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Brasil prorroga hasta 2022 norma que facilita concesión de refugio a venezolanos
La medida permite que el país le conceda refugio a cualquier venezolano que huya de su país sin necesidad de demostrar que sufre algún tipo de persecución, lo que facilita y agiliza un trámite que puede demorar varios meses

 

El gobierno brasileño prorrogó este 6 de agosto hasta diciembre de 2022 una norma que simplifica el proceso para la concesión de refugio a los venezolanos que ingresan a Brasil huyendo de la crisis económica, social y humanitaria de su país y que ha beneficiado hasta ahora a unas 50.000 personas.

La ampliación de la vigencia del llamado proceso simplificado de reconocimiento de refugio, adoptado en junio de 2019 y que vencía en agosto de 2021, fue anunciada hoy por el Comité Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, órgano dependiente del Ministerio de Justicia.

La medida permite que Brasil le conceda refugio a cualquier venezolano que huya de su país sin necesidad de demostrar que sufre algún tipo de persecución, lo que facilita y agiliza un trámite que puede demorar varios meses.

En condiciones normales Brasil le concede el estatus de refugiado, que le permite a un extranjero regularizar su situación en el país en condiciones especiales, a personas que han huido de su nación de origen por «fundados temores de persecución» por motivo de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.

Pero en junio de 2019 el gobierno de Brasil clasificó a Venezuela como un país en situación de «grave y generalizada violación de los derechos humanos», lo que facilita la concesión del estatus de refugio a inmigrantes que aleguen huir de tal condición.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, este criterio ha permitido a Brasil reconocer como refugiados a cerca de 50.000 venezolanos hasta junio pasado.

«Su prórroga refuerza la posición del gobierno brasileño de ofrecerle acogida humanitaria a nuestros vecinos ante la grave crisis que ha sufrido Venezuela en los últimos años», afirmó el ministro de Justicia de Brasil, Anderson Torres, citado en un comunicado de la cartera.

El secretario nacional de Justicia del Ministerio, Vicente Santini, recordó que Brasil ha reconocido desde 2016 a unos 73.500 extranjeros como refugiados, de los cuales unos 60.000 en los dos últimos años, y que la extensión de la medida favorecerá a un número similar de venezolanos.

«Cerca de 73.000 nuevas peticiones de refugio de venezolanos serán analizadas con este criterio», dijo.

Otra medida del gobierno brasileño anunciada en marzo pasado permite que los venezolanos que ingresen al país puedan usar cualquier documento de identidad, incluso con su vigencia expirada, para solicitar autorización de residencia en territorio brasileño.

La medida busca simplificar los trámites exigidos para obtener permiso de residencia en Brasil y la documentación que les permita a los venezolanos trabajar y acceder a servicios públicos en el país.

Esta medida fue adoptada con la intención de elevar el número de venezolanos admitidos como residentes y reducir el número de reconocidos como refugiados, cuyo estatus es regulado por una convención internacional y tiene más restricciones.

El Conare recibió el año pasado 15.538 peticiones de refugio de venezolanos, lo que equivale al 58,25 % del total de solicitudes recibidas por Brasil de extranjeros que se dicen perseguidos.

Según datos oficiales, unos 262.500 inmigrantes venezolanos viven actualmente en Brasil y la gran mayoría ingresó al país en los últimos cinco años por la frontera terrestre.

De acuerdo con la ONU, unos cuatro millones de venezolanos han salido de su país desde finales de 2015, en uno de los mayores flujos migratorios del planeta.

Brasil simplifica trámite para que venezolanos obtengan residencia en el país
La medida busca simplificar los trámites exigidos a los venezolanos que huyen de la crisis política, social, económica y humanitaria de su país para obtener permiso de residencia en Brasil y la documentación brasileña que les permita trabajar y acceder a servicios públicos en el país

 

Los venezolanos que ingresen a Brasil podrán presentar cualquier documento de identidad, incluso con su vigencia expirada, para solicitar autorización de residencia en territorio brasileño, según un decreto del Gobierno publicado este jueves en el Diario Oficial.

La medida busca simplificar los trámites exigidos a los venezolanos que huyen de la crisis política, social, económica y humanitaria de su país para obtener permiso de residencia en Brasil y la documentación brasileña que les permita trabajar y acceder a servicios públicos en el país.

El decreto tiene por objetivo reducir las largas filas de espera en la frontera de venezolanos que ingresan a Brasil en busca de residencia o refugio, y facilitarles la acogida legal en el país.

Entre las flexibilizaciones destacan la que permite a los venezolanos presentar cédulas de identidad o pasaportes vencidos y la que concede la residencia a niños con hasta 9 años que presenten solo el certificado de nacimiento siempre que estén acompañados por uno de sus padres.

La nueva medida fue expedida en el marco de una ley de 2019 por la cual Brasil reconoció a Venezuela como un país con graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos y se dispuso a simplificar los trámites migratorios para facilitarle el ingreso a los ciudadanos de ese país.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la nueva flexibilización fue necesaria ante el «continuo flujo migratorio de venezolanos, su reconocida situación de vulnerabilidad y la crisis generalizada en el país vecino».

Los venezolanos beneficiados por la medida recibirán una autorización de residencia temporal en Brasil por dos años que podrán renovar por plazo indeterminado desde que no tengan antecedentes criminales en el país.

Otro de los objetivos es reducir el número de solicitudes de refugio de venezolanos, cuyo estatus es regulado por una convención internacional, tiene más restricciones y depende de un complicado trámite ante el Comité Nacional para los Refugiados (Conare).

En 2020 la Conare recibió 15.538 peticiones de refugio de venezolanos, lo que equivale al 58,25 % del total de solicitudes recibidas por Brasil de extranjeros que buscan ser admitidos como refugiados.

Según datos oficiales, unos 262.500 inmigrantes venezolanos viven actualmente en Brasil y la gran mayoría ingresó al país en los últimos cinco años por la frontera terrestre.

De esos inmigrantes, 46.650 ya obtuvieron estatus de refugiado, otros 102.500 esperan respuesta y los demás optaron por pedir el permiso de residencia temporal.

Del total de venezolanos en Brasil, cerca de 49.000 son beneficiarios directos del programa oficial de acogida del Gobierno, que ofrece nuevas oportunidades de vida en diversas regiones del país y los ha reubicado en unas 630 ciudades.

Según la ONU, unos cuatro millones de venezolanos han salido de su país desde finales de 2015, en uno de los mayores flujos migratorios del planeta.

OEA: unos 111.000 venezolanos han retornado a su país desde Colombia y Brasil
En Colombia, a partir de marzo, se habilitó un corredor humanitario para permitir el retorno de estos ciudadanos. Se estima que por allí han transitado 27.000 personas

La Organización de Estados Americanos (OEA) reveló este miércoles que, según cifras oficiales, unos 111.000 venezolanos han retornado a su país desde Colombia y Brasil debido a la pandemia.

“A la fecha, se han registrado aproximadamente 105.000 retornos desde Colombia y 6.000 desde Brasil, según cifras oficiales”, señaló el informe “Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto del COVID-19”, difundido en Washington.

El documento repasa la crisis migratoria venezolana, con más de 5,1 millones de personas que han abandonado ese país desde 2015, y cómo la pandemia de la COVID-19 ha incrementado las dificultades que enfrentan en los lugares de acogida, a raíz de las medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus.

“La informalidad económica es una de las principales características de la población de migrantes y refugiados en la región, teniendo una tasa superior de quienes participan y viven en la economía informal con relación a aquellos que forman parte de la economía formal”, puntualizó el estudio.

La OEA detalló que, como resultado de la informalidad económica, las fuentes de ingreso de estas personas “han sido sustancialmente afectadas, generando que miles de familias de migrantes y refugiados venezolanos hayan sido desalojados, quedando sin un lugar donde vivir y donde pasar el confinamiento”.

A esto se le suma que muchos “por lo general no cuentan con acceso a los sistemas de salud”, debido a su “condición de irregularidad”.

Esto llevó a miles de venezolanos a emprender el retorno, en el que fueron asistidos por los países de la región.

En Colombia, relató el documento, a partir de marzo pasado “se habilitó un corredor humanitario para permitir el retorno de venezolanos, por donde pasaron 27.000 personas”, mientras que para abril se implementaron tres pasos más.

No obstante, la OEA advirtió que “el cierre intermitente y arbitrario” de la frontera por parte del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “ha agravado la situación de vulnerabilidad de las personas que esperan regresar a su país, configurando la sistematización de violaciones a sus derechos humanos”.

Otra es la situación de quienes permanecen varados en aeropuertos y diferentes países debido a la pandemia.

“El panorama se agrava cada día que transcurre para aquellas personas venezolanas que se encuentran varadas, cuya situación es de total incertidumbre, sin pronunciamientos favorables y sin la esperanza de poder regresar”, apuntó el informe.

En ese contexto, la OEA pidió a la comunidad internacional “que ayude a visibilizar la situación en que se encuentran los venezolanos varados” y a que se una para explorar “distintas vías humanitarias para la protección de los venezolanos que están intentado ejercer el derecho de regresar a su país”.

Miles de venezolanos recibieron estatus de refugiado por el gobierno de Brasil
El número de venezolanos regularizados como refugiados en tan solo un día prácticamente dobla las 11.231 concesiones de refugio a ciudadanos de todos los países ofrecidas por Brasil entre 1997 y 2018

El Gobierno brasileño le concedió este jueves el estatus de refugiado a 21.432 venezolanos que ingresaron a Brasil huyendo de la crisis económica, política y social de su país, en una decisión masiva e inédita que abre un precedente para casos similares en el futuro, informaron fuentes oficiales.

El número de venezolanos regularizados como refugiados en tan solo un día prácticamente dobla las 11.231 concesiones de refugio a ciudadanos de todos los países ofrecidas por Brasil entre 1997 y 2018, dijeron a Efe voceros del Comité Nacional para los Refugiados (Conare).

«Es un marco histórico en términos de regularización migratoria, un divisor de aguas que abre precedentes para facilitar procesos semejantes en adelante», afirmó el portavoz de la Conare, un organismo interministerial coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Social y responsable por la concesión de ese estatus a los refugiados.

La masiva concesión de refugios fue oficializada en un acto en la sede del Ministerio de Justicia en Brasilia que contó con la participación de representantes de la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que elogiaron la iniciativa.

De acuerdo con la Conare, la decisión fue posible gracias a un decreto de junio pasado por el que el Gobierno de Brasil clasificó a Venezuela como un país en situación de «grave y generalizada violación de los derechos humanos», lo que facilita la concesión del estatus de refugio a migrantes que aleguen tal condición.

«La Conare usa el criterio de persecución subjetiva tras dar por hecho que en Venezuela hay una violación masiva, grave y generalizada de los derechos humanos», según el coordinador general del Conare, Bernardo Laferté.

Brasil le concede el estatus de refugiado, que le permite regularizar su situación en el país en condiciones especiales, a personas que han huido de su nación de origen por «fundados temores de persecución» por motivo de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.

La masiva regularización también fue posible, según el vocero consultado por Efe, gracias a herramientas de inteligencia e informática que permiten cruzar datos de diferentes solicitudes, agrupar los casos semejantes y establecer un flujo para un juicio conjunto.

Según los datos del Conare, el número de peticiones de refugio de venezolanos en Brasil saltó en un 245 % el año pasado, desde 17.685 en 2017 hasta 61.681 en 2018, cifra ya superada este año pese a que aún no se conocen los datos oficiales.

El aumento de las solicitudes hizo que los venezolanos pasaran a representar el 52 % del total histórico de extranjeros que ha solicitado refugio ante el Gobierno brasileño, además del 77 % de los que lo hicieron en 2018.

El 81 % de las peticiones de refugio de venezolanos el año pasado fue presentado en Roraima, estado amazónico que cuenta con el único paso fronterizo entre los dos países y en donde se ha concentrado la mayoría de los ciudadanos de Venezuela que ingresan a Brasil huyendo de la crisis humanitaria en su país.

El número de venezolanos admitidos como refugiados no incluye a los miles de ciudadanos del país vecino que en lugar del refugio solicitan residencia en Brasil, una herramienta prevista en los acuerdos del Mercosur con las naciones andinas y que igualmente permite a los extranjeros regularizar su situación.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, al menos 75.220 venezolanos contaban con residencia permanente en el país hasta abril pasado.

La concesión masiva de refugio a venezolanos coincidió con la divulgación de un informe en el que la organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que al menos 529 niños y adolescentes venezolanos ingresaron a Brasil sin la compañía de un adulto en los últimos seis meses, por lo que carecen de protección del Estado en el país.

Estos menores, en su mayoría entre 13 y 17 años, no tienen acceso a educación o salud en Brasil debido a que no cuentan con un adulto o responsable legal que los represente, y terminan viviendo en las calles, en donde están expuestos a la violencia o al reclutamiento de grupos criminales, según HRW.

Brasil crea fondo privado para ayudar en la acogida de migrantes venezolanos

EL GOBIERNO DE BRASIL ANUNCIÓ la creación de un fondo privado con el objetivo de recaudar donaciones para ayudar en la acogida a los migrantes venezolanos que huyen por la crisis económica, política y social que azota su país.

La medida se enmarca dentro de la llamada Operación Acogida, una iniciativa puesta en marcha hace unos dos años por el Ejecutivo del entonces presidente Michel Temer (2016-2018) y que facilita la entrada de venezolanos y su integración en Brasil.

El actual Gobierno de Jair Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, firmó este miércoles una serie de acuerdos para dar seguimiento a esta operación humanitaria y ampliar las vías de financiación de la misma.

En este sentido, anunció la creación de un fondo privado para donaciones que será administrado por la Fundación Banco do Brasil (FBB), una institución privada sin ánimo de lucro que se encarga de las inversiones sociales del Banco do Brasil, la mayor entidad financiera estatal del país.

El fondo estará habilitado para recibir recursos tanto de personas físicas como de empresas, que podrán enviar sus donaciones a través de una página web que se espera que esté operativa en aproximadamente un mes.

El Ministerio de la Presidencia informó en una nota que la misión del fondo es «captar recursos» privados para «apoyar las acciones de asistencia en curso» sin que ello tenga un impacto económico en los presupuestos del país.

«A pesar de la incertidumbre sobre la duración e intensidad de la crisis humanitaria venezolana, que puede remitir o intensificarse, el Gobierno sigue articulando nuevas alianzas que aseguran la continuidad de la Operación Acogida», apuntó el despacho.

Asimismo, el Gobierno de Brasil firmó un protocolo de intenciones con la Confederación Nacional de Municipios (CNM) que incentiva a los ayuntamientos del país a acoger migrantes venezolanos y establece las funciones de cada una de las partes en el marco de la Operación Acogida.

Según datos del Gobierno, más de 300.000 venezolanos han sido atendidos en el puesto fronterizo del estado de Roraima, principal puerta de entrada de los ciudadanos de la nación caribeña que huyeron a Brasil. De ese total, unos 175.000 solicitaron regularizar su situación migratoria.

En Boa Vista, capital de Roraima, y Pacaraima, en la línea fronteriza con Venezuela, hay instalados 14 albergues, y próximamente será abierto otro en la ciudad de Manaus, capital del vecino estado de Amazonas.

El Gobierno de Jair Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, reconoce, al igual que medio centenar de países, al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela, y califica a Nicolás Maduro de «dictador».

David Smolansky pide en Brasil decretar crisis regional de migrantes

El exalcalde venezolano David Smolansky, destituido y en el exilio desde hace casi un año, fue recibido hoy por el canciller brasileño, Aloysio Nunes, a quien le planteó que América Latina debe decretar una «crisis regional» de migrantes.

«Expresé que es importante decretar formalmente en la región esa crisis humanitaria», pues «se agilizaría la creación de protocolos internacionales para brindar protección a los venezolanos que llegan sin nada» a diversos países latinoamericanos, dijo a periodistas el exalcalde del municipio caraqueño de El Hatillo.

Según Smolansky, «el siguiente paso sería la creación de un fondo de cooperación multilateral», con el que podrían colaborar Gobiernos de América, la Unión Europea (UE) y organismos multinacionales, el cual permitiría reforzar la atención a los venezolanos en términos de «alimentación, salud, techo y capacitación».

El exalcalde, destituido el año pasado y condenado a prisión por su apoyo a las protestas que entonces ocurrían contra el Gobierno de Nicolás Maduro, también alertó sobre algunos brotes de xenofobia que han sentido los venezolanos que se han visto forzados a emigrar.

«Es muy importante promover campañas contra la xenofobia», que si bien «está bastante localizada, porque la inmensa mayoría de los venezolanos que ha emigrado se ha sentido muy bien», se ha expresado en algunas situaciones.

Una de ellas ocurrió en el norte de Brasil, donde hace diez días un campamento de migrantes fue incendiado por ciudadanos brasileños después de que unos venezolanos asaltaron a un comerciante local.

Según Smolansky, el éxodo masivo de personas que dejan Venezuela demuestra que «el régimen de Maduro representa una amenaza para los venezolanos, y una amenaza y un elemento de desestabilización para los propios latinoamericanos».

Sostuvo que «hoy el problema no solo es que el venezolano emigra, sino también las condiciones en que emigra», con enfermedades como sarampión y otras, y «desnutrido», todo lo cual le da un carácter más agudo a la «crisis humanitaria».

En ese marco, afirmó que «cuanto más dure la dictadura de Maduro más se afecta a América Latina» como un todo, por lo que subrayó que «es muy importante que se siga incrementando la presión por parte de la comunidad internacional» en contra de «un régimen que promueve una economía criminal» y ampara delitos como el contrabando.

Esa presión, en opinión de Smolansky, debería incluir, por parte de los países de América Latina, «sanciones individuales a los funcionarios del régimen involucrados en crímenes tan graves como la violación de derechos humanos, narcotráfico o lavado de dinero».

También alertó de que las últimas medidas económicas dictadas por el Gobierno de Maduro, que han incluido una fuerte devaluación de la moneda, «van a generar más miseria» y serán una presión adicional para el ya intenso flujo migratorio.

En ese sentido, insistió en que se admita la existencia de una crisis regional y se definan «criterios homogéneos, desde México hasta Argentina», para recibir y atender a los cientos de miles de venezolanos que han emigrado hacia otros países de América Latina.

Gobierno pide suspender norma que limita derechos de venezolanos en Brasil

El Gobierno brasileño le pidió hoy a la Corte Suprema que suspenda inmediatamente una medida dictada por la administración regional de Roraima, estado en la frontera con Venezuela, que restringe el acceso de los inmigrantes y refugiados venezolanos a servicios como la salud y la educación.

La suspensión de la norma fue solicitada por la Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano de asesoría legal de la Presidencia y que considera las restricciones inconstitucionales por negarle derechos fundamentales a los inmigrantes aceptados por Brasil, como la humanidad y la dignidad.

El Gobierno alega que Brasil, como signatario de diversos tratados y acuerdos internacionales que garantizan principios y derechos a los extranjeros en el país, tiene la obligación de contribuir en la universalización de los derechos humanos.

«Teniendo en cuenta lo expuesto, el Gobierno pide la inmediata suspensión del decreto referido, así como la declaración de esta medida como un acto atentatorio a la dignidad de la Justicia», según el recurso que la titular de la Abogacía General de la Unión, Grace María Fernandes Mendonça, envió este viernes al Supremo Tribunal Federal.

Roraima, el estado del norte de Brasil por el que entran todos los venezolanos que solicitan refugio en el país, publicó esta semana un decreto que restringe el acceso de los inmigrantes a algunos servicios públicos.

El decreto de la gobernadora de Roraima, Suely Campos, determina que el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ofrecidos por el gobierno regional, como salud y educación, pasarán a control de las fuerzas de seguridad.

La medida establece que los venezolanos que busquen acceso al Hospital General de Roraima, la mayor unidad de emergencia de la región, sean instruidos a acudir a puestos médicos abiertos por el Ejército para atender a los inmigrantes.

Igualmente condiciona la prestación de servicios a que el inmigrante presente su pasaporte, pese a que la gran mayoría no lo tiene, y autoriza a las fuerzas regionales de seguridad a restringir la movilización de los venezolanos.

La gobernadora de Roraima ya había presentado en abril un recurso en el que le solicitó a la Corte Suprema el cierre provisional de la frontera de Brasil con Venezuela para frenar la entrada de venezolanos al país, que se calcula en 500 por día.

Roraima, uno de los estados más pobres de Brasil, ha recibido unos 50.000 venezolanos, un porcentaje importante de su población, que han elevado significativamente la demanda por los diferentes servicios públicos en la región.

La gobernación alega que no tiene capacidad para atender esa demanda.

El Gobierno de Brasil declaró en febrero pasado la «situación de vulnerabilidad» en Roraima y desde entonces ha puesto en marcha medidas de asistencia humanitaria para los inmigrantes venezolanos, en las que participan el Ejército y organismos internacionales y que incluyen su traslado a otros puntos de Brasil.

Otros 164 inmigrantes venezolanos serán trasladados a tres ciudades de Brasil

Las autoridades brasileñas trasladarán este martes a otros 164 inmigrantes venezolanos a tres ciudades del país, entre ellas Río de Janeiro, para iniciar una nueva vida tras huir de la grave crisis que atraviesa la nación caribeña, informaron hoy fuentes oficiales.

El viaje será desde Boa Vista, capital regional del empobrecido estado de Roraima y principal punto de acogida de la inmigración venezolana, hasta las ciudades de Igarassu, Conde, ambas en el nordeste de Brasil, y Río de Janeiro, la más emblemática del país, indicó ONU Brasil en un comunicado.

Medio centenar comenzarán su proceso de «interiorización» en albergues de Río de Janeiro, mientras que 69 serán llevados a centros en Igarassu y otros 45 viajarán a Conde, en el marco de un programa del Gobierno brasileño, con apoyo de la ONU, para distribuir el intenso flujo migratorio procedente del vecino país.

Esta será la primera vez que estas tres ciudades recibirán a inmigrantes venezolanos y se sumarán así a Sao Paulo, la mayor del país, Cuiabá y Manaus, que durante los meses de abril y mayo pasados acogieron a un total de 527 personas.

Las autoridades brasileñas calculan que en el último año y medio han entrado a Brasil unos 50.000 venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que azota la nación petrolera y estiman, además, que cerca de 400 cruzan diariamente la frontera.

La mitad de esos 50.000 están en Boa Vista, capital de Roraima, estado declarado en «situación de vulnerabilidad» desde el pasado 15 de febrero por el presidente brasileño, Michel Temer.

Desde entonces se han puesto en marcha una serie de medidas de asistencia humanitaria, en las que participa el Ejército, para los inmigrantes venezolanos, que incluyen su traslado a otros puntos del país.

Una delegación del Parlamento Europeo realizó la semana pasada una visita de tres días a Brasil para evaluar sobre el terreno la situación de los venezolanos, muchos de los cuales viven en las calles a la espera de cupos en los saturados albergues o su traslado a otras localidades del país.

Todo el proceso de «interiorización» es organizado por el Ejecutivo brasileño con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Todos los venezolanos que solicitan refugio y aceptan ser transferidos a otra partes de Brasil pasan por una sesión de orientación, se les realizan exámenes médicos y en base a ellos se les inmuniza de distintas enfermedades.