, la desnutrición y la falta de servicios públicos tan básicos como el del suministro de agua potable, ¿cuáles serían los principales problemas que enfrenta el Zulia hoy y cómo podríamos empezar a solucionarlos?

Para solucionarlos es necesario que se reconozcan. Esto no ha ocurrido. Los zulianos sentimos que estos problemas son ignorados. Y de hecho, entendemos que es un sentimiento compartido por el resto del país. Priorizar, aunque es una tarea necesaria, es difícil en una circunstancia tan compleja. En todo caso, pudiéramos apuntar a un plan de recuperación económica como una fórmula necesaria para incentivar la mejora de las condiciones básicas de vida.

En el Zulia ha habido iniciativas recientes en este sentido en el ámbito académico. El restablecimiento de la prestación de los servicios de electricidad y agua potable con calidad para todos es, de seguro, una reivindicación que la mayoría de los zulianos identificaría como primordial. También, el de los servicios de salud y educación, que han sido muy afectados en los últimos años. La deficiencia en estos ámbitos está comprometiendo nuestro presente y futuro. En todo caso, esto debe ocurrir en un escenario que propicie seguridad, respeto, protección y garantía a las libertades, con instituciones de justicia y defensa de los derechos humanos que cumplan con su rol constitucional.

5 años y contando…

¿Cómo y cuándo nace esta organización?

Codhez fue fundada en junio de 2015 por iniciativa de cinco abogados que convergimos en la documentación y defensa de situaciones violatorias de derechos humanos durante las manifestaciones contra el gobierno nacional en 2014. En esa época se conformó una coalición de profesores y estudiantes de derecho de las universidades del Zulia y Rafael Urdaneta, el Colegio de Abogados del Estado Zulia, y abogados voluntarios, para registrar lo que estaba ocurriendo, y además, prestar asistencia legal gratuita a quienes fueran detenidos de forma arbitraria. El registro quedó asentado en un par de informes que dieron cuenta, con detalle, de lo que había ocurrido en el Zulia.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

En la época en que convenimos fundar Codhez, a mediados de 2015, el contexto era de persecución y violencia política, aunque ya eran evidentes los síntomas de lo que luego evolucionó a una emergencia humanitaria compleja. Desde entonces, la situación, en relación con el respeto, la garantía y la protección a los derechos humanos solo ha empeorado. No obstante, a pesar de las dificultades, diversas iniciativas sociales y comunitarias se han desarrollado, en procura de la reivindicación de los derechos de todos, propiciando el espacio cívico necesario para lograr la restauración del orden democrático en el país.

¿En qué áreas se desempeña la organización?
Nuestro propósito es observar la situación general de los derechos humanos en el Zulia, hemos atendido casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, también, hemos hecho seguimiento de la situación de inseguridad alimentaria a través de una encuesta basada en el cuestionario tipo de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Elcsa), y del monitoreo quincenal de la oferta y el precio de los alimentos desde octubre de 2018 en el municipio Maracaibo.

En los últimos meses hemos proseguido nuestro estudio sobre inseguridad alimentaria mediante un sondeo aplicado mediante un formulario electrónico con el objetivo de conocer la situación en otros municipios del Zulia, indagando sobre el consumo diario y semanal de alimentos, así como las estrategias que afrontan los hogares para lograr alimentarse.

¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta Codhez?

Unos eran abogados litigantes, otros recién estaban comenzando sus carreras profesionales en el área del derecho, y en mi caso, aún me dedico a la docencia y la investigación jurídica en el área universitaria. En cierta forma ya estábamos involucrados, aunque desde nuestros espacios, en la promoción y defensa de los derechos.

¿Qué servicios ofrece?

Promovemos y defendemos derechos humanos a través de la documentación de situaciones violatorias, prestando asistencia legal y acompañamiento psicológico en caso de ser necesario. También, hemos realizado talleres de formación para activistas, abogados y periodistas, en tanto actores claves para la reivindicación de los derechos humanos.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En este momento en Codhez hay 10 personas activas en nuestra organización en las áreas de documentación, empoderamiento (asistencia psicológica y trabajo comunitario), defensa (asistencia legal) y comunicaciones.

 

Alianzas estratégicas


¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

En 2017 tuvimos como iniciativa la conformación de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), que agrupa un conjunto de 15 organizaciones y activistas de derechos humanos en diversas áreas: derechos de las mujeres, ambientales, pueblos indígenas, salud sexual y reproductiva, salud mental, movilidad urbana, y anticorrupción, y que al día de hoy es una referencia de trabajo colectivo por los derechos humanos en la región zuliana y el país.

De hecho, desde 2018 organizamos un Encuentro por los Derechos Humanos, como estrategia para incentivar el espacio cívico en nuestra región, con el objetivo de reunir y propiciar alianzas entre diversidad de actores de la sociedad civil zuliana (activistas y organizaciones de derechos humanos, fundaciones, gremios, universidades).

También, hacemos parte de la red nacional de defensores de derechos humanos, y en concreto, hemos sido apoyados por Civilis, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el ámbito internacional, hemos promovido actividades en conjunto con Asuntos del Sur, una organización argentina que promueve la innovación política.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

El Zulia es una región muy empobrecida. La vulnerabilidad de las personas que hemos atendido viene dada por cuestiones estructurales, entre otras, situaciones de precariedad económica, abandono, violencia, inseguridad, amenazas y abusos de funcionarios civiles y militares, que empeoran por la falta de respuesta de las instituciones que tienen el mandato constitucional de resolver esas situaciones.

¿En qué zonas operan?

En la actualidad Codhez opera en Maracaibo, aunque hacemos un monitoreo sobre la situación general en toda la región: Guajira, Perijá, Sur del Lago y Costa Oriental del Lago.

¿Cuentan con voluntariado?

Sí, contamos con una red de voluntarios que nos apoyan, en particular, para nuestras tareas de documentación y promoción de nuestros eventos, sobre todo para el Encuentro por los Derechos Humanos y la Feria de Derechos Humanos.

¿Cómo pueden ayudar a esta organización las personas que estén interesadas en hacerlo?

En la documentación, reportando sus denuncias de situaciones violatorias a derechos humanos en toda la región a través de los canales que tenemos a disposición: nuestras redes sociales (@Codhez en Facebook, Instagram y Twitter), nuestra web o nuestra dirección de correo electrónico codhez@gmail.com. Asimismo, cada año Codhez convoca un encuentro para voluntarios, de modo que cualquier persona interesada puede asistir y manifestar su disposición a apoyarnos en cualquier otra área.

Retos y desafíos

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

En este momento, el desafío de Codhez es mantener nuestros estándares de trabajo ante los riesgos de salud por la pandemia, y las dificultades asociadas a la emergencia humanitaria compleja, entre otras, la precarización de las condiciones de vida que solo se intensifican con el paso del tiempo.

 



Las amenazas vienen dadas por la hostilidad propia del contexto político. Nadie está exento de aquellos riesgos ni de estas amenazas. El compromiso por reivindicar un hogar mejor para todos los zulianos es nuestro sostén.

¿Podría detallarnos algunos casos emblemáticos o testimonios del trabajo realizado por Codhez de los que se sienta especialmente orgulloso?

En general, lograr la libertad de personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas es uno de nuestros primeros méritos. En tiempos más recientes, sumar a la discusión pública la situación de inseguridad alimentaria en la región zuliana, es también una importante contribución de Codhez.

Quizás la Feria de Derechos Humanos como espacio de encuentro es nuestra contribución a la esperanza por una vida buena. Un espacio que, desde hace cuatro años, convoca a involucrarse en el activismo por la reivindicación de nuestros derechos, demostrando que en nuestra diversidad podemos reunirnos para conversar sobre lo humano.

En la Feria activistas y organizaciones de derechos humanos del Zulia, Venezuela y América, convergen para presentar su trabajo al público. Además de los ciclos de conferencia, en la agenda se incluyen obras de teatro, danza, música, exposiciones de arte, conciertos en vivo, entre otras expresiones culturales, para masificar la cultura en derechos humanos.

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Foro Penal exige que comisión de la ONU tenga acceso a centros de reclusión

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL FORO PENAL se pronunció este 9 de septiembre ante la actualización del informe presentado ante el consejo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. 

Foro Penal celebró que se haya dado continuidad a la evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y el hecho de que se haya tomado en cuenta las observaciones de distintas ONG sobre las graves violaciones a los DDHH. 

La organización espera que exista una verdadera voluntad de avanzar por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y que se le permita al equipo de Bachelet el acceso a los centros de reclusión donde se encuentran presos políticos, como la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta Norte, las sede del Sebin, el Helicoide y La Tumba, entre otros. «Instamos a que se permita el acceso a los representantes de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a las audiencias en tribunales de detenidos y presos políticos», indicó Foro Penal en un comunicado.

Por otra parte, la organización aseguró que el uso de cuerpos de seguridad como armas para la intolerancia y la persecución política no ha cesado. «2019 sigue siendo el año con mayor número promedio de presos políticos registrado hasta ahora. Las detenciones se caracterizan por la continuidad de las agresiones, malos tratos y torturas», afirmó el comunicado de la organización. 

Foro Penal aseguró que desde la presentación del informe original de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, se produjeron 12 nuevos arrestos arbitrarios, de los cuales 2 personas quedaron formalmente privadas de libertad. Desde esa fecha, en total, se han producido un total de 89 excarcelaciones. De estas personas excarceladas, 74 quedaron sujetas a medidas cautelares, cinco fueron excarceladas después de haber sido forzadas a admitir los hechos, cinco fueron liberados sin haber sido presentados y cinco quedaron en libertad plena.

Foro Penal registró un total de 478 presos políticos, mientras que 8906 personas siguen sujetas a procesos penales injustos y arbitrarios bajo medidas cautelares que restringen su libertad. De acuerdo con los registros de la organización desde 2017, 848 civiles, detenidos políticos, han sido presentados ante fiscales y tribunales militares, situación inconstitucional y violatoria de los derechos humanos que se mantiene.