La hermana del capitán detalló que De la Sotta ha conocido todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataud” y la “Casa de los sueños”
Al capitán Luis de la Sotta lo detuvieron el 18 de mayo de 2018 en la estación naval Bahía de Turiamo, en el estado Aragua, por presuntamente instigar y liderar el golpe de Estado denominado “Operación Armagedón”.
Según el medio oficialista Misión Verdad, la “Operación Armagedón” se gestó en 2017 y tenía como objetivo tomar la Base Aérea de la Carlota en Caracas, evitar la reelección de Maduro en las presidenciales de 2018, y finalmente, el magnicidio del gobernante.
La versión que ofreció el medio oficialista cuenta que la operación estuvo supuestamente integrada por efectivos militares, civiles, así como también por Oswaldo Álvarez Paz, del partido Copei, y la dirigente política de Vente Venezuela, María Corina Machado. Aseguran también que contó con el financiamiento de Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, esto nunca se llegó a comprobar.
En contraparte, Molly de la Sotta, hermana del capitán de navío, afirmó que el caso de su hermano es una venganza por haber denunciado a su jefe.
“Mi hermano denunció a su jefe, Edwar Ojeda Sojo, porque utilizaba al personal militar para construir su casa en la playa, también reclamó que le robaba la comida a la tropa y lo acusó de ladrón”, dijo.
Junto a De la Sotta, otros 32 militares resultaron detenidos e imputados sin pruebas por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra decoro militar.
Víctima de torturas
Cuenta la hermana del capitán Luis de la Sotta, Molly de la Sotta, que desde el primer día que lo detuvieron en Turiamo fue golpeado por cuatro hombres con palos de madera, asfixiado con una bolsa plástica, y que le aplicaron descargas eléctricas en los pies y polvo lacrimógeno en los ojos para que confesara más detalles del supuesto plan.
Luis de la Sotta llegó a su audiencia de presentación con la misma ropa que lo detuvieron: sucio, ensangrentado, con olor a orine y con evidentes signos de tortura. Aún así, se declaró inocente y además denunció que había sido torturado, acusación que el juez desestimó.
Cuatro días después de ser detenido, De la Sotta tuvo su audiencia de presentación y luego lo mantuvieron recluido en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas. Fue examinado por un médico forense, quien dictaminó que gozaba de buena salud, pese a los signos de tortura que tenía en todo el cuerpo.
Desde el 21 de mayo, la familia del capitán de navío duró 32 días sin saber nada de él. Lo mantuvieron aislado, incomunicado, con prohibición de visitas de sus familiares o de un abogado.
“Mi hermano duró 32 días en una total oscuridad, durmiendo en el suelo, evacuando en bolsas plásticas, con poco alimento y agua”, dijo Molly de la Sotta.
La hermana del capitán detalló que De la Sotta ha conocido todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataud” y la “Casa de los sueños”.
A los recluidos en la “Casa de los sueños” no se les permite ningún tipo de electrodoméstico, no tienen permiso siquiera para leer o escribir. Las celdas tienen un tamaño de 2.50 x 1.90 metros y, por lo general, hay más de dos detenidos en cada una. “El espacio es el mismo para todas las actividades: donde evacúan, ahí mismo comen y duermen”, aseguró la hermana del capitán.
El 16 de septiembre del 2020, el Informe de la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reseñó que en los centros de detención en Venezuela se aplican métodos de tortura a presos políticos y opositores al gobierno.
Para ese año, la Misión señaló que investigó más de 77 casos en los que la Dgcim ha torturado a militares, civiles y dirigentes políticos. Entre ellos, el capitán De la Sotta, caso que no pasó desapercibido y fue reseñado como una de las víctimas de torturas y tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte del organismo de seguridad del Estado.
“Después de conocerse y hacerse público los resultados del informe de la ONU, la Dgcim encerró a mi hermano en un cuarto de 60 x 60 centímetros llamado ‘el Ataúd’, con las manos esposadas hacia atrás, en donde solo se puede estar de pie, y con prohibición de alimentos, agua y aseo personal”, dijo Molly de la Sotta.
Según un estudio publicado por la ONG Provea, la Dgcim fue el organismo que más torturó en 2018. A pesar de la poca información y de la censura que reina en el país, la ONG logró registrar al menos 488 casos individualizados de torturas desde 2013 hasta 2018.
Desde marzo de 2022, Luis de la Sotta se encuentra detenido en las instalaciones de la Dgcim en Fuerte Tiuna, Caracas, aislado en una celda de 2×2 sin actividades recreativas, deportivas ni religiosas. “Pasa sus días sin hacer ningún tipo de actividad, el radio y el televisor que les pusieron cuando fue la Misión de la ONU, se los quitaron”, dijo la hermana del capitán de navío.
Cinco años sin juicio
De la Sotta no ha tenido ninguna otra audiencia, ni ningún otro juicio desde que lo detuvieron en el 2018 en las costas de Aragua. Aunque se han presentado denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, no se obtuvo ninguna respuesta.
Cuando el capitán cumplió dos años y nueve meses en prisión se introdujo un amparo constitucional para solicitar el decaimiento de la medida de privación preventiva de libertad debido a que la salud de De la Sotta ya estaba bastante comprometida, por lo que solo se le practicaron unos exámenes por un médico forense.
El capitán está próximo a cumplir cinco años en prisión preventiva sin juicio y sin pruebas que lo acusen de su participación en la “Operación Armagedón”, comentó su hermana.
La última reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), realizada en septiembre de 2021, indica que el tiempo máximo para una “detención preventiva” es de hasta tres años, pero a pesar de esto y de las solicitudes realizadas por el abogado del capitán, el tribunal militar ha desestimado dichas solicitudes y ha ratificado la privación “preventiva” de libertad, y su custodia bajo el Dgcim.
Molly de la Sota precisó que a consecuencia de todas las torturas, las condiciones insalubres de reclusión y la falta de atención médica, la salud del capitán está seriamente comprometida.
“En diciembre de 2022 un médico forense lo evaluó y determinó que mi hermano sufre de hipertensión, deficiencia renal crónica grado 1, vértigo y mareos, depresión, insomnio, pérdida de audición en un oído debido a los golpes recibidos, cálculos renales, problemas respiratorios por secuelas del COVD-19 e infecciones dermatológicas, entre otras”, dijo Molly de la Sotta.
La hermana del capitán, quien vive en Estados Unidos, comentó que la única que puede ver al capitán de navío es su madre, una señora de 83 años, y su abogado, cuando se lo permiten.
Agregó que solo en contadas ocasiones se le ha permitido hablar con su esposa y sus hijos a través de Zoom, quienes por miedo se fueron del país desde hace algunos años.
Organismos internacionales silentes
Molly de la Sotta es politóloga y desde que detuvieron a su hermano se ha dedicado a luchar para lograr la liberación del capitán. Asegura que le ha tocado la puerta a todos los organismos internacionales, pero no ha obtenido respuesta.
“Los organismos internacionales de derechos humanos me han dejado sola. Nadie ha hecho nada por mi hermano, uno grita y denuncia, pero no pasa nada”, dijo.
El caso de Luis Humberto de la Sotta Quiroga no solo ha sido reseñado por la Misión de la ONU. El Grupo de Trabajadores sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas también se pronunció sobre el caso y consideró que la aprehensión del militar es ilegal, por lo que instó al gobierno de Maduro a que lo liberara “inmediatamente”.
El 3 de octubre del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares que hasta la fecha no se han cumplido.
El 27 de agosto de 2018, el cónsul de Perú (De la Sotta tiene doble nacionalidad) envió numerosas notas a la Cancillería de Venezuela solicitando la libertad de De la Sotta y solicitando su repatriación al Perú, pero no ha recibido respuesta.
El 10 de enero 2023, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en derechos humanos del Ministerio Público del Perú, inició una investigación por las torturas y detención arbitraria de Luis De La Sotta en base a la Justicia Universal.
