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El abogado Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar por lo que se introdujo ante la Fiscalía Quinta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha responsabilizarse sobre el paradero de Salazar

@yeannalyfermin

La última vez que vieron a Carlos Salazar fue en Punta de Piedras en la calle Los Módulos, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Vestía franela naranja, bluyín azul y zapatos deportivos.

Salazar, de 60 años, jubilado de Pdvsa, desapareció el pasado 5 de febrero de 2023 a las 5:30 p.m. mientras se encontraba haciendo unas diligencias personales y desde entonces no se tiene información oficial sobre su ubicación. 

Andrea Castellanos Salazar, sobrina del señor Salazar, precisó que lo han buscado en la policía estadal, comandos militares, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión (Conas), así como en la Fiscalía 12 del Ministerio Público de la entidad, y no han logrado dar con su paradero.

Al leer estos primeros párrafos, pareciera que la desaparición de Carlos Salazar es común y muy similar a otras que han ocurrido en el pasado; sin embargo, no lo es. Un testigo allegado a la familia Salazar contó que al jubilado se lo llevaron varios hombres vestidos de negro a bordo de una camioneta blanca doble cabina sin placas y otros dos carros negros pequeños, también sin placas. 

El boleto a la desaparición fue un video 

La grabación de un video que se hizo viral en redes sociales fue el boleto directo a la desaparición de Carlos Salazar. El audiovisual, que según contó Castellanos fue grabado a finales de enero, mostraba al empresario colombiano Alex Saab junto a un joven que se presume es su hijo de compras en una tienda en la Isla de Margarita. 

“Ta’ ahí con el carajito, hablando por teléfono. ¡Qué arrecho! Como se da bomba aquí en Margarita, el ‘malandro’, ese qué arrecho ese m&@$#/o. Mira el ‘malandro’ de Álex Saab que está entrando ahí con el carajito, hablando por teléfono. Qué arrecho”, se escucha en el video, mientras Saab ingresaba la entrada de una tienda deportiva.

DETENIDO Y EN DESAPARICIÓN FORZADA POR GRABAR A ALEX SAAB#11Feb Informan Familiares por sus RRSS q el ING CARLOS SALAZAR LAREZ fue detenido por el Régimen y se encuentra en DESAPARICION FORZADA por grabar este video de Alex Saab el cual se convirtió en viral#DondeEstaCarlos pic.twitter.com/aA6LfXeY65

— Sol Rojas (@Sol651) February 11, 2024

Andrea Castellanos detalló que cinco días antes de que desapareciera su tío ya lo andaban investigando para dar con su paradero. “Él le contó a un amigo abogado que sentía que lo estaban persiguiendo, también le dijo que varias personas le habían comentado que estaban preguntando por él, por su mamá y por su hermano mayor. Ese lunes salió y no regresó más”, dijo. 

Castellanos relató que a Salazar se lo llevaron y le habrían mencionado que era por motivo de investigación, sin decirle la razón exacta. “Se lo llevaron junto a un testigo que es exmilitar retirado. Al exmilitar lo sueltan y no le devuelven su teléfono. El carro de mi tío también está desaparecido, un Mazda 6 plateado”. 

“No sabemos dónde está mi tío, no sabemos dónde está su carro, no sabemos nada. En los organismos policiales solo nos dan información negativa. Grabar un video fue todo el delito que cometió”, aseveró Castellanos. 

El abogado y miembro del Foro Penal, Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar, por lo que se introdujo ante la Fiscalía 5ta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha querido informar o responsabilizarse sobre dónde lo tienen detenido.

“Lamentablemente, no podemos introducir un Hábeas Corpus porque para utilizar ese recurso teníamos que obligatoriamente decir quién es el agraviante y aquí como no se sabe quién es el agraviante -si la GNB, Dgcim, Sebin,  ninguno de esos organismos- pues se incrementa más la incertidumbre de la desaparición de Carlos”, explicó Arévalo. 

El abogado aseguró que grabar un video, y específicamente el video que grabó Carlos Salazar, no constituye un delito: “Carlos Salazar grabó un video en un pasillo de un centro comercial, un lugar público, no es dentro de la vivienda de Alex Saab, ni de la tienda donde estaba… que en ese momento estaba entrando Saab tampoco es un delito porque es una figura pública, ¿que si utilizó expresiones grotescas?, sí, pero no hay ningún tipo de circunstancias de delito”, dijo.

Familia desesperada 

Hasta el momento de la redacción de esta nota, Carlos Salazar llevaba 11 días desaparecido y su familia estaba desesperada por saber en dónde y cómo está. 

Andrea Castellanos afirmó que todos viven una incertidumbre muy grande y exigen una fe de vida. 

“Quiero respuestas, quiero saber cómo está él, su salud, si va a ser procesado o presentado en algún tribunal, quiero saber si, dentro de lo que cabe, está bien”, pidió la joven. 

Castellanos detalló que su tío es una persona muy tranquila y amable. No tiene esposa ni hijos y desde su jubilación se ha dedicado a cuidar de su madre, quien tiene 90 años y no está al tanto de la situación de Carlos por temor a que su salud se vea afectada. 

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El Ministerio Público informó a través de su cuenta en Twitter que las cinco personas ya están plenamente identificadas

Este martes, 22 de noviembre, circuló por las redes sociales un video en el que se evidencia a cuatro mujeres torturando y abusando sexualmente de un niño de unos siete años aproximadamente. 

En pocas horas, el audiovisual se hizo viral y causó gran conmoción en la comunidad de Twitter, red social en donde el hecho generó repudio y se exigía ubicar a las responsables del delito. 

El Ministerio Público informó a través de su cuenta en Twitter que las cinco personas ya están plenamente identificadas, dos de ellas serían familiares del menor, por lo que se designó a un fiscal para investigar el hecho. 

«Tras las «investigaciones preliminares», la Fiscalía ubicó en una urbanización del estado Lara (oeste) el lugar donde estas personas «intentaron asfixiar mientras violaban a un niño de 5 años», quienes -aseguró- serán sancionadas con la «pena máxima de 30 años de cárcel», dijo Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta Constituyente. 

William Saab además informó que sancionarán «de manera implacable a los padres del niño (…) por haberlo abandonado a merced de estos criminales», para los que se solicitarán «las respectivas órdenes de aprehensión y alerta roja a Interpol».

Adelantó que la Fiscalía imputará a las cuatro mujeres por «homicidio calificado en grado de frustración, lesiones personales graves, abuso sexual a niño y asociación para delinquir», y a la persona que grabó el video.

Allanaron residencia donde ocurrió el abuso

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram que funcionarios de este cuerpo policial constataron que la vivienda donde ocurrió el abuso «está deshabitada» y pertenece a la abuela del niño.

La Delegación Municipal de Barquisimeto constató que la residencia pertenece Yelitza Páez, alias Chicho, abuela del niño.  Se presume que los involucrados en el hecho integran un grupo hamponil.

Las autoridades buscan con intención de captura a Aldimar Alina Lucena Páez, de 25 años, a Yelitza Elena Páez, de 54 años, a Katherine Lucena Páez, de 30 años, y a otra mujer por identificar.

También, están tras la pista del hombre que hacía la grabación.

Entre enero y octubre de este año, la Fiscalía contabilizó 1.024 casos de pedofilia, informó, el pasado 2 de noviembre, Saab, quien indicó que fueron imputados 1.426 agresores y que, hasta ese momento, se condenó a 752 personas a penas de entre 25 y 30 años por este delito.

 

 

 

 

 

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A través de su cuenta en Twitter, Saab indicó que los dos ciudadanos «instigaban al asesinato de las personalidades públicas»

El pasado 14 de abril, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, dictó orden de aprehensión en contra de los ciudadanos Olga Mata y Florencio Gil Mata, quienes son acusados por “instigación al odio” hacia funcionarios públicos tras la publicación de un vídeo cómico en la red social TikTok.

A través de su cuenta en Twitter, Saab indicó que los dos ciudadanos «instigaban al asesinato de las personalidades públicas», por lo que solicitó al tribunal cuarto de primera instancia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo la detención de la señora de 72 años. 

En la parodia, se observa a la señora vendiendo arepas y al ser consultada sobre los rellenos que tenía disponibles decía: «Tengo la Tarek William Saab rellena de huevo, tengo la Hugo Chávez rellena de mortadela, la Diosdado Cabello de perico, la Iris Varela hecha de harina pran y tengo la viuda que es la Cilia Flores». En el fondo, alguien le mencionaba: «Pero esa todavía no está viuda», a lo que la señora respondía:  «Bueno, pero eso es lo que todos deseamos».

#DICTADA ORDEN DE APREHENSIÓN contra Olga Mata y Florencio Gil Mata: por el#Delito de *PROMOCIÓN AL ODIO acordado por el Tribunal… Dichos sujetos #instigaban al asesinato de personalidades públicas pic.twitter.com/WX3n7njb07

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 14, 2022

La ONG Espacio Público se pronunció por el caso y a través de un mensaje publicado en su cuenta en Twitter indicó que grabar y difundir un video no es motivo de detención.

Grabar y difundir un video ejerciendo su derecho a la #LibertadDeExpresión en su dimensión individual y social, a través del humor, no es motivo de detención ni es delito #18abr pic.twitter.com/s5CW0fnfeo

— Espacio Público 🗣️ (@espaciopublico) April 18, 2022

La defensora de Derechos Humanos, Tamara Sujú, también rechazó la actuación contra estas personas y acusó al fiscal Saab de fabricar «decenas de expedientes falsos en  la Dgcim para perseguir a la oposición, civiles y militares».

Indicó también que sus funcionarios «han estado presente en torturas y él mismo, incapaz y cómplice, ha permitido que sus colegas, Cabello, Maduro y su Tren Ejecutivo instiguen al odio contra los venezolanos sistemáticamente».

Para concluir, Sujú instó a Saab a «ponerse a la orden de la justicia».

#Venezuela Tarek William Saab, acusado ante la @IntlCrimCourt
X su Inducción, acción y complicidad en la comisión de Crimenes d LH acusa a Olga Mata (72) x "Instigacion al Odio" cuando el mismo y su Ofic han provocado decenas de Exp Falsos en #DGCIM para perseguir a la oposición pic.twitter.com/PySW1YKSBE

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) April 18, 2022

Civiles y Militares, sus funcionarios han estado presente en Torturas y el Mismo, incapaz y cómplice, ha permitido q sus colegas, Cabello Maduro y su Tren Ejecutivo, Instiguen al Odio contra los Venezolanos sistemáticamente. Deberías ponerte a la orden d la Justicia!

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) April 18, 2022

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TREJO COMUNICACIONES Estratégicas lanzó en su canal de YouTube «Y política», videos con una apuesta sencilla, de producción simple y guión fresco que busca la atención de un público informado, que revive momentos históricos y que utiliza la carnada de la curiosidad para involucrar a perfiles más escépticos en discusiones de orden político.

En este primer episodio, el espectador recordará cómo en el fútbol la política hacen vida y los lamentables capítulos que ha generado su simbiosis. Tal es el caso de Henrikh Mkhitaryan perdiéndose la final de la UEFA solo por ser armenio; pero también momentos grandiosos como Didier Drogba poniéndole fin a la guerra civil de su natal Costa de Marfil. Recordaremos en arquitectura y política a los nazis y sus construcciones megalómanas; pero también el acierto que significó el Museo Guggenheim para Bilbao; y hasta llegamos a especular en moda y política, porqué los calcetines de Justin Trudeau tienen motivos tan coloridos.

A continuación el video: 

EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, Jorge Rodríguez, presentó videos en los que se revelan más detalles sobre el supuesto golpe de estado gestado por la oposición venezolana que dice tenía como objetivo acabar con la vida del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Constituyente (ANC), Diosdado Cabello y Cilia Flores, en los días 23 y 24 de junio.

Rodríguez dice que hay 59 horas de videos, testimonios y conversaciones telefónicas “entre los terroristas” que según pretendían lograr también la liberación del general Raúl Isaías Baduel.

El funcionario señaló que las pruebas que dejan ver el intento de golpe están en manos de la fiscalía de la República para las investigaciones.

Tras mostrar fragmentos del material, señaló las supuestas partes del plan para desestabilizar al Estado venezolano. Una de ellas las pretensiones de asesinar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Cilia Flores.

A través de VTV hizo público un audio con una conversación entre alias “Simón” (hijo del general Baduel), alias “Atanasio” y alias “Camejo”, donde hablan acerca del supuesto plan de magnicidio que involucraba a grupos israelíes y ex policías

También se intentaría “robar” tanquetas de la base aérea La Carlota para apostarlas en la avenida Sucre de Caracas “para asesinar a cualquier persona que bajara por esa vía”.

Jorge Rodríguez hizo énfasis en que no son presunciones las que muestra el Estado sino evidencias en la que de la propia voz de los implicados se conocen los supuestos planes terroristas.

Ante esto, chavista cuestionó que la oposición esté de acuerdo con acciones de magnicidio y violencia. Al mismo tiempo, rechazó que gobierno élites de Estados Unidos (EEUU), tales como Chile y Colombia no se pronuncien al respecto.

Juan Guaidó intentó montar un ‘fake’ intentando decir que se le espichó un caucho en plena autopista y él mismo se bajó.

Más temprano, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público iniciará las investigaciones de los intentos de golpes entre los que estarían involucrados Eduardo José Báez, Antonio Rivero, Ángel Ortíz, Ramón Antonio Lozada, Manuel Christopher, Raúl Isaías Baduel, Carlos David Guillén, Rafael Huizi Clavier, Miguel Castillo Cedeño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo José Gregorio Valladares, Clíver Alcalá y Josenars Baduel.

IMÁGENES FUERTES. Runrun.es decidió publicar el siguiente video cumpliendo con su responsabilidad de informar y por considerar que su contenido es de interés público. Las imágenes fueron tomadas el miércoles 24 de mayo, cuando funcionarios de la Policía del estado Bolívar dispararon con armas de fuego contra estudiantes que participaban en una manifestación en la UDO. Esta acción es un delito de lesa humanidad, viola los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de DD HH, el artículo 68 de la Constitución y la Ley de Policía Nacional. Además muestra una conducta inhumana por parte de los policías, que impidieron que se brindara atención médica adecuada a los heridos

EN EL VIDEO SE ESCUCHA la voz de un hombre joven que narra los hechos, personas gritando, heridos en el piso y víctimas ensangrentadas. Así transcurren los 15 minutos de la grabación realizada por un testigo y publicada en Youtube. Muestra lo ocurrido en el decanato de la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Ciudad Bolívar, durante la protesta estudiantil del miércoles 24 de mayo. Funcionarios de PoliBolívar dispararon con armas de fuego contra los manifestantes y ocasionaron heridas graves a varios estudiantes.

En las imágenes se observa el espacio del decanato que fue utilizado para recibir a las víctimas. En ese breve lapso, los paramédicos y estudiantes de medicina atendieron a varios heridos de bala, entre ellos a Augusto Puga, estudiante de Enfermería de 22 años, que ingresó con una herida de bala en la cabeza.

Después de unos 40 minutos, y tras una tregua para poder desalojar la universidad sin ser reprimidos, Puga pudo ser trasladado al Hospital Ruiz y Páez, donde falleció pasadas las 7:00 pm en el quirófano, tras una intervención que duró más de una hora. Fuentes médicas informaron que había sufrido un paro cardíaco.

Al momento,el jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi) del estado Bolívar aseguró que Puga había muerto por un golpe que recibió al caerse de una platabanda en la UDO. Sin embargo, tres días después, el sábado 27 de mayo, el Ministerio Público informó que imputaría a tres funcionarios de la Policía de Bolívar por su presunta vinculación con la muerte del estudiante.

Con su actuación los funcionarios policiales violaron los artículos 3 y 5 de la declaración de DD HH, referidos al derecho a la vida y al derecho a la integridad física; el artículo 68 de la Constitución, que garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y prohíbe el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones; y el artículo 70 de la Ley de Policía Nacional, sobre uso proporcionado de la fuerza. Por está razón, Runrun.es decidió publicar el video que muestra explícitamente imágenes de este hecho de represión violenta.

RUNRUN.ES UNIÓ VARIOS VIDEOS difundidos por usuarios en redes sociales, que muestran cómo un civil armado dispara contra manifestantes con distintas armas de fuego y desde diferentes ángulos, ubicado en las instalaciones del Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED) de Pdvsa, en La Tahona, municipio Baruta.

El hombre se aprecia disparando con una escopeta, la cual parece “aliñar” colocando en la boca del arma posiblemente un cartucho con una metra u otro tipo de objeto. También se observa cuando saca lo que parece ser una pistola y dispara en varias ocasiones contra un grupo de personas que protestaban en ese municipio del sureste de Caracas.

En el mismo lugar también se ve a un uniformado con un arma larga, presumiblemente un AK-103, en posición de tiro desde el techo del CIED. Las imágenes fueron recogidas por vecinos de la zona aproximadamente a las 3:00 de la tarde del lunes 22 de mayo. 

El civil que dispara pudiera ser funcionario de algún cuerpo de seguridad del Estado, pero no está uniformado, ni tiene alguna insignia que lo identifique. Sin embargo, se puede observar que maneja las armas con destreza y pericia.

Hermanos Sánchez, dirigentes juveniles de Primero Justicia

Ni el Ministerio Público ni la juez Josepline Flores autorizaron al presidente Nicolás Maduro a difundir el video incriminatorio, desmintiendo así la versión del primer mandatario. Durante la audiencia de presentación, la fiscalía negó incluso conocer la existencia del material audiovisual y el tribunal solicitó averiguar quién autorizó a Maduro

@GitiW

EN LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN de los hermanos Francisco José y Francisco Alejandro Sánchez, llevada a cabo la noche del lunes 17 de abril de 2017, trascendió que ni el Ministerio Público ni la juez Josepline Flores autorizaron al presidente Nicolás Maduro a difundir el video en el que uno de los dirigentes juveniles de Primero Justicia incrimina a varios diputados opositores de incitar actos de vandalismo durante las protestas.

Tanto la fiscalía como el tribunal 10 de control fueron un paso más allá. El MP negó que tuviera conocimiento del video y la juez solicitó una investigación para determinar quién autorizó al presidente la difusión del mismo.

“El material audiovisual ni siquiera formó parte del expediente”, apuntó Joel García,  abogado de los dirigentes y miembro de la ONG de Derechos Humanos, Fundeci.

“El fiscal negó conocer el video y cuando le preguntamos a la juez si ella había autorizado su difusión, respondió que el Ministerio Público era el titular de la acción penal, es decir, se lavó las manos. El presidente actuó solo y mintió públicamente sobre tener autorización”, dijo García.

¿Para qué se grabó entonces el video si no fue usado como prueba por la fiscalía? García especula que se realizó únicamente con fines propagandísticos, versión que se corresponde con la percepción del secretario general del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, quien afirmó que la persecución que ya vivió Voluntad Popular, le toca ahora a PJ.

Una mentira: ocho delitos

“Sorprende que el presidente Maduro se pronunciara sobre hechos que ni la fiscalía ni la defensa conocíamos”, afirmó García.

En la cadena nacional donde se difundió el video, el primer mandatario acusó a los hermanos Sánchez de terrorismo. El abogado de Fundeci explica que con esa acción, Maduro incurrió, al menos, en ocho delitos:

1. Violó el derecho al honor y la protección de la reputación de Francisco Alejandro Sánchez (Art. 60 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela);
2. Violó su derecho a la defensa, ya que sus abogados no conocían este material previamente (Art. 49 CRBV);
3. Violó su precepto constitucional (Art. 49 literal 5), el cual estipula que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, aclara además, que la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza, cosa que niega Francisco Alejandro Sánchez, quien afirmó ante la jueza que fue objeto de tortura física y psicológica antes de acceder a realizar la grabación, para la cual le suministraron un guión detallado de lo que debía decir;
4. Violó el artículo 33 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura: “Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley y en consecuencia, acarreará responsabilidad penal y administrativa”;
5. Violó el artículo 132 del COPP, según el cual la declaración del imputado será nula si no la hace en presencia de su defensor;
6. Violó el artículo 117 del Código Orgánico Procesal Penal que obliga a los funcionarios a guardar reserva sobre la investigación;
7. Maduro incurrió, además, en el delito de difamación (Art. 442 del Código Penal), el cual prevé penas de prisión. “Quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de un año a tres años y multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.). Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena será de dos años a cuatro años de prisión y multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.)”.
8. Violó el artículo 296, literal A, del Código Penal: “Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”.

“Mándennos a cualquier cárcel, pero sáquennos del Sebin”

Las denuncias de tortura física y psicológica formaron parte de las declaraciones de los hermanos Sánchez ante la juez Flores, confirmó el abogado defensor.

Francisco Alejandro describió que pasó tres días colgado de un brazo, incomunicado y aislado, recibiendo amenazas a la integridad física de su familia.

“En un momento los jóvenes dijeron que preferían ser enviados a cualquier cárcel, con tal de que los sacaran del Sebin”, dijo García. El padre de los jóvenes declaró en la Asamblea Nacional que sus hijos “preferían ir al infierno a regresar al Sebin”, debido al temor que sentían hacia su integridad física y moral. No obstante, su padre narró que los muchachos dijeron que «los habían doblado, mas no quebrado».

La aversión al SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) no es gratuita. Desde su detención arbitraria, los morochos fueron objeto de una cadena de violaciones al debido proceso, entre las que están: derecho a la libertad; desaparición forzada, ya que el Sebin negó a sus padres, abogados e incluso a la fiscalía tener a los jóvenes o conocer su paradero.

“Fue tras unos tweets del ministro Reverol que se confirmó dónde estaban”, explicó García.

Se violaron además el derecho a ser presentado en 48 horas, el derecho a la comunicación con abogados desde el inicio del proceso y el derecho a la cadena de custodia de los artículos que les incautaron, a saber, dos celulares, un koala, las llaves del carro y dos gorras tricolor.

La defensa solicitó al tribunal el pronunciamiento inmediato sobre cada uno de los derechos violados. “Solicitamos oficiar de conformidad con el artículo 15 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles e inhumano al Defensor del Pueblo; además, solicitamos la nulidad absoluta y la libertad plena para nuestros defendidos”, describe la abogada y defensora de DD. HH, Elenis Rodríguez.

“La juez 10 de control negó la nulidad de las actas, negó la solicitud de oficiar de conformidad con el artículo 15 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles e inhumano al Defensor del Pueblo -dijo que lo hiciéramos nosotros-; negó lo solicitado por el Ministerio Público en oficiar a la Dirección de derechos fundamentales para que inicie la investigación contra los funcionarios torturadores del Sebin. Con respecto al video mostrado por Nicolás Maduro, la juez ordenó al Ministerio Público que investigue quién lo autorizó”, reseñó Rodríguez.

Finalmente, admitió la precalificación fiscal y ordenó la privativa de libertad y como sitio de reclusión, Tocorón. «La celeridad y severidad de la pena en este caso contrasta con la mayoría de las decisiones de jóvenes manifestantes a quienes se les suele otorgar alguna medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad», explica García. 

Hasta el momento, los jóvenes de 22 años, estudiantes universitarios, permanecen bajo custodia del CICPC.