Violación

El Movimiento Ecológico de Venezuela estudia preparar una propuesta sobre la aplicación de la castración química para quienes cometan el delito de la violación

La campaña «no se tocan», contra el abuso sexual infantil, es tendencia desde la noche del 24 de octubre, luego de que varios casos de violaciones a menores de edad conmocionaran a todo el país. 

La noticia de un abuelo que abusó sexualmente durante varios años de sus seis nietas en Caracas, todas menores de edad, y el caso de una niña de 5 años que fue violada y asesinada en el estado Carabobo acaparan hoy las conversaciones en espacios como Twitter, Instagram y TikTok.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura del «aberrado sexual» que violó a seis de sus nietas en Petare, estado Miranda, mientras que las autoridades aún mantienen la búsqueda de los sospechosos por el homicidio de la niña en Carabobo.

Por este caso también están tras la búsqueda de Edgar Amaya, tío de las niñas, ya que una de ellas dijo que no solo era su abuelo que abusaba de ella, que su tío también lo hacía. El sujeto se encuentra en fuga https://t.co/3Ardgq8bbK

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) October 25, 2022

Casos recurrentes

El pasado 11 de octubre se conoció que el cuerpo de una niña de 11 años fue hallado en la vía pública del sector Nueva Esperanza, Brisas de Palo Alto de Los Teques. 

Las investigaciones determinaron que la menor se encontraba en una bodega cercana comprando azúcar cuando Amado Díaz Lugo (69) la golpea y la lleva hasta una vivienda donde Luis Alberto Sánchez Rodríguez (39) abusa sexualmente de ella y luego la asesina estrangulándola.

Posteriormente, el homicida saca el cuerpo de la casa y lo abandona en una zona boscosa adyacente a la vía pública.

Se conoció que después de la presentación de los sujetos ante el Ministerio Público,  Armando Díaz Lugo fue asesinado en prisión.

#11Oct #Miranda

Funcionarios de la División de Homicidios del CICPC practicaron la aprehensión de dos sujetos por el homicidio y abuso sexual de una menor identificada como Yulianny A. H. R. de 11 años en Los Teques. pic.twitter.com/Efs5aeX1f9

— Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) October 11, 2022

#Actualización

Se conoció que después de la presentación de los sujetos ante el Ministerio Público fue asesinado Armando Díaz Lugo.

Vídeo: RRSS pic.twitter.com/RjrStehsG6

— Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) October 13, 2022

Exigencia de justicia al unísono

Instituciones públicas, partidos políticos, agrupaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales, cuerpos de policías y funcionarios con cargos de elección popular han expresado dolor y rechazo por estos hechos,  ante los cuales exigen, al unísono, justicia.

Los niños #NoSeTocan. Hoy Venezuela está adolorida por las terribles noticias de abuso infantil. La pérdida de valores, la impunidad, la ausencia de instituciones, reinan en el país. Con absoluta seriedad deben generarse planes concretos de prevención y sanción. pic.twitter.com/wXSSfKQcwE

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) October 25, 2022

No podemos tolerar bajo ninguna circunstancia que se siga cometiendo este tipo de abusos físicos y sexuales hacia nuestros niños y niñas.

Justicia para las víctimas y castigo a los culpables.

¡Nuestros niños y niñas #NoSeTocan!#DerechosHumanos 🇻🇪 pic.twitter.com/LR3H8Jr4OT

— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) October 25, 2022

La @Asamblea_Ven debe iniciar reforma legal para establecer sanción con treinta (30) años de prisión por delitos de violencia sexual, y no podrán otorgarse los beneficios procesales, ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena#NoSeTocan pic.twitter.com/fgVlSRJR9Y

— Wilson Gómez Guevara (@WilsonGomezGB) October 25, 2022

Propondrán castración química contra abusadores

El Movimiento Ecológico de Venezuela estudia preparar una propuesta sobre la aplicación de la castración química para quienes cometan el delito de la violación.

Alejandro Aguilera, secretario general de los verdes, aseveró que quienes abusan sexualmente de otros –y más si las víctimas se tratan de niños inocentes– deben ser castigados definitivamente para que no vuelvan a cometer este tipo de actos «aberrantes».

Recordó que países como Indonesia, Polonia, Rusia, Corea del Sur y en algunos estados de los Estados Unidos se aplica la castración química a quienes cometen los delitos sexuales contra menores de edad.

“La castración química es la utilización de medicamentos destinados a reducir la libido y reducir la actividad sexual. Se ha empleado como posibilidad en el manejo de la pedofilia, la pederastia y para impedir que violadores reincidan”, dijo.

Afirmó que llevarán la propuesta tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo nacional para su discusión y evaluación en aras de desarrollar este mecanismo con quienes agredan sexualmente a niños o adultos.

“La Fiscalía General de la República también debería dar su opinión sobre nuestra propuesta y determinar la viabilidad de la misma dentro del órgano legal venezolano”, apuntó.

Antes de conocerse los casos de ayer, el Cicpc había informado de la detención de 14 personas -en los últimos 30 días- por explotación sexual, siendo la mayoría de las víctimas menores de edad. 

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La organización insiste en que la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos no es un delito

Durante el mes de septiembre, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 49 nuevas violaciones en contra del derecho a defender los derechos humanos en Venezuela. 

A través de un informe, el CDJ explicó que de los 49 hechos registrados, 27 fueron estigmatización, 18 intimidación y hostigamiento, y 4 amenazas. 

La organización mostró su preocupación por los continuos esfuerzos por parte del Estado de ubicar e identificar a las personas y organizaciones como “enemigos”, con el fin de criminalizar y neutralizar su labor.

El Centro para los Defensores y la Justicia insiste en que la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos no es un delito, por lo que exige el cese inmediato de la política de criminalización y la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa de derechos humanos. 

La organización pidió a los distintos actores políticos y de la comunidad internacional velar porque se establezca un entorno propicio y seguro para la defensa y exigencia de derechos en Venezuela con el fin de garantizar que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a represalias o limitaciones arbitrarias.

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Médicos Unidos Venezuela, a través de su cuenta en Twitter, afirmó que el documento carece de elementos formales para ser validado como consentimiento informado

Expertos consultados advierten sobre posible vulneración al derecho a la salud, a la integridad física y a la vida 

@yeannalyfermin | Foto: EFE

El pasado viernes, 16 de julio, la Organización no Gubernamental (ONG) Médicos Unidos Venezuela publicó a través de su cuenta en Twitter el supuesto documento de consentimiento para la vacunación que debió ser firmado por todas las personas que recibieron la primera dosis del prototipo Abdala, la «vacuna cubana» que aún está en fase experimental y que no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. 

“Este es el documento de consentimiento informado (aunque con errores) que debió ser firmado por quienes recibieron la primera dosis del prototipo Abdala. Al parecer, se hará firmar en la segunda dosis. Esto incumple los procedimientos éticos de cualquier estudio”, se lee en tuit que publicó la ONG.

#Opinión.
Este es el documento de consentimiento informado (aunque con errores) que debió ser firmado por los que recibieron la 1ra dosis del prototipo Abdala. Al parecer se hará firmar en la 2da dosis. Esto incumple los procedimientos éticos de cualquier estudio.
Ud lo recibió? pic.twitter.com/lQOBj0CH8U

— Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) July 16, 2021

Médicos Unidos por Venezuela cuestiona que el documento no se corresponde con lo que debe tener un consentimiento informado para participar en un ensayo clínico, es decir, no deja claro que el prototipo Abdalá no es una vacuna, y que la misma no cuenta con los estudios necesarios para inmunizar a la población. 

La ONG dejó claro que el documento carece de elementos formales para ser validado como consentimiento informado.

Violación a los derechos humanos

Jaime Lorenzo, médico cirujano y director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela, explicó que cuando se realiza un ensayo clínico donde no se respetan las pautas internacionales, se vulneran los derechos humanos de todos los ciudadanos. 

«Cuando un aspirante a vacuna incumple las normas básicas que rigen la materia, es una violación flagrante de los los derechos humanos», afirma Lorenzo. 

El director de MUV explicó cómo debería ser el proceso que debe cumplirse en un ensayo clínico. 

«En un ensayo clínico se le debe decir a los participantes cómo va a ser el estudio, si se va a utilizar la figura del doble ciego, es decir, si unas van a ser vacunadas con la candidata a vacuna y otras con placebo, para determinar cuál de los dos grupos sufren más consecuencias ante el contagio con la enfermedad», dijo Lorenzo.

Sobre el derecho que tiene cada paciente cuando participa en un ensayo clínico, Jaime Lorenzo aseguró que toda persona puede renunciar al estudio así se haya colocado una dosis. 

“Lo que tú firmaste no te obliga a terminar el tratamiento. Si una persona se siente mal y no quiere seguir, debe notificarlo y no debe haber represalia de ningún tipo”, dijo.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 83, reconoce la salud como derecho social fundamental y estableció la obligación del Estado de garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida.

Respecto a los derechos que vulnera la aplicación de un producto que aún no ha sido internacionalmente reconocido como vacuna, la abogada de la ONG Acción Solidaria, Natasha Saturno, afirmó que aplicar a la población un prototipo sin haberle informado debidamente de los riesgos y sin haber obtenido un consentimiento previo firmado y claramente otorgado por la persona, puede constituir una violación al derecho a la salud por parte del Estado.

El director de Médicos Unidos Venezuela exhortó al gobierno a que deje de jugar con las necesidades de las personas que claman por una vacuna que les permita estar protegidas contra el COVID-19.

«Ya basta de faltar el respeto a los ciudadanos y llevar a personas que tienen una gran necesidad hasta psicológica de sentirse tranquilos porque están vacunados, eso es lo peor, y eso no tiene ningún calificativo en función de la dignidad humana», dijo Jaime Lorenzo. 

Lo que no dice el documento

Aunque en el documento publicado por MUV aparece que el prototipo Abdala fue producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba (CIGB), este no especifica datos relevantes, como quién está financiando el estudio ni el alcance del mismo. 

El director de Médicos Unidos Venezuela explica que a todos los participantes en un ensayo clínico se les debe decir qué se espera conseguir con el producto que se le está aplicando y los posibles daños que pueden sufrir. 

En el documento publicado en Twitter se lee que las reacciones adversas que puede producir el candidato vacunal Abdala van desde dolor, ligera hinchazón, enrojecimiento,  dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y cansancio, pero no advierte de las reacciones graves, pero poco frecuentes, como reacciones alérgicas (anafilaxia), síndrome de trombosis-trombocitopenia, síndrome de Guillain-Barré, miocarditis, pericarditis y hasta la muerte, en casos muy raros. 

«Todas esas cosas se le deben explicar a las personas que van a participar en un ensayo clínico para que ellos acepten o no colocarse la vacuna y todo eso se hace antes del proceso, no cuando ya van a aplicar la segunda dosis, porque eso es una violación fragante de la ética y los estudios bioéticos», dijo el director de MUV.

La Organización Panamericana de la Salud destaca en su página web que toda  investigación que involucra a personas debe ser siempre revisada y aprobada previamente por un comité que asegura que la investigación propuesta es ética.

El texto también señala que en caso de complicaciones, se le debe informar a los participantes sobre la atención que pueden recibir (tratamiento gratuito y compensación adicional) cuando sufren algún daño a raíz de alguna intervención o procedimiento de la investigación.

«Los dependientes de los participantes tienen también derecho a una compensación material por la muerte o discapacidad de alguno de ellos como resultado directo de su participación en un estudio», asegura la OPS.

El rechazo 

Sobre la eficacia de este prototipo de vacuna, Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, informó el pasado mes de junio que después de aplicarse tres dosis con 14 días de diferencia, Abdala brinda un 92,28% de protección contra el virus y también contra sus variantes Alpha, Beta y Gamma. Sin embargo, Ayala no presentó pruebas, ni los resultados experimentales han sido compartidos para revisión de pares en alguna publicación científica de renombre. 

#Abdala | Alcanza 92.28% de eficiencia con su esquema de 3 dosis y se convierte en el segundo de los #CandidatosVacunalesCubanos que alcanza los requisitos exigidos por la @WHO pic.twitter.com/2xk7uT6pxQ

— CIGBCuba (@CIGBCuba) June 21, 2021

El pasado 30 de junio, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, Aseguró que Abdala todavía no tiene autorización de uso de emergencia por parte de la OMS, por lo que invitó a Cuba a terminar los ensayos de fase 1, 2 y 3 y presentar los resultados para que sean evaluados y pueda considerarse su autorización.

El prototipo de vacuna, que solo se aplicado en Cuba y Venezuela,  ha sido rechazado en varias oportunidades por el sector científico y académico del país. 

A través de un comunicado, las Academias nacionales del país manifestaron su preocupación por las jornadas de vacunación convocadas por el Estado debido a que consideran el prototipo como «producto de dudosa credibilidad científica».

«Abdala no cuenta aún con la aprobación por los organismos internacionales competentes en la materia, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), como tampoco de la evaluación por pares internacionalmente reconocidos. Por tratarse de un producto experimental, no debe aplicarse a la población general, ya que no hay información de su eficacia en la protección contra el SARS-COV-2 así como tampoco su inocuidad», se lee en el texto.

El Centro Nacional de Bioética de Venezuela (Cenabi) advirtió que ese producto experimental no debe ser aplicado como vacuna a la población general. «Cuando se aplican estos productos con carácter experimental se hace en grupos limitados de personas con buena salud, generalmente adultos jóvenes, que han dado libremente su consentimiento informado, siguiendo un protocolo aprobado por un Comité de Bioética», detallan. 

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Las fiscales Russi y Labozzetta reclaman la prisión preventiva del acusado y en su apelación hicieron hincapié en la importancia que tiene el relato de la víctima

Dos fiscales apelaron la polémica decisión de una jueza de dejar en libertad a un hombre acusado de violar a una joven venezolana en Buenos Aires, un caso que ha despertado indignación en Argentina.

Según confirmaron fuentes judiciales, la apelación fue presentada por Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 41, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

En una presentación conjunta, ambas procuradoras reclamaron la revocación del beneficio de la libertad otorgado al acusado como «el único medio útil para asegurar los fines del proceso, la integridad de la víctima y el cumplimiento de los compromisos del Estado argentino en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres». La excarcelación había sido concedida días atrás por la jueza a cargo del caso, Karina Zucconi.

El hombre, identificado como Humberto Garzón, dueño de una tienda de ropa de trabajo en el barrio capitalino de Once, está acusado de violar a una joven venezolana de 18 años el pasado día 23, el mismo día que ésta había comenzado a trabajar en el local con él. «Para ello, le dio una bebida que tenía una sustancia que la dejó inconsciente y en un estado de indefensión», indicó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web.

La jueza Zucconi argumentó que no existían razones para suponer que el hombre va a intentar eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación y tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales del acusado para dejarlo en libertad mientras continúa el proceso.

Las fiscales Russi y Labozzetta reclaman, en cambio, la prisión preventiva del acusado y en su apelación hicieron hincapié en la importancia que tiene el relato de la víctima, «cuya vida e integridad debe ser preservada, ya que es lo prioritario».

Explicaron que en los episodios de violencia sexual, el testimonio de la víctima es generalmente la prueba directa principal y por eso el deber del Estado es extremar los recaudos para asegurar no sólo su integridad física sino también la psicológica y la libertad de participar en las distintas instancias judiciales sin temor ni presiones. Recordaron además que el acusado intentó fugarse cuando la policía llegó a su comercio.

El caso ha generado indignación tanto en Argentina como en Venezuela, países en los que este viernes 29 de enero se registraron protestas para pedir justicia y prisión para el agresor de la joven venezolana.

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ESTE TÍTULO CORRESPONDE a una frase en carta dirigida en 1897  por el presbítero Baltazar Vélez a su coterráneo el periodista y político colombiano Carlos Martínez Silva, respaldando su artículo Al borde del abismo.  En el mismo, Martínez hacía un llamado angustioso a liberales y conservadores para que acordaran el cese de la violencia.  En Venezuela estamos al borde del abismo y pareciera que algunos dirigentes quieren dar un paso al frente. Por ello imploramos,  a quienes actúan de buena fe, a lograr acuerdos que permitan salir de este totalitarismo aderezado de narcotráfico, que entregó nuestra soberanía a Cuba  y puso en peligro nuestro derecho sobre el Esequibo.  

Hay dos frentes en los que requerimos actuar. Uno de ellos es entendernos entre quienes deseamos que cese la usurpación de Maduro y su partida de corruptos lo antes posible. El otro, indudablemente controversial, es con quienes están o han estado más o menos cercanos al régimen, no están incursos en violaciones a los derechos humanos y quizá perciben que para bien del país y de ellos mismos es necesario un cambio. 

La primera tarea debería ser coser y cantar. Lamentablemente no es así. Las causas van desde miopía para visualizar una estrategia factible, hasta posibles intereses políticos o personales. Como presumimos la buena fe, apostamos a la miopía como causa de los desencuentros. No es que unos sean miopes y otros no. El punto es que todos somos miopes. La causa no es por falta de inteligencia, ni de formación política, sino porque enfrentamos una situación inédita de un régimen con apoyo de la Fuerza Armada, del Tribunal Supremos de Justicia, de la guerrilla colombiana,  Hezbollah y hampa común, con algunos actores narcotraficantes y corrupción por doquier. Además, que cuenta con el apoyo de la dictadura castrista y fuerte simpatía de los gobiernos autoritarios de China y Rusia. 

Es decir que lo primero que debemos aceptar es que la usurpación no cesa debido a que cuenta con recursos para mantenerse. No es porque existe una oposición   complaciente, oficialista y entreguista que no le importa cohabitar con la dictadura, y otra inmaculada que quiere que la usurpación cese inmediatamente.  

Afirmar que hay una oposición que quiere arrebatarle el poder a quienes lo usurpan y otra que prefiere dialogar y aparentar que desea un cambio es tener una percepción equivocada de nuestra realidad. Muchos creyeron, entre ellos quien esto escribe, que la Fuerza Armada iba a reaccionar por la   brutal represión del régimen a las protestas de calle, los asesinatos, torturas, encarcelamientos, exilios, las sanciones económicas y el desconocimiento a Maduro por más de cincuenta países. Hasta ahora no ha sido así, aunque no puede descartarse que ocurra. Otros, más ilusos, cifraron sus esperanzas en una intervención militar extranjera, la cual nunca estuvo planteada por ningún país y que, aunque muchos no lo consideran así, traería a la larga consecuencias no deseadas. Independientemente que estemos o no de acuerdo, el  TIAR y la invocación del artículo 187-11 no desencadenarán una intervención por la fuerza, aunque es de esperar que el primero derive en nuevas y más severas sanciones.

El diálogo tampoco es la panacea, debido a que este tipo de régimen no sale por las buenas. Ambas partes lo dan por concluido. Sin embargo será inevitable que algunos actores conversen bajo nuevos parámetros. Con suficiente presión y manejo político quizá se podría lograr una implosión en las filas rojas.   

No habrá salida mientras no exista mayor presión interna. La misma tiene que ser una huelga general y presencia masiva en las calles de todo el territorio nacional. Se  ha preguntado nuestra dirigencia ¿por qué la gente prefiere buscar refugio en otros lares en vez de resistir activamente en Venezuela? ¿ Será acaso que no perciben un liderazgo unido que al unísono los convoque y ofrezca una mejor opción?  Estamos conscientes de que con la represión del régimen la gente está temerosa de participar en una huelga general y amilanada ante los asesinatos, torturas y encarcelamiento de muchos que han protestado en las calles. Sin embargo, en otros países se ha logrado. Nuestra dirigencia tiene la palabra. Somos intransigentes con los intransigentes.

Como (había) en botica: Un apreciado amigo que llegó a esta tierra en 1949 y a la cual aportó mucho, me comenta que nuestros dirigentes deben evidenciar con hechos que son  amantes de su patria dispuestos a dar todo por ella. Los tenemos, pero hay que descartar algunos. Criticar el Informe Bachelet porque omitió algunos hechos es una insensatez. El mismo es contundente.  El secuestro y torturas al reportero gráfico Jesús Medina no puede ser ignorado, tampoco el mal estado de salud del secuestrado político Vasco Da Costa. Según fuentes secundarias de la Opep, la producción de Venezuela  en agosto fue de 712.000 barriles; en el 2001 fue de 3.267.000 b/d. Por el despido de casi 23.000 trabajadores calificados, la incorporación de activistas políticos, la falta de inversión y de mantenimiento, la producción se redujo en 2.555.000 b/d ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! 

eddiearamirez@hotmail.com

ESTADOS UNIDOS SEÑALÓ este miércoles a Cuba, Irán, China y Venezuela como países donde se comenten graves violaciones de los Derechos Humanos, y destacó también la crítica situación de esas libertades en Arabia Saudí, Rusia y Birmania, en el informe anual del Departamento de Estado sobre la materia.

El informe, relativo a 2018 y que sirve como referencia al Congreso a la hora de conceder ayuda exterior, contiene información sobre unos 200 países del mundo e identifica varias tendencias globales preocupantes, como el tráfico de personas, la corrupción y las violaciones a las libertades civiles.

DESDE LA MADRUGADA y hasta las 5:30 de la tarde del 23 de febrero, IPYS Venezuela registró 13 casos de violaciones a la libertad de expresión y los derechos digitales en Venezuela en el contexto de las movilizaciones y acciones del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, lideradas por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.

IPYS Venezuela, con el apoyo del Observatorio Abierto de Interferencia de Internet, recogió evidencias de tres bloqueos digitales que han ocurrido durante el día. Los usuarios de Cantv han tenido dificultades para acceder a las plataformas de YouTube y a las herramientas de Google, debido a las medidas de censura que comenzaron a ocurrir a partir de las 11 de la mañana. Se conoció que hubo una orden expresa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que también censuró el portal del diario colombiano El Tiempo.

Entre el 22 y el 23 de febrero proveedores privados y estatales, tanto de la red fija como móvil, han bloqueo de manera intermitente la plataforma de Facebook, y prohibieron el acceso a contenidos en las páginas ayudaylibertad.com, venezuelaaidlive.mdstrm.com y, venezuelaaidlive.com. Estas páginas fueron bloqueadas por orden expresa de Conatel, de acuerdo a la información que recibió IPYS Venezuela.

El ente regulador de telecomunicaciones también ordenó censurar a la Televisión Nacional de Chile de la parrilla de programación de Directv, que ofrece servicios de TV por suscripción en Venezuela. En horas de la tarde del mismo día 23, Conatel presionó a emisoras de Apure, estado fronterizo con Colombia, para prohibirles cubrir los conflictos de calle. El día anterior, este organismo bloqueó los canales NatGeo y Antena 3, desde Directv y los servicios televisivos de Movistar.

IPYS Venezuela ha registrado seis hechos de retenciones, robos y agresiones que afectaron a periodistas de medios nacionales y extranjeros que cubrían los hechos de conflictos en los estados Táchira, Lara, Zulia y el área metropolitana de Caracas. Estas acciones contra la prensa han sido dirigidas por grupos armados y/o cuerpos de seguridad del Estado.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela exige que se garantice el derecho a la información de los ciudadanos, tanto en los entornos tradicionales como digitales, y recuerda que el acceso a la información y la expresión no pueden ser suspendidos ni siquiera en situaciones de emergencia, de acuerdo con los principios constitucionales.

EL PRESIDENTE DE FEDECÁMARAS, Carlos Larrazábal, indicó este jueves que la Comisión de Investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vendrá a Venezuela el 9 de febrero, por un período de 10 días, para constatar las denuncias sobre supuestas violaciones de derechos laborales.