Trinidad y Tobago debe garantizar y proteger los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Así lo la manifestado Amnistía Internacional hoy en una carta abierta al primer ministro Keith Rowley tras la deportación, el 21 de abril, de 82 personas procedentes de Venezuela.
“Millones de personas de Venezuela huyen de una crisis de derechos humanos sin precedentes en su país. Necesitan un salvavidas, no ser devueltas a un país en el que pueden sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) ha declarado que en el grupo se encontraban personas registradas como solicitantes de asilo y personas que habían declarado su intención de solicitar la condición de refugiadas.
Las deportaciones colectivas están prohibidas por el derecho internacional, pues violan los principios de no penalización, no devolución y confidencialidad, así como los derechos al debido proceso y a la protección judicial.
“Si realmente se ha devuelto a las personas deportadas sin una evaluación individual de su situación o sin darles la oportunidad de impugnar su orden de deportación, sin que se les expliquen sus opciones legales en una lengua que comprendan, y sin acceso a sus abogados o al ACNUR, las acciones del gobierno de Trinidad y Tobago han minado el debido proceso, la política del propio gobierno sobre el asilo y las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos.”
“Ahora más que nunca, los Estados como Trinidad y Tobago deben garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, incluido el creciente número de personas procedentes de Venezuela que necesitan con urgencia protección internacional. Si no lo hacen, estarán ignorando el compromiso del país de proteger los derechos humanos», dijo la Directora de AI.
Presentación del video editado para programa Zurda Konducta sobre el asesinato de Juan Pablo Pernalete
La divulgación de información reservada sobre los asesinatos de Juan Pablo Pernalete (20) y Armando Cañizáles (17) violan los artículos 286 del Código Orgánico Procesal Penal y el 49 de la Constitución Nacional, pero además, evidencian la intención del Gobierno por crear una matriz de opinión que atribuya la muerte de los jóvenes a cualquier otra causa distinta a la represión de los cuerpos de seguridad del Estado
CON LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA de los avances de la investigación en torno al asesinato de Juan Pablo Pernalete, ocurrido el miércoles 26 de abril en Altamira, municipio Chacao, y del menor de edad Armando Cañizales, ocurrida el miércoles 3 de mayo en Las Mercedes, municipio Baruta, no solo se violan disposiciones legales que comprometen la búsqueda de la verdad de manera imparcial y objetiva, sino que además queda en evidencia una estrategia para “exculpar” al Estado y a los funcionarios que reprimieron la manifestación.
“Con la información que se divulgó a través de varios medios de comunicación, como la portada del diario Últimas Noticias y el programa Zurda Konducta, no solo se viola el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 49 de la Constitución Nacional, sino que además se busca enlodar la investigación adjudicando a priori la muerte de los jóvenes a un sector político o a otro, lo cual es sencillamente repulsivo”, explica la abogada procesalista Claudia Mujica.
De manera similar, el ministro de Interior, Néstor Reverol, ofreció detalles reservados de la investigación sobre la muerte de Armando Cañizales. Dijo que al cuerpo del joven «se le extrajo una esfera metálica cromada que tiene algún parecido con este sistema de rodamiento que se utiliza para vehículos llamado rolineras”. Explicó que esa esfera le provocó una perforación en la carótida que le originó una hemorragia interna y su posterior muerte. El ministro, que proviene de la Guardia Nacional, agregó que «estos hechos forman parte de acciones terroristas donde se infiltran para asesinar a personas, culpar al gobierno y generar una conmoción”.
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El abogado Joel García, miembro de la ONG Fundeci, recuerda que en otros casos de asesinatos ocurridos en manifestaciones en los que se ha comprobado la acción de funcionarios del Estado, ejemplos son el caso de Basil Da Costa y Jonathan Uzcátegui, se condenó a los culpables pese a todos los esfuerzos del Estado y de los medios de comunicación bajo su control por obstaculizar la investigación.
“En todos los casos en los que es evidente que es la policía la que actúa, el gobierno corre hacia adelante para entorpecer la investigación. En ese caso es obvio que quienes reprimen son funcionarios del Estado así que buscan atribuir la muerte a cualquier otra causa para desmarcarse inmediatamente de la responsabilidad y exculpar a la Guardia Nacional”, concluye García.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, recordó en una entrevista con Cásar Miguel Rondón realizada el viernes 05 de mayo de 2017, que en las protestas de 2014 el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, también hizo acusaciones similares en torno a las muertes de los manifestantes. Para Bolívar, la estrategia comunicativa del Gobierno va enfilada a desvicular a las autoridades, específicamente a la Guardia Nacional Bolivariana, de toda responsabilidad en los asesinatos.
¿Qué dispone el artículo 286 del COPP?
El Ministerio Público y todos los que están involucrados en la investigación tienen la obligación legal de guardar la reserva de las actuaciones. Es decir, no pueden hacer público ningún aspecto de la investigación.
De acuerdo con el Código Penal, infringir esa normativa puede constituir un acto que afecte la debida administración de justicia, toda vez que se parcializa la toma de decisiones. El MP podría abrir una investigación por la difusión de información como las supuestas imágenes del cuerpo de la víctima.
La Defensoría del Pueblo ya debería haber designado a un funcionario para que forme parte de la investigación de acuerdo con el mismo artículo 286, puesto que se presume la participación de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en la ocurrencia del delito.
Mujica explica dos aspectos claves a considerar en el caso del asesinato de Juan Pablo Pernalete: primero, se trata de un hecho público y comunicacional que el joven de 20 años estaba ejerciendo su derecho constitucional a la protesta pacífica al momento de su asesinato; en segundo lugar, que las fuerzas del orden público han ejercido un uso indebido de la fuerza para reprimir las manifestaciones, en consecuencia, lo que queda por determinar es cómo ocurrieron los hechos, qué produjo la muerte del joven.
Crear esta matriz de opinión cuando la fase de investigación tiene pocos días de adelanto afecta la investigación en sí misma, pero también la paz social ya que hay un sector que llora y sufre por la muerte de estos jóvenes mientras que otro actúa con fines políticos, argumenta Mujica.
La diferencia: Pernalete y Cañizales sí estaban protestando
Contrario a lo expresado a posteriori por familiares de otras víctimas de la reciente ola de represión a manos del cuerpos de seguridad del Estado, es público -y confirmado por sus allegados-, que tanto Pernalete como Cañizales estaban ejerciendo su derecho a la manifestación al momento de su muerte. Además, hay videos que evidencian que los cuerpos de seguridad presentes en el momento de los asesinatos disparaban los gases lacrimógenos en ángulo directo hacia los manifestantes. Eso hace estos casos distintos y es la razón por la cual la sociedad está tan conmovida, dice la abogada procesalista.
Esta particularidad podría ser la razón por la cual el aparato comunicacional pro gobierno ha sido tan rápido en crear una matriz de opinión que “exculpe” al Estado y al funcionario que hubiera cometido el delito.
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«Hago un llamado urgente al Presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano”, dijo Dudamel tras el asesinato de Cañizales, quien era músico del Sistema.
“El gobierno busca contaminar la investigación. Con la publicación de la supuesta autopsia y las fotos buscan desvirtuar la investigación, darle una connotación política con fines propagandísticos. Ojalá que los funcionarios del MP, quienes son los responsables de la acción penal, no se presten a una vagabundería como sesgar la investigación”, sostiene el abogado Joel García, miembro de la ONG Fundeci.
Con la divulgación de versiones interesadas se viola también el derecho al honor y reputación de estos jóvenes, derecho que es susceptible de protección aun de manera póstuma, explica García.
