victimario

Manuel Parejo y Moisés Medina

EL PASADO 17 DE JULIO, en un acto de graduación de más de 2.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Nicolás Maduro emitió elogios a la actuación impecable que, según su criterio, ha venido desarrollando las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de esta policía, desde su creación en 2017: “Todo el apoyo para las Faes en su labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela, ¡que viva el Faes!” Sin embargo, los datos del Monitor de Víctimas indican otra realidad: existe un patrón sistemático de abusos y violaciones de DDHH de los cuales este cuerpo policial es responsable.

Cuando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, da a conocer su informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela, señala con contundencia las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. El cuerpo policial que encabeza la lista con más homicidios atribuidos, son las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). En este informe se comenta la actuación de este grupo especial de la Policía Nacional Bolivariana, recomendando al ejecutivo nacional que: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”. Pero, ¿por qué la ACNUDH considera necesario disolver las FAES e investigar sus crímenes?, Para responder esta pregunta y entender esta recomendación realizada por el máximo organismo en materia de DDHH, haremos un recuento de la actuación de este cuerpo de seguridad en el primer semestre de 2019, en la ciudad de Caracas, con base a las cifras del Monitor de Victimas.

Las FAES es el victimario más frecuente en la primera mitad del año

Durante el primer semestre de 2019, en la gran Caracas, se registraron 495 homicidios, de los cuales 226 son responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que representa 45,6% del total de homicidios. Únicamente las FAES, es responsable de 160 muertes violentas, significando 70,2% de los homicidios cometidos por cuerpos policiales. Es decir, de cada diez caraqueños asesinados, tres fueron víctimas de las FAES.

 

La violencia política en su expresión más letal…

A comienzos de 2019, en pleno auge de las protestas sociales y políticas en los sectores populares, las FAES actuaron de forma más letal que en cualquier otro momento; nada más en enero, ascendió a 39 el número de vidas cobradas por este cuerpo policial. Si comparamos este número de homicidios con el promedio registrado en 2018 por este organismo de seguridad, el primer mes de 2019, iniciaba con un aumento de 86% sobre la tendencia que había dejado la actuación de las FAES durante el año anterior (21 homicidios por mes).

Asimismo, durante esta primera mitad del año, solo los victimarios independientes promediaron la misma cantidad de homicidios que las FAES. En consecuencia, el promedio mensual de homicidios cometidos por las FAES, fue de 26 muertes violentas y nunca el número de casos atribuidos a este cuerpo policial, estuvo por debajo de los 20 homicidios. Por otro lado, en comparación con el primer semestre de 2018, hubo un aumento de 36% en la cantidad de homicidios adjudicados a las FAES.

El “modus operandi” de las ejecuciones extrajudiciales

Cada uno de los homicidios en manos de fuerzas de seguridad del Estado es clasificado por las autoridades como “resistencia a la autoridad”. Esta clasificación resulta incompleta y metodológicamente errónea, pues no distingue si fue un enfrentamiento o una ejecución extrajudicial, es decir, agrupa dentro del mismo registro, a los homicidios cometidos bajo los procedimientos que estipula la ley y el uso correcto de la fuerza y aquellos que constituyen evidentes violaciones de Derechos Humanos y un uso desproporcionado de la fuerza.

En concordancia, tal como lo advierte el informe de la ACNUDH, en muchas de las muertes violentas por responsabilidad de entes de seguridad del Estado, existen claros indicios que fueron por ejecuciones extrajudiciales; los patrones identificados por Monitor de Víctimas así lo respaldan. En ese sentido, un total de 132 homicidios cometidos por las FAES en la ciudad capital, fueron producto de ejecuciones extrajudiciales. Al menos 76 de estas ejecuciones, ocurrieron en las viviendas de las víctimas, la mayoría en horas de la noche.

Según los registros del Monitor de Víctimas y los testimonios levantados por la ACNUDH, familiares y allegados relatan en gran parte de los casos, que la víctima fue tomada por sorpresa mientras dormía o compartía con ellos, quienes eran encerrados en una de las habitaciones de la casa mientras los funcionarios registraban la misma, robaban pertenencias de valor y extraían a la victima para dispararle a quema ropa, para luego ser llevado a un centro de salud sin signos vitales y así los funcionarios alegaban que fue “abatido” por un enfrentamiento armado o por resistencia a la autoridad. Este modus operandi es el más frecuente entre los 160 caraqueños que perdieron la vida en manos de las FAES.

De estos relatos lo más preocupante es evidenciar como se vulnera el derecho a la vida, se irrespeta el debido procedimiento penal y se incurre en delitos como asalto a la propiedad privada, secuestro y asesinato. De las 160 vidas cobradas por las FAES, 82 sucedieron en la vivienda de la víctima, lo que representa el 51,25% de estas muertes; 71 en vías públicas, lo que representa el 44,4% y el resto en Calabozos y establecimientos comerciales, entre otros.

Los hombres jóvenes, las víctimas predilectas de las FAES

Cuando revisamos el perfil de las víctimas de este organismo de seguridad, vemos datos aún más alarmantes. Los hombres de edades comprendidas entre 15 y 45 años representan 97% de las víctimas, siendo el grupo etario más afectado los jóvenes entre 21 y 25 años, donde se concentra la amplia mayoría de los asesinados por las FAES. Asimismo, el promedio de edad de las víctimas de esta institución es casi 7 años menor al registrado por los victimarios civiles.

Los sectores populares, la población más vulnerable

Por otro lado, los homicidios en manos de las FAES, se distribuyen de forma desigual entre los cinco municipios que conforman la Gran Caracas. El municipio Libertador y el municipio Sucre, caracterizados por sus grandes barriadas, encabezan la lista con 115 y 38 muertes respectivamente (96% de los homicidios). Las parroquias más afectadas por estos operativos de muertes fueron: (1) La parroquia Petare del Municipio Sucre con 28 asesinados víctimas de las FAES; (2) La parroquia Sucre del Municipio Libertador con 18 víctimas; (3) Las parroquias Antimano y Macarao con 15 víctimas; (4) La parroquia el Valle con 13 asesinados y (5) La parroquia San Agustín con 9 víctimas de las FAES, durante este primer semestre de 2019.

Igualmente, es indiscutible que la violencia implementada por este cuerpo de seguridad se ha agravado en lo que va de 2019, dado que estas 160 víctimas en los primeros seis meses, representan en la actualidad, 62% del total de víctimas que se le adjudicaran a este mismo cuerpo policial en todo el año 2018, en el cual se le atribuyeron 255 homicidios en la ciudad capital.

Sin duda alguna las FAES, en estos primeros seis meses de 2019, se han consolidado como el principal responsable de las muertes de los jóvenes caraqueños. Toda esta evidencia a partir de los datos levantados por Monitor de Víctimas- cuyo registro estadístico fue citado por el informe Bachelet-, sustenta y apoya la petición de la ACNUDH sobre la erradicación inmediata de este cuerpo especial que tanto daño está haciendo al tejido social y a los núcleos familiares del país. Hoy en las calles y hogares venezolanos, se identifican a las siglas FAES, como las siglas de la muerte.

 

 

“Al sospechoso se le interroga y a la víctima se le entrevista”, reitera el doctor Fermín Mármol García durante el programa especial que realicé el jueves, a propósito del caso ocurrido en un plantel de nuestra ciudad capital y en el que están incriminados dos profesores. Mi intención no fue otra que abordar con expertos la violencia sexual en los colegios y tratar, con la mayor objetividad posible y mucho profesionalismo, un tema muy delicado que no ha dejado de estar en la palestra.

No se imaginan cuántas informaciones he recibido sobre este caso en particular. Cuánta gente asegura que los datos que manejan son fidedignos porque “se lo dijeron personas muy cercanas al hecho”. Y al final son juicios a priori que suenan tan retorcidos como el caso en sí. Cada quien tiene su postura o una opinión al respecto, y es válido. Hay quienes ya han condenado o librado de culpas a quienes han sido señalados como responsables de este delito. Y esa también es una reacción natural de nosotros los seres humanos. No obstante, mi llamado es a la reflexión. Porque, el caso –y todos los casos que involucren abuso sexual contra niños- son sórdidos. Siempre habrá mucha gente afectada. No sólo la víctima.

Por eso, no puedo dejar pasar el hecho de que, en ese afán por ser el primero en publicar “la verdad” –ser el primero en aportar más datos que alimenten al monstruo llamado morbo-, las redes sociales se inundaron de información que no debió haber circulado. Porque, más allá de la violación de un niño, un hecho que, insisto, es doloroso y perverso, cuando su nombre y su edad se revelan, también se “viola” su derecho a que se le resguarde su identidad del dedo inquisidor de una sociedad que, sin medir las consecuencias de su deseo de dar un “tubazo” (como decimos en el argot periodístico) no vaciló en hacer circular la denuncia –con todos sus “pelos y señales”; sacando del anonimato a un pequeño, sin pensar en sus heridas psicológicas y traumas. Algo que, a mi juicio, jamás debió filtrarse y mucho menos circular de la manera como circuló

Pero, en mi programa del jueves, el doctor Mármol no estuvo solo: lo acompañaron el doctor Ricardo Montiel, pediatra experto en adolescentes, y la psicóloga clínica, María Carolina Massiani, quienes también hicieron valiosos aportes sobre el tema. El doctor Montiel insistió en que la conducta de un niño que es víctima de abuso sexual cambia. Que existen señales que podemos detectar en casa que nos pueden dar indicios de que algo está pasando con nuestros hijos: pesadillas, falta de apetito, llanto repentino, miedo de ir al lugar donde es abusado y que nosotros desconocemos. Y reiteró que el abuso sexual no es algo que se hace por hobby, es una conducta patológica. Por su parte, la psicóloga fue enfática al señalar que los violadores suelen ser personas de confianza y la familia tarda en detectarlo. Del entorno más cercano y habitual de la víctima puede saltar su agresor.

No obstante, los tres expertos coinciden en que este en un momento educable: en nuestras familias, con nuestros hijos –bien sean niños o adolescentes- debemos hablar del tema. Tenemos que enseñarles a nuestros muchachos qué conductas afectivas se exceden de lo normal y no pueden ser permitidas; pero, sí denunciadas: ¡sin miedo! Porque, sobre todo en caso de niños pequeños, el victimario sabe manipularlos para que no digan lo que está ocurriendo. Y es allí cuando el ojo de un padre o madre debe estar atento y captar estas señales. Porque un cambio de actitud de nuestros pequeños o reacciones que son poco comunes en él, pueden ser el primer indicio de que algo malo está pasando.

Me comentaba un representante del colegio involucrado en este caso que la comunidad educativa ha pasado por un cúmulo de sentimientos: desde la incredulidad y el asombro, hasta la tristeza y la rabia. “Es una sensación indescriptible: es una situación que ningún niño debería vivir. Es un escándalo por el que ningún colegio debería pasar. Ninguna familia debería atravesar una situación como esta. No podemos creer que estén culpando a dos profesores que, además, jamás han dado muestras de una conducta reprochable. Yo tengo años trayendo a mis hijos a este colegio. Profesores y maestras que jamás les han dado clases a mis hijos, apenas me ven llegar, saben de quién soy papá. Me conocen con nombre y apellido y saben en qué salón o en qué lugar se encuentra mi niño. Hay ojos vigilando a nuestros muchachos por todas partes. El colegio ha sido para mis hijos el lugar del que no quieren salir, el lugar donde comparten con sus amigos y pasan buenos momentos. No solo la institución donde cumplen con sus horas académicas. Por eso me cuesta tanto creer que esto haya ocurrido. Aquí está pasando algo más. Solo espero que la justicia, de la que tampoco tengo garantías, sea imparcial y actúe apegada a las leyes. Todos deseamos que se descubra la verdad y los culpables, quienes quiera que sean y según determinen las experticias, paguen por su delito”.

Y de pronto, un colegio que siempre ha sido noticia; pero, por sus méritos y logros académicos y deportivos, se ve empañado por un tema sórdido, al que incluso algunos le han querido dar sus pinceladas y matices políticos.

 

@mingo_1

mingo.blanco@gmail.com

 

 

Confieso que estoy muy preocupado. Seguramente muchos arquearán las cejas y, a quemarropa, pensarán que he perdido un tornillo o algo así. Pero no es así.

Con frecuencia nos llegan historias similares. Esta vez dos de ellas captaron mi atención: La de lo sucedido en las proximidades de Altamira, acá en Caracas, y la de lo acontecido en la Universidad de Carabobo. Dos ladrones, sin relación el uno con el otro, fueron atrapados in fraganti por grandes grupos de personas cuando consumaban sus felonías, y fueron vapuleados por decenas de ellas. Fueron pateados, golpeados con puños, pies y con cuanto objeto contundente estuviese a disposición de la turba.

“¡Desnúdenlo! ¡Desnúdenlo!”, gritaba a coro la masa enardecida, en ambos casos. Imagino que, como Facundo Cabral decía sobre los Generales, que sin sus charreteras y sus emblemas pierden toda autoridad y mando, el pueblo sabe que un malhechor solo, desnudo y desarmado pierde todo su poder sobre nosotros. Deja de atemorizarnos, deja de ser un peligroso malandro para convertirse en un ser débil y disminuido, las más de las veces hasta más débil física y mentalmente que cualquier otra persona. Quitarles las armas y la ropa en esos actos de justicia por propia mano es el epítome simbólico de un acto vindicativo de la ciudadanía en el que ésta, hastiada de impunidad, equipara su fuerza con la del delincuente, lo humilla, se iguala con él y lo revela como una persona que, desprovista de sus insignias de miedo, pierde su halo de peligrosa invencibilidad.

Las razones por las que esto pasa son muchas, pero la principal es la pérdida de fe en el sistema penal. Quien decide recurrir a la violencia para solucionar cualquier conflicto que derive de la interacción con otros seres humanos, desconociendo con ello siglos de lucha civilizatoria por la primacía de la Ley y por la vigencia del Estado de Derecho, lo hace movido por la impotencia que le genera saber que ninguna instancia formal del Estado, ni la policía, ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni las cárceles, está dispuesta o tiene la capacidad necesaria para lograr que la justicia se imponga ante la inclemente realidad de la delincuencia desbordada. En situaciones tan dramáticas como las que vivimos en Venezuela, donde son asesinadas cerca de 70 personas al día como promedio, y el margen de impunidad supera en estos casos el 95%, el consciente, es decir, la mente racional y lógica, pierde la batalla ante el inconsciente, nuestra mente más primitiva, que toma el timón de nuestros actos movida por el más ancestral de los instintos: El de la propia supervivencia.

También estos “juicios y condenas sin juez”, y esto es algo que el Poder complaciente e inútil normalmente no ve, estos linchamientos y tomas de justicia por propia mano son una poderosa demostración de rebeldía y de desacato expreso, frontal y brutal a la autoridad. El mensaje que envía la turba es el del hartazgo, y más allá, el del desconocimiento de los límites impuestos por quienes no han sabido hacerlos valer y respetar. Y es lamentable, pero lógico, que así suceda. Cuando llevamos varios lustros sometidos a unas autoridades judiciales, policiales y fiscales que no se ocupan de los delincuentes ni de velar por la seguridad de todos, sino que empeñan todos sus esfuerzos en encarcelar y neutralizar a quienes no lo son, promoviendo además la más absoluta impunidad cuando del crimen verdadero se trata, llega un momento en el que el cántaro se rompe.

Pero hay algo aún más grave: La reivindicación, primero por parte del Poder, que bastante que se ha valido de ella, por acción y por omisión, pero ahora a cargo de la ciudadanía hastiada, de la violencia irracional como mecanismo incontrolable e incivilizado para la solución de los conflictos sociales.

Muy peligroso, es ese camino pues, parafraseando a los Iluministas del Siglo XVIII, la masa, cuando ejerce sin control de la Ley la autoridad, es el más cruel de los tiranos.

@HimiobSantome