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Encovi 2023: En un tercio del país persiste la inseguridad alimentaria moderada y severa

La Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) presentó este miércoles, 13 de marzo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023 la cual arrojó que en un tercio del país persiste la inseguridad alimentaria moderada y severa. 

El estudio «Radiografía de la vulnerabilidad social de Venezuela y propuestas de políticas públicas», reflejó que pese a la apertura económica, y la eliminación de los controles, lo cual se ha traducido en mejoras en la distribución de alimentos, «aún quedan focos territoriales y de estratos donde la inseguridad alimentaria moderada y severa sigue estando presente».

Según la encuesta, 89% de los hogares padece inseguridad alimentaria, término que describe cuando alguien no tiene acceso o no puede comprar suficientes alimentos o suficientes alimentos nutritivos para su salud y bienestar general.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida se levantó entre marzo y mayo de 2023. Más de 16 mil hogares en varias ciudades del país como: Gran Caracas, Valencia, Maracay, Maracaibo, Ciudad Guayana, San Cristóbal, Barquisimeto, Maturín, Barcelona y Puerto La Cruz fueron consultados mediante entrevistas personales. 

La Encovi 2023 también indicó que la mitad de los hogares no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria, categorizándose en situación de pobreza extrema.

Inseguridad alimentaria

Indicadores sobre la inseguridad alimentaria reflejaron que 82% de los encuestados se mostraron preocupados por quedarse sin alimentos. 68.4% dejó de comer alimentos saludables y 66,6% reportó poca variedad en el consumo de alimentos. 

45,8% de los consultados afirmó que en algún momento se quedaron sin alimentos. 32,3% dejó de hacer una comida y 12,2% pasó todo un día sin probar alimentos. 

El estudio también reveló que la pobreza de ingreso sigue siendo uno de los «grandes escándalos» que padece la sociedad venezolana, pero más allá del ingreso persisten muchos esquemas de carencias que repercuten sobre la calidad de vida de los hogares.

Destacaron que algunas de esas carencias son tan importantes que «no hay forma de qué un ingreso, por muy elevado que sea, es capaz de subsanarla».

Claves | En 2023 Ipys Venezuela contabilizó 349 vulneraciones a libertades informativas

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) informó que durante el año 2023 se produjeron 349 vulneraciones a las libertades informativas en Venezuela.

En su reporte anual titulado “En el laberinto de la censura”, Ipys presentó varios datos que ilustran las limitaciones que tuvo la prensa el año pasado. 

En un contexto de persecución, criminalización y violaciones a las garantías informativas, periodistas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil, no solo se enfrentaron a bloqueos, persecuciones, restricciones al acceso a la información pública y la opacidad; también a agresiones físicas. 

A continuación las seis claves más importantes del reporte anual de Ipys sobre la libertad informativa en Venezuela:  

Entre enero y diciembre de 2023, el IPYS Venezuela registró 233 casos que sumaron 349 vulneraciones a las libertades informativas de trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos. 

Estos agravios fueron agresiones físicas o verbales (95), hechos de discurso estigmatizante (72), restricciones en internet (58), limitaciones de acceso a la información (43), actos de censura (33), restricciones administrativas (30), acciones de hostigamiento judicial (15) y en tres oportunidades se registró el indicador transversal de alerta de género.

libertades informativas

Mayo, con 30 casos, fue el mes en el que se registraron más incidentes, de los cuales seis ocurrieron en el marco de la detención de Ernesto Paraqueima, exalcalde de El Tigre, en Anzoátegui. Los demás sucesos se distribuyen de la siguiente manera: enero (23), febrero (18), marzo (22), abril (14), junio (17), julio (11), agosto (20), septiembre (22), octubre (18), noviembre (16) y diciembre (22).

El estado Trujillo y el Área Metropolitana de Caracas fueron las entidades donde ocurrieron más ataques contra la prensa, con 13 casos cada una. En el estado andino, ocho de ellos fueron agresiones verbales por parte del gobernador Gerardo Márquez, mientras que en la región capital hubo 7 hechos de hostigamiento judicial. Con 12 casos cada una, también destacaron Bolívar y Táchira, en las que cinco de sus incidentes fueron agresiones físicas o verbales.

Estas agresiones afectaron a 215 personas que incluyen a 142 reporteros, 12 locutores, 11 reporteros gráficos, 11 directivos de medios, ocho camarógrafos, ocho conductores de televisión, cuatro familiares de periodistas, tres editores, tres representantes gremiales, tres activistas por los derechos humanos, dos escritores, dos funcionarios públicos, un corresponsal extranjero, un articulista, un caricaturista, un coordinador, un productor y un trabajador administrativo de un medio de comunicación.

Los principales victimarios registrados durante 2023 fueron los actores desconocidos (47), presentes principalmente en casos de suplantaciones de identidad de periodistas o medios de comunicación, así como en insultos contra reporteros en entornos digitales; los cuerpos de seguridad del Estado (30), responsables en varios actos intimidatorios o de restricciones de acceso a la información, y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (19), ente que ordenó la salida del aire de 15 emisoras.

EEUU prorroga decreto que considera a Venezuela como una amenaza a su seguridad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por un año más la declaración de «emergencia nacional» respecto a Venezuela dictada en 2015, por considerar que la situación en ese país representa «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense.

En una nota de prensa oficial la Casa Blanca anunció que la prórroga del decreto 13692, dictado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, demócrata como Biden, y prorrogado sistemáticamente cada año desde entonces, se publicará en el Registro Oficial y será transmitida al Congreso estadounidense.

«Las circunstancias (en Venezuela), tal como se describen en la Orden Ejecutiva 13692 y las Órdenes Ejecutivas posteriores emitidas con respecto a Venezuela, continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos», señala el texto.

Biden anunció su decisión el mismo día en el que las autoridades electorales venezolanas comunicaron que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio próximo, un anuncio que era esperado desde hace meses y que no fue acompañado del reclamado fin de las inhabilitaciones de políticos opositores venezolanos como María Corina Machado.

No levantarán sanciones a Venezuela

El Gobierno de Biden ha advertido al de Venezuela que no renovará el levantamiento parcial por seis meses que aplicó a algunas de las sanciones impuestas al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios y empresas públicas si no se cumple con el pacto que selló en 2023 con la oposición para unas elecciones libres y transparentes.

El alivio parcial de las sanciones a Venezuela, que ha posibilitad la reanudación de los negocios de compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano, vence en abril.

En la nota en la que se anuncia la prorroga de la emergencia con respecto a la situación en Venezuela se señala que el decreto de 2015 obedeció a «la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales».

También, a los «arrestos y detenciones arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental».

La declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente de EEUU para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.

Grupo IDEA: no habrá elecciones libres en Venezuela si se desconoce liderazgo legítimo de Machado

Los exjefes de Estado y de gobiernos participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), afirmaron este miércoles, 6 de marzo, que «no habrá elecciones libres en Venezuela si se desconoce liderazgo legítimo de María Corina Machado».

La afirmación se genera luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la fecha de las elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio de 2024. 

«No podrán realizarse elecciones libres, justas, verificables y democráticas, respetuosas del derecho al sufragio, mientras persista el desconocimiento del liderazgo, legitimado a través de elecciones primarias de María Corina Machado, fundamentadas en los Acuerdos de Barbados, e impidiéndose su participación», se lee en la declaración firmada por 29 ex presidentes. 

En el texto aseguran que María Corina Machado está «constitucionalmente habilitada para ejercer el voto y para ser elegida, al no haber sido objeto de un juicio penal ni de condena definitivamente firme, y por haber sido habilitada su candidatura por el sufragio primario y mayoritario de los venezolanos».

Finalmente, el Grupo IDEA aseveró que el régimen dictatorial simula una convocatoria y pretendida realización de elecciones, en las que se inscriban candidatos de su conveniencia, llamados a convalidar el continuismo y la violación sistemática y generalizada de derechos humanos imperante en el país.

La declaración está firmada por Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Mario Abdo (Paraguay), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México), Federico Franco, (Paraguay) y Eduardo Frey (Chile).

Civicus Monitor incluye a Venezuela en lista de países vigilados por situación de DDHH

La organización Civicus Monitor incluyó a Venezuela en la lista de países vigilados por su situación de derechos humanos. 

En la última actualización de Civicus Monitor, realizada este martes, 5 de marzo, la organización destaca «serias preocupaciones con respecto al ejercicio de las libertades cívicas» en Venezuela. 

La organización indicó en su página web que en el país se vive un contexto marcado por una situación de emergencia humanitaria compleja y por la exacerbación de la tensión política, los cuales han puesto de manifiesto «mecanismos de censura y persecución en contra de defensores de los derechos humanos».

Como ejemplos, Civicus Monitor citó el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente junto con cinco de sus familiares. Días después, autoridades de la administración de Maduro informaron que se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el centro de detención ‘El Helicoide’ de Caracas, acusada de traición, conspiración, terrorismo y asociación.

Después de que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) expresara su preocupación por la detención de San Miguel, el 15 de febrero, el gobierno venezolano anunció que suspendería las actividades de la ACNUDH en el país y daría a su personal 72 horas para dimitir después de acusar a la oficina de promover la oposición.

 

También el 12 de enero de 2024, la Asamblea Nacional reanudó el debate del proyecto de ley sobre ‘Ley de Control, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines’. Advirtieron que, de promulgarse, esta ley obstaculizaría «gravemente la libertad de asociación y por ende, millones de venezolanos en situación vulnerable, se verían afectados».

Otros países en la mira 

Además de Venezuela, en la lista también destacan KirguistánPakistánPalestina y Senegal.

Civicus Monitor indicó que en las próximas semanas seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países como parte de los esfuerzos para garantizar que se ejerza una mayor presión sobre los gobiernos.

«Civicus llama a estos gobiernos a hacer todo lo que esté a su alcance para poner fin de inmediato a las medidas represivas en curso y garantizar que los perpetradores rindan cuentas», se lee en la publicación. 

Enfermedades raras: vivir sin diagnóstico ni tratamiento en un país como Venezuela

Cuando Katiuska Salinas fue diagnosticada con hipertensión pulmonar jamás había oído hablar de esa enfermedad. Tampoco sabía nada de fibrosis quística Teresa Hernández cuando supo que sus dos hijos la padecían. Enfermedades raras

Son conocidas como enfermedades raras porque las padecen un pequeño porcentaje de la población y desde 2008, se dedica el último día del mes de febrero a crear conciencia sobre el impacto de diagnósticos médicos poco frecuentes, que no han sido estudiados y por lo general no tienen cura.

Cifras de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes en Venezuela estimaron que para 2018 había un millón de afectados por enfermedades raras en el país. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo tienen una enfermedad rara y existen unas 7 mil patologías poco comunes que afectan al 7% de la población.

La OMS señala también que el 70% de estas enfermedades tienen origen genético, pero también pueden ser causadas por infecciones bacterianas, virales, alergias, causas ambientales, degenerativas y proliferativas.

La lucha por respirar 

Teresa Hernández vive en el estado Monagas y tiene dos hijos con fibrosis quística (FQ). Su hija es portadora de la enfermedad pero no padece los síntomas más allá que alergias constantes, mientras que su hijo varón, de 23 años, sí sufre las consecuencias de padecer esta enfermedad catalogada como rara.

La FQ es una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que provoca la acumulación excesiva de moco espeso y pegajoso en los pulmones y vías respiratorias, tubo digestivo, páncreas y otras zonas del cuerpo. Esta acumulación de moco ocasiona infecciones pulmonares recurrentes y problemas digestivos. 

Se estima que en el mundo hay entre 70 y 100 mil personas afectadas, aproximadamente 1 de cada 25 personas de ascendencia europea es portadora de FQ.

Teresa explicó que en el caso de su hija, portadora del gen de la FQ, no manifiesta síntomas porque la persona con esta condición debe heredar los dos genes (uno de cada padre) defectuosos y no es el caso de ella. Sin embargo, desde que su hijo fue diagnosticado a los dos años con la enfermedad, ha sido una lucha constante por brindarle calidad de vida. 

“Desde que mi hijo nació presentó síntomas. Él lloraba mucho por cólicos y en vez de aumentar de peso, como lo hacen todos los bebés, él cada vez bajaba más y más. Le daban muchas infecciones respiratorias hasta que llegó el punto en que su pediatra me dijo que eso no era normal”, comentó Teresa. 

El diagnóstico de su hijo llegó cuando tenía un año y, desde entonces, ha batallado contra la desinformación, la falta de medicamentos, los altos costos de los mismos y actualmente con la indolencia y el olvido del Estado. 

Teresa explicó que gracias a la organización de las madres de pacientes que padecen FQ es que muchos logran obtener “un poquito” del tratamiento que necesitan. 

“Hemos vivido con altibajos, luchando, y viviendo un día a la vez para conseguir el tratamiento. Muchos pacientes que han emigrado a Colombia o Brasil y logran tener una mayor calidad de vida, del tratamiento que les sobra nos lo envían a nosotros y entre todas pagamos el envío y nos repartimos equitativamente las medicinas”, dijo. 

Detalló que es una enfermedad sumamente costosa, pues hay que hacer con frecuencia exámenes especializados, cultivos de esputo, tomografías, resonancias magnéticas y comprar tratamientos. “Para darle calidad de vida a un paciente con FQ en Venezuela se deben tener entre 5 mil y 7 mil dólares mensuales y en este país nadie gana eso”, dijo. 

“Es complejo vivir con una enfermedad rara en Venezuela”

Vivir con una enfermedad rara representa para la mayoría de las personas que la padecen una sentencia a muerte, pues se enfrentan a la falta de investigación y estudios clínicos que ayuden a sobrellevar la situación con el tratamiento adecuado. 

La Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) aseguró que el 94% de las 6.313 enfermedades raras identificadas en Europa no tienen tratamiento y el 80% de ellas ni siquiera se investigan.

A todo este panorama desolador se le suma la Emergencia Humanitaria Compleja. A juicio de Ariana Baptista Da Cuna, médico genetista y especialista en medicina regenerativa, “no solo es difícil dar con el diagnóstico, es complicado también hacer los estudios y dar con el tratamiento adecuado que, por lo general, no se consigue en Venezuela”, explicó. 

Las enfermedades raras, a diferencia de las ya conocidas y ampliamente estudiadas, no presentan síntomas comunes lo que en la mayoría de los casos conduce a un diagnóstico errado. 

Cifras del Fader indican que un paciente con enfermedad rara puede tardar entre cuatro y 10 años para obtener un diagnóstico. Mientras los pacientes esperan por el diagnóstico, 29.37% no recibe tratamiento, 17.9% recibe tratamiento inadecuado y en el 31,26 % de los casos la enfermedad se agrava.

Baptista lamenta que en el país no se están haciendo pruebas genéticas y que, para dar con un diagnóstico, envían las pruebas a Brasil o Estados Unidos lo cual resulta muy costoso. Detalló que una prueba genética afuera puede rondar entre los 800 y los 1500 dólares y en muchas oportunidades no se logra dar con la enfermedad, por lo que hay que practicar otras pruebas que más o menos tienen el mismo costo.

La genetista explicó que, en la mayoría de los casos, las enfermedades raras se manifiestan en los primeros años de vida. También se pueden ver en adultos, pero en un porcentaje menor. Comentó que ha tenido casos de enfermedades raras que no tienen diagnóstico y que a estas se le denominan “enfermedades ultrararas”, donde una de cada millón de personas puede tener esa condición.

En Venezuela las enfermedades raras más frecuentes son porfiria, un trastorno por la acumulación de ciertos químicos relacionados con las proteínas de los glóbulos rojos; Huntington, que provoca el desgaste de algunas células nerviosas y se caracteriza por presentar movimientos anormales y la enfermedad de San Filipo, que no tiene tratamiento y se le conoce como el Alzheimer infantil. Además de fibrosis quística e hipertensión pulmonar. 

Coalición para sobrevivir

Katiuska Salinas fue diagnosticada con hipertensión pulmonar cuando tenía 47 años. De la noche a la mañana apareció el cansancio, la fatiga, cianosis, mareos y la hinchazón en sus piernas y abdomen.

La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara donde los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan, se bloquean o destruyen, lo que hace que la presión aumente y el corazón tenga que trabajar más rápido lo que con el tiempo hace que el músculo se debilite y falle. Para esta enfermedad no hay cura, pero sí tratamientos que ayudan a tener una mejor calidad de vida. 

“El medicamento que nos da calidad de vida no lo tenemos y es muy costoso. Es un reto vivir con una condición rara aquí en nuestro país, el día a día ya es un reto”, dijo. 

Debido a la enfermedad rara que estaba padeciendo Katiuska, entre ella y su médico tratante fundaron la Fundación A Todo Pulmón, una coalición para ayudar a todos los pacientes no solo de Ciudad Guayana, sino también de otros estados del país. 

Katiuska resaltó que en Venezuela no se llevan estadísticas de nada, pero la fundación actualmente maneja 60 casos de hipertensión pulmonar. Asegura que muchas personas han fallecido con esta patología sobre todo en pandemia. 

“El Estado no provee”

Teresa Hernández reiteró que aunque su hijo actualmente está muy estable y no ha sido hospitalizado con infecciones respiratorias, los gastos por la enfermedad son exorbitantes. Señaló que el Estado con el pasar de los años ha ido quitando los tratamientos que antes daba para controlar la enfermedad. 

“El Estado ha venido quitando los medicamentos paulatinamente. Por ejemplo, un medicamento que sirve para fluidificar los mocos, tenemos 17 años que no lo recibimos y hace ya 12 años que no recibimos enzimas pancreáticas, ni recibimos el antibiótico que es de vital importancia”, dijo.

Hernández afirmó que un tratamiento de antibióticos puede costar entre 1500 y 1700 dólares. “El gobierno dice que ha entregado medicinas, sí, pero lo que entrega es acetaminofén, salbutamol y vitamina C, traídas de la India, pero esas son cosas que nosotros podemos comprar”.

En Venezuela hay enfermedades raras que, gracias a estudios realizados en otros países, ya cuentan con tratamiento farmacológico que no solo ayuda a controlar los síntomas, también le permiten a los pacientes llevar una mejor calidad de vida, pero muchas personas deciden emigrar a otros países en busca de medicamentos. 

La investigación científica en las enfermedades raras es clave para dar respuesta a los pacientes con estas patologías poco frecuentes. En el país, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) es el organismo encargado de estos análisis, pero según la genetista Ariana Baptista, desde hace 10 años no hace estudios por la falta de reactivos. 

“La Universidad del Zulia tiene su unidad de genética para realizar estudios, pero actualmente no lo está haciendo, es por eso que las muestras se mandan a otros países para ser analizadas”, dijo. 

Adriana Baptista expresó que es necesario el apoyo del Estado para investigar este tipo de enfermedades y que tal como lo establece la Constitución, sea garante de la salud de todos los venezolanos. “Esperamos mayor investigación, financiamiento, y dotación de medicamentos”, concluyó.

“No abusen del carácter diplomático”: Padrino López y Delcy Rodríguez arremeten contra Guyana

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, advirtió este martes al presidente de Guyana, Irfaan Ali, que el país está determinado a defender su soberanía «hasta las últimas consecuencias», y reiteró que el Esequibo le pertenece a los venezolanos.

«Estamos convencidos y determinados a defender nuestra soberanía hasta las últimas consecuencias. No abusen del carácter diplomático, pacifista y conciliador de la revolución bolivariana, pues estamos preparados para cualquier escenario. ¡El Esequibo es nuestro!», escribió el ministro de Defensa en un mensaje en X, en el que etiquetó al mandatario guyanés.

 

Asimismo, Padrino, en su publicación, señaló que el «único mecanismo reconocido para la solución práctica de la controversia» territorial es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece una solución negociada y beneficiosa del conflicto.

Previamente, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acusó a Ali de disponer, «unilateralmente, de un mar pendiente por delimitar», al otorgar -señaló- «garantías concesionales a transnacionales energéticas» en el área en cuestión, rica en recursos naturales.

«Venezuela no reconoce ni reconocerá los límites fraudulentos del laudo despojador, y jamás renunciará a la defensa de sus derechos», dijo Rodríguez, quien hizo referencia al Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, hoy la República Cooperativa de Guyana.

Venezuela declaró nulo décadas después ese fallo y firmó con el Reino Unido el acuerdo de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

Guyana, que se basa en el laudo arbitral de 1899, apuesta por resolver el conflicto a través del proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El conflicto bilateral se intensificó en diciembre, cuando Venezuela celebró el referendo no vinculante con el que aprobó la anexión del Esequibo.

La tensión se redujo luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo guyanés se reunieran ese mismo mes -a instancias del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva-, cuando adquirieron el compromiso de no amenazarse mutuamente, lo que frenó, hasta el momento, hacer efectiva la intención anexionase la zona en disputa.

En enero, los cancilleres de Venezuela y Guyana, Yván Gil y Hugh Todd, respectivamente, se reunieron en Brasilia, donde se comprometieron a continuar el diálogo sobre la controversia e incluso a abordar el acuerdo de 1966, en un ambiente «pacífico» y «sin amenazas».

AI contribuye con investigación de justicia argentina sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El pasado 26 de febrero, Amnistía Internacional aseguró que la justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

En un escrito consignado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.2 de Argentina, a través de una intervención conocida como amicus curiae (amigo del tribunal), la organización ofreció argumentos jurídicos en torno a la jurisdicción universal y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela que dan cuenta de por qué en ese país las violaciones a derechos humanos siguen en impunidad.

“Amnistía Internacional cree firmemente en el enorme potencial que tiene el uso de la jurisdicción universal en Argentina para proteger el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes internacionales cometidos en Venezuela”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En este sentido, en su escrito, la organización expuso cómo “la regulación de la jurisdicción universal del artículo 118 de la Constitución de la Nación Argentina, los precedentes jurisprudenciales internos, la normativa internacional aplicable, y la calificación del delito en este caso como de lesa humanidad, hacen patente que el principio de jurisdicción universal es aplicable a pesar de que los hechos hayan acaecido en territorio extranjero e involucren a sujetos activos y pasivos foráneos”.

«Falta de un sistema de justicia independiente»

La demanda presentada ante la justicia argentina en junio de 2023 por víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice tiene su origen en la falta de un sistema de justicia independiente en Venezuela.

Amnistía Internacional reitera cómo “el sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes graves de derechos humanos en su jurisdicción doméstica, menos aún a aquellos que ostentan altos cargos en las líneas de mando.”

La investigación abierta por la justicia argentina se enmarca en un contexto de «creciente represión por las autoridades venezolanas en el país», incluida la desaparición y detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y también la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

“Estamos presenciando un nuevo recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos (…) Mientras la crisis de derechos humanos en Venezuela está en un momento álgido, no hay mejor oportunidad para ponerle freno a los perpetradores de estas violaciones y crímenes y aplicar toda la fuerza del derecho penal internacional para ofrecer justicia para las víctimas. La justicia argentina tiene la oportunidad de ser protagonistas de este esfuerzo”, aseveró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Cabe destacar que el derecho internacional es consistente en permitir que todos los Estados se encuentran facultados para investigar y, si existiesen pruebas admisibles suficientes, sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional.

Según estima la organización, el principio de jurisdicción universal ha sido reconocido por, al menos, 163 estados, es decir más del 85% de los países del mundo.